Las historias que otros no te quieren contar
El TC declaró infundado la demanda de inconstitucionalidad contra una ley que recorta las funciones e independencia de la Sunedu. Este fallo forma parte de la estraegia legal del Congreso para frenar la reforma universitaria. En la mañana, el gobierno realizó cinco cambios en el gabinete. Luis Alberto Otárola es el nuevo titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, en reemplazo de Pedro Angulo.
La mañana de hoy la presidenta Dina Boluarte nombró como nuevo titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a Luis Alberto Otárola, que se venía desempeñando como ministro de Defensa. Este fue uno de los cinco cambios que se realizaron en el gabinete.
Otárola, abogado de formación, reemplaza a Pedro Ángulo. Es una de las personas más cercanas a la presidenta. Asumió la defensa legal de Boluarte cuando afrontaba un proceso de denuncia constitucional en el Congreso, que finalmente fue archivado. Como ministro de defensa, firmó la declaratoria del estado de emergencia a nivel nacional.
A la cabeza del Ministerio de Defensa, en reemplazo de Otárola, se ha nombrado a Jorge Chávez Cresta. Él ocupó el mismo cargo durante la gestión del expresidente Martín Vizcarra entre agosto y noviembre del 2020. En octubre de 2021, fue designado viceministro de Minas por el entonces presidente Pedro Castillo.
También hubo cambios en el sector Interior. El general en retiro Víctor Rojas Herrera reemplaza a César Cervantes Cárdenas.
Leslie Urteaga y Óscar Becerra asumen los ministerios de Cultura y Educación, respectivamente.
El pasado viernes 16 de diciembre, tras los hechos de violencia y enfrentamientos con policías y militares donde varios civiles fallecieron, los entonces ministros de Cultura y Educación, Jair Perez y Patricia Correa, renunciaron al gabinete expresando su disconformidad con la forma en la que el nuevo gobierno reprimió las protestas sociales.
Los cambios realizados en el gabinete se producen en un contexto de crisis y convulsión social que hasta la fecha ha dejado por lo menos 22 personas civiles fallecidas por enfrentamientos con las fuerzas del orden como parte de las movilizaciones que buscan, sobre todo, el adelanto de elecciones.
El Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad presentada por 33 congresistas en contra de la Ley 31520, que recorta la autonomía e independencia de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). El objetivo de los legisladores era que, a través de este fallo, se confirme la constitucionalidad de la ley y con ello ratificarla.
En su momento, el Pleno del Congreso la aprobó por insistencia, a pesar de las observaciones del Ejecutivo.
Para frenar su implementación, la Sunedu interpuso una demanda de amparo contra el Legislativo. Como resultado, el 19 de julio de este año, el Segundo Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima ordenó anular todo el procedimiento legislativo que derivó en la aprobación de la iniciativa en el Congreso.
A pesar de ello, el Congreso publicó la ley en El Peruano dos días después. Además, de manera sorpresiva, 33 congresistas presentaron ante el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra la norma que ellos mismos promulgaron.
La estrategia de los parlamentarios fue descrita así por el Consejo Directivo de la Sunedu: “[...] Es necesario alertar a la ciudadanía sobre la presentación de esta insólita demanda, que pretende instrumentalizar al TC para ‘sacarle la vuelta’ a una resolución del Poder Judicial y que desnaturaliza el sentido de una demanda de inconstitucionalidad”, expresó la institución en un comunicado.
En medio de una crisis política y social ayer el @TC_Peru declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad que congresistas antirreforma presentaron CONTRA LA LEY QUE ELLOS MISMOS APROBARON. ¿Por qué lo hicieron?
— Flor Pablo Medina 🇵🇪 (@FlorPabloMedina) December 21, 2022
⚠️Buscaron perder la demanda para que la Ley contrarreforma ⤵️ pic.twitter.com/3aob1jEDPi
Con la decisión de ayer del Tribunal Constitucional, la estrategia de los congresistas para implementar la Ley 31520 sigue en rumbo. Aunque la norma tendrá que afrontar un nuevo pedido de inconstitucionalidad en su contra, el cual fue realizado la semana pasada por la Defensoría del Pueblo.
Para la entidad, presidida por Eliana Revollar, la Ley 31520 también “vulnera el principio de independencia y autonomía del órgano responsable en supervisar el servicio educativo universitario”.
Como informó OjoPúblico, la Ley 31520 —promulgada por insistencia en el Congreso— reestructura la conformación del Consejo Directivo de Sunedu, cuyo periodo de vigencia ya no será de cinco, sino de tres años.
Además, entre otros puntos, dispone eliminar la elección por concurso público de profesionales para el Consejo Directivo, y establece la posibilidad para incluir en este órgano a representantes de universidades públicas, privadas y colegios profesionales.
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