Atumjai atuejai jakamunum wakebesemag awa duwi nuniakun senchi awetajai Waimaku Santiago Manuin patayin antsanuk ashi Iinia aidaunashkam.

Días atrás, la literata y poetisa wampis Dina Ananco publicó un artículo denominado La venganza de Iwa, que es un episodio adicional, uno nuevo en el ciclo mitológico de Iwa, apropósito del avance rampante de la Covid-19 en la Amazonía. Iwa -un antropoide gigante, devorador de personas- es un personaje de la mitología awajún y wampis, pueblos indígenas de la alta Amazonía que habitan la frontera norte del Perú con Ecuador. Su ensayo es creativo, crudo y provocador. 

En este sostiene que el Gobierno peruano es el Iwa del siglo XXI y vuelve en esta pandemia para exterminar a su pueblo, para vengarse, luego de 11 años, de aquel 5 de junio en Bagua. Ananco recoge rumores que se extienden en las comunidades nativas: las políticas del Estado en esta pandemia, tales como los bonos rurales o el Programa Juntos, encubren, en realidad, señuelos para propiciar aglomeraciones de indígenas con la finalidad de contagiarlos masivamente de la Covid-19 y aniquilarlos.

Estos rumores son sospechas que apuntan implícitamente a la responsabilidad que el Gobierno contrajo al imponer, por medida de excepción, su autoridad para distanciar, desplazar y reunir a las personas. Evidencian que, al suspender el derecho individual a la libertad de tránsito, el Estado se constituyó en el principal determinante de la exposición a un virus altamente sensible al comportamiento humano y a su movimiento, en el autor de las rutas de transmisión viral y de la producción de contextos de diseminación. Coinciden con la idea del Estado-vector, responsable por su función en la diseminación del SARS-CoV-2 en la Amazonía rural.

Las narrativas de la sospecha han ido recreándose y transmitiéndose de generación en generación hasta llegar a los indígenas de hoy, que son, en realidad, los hijos de los sobrevivientes de las epidemias que en los últimos siglos liquidaron a casi todos sus antepasados sin dejarles constancia ostensible del exterminio. Son narrativas político-demográficas que evocan mitos de supervivencia como el de Iwa y que cobran credibilidad entre los indígenas en esta primera epidemia del siglo XXI. 

Pero estas narrativas de la sospecha surgen de la observación de eventos: los bonos rurales y otras transferencias del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) rompieron la estrategia de aislamiento comunitario en 24 puntos de pago donde reunieron a multitudes.

Los indígenas de hoy son los hijos de los sobrevivientes de las epidemias que en los últimos siglos liquidaron a casi todos sus antepasados.

De acuerdo a Evelio Paz, obstetra contagiado de Covid-19  y recientemente evacuado de la microrred de Huampami, distrito El Cenepa, tras los últimos pagos del Midis, El Cenepa saltó a la fase de transmisión comunitaria, con cientos de casos sintomáticos en comunidades a las que no habían llegado los retornantes, que eran los únicos casos positivos en una provincia sin reportes de contagios autóctonos hasta entonces. 

En respuesta a esta realidad objetiva, la Plataforma Provincial Covid-19- Condorcanqui, que reúne a representantes locales de los sectores salud y cultura, a la subgerencia del Gobierno Regional, al Comando Indígena Covid Awajún-Wampis y al coordinador del Enlace Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social-Nieva, envió, el 1 de julio, el oficio 0322-2020-MPC/A a la ministra Ariela Luna solicitando la suspensión temporal de las entregas de dinero “para evitar focos de contagio masivo” y argumentando sustento en “criterios técnicos establecidos por la misma normativa del Estado” y por su “directa experiencia de crisis sanitaria”. 

