SOSPECHA. Luis Barboza Dávila, como alto funcionario de la ONPE en temas de verificación de financiamiento de partidos, es sindicado de apoyar a la organización criminal dentro de Fuerza Popular.
El Equipo Especial del Ministerio Público sindicó a un exalto funcionario de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Luis Barboza Dávila, como colaborador de la presunta organización criminal liderada por Keiko Fujimori al interior de Fuerza Popular, acusada por la Fiscalía de lavar millonarios aportes ilícitos de la compañía brasileña Odebrecht.
"[Barboza Dávila] encargado [en la ONPE] de la Verificación y Control de Fondos Partidarios [emitió] informes técnicos que favorecieron a la organización criminal en el lavado de activos", dice el pedido fiscal de prisión preventiva contra Keiko Fujimori y otras 11 personas, entre ellos directivos y empleados de Fuerza Popular, así como presuntos aportantes de dicha organización política.
La investigación del Ministerio Público, liderada por el fiscal de lavado de activos José Pérez Gómez, dice que el entonces alto funcionario de la ONPE "tomó una actitud complaciente" frente a los argumentos presentados por Fuerza Popular respecto de las irregularidades cometidas en la campaña presidencial del 2011, que enfrentó a Ollanta Humala y a Keiko Fujimori.
FONDOS DE PAPEL. Ojo-Publico.com reveló irregularidades en los almuerzos, cenas y cócteles de Fuerza Popular, y en la verificación de los fondos partidarios por la ONPE.
Foto: Ojo-Publico.com
Las pesquisas del Ministerio Público señalan que Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular) no implementó "registros individualizados" para sustenar los fondos recaudados a través de actividades proselitistas, como cócteles y rifas, por más de S/2 millones el 2010; y por montos superiores a los S/3 millones el 2011.
"El partido Fuerza 2011 incumplió la Ley de Partidos Políticos (...) sin embargo, dicho incumplimiento no fue evidenciado en [los informes técnicos], refrendados por el [entonces] Jefe del Área de Verificación y Control de la ONPE, Luis Barboza", asegura el documento.
El Ministerio Público estableció que Fuerza Popular presuntamente lavó una parte de los aportes irregulares de Odebrecht a través dos cócteles y una rifa profondos. La falta de un registro individualizado -que la ONPE no sancionó- impidió indentificar a los compradores de tarjetas para estas actividades proselitistas.
FISCALIZACIÓN. Ministerio Público identificó diferentes de irregularidades en la supervisión de la ONPE a los informes de aportes e ingresos en efectivo de Fuerza 2011.
Foto: Andina
"Los que compran tarjetas no son aportantes", dijo Barboza a Ojo-Publico.com en una entrevista realizada el 2016. Consultado sobre las deficiencias en la fiscalización de los ingresos por cócteles de Fuerza Popular, Barboza respondió entonces que:"[En la ONPE] no podemos limitar a las organizaciones políticas, hay que ver a los partidos como empresas". La ONPE aceptó la renuncia de Barboza en julio del 2017.
La Fiscalía asegura que la falta de un registro individual de compradores de tarjetas es "una constante en las actividades proselitistas [de] Fuerza 2011" y establece que Barboza contribuyó con esta conducta ilegal "al permitir que se convierta en una práctica contraria al sistema de control interno [de] la Ley de Partidos Políticos".
"Tanto el auditor como el jefe del área de Verificación y Control de la ONPE tendrían responsabilidad respecto de la no implementación del registro individualizado de adquirientes de tarjetas en las actividades de financiamiento proselititsta", indica el despacho del fiscal Pérez.
LAVADO DE DINERO. El Ministerio Público acusa a Fuerza Popular de lavar millonarios aportes irregulares de Odebrecht a través de actividades proselitistas.
Foto: Andina
El Equipo Especial del Ministerio Público identificó diferentes de irregularidades en la supervisión de la ONPE a los informes de aportes e ingresos en efectivo de Fuerza 2011, según el documento consultado por Ojo-Publico.com.
La ONPE revisó "selectivamente" los boletos de la 'Gran Rifa' de Fuerza 2011, no verificó si los aportes individuales del primer semestre del 2010 fueron bancarizados, y presentó incongruencias entre la información proporcionada por este partido político y el informe firmado por la auditora Lidia Gobitz Morales, que fue aprobado por Barboza Dávila, según el documento fiscal.
El área de verificación de la ONPE, dice el Ministerio Público, nunca advirtió que Fuerza 2011 evitó declarar ingresos y gastos a finales del 2010 e inicios del 2011. Además, omitió precisar los detalles de las facturas presentadas por el fujimorismo respecto de sus gastos en publicidad en medios de comunicación; y, en términos generales, tuvo una observación "deficiente" de los gastos de campaña de enero del 2011.