El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ya tiene listo el decreto supremo que reactivará la Norma XVI, la iniciativa legislativa que permite combatir la elusión tributaria y el flujo de dinero a los paraísos fiscales. Dicha norma fue suspendida por el Congreso en el 2014 luego de una fuerte oposición de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), el gremio empresarial de la Confiep y la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), quienes obtuvieron el apoyo del entonces legislador Luis Iberico.

Fuentes del sector confirmaron que el decreto supremo se encuentra en la Secretaría General del MEF y ya obtuvo el visto bueno de la alta dirección del ministerio, incluyendo la del extitular de esta cartera, Alonso Segura. Además, el expresidente Ollanta Humala fue notificado del tema, pero el documento aún no ha sido formalmente derivado a Palacio de Gobierno, por lo que su promulgación (como en el caso del pedido de indulto de Alberto Fujimori) quedó en manos del mandatario electo, Pedro Pablo Kuczynski.

Personal de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) confirmó que esta iniciativa ha sido coordinada con su institución, pues será esta la que identifique y sancione a los infractores. “A inicios de julio enviamos nuestra propuesta final al MEF y ha sido tomada en cuenta. Todo ha sido consensuado”, indicaron.

ANTIELUSIVA. La Sunat y el Ministerio de Economía y Finanzas son las entidades más interesadas en la reacfivación de la Norma XVI./ Andina.

LEGISLACIÓN DE ESTÁNDAR MUNDIAL

El argumento de los gremios empresariales para rechazar la Norma XVI fue que su amplia discrecionalidad podía ser usada por la Sunat con fines políticos, por ello pedían que entrara en vigencia solo cuando se definiera puntualmente el listado de situaciones que se consideran como prácticas elusivas. El exministro de Economía, Luis Castilla, advirtió entonces que ello era imposible porque existen miles de mecanismos para eludir tributos. “Todos los países tienen normas antielusivas generales, esta es una práctica común”, dijo.

Esa premisa se mantiene. Según conoció Ojo-Publico.com, el decreto supremo establecerá los parámetros de fondo y forma que enmarcan las leyes antielusivas en el resto del mundo. Se establecerá, por ejemplo, que la aplicación de la Norma XVI esté sujeta a un procedimiento de fiscalización estándar para decidir en qué casos una empresa estaría cometiendo elusión, para luego iniciar la investigación y el proceso sancionador. Asimismo, se definirá las controversias que puedan ser debatidas ante el Tribunal Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas.

Se estima que parte del dinero producto de la elusión tributaria acaba en paraísos fiscales

“La aplicación de una norma antielusiva está generalizada en todos los países con buenas prácticas tributarias y su diseño es estándar, no hay condiciones ni nada que inventar”, explica Sergio Espinosa, superintendente adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entidad encargada de investigar casos de lavado de dinero.

OTROS CAMBIOS TRIBUTARIOS PENDIENTES

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), las economías en vías de desarrollo pierden unos US$90 mil millones anuales por evasión y elusión tributaria, dinero que podría canalizarse en obras y servicios públicos. Para lograrlo, las empresas cuentan con contadores y abogados que modifican los estados financieros, simulan transacciones, entre otras artimañas legales, con el fin de reducir el monto a pagar.

Se estima que parte del dinero originado por las prácticas de elusión tributaria termina en los llamados paraísos fiscales, a donde la fiscalización del Estado no llega.

REUNIÓN CLAVE. El presidente Pedro Pablo Kuczynski se reunió el 17 de junio último con el ministro de Economía, Alonso Segura, y con quien tomará la posta en este sector, Alfredo Thorne / Andina.

La reactivación de la Norma XVI forma parte de una serie de medidas que el gobierno de Kuczynski deberá aplicar para cumplir las recomendaciones del OCDE, organismo que reúne a las principales economías del mundo y al que el Perú quiere unirse. 

En abril último se aprobó la ley para sancionar a las empresas que cometen soborno internacional, requisito exigido por el OCDE en lucha anticorrupción, pero en materia tributaria queda pendiente concretar más acuerdos de cooperación e intercambio de información con instituciones fiscales de otros países, así como suscribir convenios para evitar la doble imposición tributaria.

 Ambas herramientas permiten a la Sunat obtener y entregar al país que lo solicite, datos sobre las operaciones financieras de personas bajo sospecha, aún si lo requerido está protegido por el sistema bancario.

Y EL SECRETO BANCARIO EN MANOS DEL CONGRESO

Asimismo, el Perú deberá asegurar la regulación eficaz del levantamiento del secreto bancario, un requisito vinculado a la lucha contra el lavado de activos y el crimen organizado y cuya aprobación está en manos del nuevo Congreso liderado por Fuerza Popular.

SECRETO BANCARIO. La UIF, a cargo de Sergio Espinosa, insistirá en pedir facultades para levantar el secreto bancario e investigar con mayor amplitud el lavado de dinero de diversas actividades ilegales. / Andina.

“El secreto tributario y bancario limita enormemente nuestra labor. Si tenemos sospechas sobre una empresa o persona solo podemos indagar en la base de datos que poseemos, y esta apenas incluye las operaciones sospechosas que han sido reportadas por otras instituciones y los pedidos de información ordenados por la Fiscalía. Sobre todo lo demás, estamos limitados. Más aún cuando se trata de personajes sobre los que no existe antecedentes”, explica el superintendente de la UIF, Sergio Espinosa.

Actualmente, la UIF puede ser alertada de una operación bancaria millonaria y sospechosa, pero si dicha entidad quiere seguir esta pista en una institución financiera, esta se lo negará con el pretexto del secreto bancario. "Casi todos los países de la región permiten el levantamiento del secreto bancario, pero aquí ni siquiera podemos cumplir con los convenios de intercambio internacional en casos como los Panama Papers porque ni nosotros tenemos acceso", agrega Espinosa.

Desde el 2009 la UIF busca que el Congreso apruebe las facultades para levantar el secreto bancario y detectar el lavado de dinero procedente del crimen organizado, del narcotráfico y hasta de la elusión tributaria pero la iniciativa fue rechazada alegando que podría ser usada políticamente. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), de la que depende la UIF, presentará un nuevo proyecto de ley y espera que esta vez la respuesta sea positiva.