El pasado 3 de mayo, el parlamentario Richard Arce (Nuevo Perú) presentó una iniciativa legislativa que plantea que el bloqueo de carreteras, la toma de locales u otra forma de impedir el libre tránsito -medidas recurrentes en protestas sociales- no sea considerado como parte del delito de extorsión.

La medida elimina parte del artículo 200º del Código Penal que menciona que toda persona que use la "violencia o amenaza, toma locales, obstaculiza vías de comunicación o impide el libre tránsito de la ciudadanía (...) con el objetivo de obtener de las autoridades cualquier beneficio será sancionado con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años". 

Esta sanción fue implementada en setiembre del 2015, durante el gobierno de Ollanta Humala.

De acuerdo a las cifras recogidas por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh), desde el 2002 hasta noviembre del año pasado habían en todo el país 936 personas procesadas por delitos contra la tranquilidad pública, extorsión, disturbios, desobediencia y otros ocurridos en protestas públicas. 

Del total de procesados, que se encuentran en etapa de investigación preliminar hasta juicio oral, un 57% corresponden a conflictos socioambientales. 

En la presentación del proyecto de ley, participaron los dirigentes de diferentes comunidades del distrito de Challhuahuacho (Apurímac), donde opera la mina Las Bambas. Entre los asistentes estuvo Gregorio Rojas, presidente de Fuerabamba, procesado por extorsión durante el conflicto contra la compañía de capitales chinos MMG Limited. Rojas lideró entre febrero y marzo de este año la toma de la carretera utilizada por los camiones de la compañía para trasladar el cobre. 

Aprueban protocolo para defensores

Para el abogado Juan Carlos Ruiz del Instituto de Defensa Legal, las autoridades deben diferenciar las medidas de fuerza “legítimas” -empleadas dentro de las protestas sociales- de actos criminales de vandalismo. Menciona que a partir de esta distinción, las modificatorias del Código Penal respecto a extorsión (Art. 200º) podrán ser viables.

Ruiz también agregó a Ojo-Publico.com que desde el Colegio de Abogados de Puno se ha planteado una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 200º del Código Penal que regula el delito de extorsión a la toma de carreteras o locales públicos. La medida se encuentra a la espera de la sentencia del Tribunal Constitucional.

ACOMPAÑAMIENTO. El presidente de Fuerabamba, Gregorio Rojas (izq.) participó en la exposición del proyecto de ley que busca modificar el artículo 200ª del Código Penal referente al delito de extorsión. 

Foto: Ojo-Público.com.

En este contexto, el último 25 de abril el Ministerio de Justicia (Minjus) aprobó el "Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de Derechos Humanos”, este mecanismo busca que los líderes sociales tengan garantías para la realización de sus actividades de promoción, protección y defensa, siempre que lo hagan de forma pacífica y dentro del marco del derecho nacional e internacional.

Además, este protocolo dará inicio al primer registro oficial de denuncias e incidencias sobre ataques en contra de personas defensoras o situaciones de riesgo concretas. La implementación de esta medida estará en manos de la Dirección general de derechos humanos del Minjus.

La Defensoría del Pueblo, que en su último reporte mensual registró 183 conflictos sociales en todo el país, destacó la promulgación del protocolo e indicó que supervisará su implementación.

Plantean amnistía

El parlamentario Richard Arce también ha presentado un proyecto de ley -respaldado por la bancada de Nuevo Perú- para establecer una amnistía a favor de las personas que intervinieron en las diferentes protestas contra el proyecto Las Bambas, entre 11 de mayo del 2011 y 9 abril del 2019.

Sobre este tema, la abogada penalista y docente de la Pontifica Universidad Católica del Perú, Romy Chang, sostuvo que “la amnistía es peor que un indulto. En el indulto se condena la pena, en la amnistía ni siquiera se investiga. ¿Qué mensaje estamos dando al resto de comunidades del Perú? Si se genera un boicot social muy grande, todos van a pedir lo mismo".

La medida forma parte de los acuerdos suscritos en la Mesa de Justicia y Derechos Humanos realizada el último 24 de abril con dirigentes de Fuerabamba y otras comunidades de la provincia de Cotabambas.

El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía - Snmpe, Manuel Fumagalli, rechazó en un comunicado del 29 de abril el proyecto de ley debido a que lo consideraba una “postura que busca condicionar el diálogo en Fuerabamba”. 

Consultada sobre ambos proyectos de ley del congresista Arce,  la abogada Romy Chang indicó que de aprobarse las propuestas se estaría dando un retroceso. "No se puede legislar a ciertos hechos concretos (como Las Bambas) y no todo en un conjunto. Los proyectos no están pensados en las consecuencias futuras y jurídicas", señaló.

El mismo día que el congresista Arce presentó el proyecto de ley, la Corte Superior de Justicia de Apurímac ordenó la excarcelación de los hermanos Jorge y Frank Chávez Sotelo al declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por la defensa los exasesores de la comunidad de Fuerabamba. Ambos son investigados por presuntamente liderar una organización criminal que extorsionaba al proyecto minero Las Bambas con la toma de carreteras.

Según la sala de apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, en la denuncia del fiscal no se evidencia "elementos objetivos" para continuar con la prisión preventiva por el delito de extorsión. 

Comuneros de Fuerabamba señalaron a Ojo-Publico.com que la continuidad de los Chávez Sotelo se decidirá en una reunión a convocar en los próximos días.