DENUNCIA. Procurador anticorrupción, Amado Enco, ingresó denuncia ante el Ministerio Público por presuntos delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal del fiscal Tomás Gálvez y el suspendido juez Hinostroza.
El procurador público anticorrupción Amado Enco dijo que el fiscal supremo Tomás Gálvez integró la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”, la cual fue parcialmente desarticulada luego de la difusión de los llamados Audios de la Corrupción y en el marco de una investigación realizada por la Policía Nacional y la fiscalía de crimen organizado del Callao.
“[El fiscal Gálvez] habría cumplido un rol dentro de la organización criminal integrada por César Hinostroza y otros y no podía denunciar a los miembros de 'Los Cuellos Blancos del Puerto', debido a que presumiblemente también formaría parte de la misma”, dice un comunicado de dicha procuraduría.
En la víspera, Ojo-Publico.com reveló que Gálvez había sido confesor y luego delator de uno de los principales operadores de la red judicial y electoral, el abogado José Cavassa, hoy detenido como integrante de “Los Cuellos Blancos del Puerto”.
El procurador anticorrupción pidió el inicio de las investigaciones preliminares contra el fiscal Gálvez y el suspendido juez supremo César Hinostroza por lo presuntos delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal. En su demanda estableció tres cargos específicos contra quien en los próximos años podría ser fiscal de la Nación.
Además de incluirlo como parte de “Los Cuellos Blancos del Puerto”, la procuraduría anticorrupción denunció el papel del fiscal Gálvez en el favorecimiento de un recurso de casación planteado por un condenado por tenencia ilegal de armas. También acusó a Gálvez, en base a un audio con Hinostroza, por intentar favorecer al fiscal provincial Walther Delgado, quien tenía un proceso judicial por un caso de violencia familiar.
Enco solicitó la totalidad de las interceptaciones telefónicas así como el registro de visitas de la Corte Suprema de Justicia durante el período 2017- 2018.
La medida tomada por la procuraduría anticorrupción tiene como contexto la revisión de 60 mil audios por la Red de Investigación Periodística, integrada por Ojo-Publico.com, el diario La República, Convoca y Wayka.