El ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, anunció ayer que el actual gobierno derogará la norma contra la elusión tributaria (denominada Norma XVI), la mayor iniciativa legal publicada en el Perú para investigar a las empresas que eluden el pago de impuestos aprovechando los vacíos legales y con el objetivo de transferirlos a paraísos fiscales.

Durante su presentación en la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República, Thorne fue abordado por la bancada de Fuerza Popular (FP) respecto a la pertinencia de este mecanismo legal, ante lo que respondió sin titubear: “Sabemos que la ley de elusión tributaria ha afectado a muchos individuos y la vamos a derogar. Vamos a plantear que se derogue. No queremos tener una Sunat perseguidora”.

El ministro -en lo que sería su primera referencia directa sobre la Norma XVI- no tuvo tiempo de continuar su argumentación, pues la presidenta de la comisión, la fujimorista Cecilia Chacón, tomó el micrófono para saludar la medida. “Nosotros desde Fuerza Popular saludamos esta decisión. Nuestra bancada siempre se opuso a esta ley y nunca apoyamos su aprobación (…) Queremos una Sunat amigable”, dijo.

Thorne retomó la palabra y agregó que se restructurará las funciones del ente tributario porque “ha cometido una serie de excesos”. El ministro de Pedro Pablo Kuczynski no explicó cómo la Norma XVI afectó a "muchos individuos", teniendo en cuenta que está congelada desde el 2014. 

COMISIÓN ESPECIAL. Iberico creó un grupo parlamentario que acogió el reclamo del gremio empresarial que se oponía a la Norma XVI.

La elusión requiere el apoyo de un equipo especializado de contadores, abogados tributaristas y auditores para elaborar esquemas artificiosos que ayuden a declarar menos impuestos y esconder así las ganancias reales de una empresa. En la mayoría de casos amparados en vacíos legales para evitar ser fiscalizados.

En los últimos años tanto la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como la Sunat y el propio Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) -más aún después de las revelaciones de los Panama Papers- han detectado que esta es una práctica de grandes compañías que buscan trasladar sus excedentes a paraísos fiscales.

La historia del lobby del sector empresarial que sufrió la Norma XVI para evitar su aplicación ha sido ampliamente tratada por Ojo-Publico.com. 

REQUISITO ANTE LA OCDE

La Norma XVI fue promulgada el 2012 por el presidente Ollanta Humala para otorgar a la Sunat la facultad de detectar y cobrar los millonarios montos eludidos con “actos artificiosos o impropios”. Inmediatamente la Confiep, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y la Sociedad Nacional de Industrias (SIN) emprendieron una campaña de rechazo y consiguieron -con apoyo del congresista Luis Iberico- suspender su aplicación hasta que se defina los casos que serían fiscalizados.

La norma se mantuvo inactiva desde el 2014, pero antes de culminar su gestión en el MEF, Alonso Segura y su equipo, llegaron a definir el decreto supremo que establecía los parámetros de fondo y forma para fiscalizar la elusión tributaria, como lo exige la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Fuentes confiables indicaron a Ojo-Publico.com que Thorne y el presidente Pedro Pablo Kuczynski revisaron la documentación y la descartaron.

SIN ACUERDOS. Kuczynski y Thorne cuando se reunieron con su antecesor Alonso Segura, en junio de este año. / Andina

Desde el 2012 el Perú ha solicitado formalmente ser miembro de la OCDE, organismo que agrupa a las principales economías del mundo, pero una de las principales exigencias para lograrlo es aplicar medidas normativas y prácticas para acabar con la elusión, denominada “Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios” (BEPS por sus siglas en inglés).

Según estimaciones de dicho organismo, se deja de recaudar entre US$100.000 y US$240.000 millones anuales en el mundo producto de la evasión y la elusión tributaria.

En el Plan de Gobierno de Peruanos por el Kambio, el presidente Pedro Pablo Kuczynski se comprometió a priorizar el ingreso del Perú a la OCDE y eso incluye “asegurar la adopción de los instrumentos fijados en el marco del Plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS)”.

De no aplicarse una medida alternativa esta sería la primera promesa incumplida de esta gestión.