La Sala Penal Nacional decidirá si confirma la incautación de 91 kilos de oro de presunto origen sospechoso perteneciente a la compañía Minerales del Sur (Minersur) de Puno, cuyo dueño, Francisco Quintano Méndez, es investigado en el Ministerio Público por lavado de dinero del crimen organizado.

La audiencia fue convocada por Roger Benites Burgos, titular del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional, quien el 4 de diciembre último escuchó al fiscal del caso, Richard Merino Alama, del sistema antilavado de dinero del Ministerio Público, y a las abogadas de Quintano Méndez y de Minersur, Miryam Ponce Lavalle y Solange Delgado de la Flor.

Quintano Méndez, cuyo nombre original es Francisco Quispe Mamani, es el accionista mayoritario de Minersur y se encuentra investigado junto a otros directivos y socios de la compañía por presunto lavado de dinero. En documentos judiciales del 2000, dicha empresa ya había sido sindicada por delitos tributarios vinculados al comercio de oro.

Este año, el Ministerio Público consideró como presunta organización criminal de la minería ilegal a Minersur, con sedes en Juliaca y La Rinconada. Desde entonces, la defensa legal de la exportadora de oro ha intentado por diferentes maneras que la fiscalía le devuelva el mineral, incluso denunciando penalmente al magistrado que empezó las pesquisas en su contra, Édgar Pantigoso Zúñiga.

Dicho fiscal –también denunciado por el dueño de Minersur ante el órgano de control del Ministerio Público– fue retirado del caso por orden de Elizabeth Peralta Santur, fiscal superior del sistema de lavado de dinero, sin presentarse justificación alguna. En su reemplazo asumió Eduardo Cueva, quien hoy defenderá la incautación judicial en el marco de las operaciones que desarrolla el Estado Peruano contra la minería ilegal.

CLAVE. La audiencia se realizara en la nueva sede de la Sala Penal Nacional, en donde también se realizó la diligencia de detención preventiva de Keiko Fujimori.

CAPTURA: Poder Judicial.

El caso se originó en marzo último por la intervención de 91 kilos de oro (valorizados en US$3.6 millones) que Minersur pretendía enviar a Suiza en abril último. Entonces, el ente aduanero estableció que dicha compañía “no sustentó el origen legal y la tenencia de la mercadería inmovilizada, presumiéndose su procedencia ilícita”.

En una de las resoluciones sobre este caso, el Ministerio Público –que desarticuló a la mafia de oro ilegal de Pedro Pérez Miranda ‘Peter Ferrari’ el 2014– consideró que detrás del financiamiento, comercialización y exportación de metal de Minersur se esconde una “organización criminal... creada con la finalidad de acopiar oro de procedencia ilegal [para] luego legitimarlo usando el nombre de una empresa autorizada y exportarlo al extranjero, intentando así ocultar el origen ilegal del dinero obtenido”.