En colaboración con Carolina Rodríguez Alzza*

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), el gremio indígena más importante de la Amazonía, denunció al Estado peruano ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que el Gobierno empiece a escuchar las necesidades de los pueblos amazónicos. Ahora las autoridades deben enfrentar una inmensa responsabilidad, pues la principal amenaza contra los indígenas son las malas políticas públicas.

Durante este tiempo el Estado se ha comportado como un vector del virus. Sus medidas de apoyo implican la movilidad de las personas y los bienes y, con ellos, la distribución del SARS-CoV-2 en la Amazonía. Este modelo se ha repetido muchas veces antes y ha fulminado la demografía indígena una y otra vez durante el Virreinato y luego la República (1). 

Han pasado más de 50 días de declarada la emergencia nacional, y el gobierno aún no tiene una estrategia intercultural diferenciada para la Amazonía. Aidesep ha denunciado al gobierno del presidente Martín Vizcarra y los 11 gobernadores regionales “por el peligro de etnocidio en las comunidades indígenas amazónicas, por su accionar sobre el Covid-19”. El actual Estado continúa la tradición discriminadora, por acción y por inacción, al no aprobar el plan de atención intercultural para Loreto, listo hace cinco semanas, e ignorar una serie de oficios e informes de la Defensoría del Pueblo.
 

Categorías para la estrategia

El antropólogo Alberto Chirif, en su último artículo sobre la pandemia, ofrece un análisis del proyecto de decreto legislativo del ente rector en materia de pueblos indígenas que se resume en el título: ¿Conocen en el Ministerio de Cultura qué significan las palabras emergencia y urgencia? Los autores de esta columna nos preguntamos: ¿Conoce el gobierno quiénes son los pueblos indígenas? ¿Sabe cuál es el perfil de las 212.823 personas que se autoidentifican como indígenas?

Los pueblos indígenas hace mucho que no viven únicamente en sus comunidades. Algunos migraron a las ciudades para suplir los recursos que foráneos depredaron en sus territorios. A otros, por ejemplo, la agricultura extensiva y las economías ilegales los despojaron de sus tierras. Visto así, la categoría genérica de “pueblos indígenas” oculta un conjunto muy heterogéneo de realidades socioculturales, económicas y geográficas. Ya que esta variación configura escenarios de urgencia y necesidades distintas, sería un error enfrentar esta diferenciación con una estrategia única. 

Los indígenas urbanos y periurbanos son los que migraron por la precaria situación económica, dependen del trabajo asalariado. 

Por ello, en esta columna planteamos distinguir cuatro categorías de pueblos indígenas nítidamente diferenciadas: Los indígenas rurales viven en comunidades nativas y a pesar de abastecerse de los recursos del bosque, han incorporado en su dieta alimentos industriales que provienen del mercado, que son accesibles luego de largos viajes hacia las ciudades cercanas. Son el 73,5%, (156 mil 486, según el Censo del INEI, 2017).

Los indígenas urbanos y periurbanos son los que migraron por la precaria situación económica, dependen del trabajo asalariado para comprar alimentos en los mercados. Son el 26,5% (56.337, según el INEI, 2017). Y están los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial: los primeros viven en reservas indígenas, y los segundos están asentados en su interior y en comunidades nativas, y visitan con frecuencia las ciudades buscando también alimentos industriales. Son al menos 18 pueblos de este tipo.

Los indígenas desplazados laboraban estacionalmente en regiones no amazónicas y por la cuarentena no cuentan con dinero para solventarse. Los autores estimamos que son al menos 10 mil los indígenas en estas condiciones. Cientos caminan rumbo a sus comunidades, muchos de ellos infectados y otros cientos se encuentran sin techo o comida.

Estos diferentes escenarios que describen la heterogeneidad de los pueblos indígenas son conocidos por sus organizaciones de base. Por eso, llama la atención que los ministerios y gobiernos locales no hayan concretado acciones con ellos. Las obligaciones legales internacionales asumidas por el Estado peruano, establecen un reconocimiento a la autonomía y derecho a participar de las comunidades en las decisiones que les afectan (OIT, Convenio 169).

¿Qué puede afectarles más que la muerte inminente? Considerando que solo el 2019 se admitieron 18 nuevos casos contra el Estado peruano ante el Sistema Interamericano, no cabe duda que por su actuación ante la pandemia el Estado podría enfrentar varias demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de parte de los pueblos indígenas.

La política de protección alimentaria

El Decreto de Urgencia 033-2020 es el ejemplo más claro del Estado-Vector del SARS-Cov-2 en la Amazonía. La norma indica acciones para reducir el impacto de la Covid-19 en las economías peruanas: consigna que los gobiernos locales deben combatir la hambruna de la pandemia con una Canasta Básica Familiar que debe ser entregada a domicilio por las autoridades locales. Además, en la guía de orientación de la norma, fija un monto de 100 soles como valor máximo de la canasta.

El tope de 100 soles obliga a que las canastas se entreguen con mayor frecuencia, e incrementa el riesgo de contagio; además no es posible combatir una hambruna con canastas que se acaban en cuatro días, menos allá, donde las familias son numerosas, y si la asistencia alimentaria durará varios meses. 

Los indígenas desplazados laboraban estacionalmente en regiones no amazónicas. 

De otro lado, repartirlas a domicilio en comunidades es repartir el virus. Esto último ya está ocurriendo. La plataforma Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de su Territorio (Puinamudt) documentó que los gobiernos locales entregan las canastas sin equipos de bioseguridad y sin respetar los protocolos de cuidado de los comuneros. La Defensoría del Pueblo lo denunció en el Oficio Nº 094-2020/DP el 25 de abril. 