Las condiciones para invisibilizar

Luego de la declaratoria del estado de emergencia, el 16 de marzo, la gestión del presidente Martín Vizcarra priorizó incrementar la capacidad de diagnóstico para conocer la magnitud real de la epidemia en el Perú. Esta política, sin embargo, segregó a los pueblos originarios amazónicos y, actualmente, la distribución del SARS-CoV-2 entre los indígenas es una verdadera caja negra. No fue el único ámbito en el que se discriminó a los pueblos indígenas. 

En lo político, el Ministerio de Cultura liderado por Sonia Guillén, según reconoció el premier Vicente Zeballos el 14 de mayo, “por deficiencias de formulación las tres iniciativas legislativas del sector no han pasado por dos instancias previas, el RIA y el CCV, que supervisan la calidad de las normas, y no han podido llegar a la PCM (en los primeros 45 días de la delegación de facultades), no vamos a negar una verdad”.

Dado que el tiempo burocrático es un factor político de vida o muerte en esta pandemia, este sector incrementó las probabilidades de mortalidad indígena al publicar, 70 días tarde, los Lineamientos para el traslado y entrega de bienes y alimentos para comunidades nativas (DS 008-2020-MC) y al permitir que recién el 21 de mayo el Ministerio de Salud publique el Plan de Intervención para Comunidades Nativas (RM 303-2020-MINSA).

La ruralidad y la etnicidad organizan las brechas en salud como resultado de décadas de criterios discriminatorios en inversión en pública.

Otra prueba irrefutable de su exclusión en la mesa de las prioridades es que el presupuesto para este plan se aprobó un mes después de su publicación, a 100 días de declarada la emergencia, y por un presupuesto que el Gobierno redujo de los 88 millones de soles anunciados a 74.5 millones (DU  071-2020). 

En el Perú, la ruralidad y la etnicidad organizan las brechas en salud como resultado de la implementación de décadas de criterios discriminatorios en la inversión en pública. 

Según el INEI (2017), solo el 32% de las comunidades nativas y campesinas del Perú cuenta con algún tipo de establecimiento de salud. No sorprende entonces que al examinar los indicadores de brechas de inversión que usa el MEF para su plan multianual los vacíos en la información de transparencia que recoge del Minsa sean extremos. 

Para la región Amazonas, por ejemplo, el Minsa presenta datos para solo tres de los once indicadores de brechas. Por ejemplo, el 82% de establecimientos de salud no cumple con los estándares de capacidad el año 2020 y el Minsa proyecta que para el 2023, la brecha se reducirá en 1.83%. Otras fallas son que la información no está desagregada a nivel provincial o distrital ni visibiliza la brecha rural-urbana normalmente presente en la inversión pública en el país. Tampoco emplea una herramienta como la variable étnica que permita observar posibles correlaciones entre gasto público e impacto de la epidemia en las sociedades indígenas. 

En Amazonas el 82% de establecimientos de salud no cumple con los estándares de capacidad el año 2020. 

De hecho, el factor étnico en la pandemia se ha examinado poco científicamente. Pan et al. (2020) publicaron recientemente una revisión sistemática de 209 prepublicaciones en The Lancet. Solo 34 evaluaron etnicidad y hallaron que la población afrodescendiente, asiática o de otra minoría étnica tenía mayor riesgo de infección, de hospitalización y de muerte. 

En Perú, un país profundamente racista, el registro de la variable étnica es tan limitado que será sumamente difícil hacer este tipo de evaluaciones. 

Sirve aquí examinar el trato presupuestal de la Dirección regional de salud y el Gobierno Regional de Amazonas hacia la provincia fronteriza de Condorcanqui. 

El doctor Carlos Coronel, el exdirector de la red de salud Condorcanqui, sostiene que el 9 de junio, la Diresa-Amazonas debía entregar a la red de salud de Condorcanqui un primer lote de 4.500 pruebas rápidas enviadas por el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares). Según Coronel: “(Jorge) La Torre, el (entonces) nuevo director de Diresa, decidió no entregar (el lote) a Condorcanqui. Decía que (lo) iban a redistribuir en Amazonas, a las provincias de Bagua que estaban en crisis”. 

