La minería ilegal en la cuenca del Cenepa –ubicado en la región Amazonas, frontera con Ecuador– ha recrudecido y se ha incrementado exponencialmente en los últimos años, luego de un breve hiato durante la pandemia. En este ensayo intento analizar algunos aspectos luego de mi reciente visita a algunas comunidades del pueblo awajún, que están a favor de la minería aluvial para la extracción de oro y que han decidido aceptarla plenamente, conscientes de que se trata de una actividad ilegal. 

Hay demasiadas diferencias de poder dentro de las propias comunidades y hay apus (líderes indígenas) o familias que dominan el acceso a ciertos bienes o predominan en las decisiones dentro de las asambleas. Cuando esas familias poderosas se alinean con el interés económico que ofrecen los mineros y las canalizan a beneficios personales, es fácil que entren las dragas. 

Además, hay una gran necesidad económica en las comunidades y una gran demanda de servicios básicos insatisfechos, entonces estos sirven de argumento para que los que promueven la minería informal desde dentro de las comunidades, convenzan a los demás. Y entonces entra dinero en cantidades inusuales y ocurren despilfarros, además de proyectos de desarrollo mínimo y muy precarios. 

La autogestión del presupuesto, con el dinero del 20% de la producción que proveen los mineros ilegales, es valorada por las comunidades. 

[Por la minería ilegal] entra dinero en cantidades inusuales y proyectos de desarrollo mínimo.

Este texto no busca ni defender ni justificar el ingreso o la aceptación de dragas y la extracción aluvial e ilegal de oro en El Cenepa, pero sí pretende trascender las dicotomías: bueno / malo, indígena / mestizo, víctima / victimario, ampliamente usadas para abordar la situación de la minería ilegal en territorios indígenas. 

Los temas principales que abordamos con las comunidades durante mi visita eran la salud, pero conversamos de muchos otros asuntos. En las reuniones los integrantes de varias comunidades expresaron que sus necesidades integrales están marcadas por la ausencia estatal y un sinnúmero de gestiones truncas ante el gobierno central y los gobiernos locales. 

Relaciones con la organización indígena
 

En el Cenepa la principal organización indígena es la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc); sin embargo, el escenario entre las comunidades afiliadas a esta organización y las que la rechazan está altamente polarizado, principalmente en la contienda a favor o en contra de la minería de oro aluvial o a favor o en contra de la construcción de una carretera. 

Las comunidades indígenas que aceptan la minería rechazan a Odecofroc con estos argumentos: 

“El gobierno nos quiere apoyar con la carretera, pero la organización lo rechaza. Para nosotros la carretera, [ayuda] en la noche porque se puede viajar. Cuando hay carretera todo el personal se va a beneficiar. Nuestros agricultores de plátano, yuca, cacao, queremos que la autoridad tenga la capacidad de gestionar o hacer. También están rechazando [las antenas de] Movistar porque dicen que es contaminación. Los dirigentes deberían estar unidos con el pueblo. Con Odecofroc no estamos coordinando”, dice uno de los awajún.

El sentir de estas comunidades es que la organización bloquea proyectos de desarrollo, como la carretera, que, en su opinión, les brindaría mejores oportunidades comerciales a sus comunidades. 

Sin embargo, la evidencia señala que la construcción de carreteras en la Amazonía se convierte en una infraestructura facilitadora de procesos acelerados de deforestación, de incremento de agricultura extensiva que deteriora los suelos, y aumenta las desigualdades étnico-rurales y económicas. 

Minería ilegal y la relación con el Estado 

Las comunidades explican también los mecanismos mediante los que se aprueba el ingreso de los mineros a trabajar a las comunidades.

“Para aceptar a los mineros hemos hecho asamblea, si es que hay oro, para probar, había un poquito, entonces hicimos reunión, y la gente hemos informado vamos a trabajar unas cuantas semanas. Preguntaron por qué vamos a meternos al oro. Hemos explicado que tendremos impuesto para proyectos. La mayoría cuando se aprueba nadie dice no. No ha habido muchos opositores. Siempre hay opositor, pero la asamblea ha decidido. Si la asamblea no aprueba, ellos no pueden trabajar.”, sostiene otro awajún en la entrevista.

Estos mecanismos constituyen espacios de diálogo previo. Funcionan, desde cierto punto de vista, como un mecanismo de Consulta Previa sin Estado. Sin embargo, no puede hablarse de una Consulta Previa informada porque la información es sesgada y parcial, y los mineros omiten información crucial sobre efectos, por ejemplo, del uso del mercurio en la actividad o de otros insumos. 