Esto ocurre cuando el Gobierno está por definir la estrategia de protección alimentaria para las comunidades sin siquiera comprender su heterogeneidad. Para las comunidades nativas, dos alternativas han trascendido y en ambas el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) debe definir: 1) usar el mecanismo del Programa Juntos para transferir dinero o 2) usar el esquema del programa Qali-Warma para entregar alimento. El modelo Juntos facilita más el contagio y dista más de los protocolos del Minsa que el modelo Qali-Warma. 

El modelo Juntos, favorito del Ejecutivo por su simple implementación, no cumplirá su fin alimentario, si no ingresan miles de comerciantes desde las ciudades para abastecer a las comunidades o si la población no llega hasta las ciudades para abarrotar los mercados. En ambas situaciones, sin poder implementar los protocolos de bioseguridad, el Estado-Vector estará en marcha. Qali Warma, en cambio, ya ha desplegado una organización en las comunidades que acostumbran recibir volúmenes grandes de alimentos. Por otro lado, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), que es un ministerio conocido por sus políticas basadas en evidencia, debe evitar repetir sus errores en las ciudades.

Recientemente, la ministra de ese despacho, Ariela Luna, deslizó la alternativa Qali-Warma en un medio televisivo, pero la decisión aún no ha sido anunciada por el Presidente. Se debe de considerar que las organizaciones indígenas, a través de Aidesep, han hecho pública su preferencia por los víveres. Los servidores de salud de comunidades amazónicas, expertos en pueblos indígenas e investigadores de la salud humana en la Amazonía coinciden con esa recomendación. 

El modelo Juntos facilita más el contagio y dista más de los protocolos del Minsa que el modelo Qali-Warma. 

La doctora Carol Zavaleta, investigadora de la Universidad Cayetano Heredia, recomienda entregas de grandes cantidades de comida mensualmente y cumplir con los protocolos del Minsa. Nosotros sugerimos que el Midis reactive la red de proveedores de Qali-Warma; que incremente la calidad y los volúmenes de compra para abastecer comunidades completas; que coordine con las organizaciones indígenas y que encargue a las Fuerzas Armadas, adiestrados para seguir protocolos, la distribución segura de alimentos.

Incluir a las organizaciones Indígenas

La estrategia de aislamiento: es una política de Aidesep, sus federaciones regionales y las comunidades. Sería oportuno que el Gobierno articule a las FFAA con las organizaciones de defensa indígenas que conocen las tradiciones de seguridad nativas. La bioseguridad es el otro tema fundamental. El Gobierno y las organizaciones deberán decidir si a las comunidades ingresará personal sanitario externo que están más expuesto al virus. Además, una gran cantidad de promotores y enfermeros indígenas son expertos usando pruebas rápidas para enfermedades como el VIH o la malaria. 

En el caso de los indígenas desplazados, el Gobierno en coordinación con Aidesep tendrán que decidir si los indígenas vuelven de las ciudades a sus comunidades. Muchas comunidades rechazan su retorno y los potenciales conflictos solo podrán ser mediados por sus representantes. Una opción sería emplear la infraestructura educativa hoy dormida en todo el país como albergues para la cuarentena. 

Una gran cantidad de enfermeros indígenas son expertos usando pruebas rápidas para enfermedades como el VIH o la malaria. 

Otro tema central es la equidad en salud. El Gobierno debe explicar y corregir la brecha étnica en la asignación de recursos. De las 300 mil pruebas usadas en el país, a la provincia de Condorcanqui, por ejemplo, le dieron solo 59 pruebas; y han empleado solo 7 pruebas rápidas de 50 y 2 moleculares de las 9 recibidas. Asimismo, se debe enmendar la ausencia de la variable étnica en los reportes diarios y en la estrategia sanitaria, ya que la evidencia científica epidemiológica prueba que la etnicidad es un factor de riesgo, incluso en recientes estudios sobre la Covid-19.

Un trabajo intersectorial

Al Gobierno le van quedando pocas opciones para contener la epidemia y evitar repetir su papel de vector de patógenos en la Amazonía. Necesita acciones cada vez más agresivas y precisas. Si no, la sinfonía de curvas de letalidad dibujadas por la Covid-19 en las diferentes regiones del país tendrá porcentajes altos de infectados y muertos. Aislamiento, comida y, ahora, tamizaje agresivo en puntos de entrada, son tareas complejas que requieren tejer con destreza la intersectorialidad. 

Por eso sorprende que las dos instituciones clave para la atención a pueblos indígenas, el Viceministerio de prestaciones sociales del Midis y el Viceministerio de interculturalidad, no hayan articulado todavía una solución para los pueblos indígenas. Sobre todo, porque antes ambas viceministras, Patricia Balbuena y Angela Acevedo, desempeñaron funciones con alcance en estos temas en el Ministerio de Cultura, precisamente en el área de pueblos indígenas. Es difícil de imaginar mejores condiciones para la intersectorialidad en el país actualmente. No olvidemos que a las instituciones las mueven personas. Y a las personas, voluntades.

* Este texto se elaboró dialogando ideas con las organizaciones indígenas y con colegas especialistas en las realidades Amazónicas. 

(1) Denevan, William (2003). The native population of Amazonia in 1492 reconsidered. Revista de Indias. Vol. LXIII, núm. 227 Págs. 175-188

(1) Myers, Thomas (1988) El efecto de las pestes sobre las poblaciones de la amazonía alta. Amazonía Peruana. Vol. VIII, Número 15; 1988, pp. 61-81

Rodrigo Lazo. M.A., Investigador y magíster en Antropología, por la Universidad de Massachusetts, EE.UU. 2018.

Carolina Rodríguez Alzza. Investigadora y magíster en Antropología, por la Pontificia Universidad Católica del Perú.