Coronel explica que el anterior jefe del Comando Covid-Amazonas, Elías Bohorquez, operaba igual: redistribuía entre las demás provincias, “priorizando ciudades de mayor densidad poblacional y votantes”. La justificación técnica era que el presupuesto se distribuía entre las provincias con hospitales Covid-19 y que Condorcanqui no cumplía estas características, lo que excluía a la provincia por su infraestructura limitada, que a su vez es resultado de un proceso de décadas de exclusión.

El registro de la variable étnica es tan limitado en Perú que será sumamente difícil evaluar el impacto del Covid-19 en poblaciones indígenas.

Otro ejemplo es que, por falta de presupuesto para combustible, la Red de Salud Condorcanqui no distribuyó a tiempo a sus cinco microrredes de salud los insumos que recibió de Cenares. 

La exclusión de Condorcanqui es grave si consideramos que la Diresa-Amazonas solo ejecutó, al 28 de junio, el 22% del presupuesto que recibió para combatir la epidemia. Son consecuencias de este patrón discriminatorio que en la provincia no existen camas UCI, que en el distrito El Cenepa el 27 de junio se agotaron los únicos tres balones de oxígeno asignados durante la epidemia, o que la promesa de una esencial planta de oxígeno no será cumplida por la Diresa-Amazonas y el Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis), según indica el personal de salud de la provincia.

La distribución inequitativa de suministros médicos es aún más alta en El Cenepa. Ahí solo una de cada tres (20 de 59) comunidades tiene algún tipo de establecimiento de salud y todos corresponden al primer nivel de atención según la categorización de establecimientos (RM 546-2011/MINSA); 19 son de nivel I-1 y 1 es I-3. A la fecha, 10 de los 20 establecimientos han cerrado porque más del 50% de los servidores de salud han sido diagnosticados con Covid-19 y es por ello probable que se desactiven temporalmente las cinco microrredes de salud de la provincia.

El Cenepa es un escenario de limitado acceso a pruebas de diagnóstico. Al 8 de junio, en promedio, el Perú disponía de una prueba de diagnóstico para cada 50 personas. En El Cenepa, habitado casi exclusivamente por ciudadanos awajún, en cambio, 494 personas competían por una sola prueba serológica, pese a que había pasado ya más de un mes desde el diagnóstico positivo de nueve de los primeros retornantes a Condorcanqui. 

Al 24 de junio -luego de una visita ministerial, de que la provincia se declarara en situación de abandono y con un nuevo ministro de cultura- la brecha se redujo provisionalmente: en el Cenepa, 33 personas compiten por una prueba, en todo el país, 20, pero en Lima la brecha es mayor, hay 12 pruebas para cada persona. El obstetra Evelio Paz, explica que, en la cuenca del Cenepa, al 24 de junio, se tomaron pruebas en las 6 comunidades más accesibles. Solo en ellas, identificaron 90 casos. 

La Diresa de Amazonas solo ejecutó al 28 de junio el 32.9% del presupuesto que recibió para combatir la pandemia.

Sin embargo, con el cierre de la mitad de los establecimientos de salud del distrito y sin un médico en toda la cuenca la capacidad de diagnóstico y de atención se ha reducido prácticamente a cero. Los casos positivos que estima el obstetra Paz ascienden a al menos 2000 indígenas contagiados solo en las 6 comunidades más inaccesibles de los ríos Cenepa y Comainas.

Lamentablemente, El Cenepa no es la excepción: la Dirección de Pueblos Indígenas del Minsa no ha publicado el número de diagnósticos positivos que sus brigadas identificaron en las pocas comunidades que visitaron en Loreto hace un mes. La única comunidad que conoció los resultados de estos tamizajes fue Pucacuro, distrito de Trompeteros, departamento de Loreto. Ahí, el 58% de las 85 pruebas serológicas tomadas dio positivo. 

