Siete peruanos que figuran en la base de datos publicada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) están siendo investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presentar operaciones bancarias sospechosas. "Los informes relacionados a estos casos ya han sido entregados a la Fiscalía", informó Sergio Espinosa Chiroque, superintendente adjunto de la UIF, ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República.

El pasado lunes 9 de mayo, el ICIJ liberó información de más de 200 mil sociedades offshore vinculadas a la firma panameña Mossack Fonseca en todo el mundo. Antes de esta revelación y tras la difusión de los primeros reportajes sobre los Panama Papers en Ojo-publico.com y otros medios, la UIF identificó 47 empresas offshore vinculadas a ciudadanos peruanos, establecidas en las jurisdicciones de Anguila, Islas Vírgenes Británicas, Niue, Panamá, Seychelles y los estados de Delaware y Nevada de EE.UU.

El superintendente precisó que los Panama Papers están dando a conocer nombres de empresas y personas vinculadas a sociedades offshore. "Si el mundo necesita que alguien se robe la información para poder llegar a conocer estos casos, eso quiere decir que el sistema global para prevenir este tipo de mecanismos claramente no está funcionando", precisó. 

Entre enero del 2007 y marzo del 2016, la UIF ha emitido 42 informes de inteligencia financiera relacionados a lavado de activos a través de paraísos fiscales (37 encontrados en Panamá y 5 en Islas Vírgenes Británicas), que representan operaciones sospechosas por un total de US$366 millones de dólares.

Para conocer más sobre los casos asociados a los Panama Papers, la UIF -órgano incorporado como unidad especializada de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS)- ha mantenido reuniones con la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos, con la SUNAT y con los principales bancos del país con el objetivo de realizar investigaciones conjuntas y acceder a información que de manera directa no podrían obtener.

Entre el 2007 y 2016, la UIF ha emitido 42 informes de inteligencia financiera relacionados a lavado de activos a través de paraísos fiscales.

"La constitución de una empresa offshore no es en sí una actividad ilícita ni delictiva y puede tener muchas explicaciones válidas. Sin embargo, es un mecanismo que permite ocultar el movimiento de dinero o la propiedad de una persona. Esa es la disyuntiva", declaró Espinosa.

En junio del 2015, el Perú asumió la presidencia del Grupo Egmont, asociación internacional que reúne a 151 unidades de inteligencia financiera en el mundo. La próxima semana, el comité directivo del grupo se reunirá en las Islas Fiyi para determinar cómo van a encarar los Panama Papers y qué estrategia seguirán para analizar e intercambiar la inmensa cantidad de información difundida.

SUPERINTENDENTE. "Necesitamos acceso al secreto bancario y tributario", fue el pedido que Sergio Espinoza hizo a nombre de su institución ante el Congreso. "Estamos atados de manos", señaló. Foto: Audrey Cordova.

TRABAS Y SOLUCIONES

Espinosa fue enfático al resaltar que el principal problema de su institución es la falta de acceso a la información del secreto bancario y tributario: "Tengo cientos de nombres en la lista de los Panama Papers y no puedo saber si tienen una cuenta bancaria en el Perú. Si no tenemos un reporte previo de operación sospechosa, estamos atados de manos, perdiendo el tiempo y eso es absurdo. Todavía hay algunas normas en el país que protegen a gente que podría estar involucrada en casos de corrupción. Hay un camino que tendrá que seguir el próximo Congreso para modificarlas y facilitar la investigación de la UIF", dijo Gustavo Rondón, presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso.

Para corregir esta situación, el superintendente recordó que el 2009 la UIF presentó un proyecto de ley para acceder al secreto bancario y tributario de personas con reportes de operaciones sospechosas, pero fue archivado por el Congreso. “Organismos homólogos de Bolivia, Ecuador y Paraguay tienen esa facultad, y nosotros no. Ahora vamos a alcanzar un nuevo proyecto de ley que nos permita levantar secretos bancarios a través de jueces ad hoc, que no es lo ideal pero podría ser un mecanismo intermedio”, sostuvo Espinosa.

La función de supervisión de la UIF comienza a partir de un reporte de una operación sospechosa realizado por bancos, notarios u otras empresas (inmobiliarias, vendedores de automóviles, joyeros, etc.) que se encuentran obligadas a hacerlo. Luego de priorizar los casos, un equipo multidisciplinario de profesionales (entre los que se encuentran abogados, economistas, contadores e ingenieros) analiza cada caso y formula una hipótesis que se discute y valida internamente antes de enviar un informe confidencial al Ministerio Público. El año pasado, se registraron 7.200 reportes, cifra que va en aumento en comparación a los años anteriores (6.000 el 2014 y 4.500 el 2013).

"Si el mundo necesita que alguien se robe la información para conocer estos casos, eso quiere decir que el sistema global de prevención no está funcionando", dijo Espinosa.

Espinosa adelantó que está entablando conversaciones con los Colegios de Abogados y Contadores para elaborar un proyecto de ley que incorpore a sus profesionales en el régimen de actividades o empresas obligadas a reportar a la UIF. De esta manera, los abogados que trabajen en la administración de patrimonios, en la estructuración de empresas o en la compra y venta de inmuebles estarían obligados a reportar a la UIF cuando ven una operación que les resulta sospechosa, sin que esta acción afecte su secreto profesional. Esta normativa excluiría a los abogados penalistas o aquellos que trabajen dentro del departamento legal de una empresa.

Dentro de la agenda de la comisión también se había previsto la presentación de Mónica de Ycaza Clerc, representante legal de Mossack Fonseca en el Perú. No obstante, de Ycaza comunicó mediante una carta que se encontraba fuera del país. Al respecto, Rondón señaló que “si una persona no tiene nada que ocultar, dirá su verdad y colaborará con la investigación de la comisión. Pero si evita venir, si miente cuando viene o si se queda callada, le puede caer el peso de la ley”.

Para la próxima sesión del 18 de mayo, la comisión tiene previsto invitar nuevamente a Mónica de Ycaza, a Gustavo Gorriti (IDL-Reporteros) y a los periodistas de Ojo-publico.com.