El Gobierno bloqueó el ingreso al Perú de las llamadas medicinas biosimilares usadas para el tratamiento de enfermedades crónicas como el cáncer, la artritis y el VIH. El 27 de febrero pasado, el Poder Ejecutivo publicó un decreto supremo que ordena el registro de los denominados medicamentos biológicos, pero retrasó -por quinto año consecutivo- la regulación de los biosimilares, que impide abrir el mercado para abaratar los precios de las medicinas en beneficio de miles de pacientes.

Hasta el viernes último, el propio ministro de Salud, Aníbal Velásquez, informó que su despacho había enviado al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la versión final de las dos normas (pendientes de aprobación desde el 2011) con el objetivo de ordenar el millonario sector de productos farmacéuticos y garantizar medicamentos innovadores para la población. Sin embargo, un día después, solo apareció en el boletín de normas legales del diario El Peruano una de las normas discutidas y aprobadas por el Minsa.

COMPROMISO. El ministro de Salud había garantizado que se aprobaría la norma para medicinas biosimilares./Andina

El decreto supremo Nº 011-2016-SA, que lleva la rúbrica del presidente de la República, Ollanta Humala, de su ministro de Economía, Alonso Segura, y de Salud, Aníbal Velásquez, solo regula la presentación y el contenido de los requisitos para la inscripción y reinscripción de productos biológicos, cuyos costos actuales son inaccesibles para los pacientes sin seguro médico y hacen insostenible el presupuesto de EsSalud para este tipo de medicinas.

La falta de un reglamento para el ingreso y registro de medicamentos biosimilares ha permitido que grandes farmacéuticas -que tienen el monopolio de los productos biológicos- impidan con acciones judiciales que el Estado registre y adquiera los biosimilares que abaratarían el costo de los tratamientos para diversas enfermedades crónicas.

“Los dos reglamentos se habían trabajado en conjunto, nos preocupa este cambio porque no permitirá competencia ni que se reduzcan los precios en favor de los usuarios”, indicó Javier Llamoza, representante de Acción Internacional para la Salud (AIS), una organización independiente que estudia el mercado farmacéutico y su impacto en los pacientes. 

Fuentes de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), el organismo que regula la industria farmacéutica en el Perú, se mostraron desconcertadas con la publicación parcial de las normas sobre medicinas de última generación. “El cambio se habría producido en el Ministerio de Economía y Finanzas”, indicaron. 

Un negocio farmacéutico

En el 2015, una investigación de Ojo-Publico.com estableció que un grupo de más de 10 medicamentos biológicos ingresó a nuestro país desde el año 2000, luego de ser importados progresivamente por las filiales en Lima de las 10 mayores casas farmacéuticas del mundo: Roche, Abott, Bristol-Myers Squibb, Lilly, Merck, GlaxoSmithKline, Pfizer, Sanofi, Jhonson & Jhonson y Genzyme, agrupadas en la Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos del Perú (Alafarpe). 

Los medicamentos, tras ser autorizados por el Ministerio de Salud y recibir exoneraciones tributarias del MEF en el 2001, arribaron al mercado nacional, pero con precios más altos que los registrados en países vecinos de Sudamérica. Los biológicos que llegan a Lima son los más vendidos en el mundo: los oncológicos Mabthera, Herceptin y Avastin, de la suiza Roche, que domina el segmento de productos innovadores contra el cáncer, y los medicamentos contra la artritis Humira y Enbrel, fabricados por las estadounidenses Abbott y Pfzier, respectivamente. 

INACCESIBLES. Essalud no puede garantizar a todos sus pacientes el acceso a medicinas biológicas debido a su alto costo. /Andina.

Sin embargo, las farmacéuticas que tienen el dominio del mercado intentan mantener su posición privilegiada desde el 2008 con denuncias judiciales contra el Estado y un grupo de farmacéuticas de capitales peruanos, bajo una sola consigna: bloquear la importación de las llamadas medicinas biosimilares -productos parecidos a los suyos, pero fabricados por compañías ubicadas en India, Corea del Sur y Brasil- con el argumento de que estos perjudican la salud de la población debido a que no tienen estándares sanitarios adoptados a nivel internacional.  

La EMA de Europa (European Medicines Agency) y la FDA de Estados Unidos (Food and Droug Administration) han autorizado medicinas biosimilares que ahorrarían millones de soles a los pacientes y al Estado, pero su registro en el Perú está paralizado por una acción de amparo interpuesta por la Alafarpe en el 2014. 

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