Silencian las muertes indígenas

El waimaku Santiago Manuin Valera, líder histórico del pueblo Awajún, murió el miércoles 1 de julio en Chiclayo, tras semanas de sufrimiento por la Covid-19 y el precario sistema sanitario en la provincia de Condorcanqui. El ministro de cultura, Alejandro Neyra, participó de la ceremonia de despedida en Santa María de Nieva tras haber intercedido a favor de retornar el cuerpo del sobreviviente del 5 de junio por vía aérea desde Chiclayo. Por ello, recibió el agradecimiento de su hijo, Santiago Manuin Mayan, quien sin embargo no dejó de ser claro: “mi padre luchó hasta el final por su pueblo y con su muerte quiso llevar el grito de auxilio de nuestro pueblo a todo el mundo”.

Interpretar en la muerte un grito de auxilio, de lucha, revela que su pueblo se enfrenta a condiciones político-sanitarias que son perfectas para invisibilizar el impacto que tendrá la Covid-19 entre los awajún, quienes recién empiezan sus semanas-pico de incidencia en Amazonas.

El Minsa demostró su voluntad por no reconocer las muertes indígenas, que en parte se debe a que solo reporta fallecidos por Covid-19 a las personas que han dado positivo a algunas de las pruebas, pero como estas no llegan a los pueblos indígenas, está ignorando sus muertes.  En su nota de prensa del 27 de junio, “Amazonas, Pasco y Tacna no presentaron fallecidos por Covid-19 en últimos cuatro días”, en la que propaló información falsa que niega la muerte de ciudadanos indígenas (awajún) y no indígenas entre el 24 y el 27 de junio.  

• 24 de junio: el Sr. Florencio Saavedra (mestizo, de Nieva, sin prueba rápida, con síntomas)
• 25 de junio: líder Arturo Kinin Inchipish (awajún, comunidad Shushug, sintomático, diagnóstico desconocido) y la señora Putsumach (awajún, comunidad de Urakusa, sin prueba rápida, con síntomas) 
• 26 de junio: doña Rosaura Ismiño Pezo (awajún, comunidad Belén, río Santiago, sin diagnóstico, con síntomas); el señor Abelardo Wisum (awajún, Santa Rosa de Pagkintsa, sintomático, diagnóstico desconocido); Antun Kuji Jawian (awajún, ex consejero, sintomático, diagnóstico desconocido)
• 27 de junio: don Solicio Impi (awajún, comunidad de Belén, río Santiago, con diagnóstico); don Agustín Paati (awajún, comunidad de Huampami, sin prueba, con síntomas); don Jorge Kinin Chimpa (awajún, Kusu Kubaim, sin prueba, con síntomas); don Vicente Esash (awajún, comunidad de Huampami, con prueba)
• 28 de junio: señor Felix Wajuyat Kuimiag (awajún, comunidad de Bajo Canampa, sin prueba, con síntomas); señor Grimaldo Coronel (mestizo, Nieva, hijo del exdirector de la red de salud Condorcanqui, con diagnóstico)
• 29 de junio: Marcial Trigoso Pinedo (awajún, ingeniero e investigador del IAAP), Nataniel Nujigkus Putsum (awajún, comunidad KusuKubaim, prueba rápida positiva); Samuel Bashukat Achuag (awajún, comunidad KusuKubaim, sin prueba, con síntomas)

En suma, solo en la provincia de Condorcanqui fallecieron 15 personas con síntomas de Covid-19 entre el 24 y el 29 de junio; 13 varones y 2 mujeres; 7 sin diagnóstico, pero con sintomatología y antecedentes de exposición, 4 con diagnóstico de prueba rápida y sobre la realización del diagnóstico de los 3 restantes, la red de salud Condorcanqui todavía no se ha manifestado.

