Caso Panama Papers: Firma legal Mossack Fonseca anuncia su cierre a nivel global

En el Perú, las revelaciones de Ojo-Publico.com permitieron el allanamiento de su representación en Lima por parte de la Sunat y una investigación del Ministerio Público por delitos de crimen organizado y lavado de dinero.

OFFSHORE. La investigación Panama Papers reveló millones de documentos filtrados del polémico estudio de abogados. /Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico

El estudio de abogados panameño Mossack Fonseca, protagonista de la investigación global Panama Papers e investigado en el Perú por lavado de dinero y crimen organizado, anunció hoy el cierre de sus oficinas a nivel mundial. 

La decisión es tomada debido al "deterioro reputacional" causado por la publicación de millones de documentos filtrados al diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y sus medios aliados, entre ellos Ojo-Publico.com, informó la agencia de noticias EFE

El Caso Panama Papers, la filtración más importante en la historia del periodismo de investigación, reveló hace casi dos años los secretos offshore de políticos, empresarios, artistas y otras personas de interés público en diversos paraísos fiscales, como las Islas Vírgenes Británicas, Anguila Británica, Islas Seychelles, Nevada, entre otros.

En el Perú, las revelaciones de Ojo-Publico.com permitieron que la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) allanara el local de la representación de Mossack Fonseca en Lima; y que el Ministerio Público iniciara una indagación de tipo penal contra la firma panameña.

En la actualidad, la fiscal Yovana Mori García, de la Primera Fiscalía Supraprovincial de Lavado de Activos, tiene a su cargo la investigación contra Jurgen Mossack y Ramón Fonseca, dueños fundadores del bufete de abogados en Panamá; y contra la peruana Mónica de Ycaza, su representante en Perú. 

Todos son investigados bajo cargos de haber dirigido una organización criminal dedicada a mantener “ocultos” los “activos de procedencia dudosa” de diversos clientes peruanos.

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