El Tribunal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) emitió una nueva sanción contra una empresa vinculada a Telefónica, por presentar información falsa para la adjudicación de un contrato por S/5 millones con el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). La resolución inhabilita a la compañía Gestión de Servicios Compartidos -que en el momento de la infracción era parte del Grupo Telefónica- para contratar con el Estado peruano por tres años.

El fallo emitido el último 6 de mayo por los vocales Mariela Sifuentes Huamán, María Rojas Villavicencio y Cecilia Ponce Cosme determinó que "se cuenta con evidencia suficiente para concluir" que la entonces empresa del Grupo Telefónica presentó un documento cuyo contenido fue adulterado, en el marco de la adjudicación de un contrato con Osinergmin para brindar el "servicio de mantenimiento de infraestructura de las sedes de Lima".

Ojo-Publico.com comprobó que el documento adulterado fue presentado el 15 de agosto de 2017, cuando la empresa todavía era propiedad del Grupo Telefónica. La compañía -que fue fundada en marzo de 2001 por Telefónica S.A. y Telefónica del Perú- firmó el contrato por más de S/5 millones con Osinergmin en septiembre del mismo año, bajo el nombre de Telefónica Gestión de Servicios Compartidos Perú, según detallan los archivos del OSCE.

CONTRATO. Osinergmin contrató en septiembre de 2017 a Telefónica Gestión de Servicios Compartidos Perú, que en ese momento era una compañía integrante del Grupo Telefónica.

Foto: Andina

La resolución precisa que el 9 de octubre del 2017 Osinergmin detectó la entrega de información falsa. Los reportes económicos del conglomerado acreditan que esta empresa perteneció al Grupo Telefónica por lo menos hasta el 13 de octubre del mismo año, cuatro días después del hallazgo de la irregularidad en el proceso. En este mismo mes, aunque sin precisar fecha, Telefónica transfirió "la totalidad de acciones de su propiedad a un tercero ajeno al Grupo", precisaron a través de un comunicado a este medio. En diciembre de 2017, la empresa en cuestión cambió de nombre a Gestión de Servicios Compartidos. 

Esta es la tercera sanción emitida contra una empresa vinculada al Grupo Telefónica por parte del Tribunal del OSCE, que se suma a las anteriores dos reportadas por Ojo-Publico.com. El pasado 2 de mayo, este órgano sancionó a Telefónica del Perú por incumplir un contrato con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Al día siguiente, esta misma empresa fue sancionada por entregar "información inexacta" para cobrar más de S/1,5 millones del Despacho Presidencial. En ambas ocasiones, Telefónica fue inhabilitada para contratar con el Estado peruano por seis meses.

Certificado adulterado

Telefónica Gestión de Servicios Compartidos Perú, según la resolución 1024-2019 del OSCE, entregó un certificado de trabajo adulterado de Arturo Tarazona Peralta, parte del personal que esta empresa ofreció en el concurso público convocado por Osinergmin en junio de 2017. El documento acreditaba que Tarazona trabajó hasta agosto de 2015 en la empresa Sodexo Perú. Osinergmin otorgó finalmente la buena pro a la entonces integrantes del Grupo Telefónica en agosto del 2017.

MODIFICADA. La carta enviada por Sodexo Perú a Osinergmin detalla que el certificado de trabajo de Arturo Tarazona Peralta "ha sido modificado de forma irregular". 

Documento: Tribunal del OSCE

"El señor Arturo Alfonso Tarazona Peralta (...) laboró en nuestra empresa desde el 24 de febrero de 2015 hasta el 10 de abril del 2015. Sin embargo, el documento que se adjunta (...) ha sido modificado de forma irregular respecto a la fecha de término, ya que este indica que la fecha de cese del excolaborador sería el 24 de agosto de 2015 y ello no es correcto", precisó Sodexo Perú en una carta enviada el 9 de octubre de 2017 a Osinergmin.

“El proveedor tiene la obligación de verificar la autenticidad de los documentos que presenta ante la Entidad", aseguró el Tribunal del OSCE. Los vocales de la Segunda Sala además resaltaron que "la presentación de un documento falso o adulterado, como se ha acreditado en el presente caso, significa una conducta reprochable y sancionable por nuestro marco jurídico". La resolución además ordenó el envío de la información de la infracción a la Fiscalía. 