Además, la red ha registrado 25 muertes hasta el 28 de junio, pero en los últimos cinco días, la red no contaba a los 6 fallecidos sintomáticos antes nombrados. El mismo 28 de junio, a más de 100 días de declarada la emergencia, el ministro Víctor Zamora reconoció que el Minsa todavía no tiene un sistema de registro de los indígenas afectados por Covid-19, pero se animó a decir que serían 185 los que no pudieron “tocar las puertas del sistema”. 

La única comunidad que conoció los resultados de las pruebas fue Pucacuro, en Loreto: el 58% de las 85 muestras dieron positivo. 

Esta cifra contrasta con los 3.116 infectados y 369 fallecidos indígenas en el Perú que aparece en el reporte semanal del 23 de junio de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y la Red Eclesial Panamazónica (Repam), en los que recogen cifras a través de las redes de la iglesia católica y las organizaciones indígenas amazónicas, que tienen como fuente de información las comunidades y cuyos reportes incluyen los cuadros con síntomas de la enfermedad. 

El desinterés del Gobierno por reconocer las muertes indígenas por Covid-19 es sumamente preocupante pues tiene como lamentablemente antecedente una renuncia similar en sectores del Estado que buscaron invisibilizar que el 75% de víctimas del conflicto armado interno era hablante de una lengua nativa.

Si la mínima cobertura del sistema de salud, la distribución discriminadora étnico-rural de recursos médicos y la baja sensibilidad de las pruebas serológicas en las dos primeras semanas configuran un triple sesgo transversal, con base en la superposición de desigualdades que afecta a toda la Amazonía rural y que compromete seriamente el registro, ¿por qué son oficiales los reportes de la Covid-19 en la Amazonía rural cuando está comprometida su validez? Por ejemplo, ¿es válido decir que se registraron 90 casos positivos en El Cenepa, cuando los datos corresponden solo a 6 de 59 comunidades, y se sabe que en 10 probablemente nunca tamizarán? Y El Cenepa no es la excepción.

Ideas para no olvidar

Por sus limitaciones para diagnosticar, registrar y reportar, es crucial que el Gobierno reconozca que las comunidades indígenas pueden producir mejores aproximaciones a su realidad epidemiológica y les atribuya valor oficial. 

Un sistema de registro indígena debe aprovechar mecanismos con los que ya cuentan las comunidades. Por ejemplo, el o la secretario de la junta directiva debe consignar diariamente en los cuadernos de actas: 1) nombre y perfil del enfermo; 2) síntomas para la identificación sindrómica; 3) antecedentes de exposición (contacto y lugar) individual y colectiva para la identificación epidemiológica; 4) causas clínicas del fallecimiento; 5) características de la comunidad. 

A su vez, el flujo de los datos debería subir de las comunidades a sus respectivas federaciones u organizaciones de cuencas y, de ahí, los reportes deberían ser enviados a sus representaciones nacionales, las respectivas Diresas, al Minsa y otros. Esto permitiría: 1) emitir alertas tempranas a las organizaciones indígenas y las Diresas; 2) registrar fehaciente y sistemáticamente la variable étnica; 3) monitorear puntos y rutas de contagio en sistema geoespacial; 4) documentar la memoria histórica de los pueblos indígenas sobre las epidemias; y 5) recopilar evidencia para sustentar demandas administrativas o legales, que ya se han empezado presentar contra el Estado.  

Este tipo de vigilancia epidemiológica, que tiene similitudes con el empleado por el Programa de Vigilancia Sindrómica Nacional (NSPP) del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, representa el ejercicio indígena de la autonomía y el autogobierno que el Gobierno está obligado a proteger (Convenio 169 OIT).

Volviendo a la formulación de Dina Ananco: estas son algunas ideas para sobrevivir a la venganza de Iwa.

Nota: Un agradecimiento especial a Dina Ananco, la profesora Matut Ismiño, la comunicadora Yanua Atamain, la médica Carol Zavaleta y la lingüista Carolina Rodríguez Alzza.