GRUPO. Telefónica Gestión de Servicios Compartidos Perú fue fundada por Telefónica S.A. y Telefónica del Perú S.A.A. Perteneció a esta conglomerado hasta octubre de 2017. 

Documento: Registros Públicos

Frente al Tribunal, la empresa alegó que el certificado no fue evaluado en el concurso público y que el documento adulterado no fue detectado por sus mecanismos de fiscalización por muestreo. La compañía además aseguró que solicitó la inmediata sustitución de Tarazona Peralta, quien no llegó a trabajar en las instalaciones de Osinergmin y asumió de manera individual la responsabilidad por los hechos, mediante declaración jurada.

Según los plazos del procedimiento administrativo sancionador, Gestión de Servicios Compartidos tiene plazo hasta este jueves 13 de junio para solicitar una reconsideración ante el Tribunal. Consultado por Ojo-Publico.com, Telefónica precisó que esta empresa actualmente "no tiene vínculo ni forma parte" del conglomerado. "En octubre de 2017 se transfirió la totalidad de acciones de su propiedad a un tercero ajeno al Grupo", aseguró a este medio. 

Problemas en la Fiscalía

El Tribunal del OSCE ordenó que el expediente sobre la entrega del certificado adulterado ante Osinergmin sea remitido a la Fiscalía, por el presunto delito de falsificación de documentos. Ojo-Publico.com además confirmó que la fiscal anticorrupción Fanny Mendoza García investiga la entrega de "información inexacta" por Telefónica en otro contrato estatal. Estos no son los únicos casos en que este grupo empresarial está bajo sospecha del Ministerio Público.

El Quinto Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción ha dado un ultimátum a Telefónica del Perú para entregar el registro de llamadas de diversos procesados como presuntos integrantes de una organización criminal liderada por el abogado Rodolfo Orellana Rengifo, quienes son acusados por el Ministerio Público de implementar un mecanismos de sobornos en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp). 

ULTIMÁTUM. Fiscalía Anticorrupción advirtió que adoptará acciones legales contra Telefónica del Perú si no remite el registro de llamadas que la empresa resguarda en un formato físico. 

Documento: Ojo-Publico.com

"Si bien su representada ha proporcionado la información, ésta no ha sido conforme a lo dispuesto por el órgano judicial", señala el fiscal adjunto anticorrupción Eiser Jiménez Coronel en una carta enviada el último 24 de enero a la que tuvo acceso Ojo-Publico.com. El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Sala Penal Nacional dispuso, según detalla la misiva, que las empresas de telefonía "proporcionen el reporte de llamadas entrantes, salientes y pérdidas registradas" entre los años 2009 y 2013. 

Telefónica respondió en una carta enviada el pasado 4 de marzo, donde indicó que cuenta con un "sistema de explotación de reportes de llamadas" desde enero de 2015 hasta la actualidad. Las operadoras están obligadas a conversar los "registros fuentes del detalle de las llamadas" por un periodo de al menos de tres años "después de originada la información realizada con la tasación", según el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).

INFORMACIÓN. Telefónica del Perú reconoció que conserva el registro de llamadas anterior al año 2015, pero por fuera de su sistema digital por razones de "capacidad de almacenamiento".

Documento: Ojo-Publico.com

Sin embargo, la empresa reconoció en la misma carta que el registro anterior al 2015 "ha sido descargada del sistema y trasladada a un formato físico no legible, cuya restauración requiere de un procedimiento complejo que implica costos adicionales". Telefónica precisó que esta información no está en su sistema digital "por razones de capacidad de almacenamiento y tratándose de información de antigüedad superior al plazo legalmente estipulado".

"En mi condición de Fiscal Supraprovincial Anticorrupción, a fin de solicitarle con carácter de urgencia, proceda a la restauración de la información contenida en formato físico no legible, pues conforme a lo señalado en su carta (...) se está aceptando que la información sí es recuperable, caso contrario se adoptarán las acciones legales correspondientes", respondió el fiscal Elvis Suárez Ferrer en una comunicación de fecha 12 de marzo. El último 7 de mayo, la Fiscalía Anticorrupción insistió en un nuevo pedido a Telefónica.

Ojo-Publico.com también consultó sobre el estado de este requerimiento judicial a Telefónica del Perú, a través de su área de comunicaciones. Hasta el cierre de edición, no hubo respuesta sobre este punto.