Tampoco les informan sobre el impacto en la salud humana, la fauna y otros impactos sociales como el alcoholismo, la explotación sexual y otros problemas asociados a la minería ilegal. ¿Se puede decir que los mineros ilegales engañan a las comunidades? Yo pienso que parcialmente sí, en tanto no informan plenamente sobre las implicancias de la actividad. 

Pero las comunidades, o las facciones a favor de la minería dentro de las comunidades son plenamente conscientes de que se trata de una actividad ilegal y sus razones para aceptarla se basan principalmente en las grandes necesidades que tienen, el desgaste de sus gestiones por acceso a derechos y al desdén institucional de parte del Estado que no responde a sus necesidades durante meses y años.  

Los mineros omiten información crucial sobre los impactos en el uso del mercurio. 

También, por supuesto, existen intereses y beneficios económicos diferenciados al interior de las comunidades. Es un proceso de estratificación intracomunal donde la minería favorece principalmente a las élites políticas.

“Nosotros sabemos que es ilegal, yo como autoridad no me puedo meter ahí. La comunidad ha decidido hacer por lo bajo, viendo la necesidad”, declara otros de los líderes de las comunidades que defiende la minería. 

Ubicación de dragas en el río Cenepa by OjoPúblico Periodismo de Investigación on Scribd

Las interdicciones sin diálogo previo
 

En julio y agosto de este año se desarrollaron intervenciones armadas de parte del Ejército y la Marina en Amazonas con el objetivo de destruir dragas, explotarlas con bombas en el río Cenepa. Estas interdicciones han tenido un impacto disuasivo en las comunidades, pero no han finiquitado los arreglos extractivos.
 
Las interdicciones se realizan inusitadamente, aunque es frecuente que la información sobre las fechas de intervención se filtre y los mineros escondan sus motores y balsas en el bosque para evitar su destrucción. O que las sumerjan en el agua para que pasen desapercibidas a los ojos de las Fuerzas Armadas. 

Uno de los resultados de las interdicciones, al menos de manera enunciativa, ha sido que algunos apus señalen su interés en dejar de autorizar la minería ilegal en su territorio.

A pesar de esta afirmación, algunos mineros ilegales mestizos continúan sus trabajos, se pueden escuchar los motores de las dragas funcionando durante las noches, algunas balsas trabajando durante el día y otras aparentemente descansando. 

¿Las interdicciones han ocurrido con algún precedente de diálogo entre autoridades y comunidades? Los testimonios recogidos sostienen que no. 

Los arreglos económicos con los mineros

Durante julio, Odecofroc reportó la presencia de 39 dragas a lo largo del Cenepa y el bajo Comainas. Los ciclos productivos normalmente toman 24 horas; se trabaja sin descanso, desde el inicio hasta el “alza”, momento en que los mineros levantan las alfombras de los canalones, donde se quedan las areniscas de oro, y las vierten en cilindros donde empieza el batido y se emplea el mercurio para separar el oro de otros minerales o simple arenillas.
 
Las cantidades de oro extraído por cada proceso es muy variable. Según uno de los apus lo mínimo que sale son 40 gramos, con frecuencia se extraen 200 gramos diarios y en días de alta producción los gramos llegan a 700. 

Según estos datos, como mínimo, El Cenepa produce 48 kilos de oro en un mes si la extracción es de 40 gramos por día, por cada una de las 40 dragas, 30 días al mes.  Pero si cada draga extrajera 700 gramos por día durante todo el mes, la producción de El Cenepa habría sido 840 kilogramos, en julio, por ejemplo.

En términos monetarios, si consideramos que el gramo de oro estaba valorizado en 170 soles durante julio, el primer escenario (48 kilos) supone alrededor de 8’160.000 soles solo durante el mes de julio, en El Cenepa. De los cuales, ya que cada una de las 40 comunidades cobra el 20% en “impuestos”, el ingreso por draga habría sido de 204.000 soles. Una comunidad con 6 dragas, por ejemplo, habría obtenido 1’224.000 soles durante el mes de julio. 

Lo mínimo que sale son 40 gramos [de oro extraído] y en días de alta producción los gramos llegan a 700.

Pero el trabajo, según explica un apu, no se realiza todos los días por razones ambientales y de maquinaria. “A veces aumenta el río y no trabaja, o si se malogra su motor, no hacen continuó su trabajo.” 

También existen muchos comentarios acerca de engaños de parte de los mineros a las comunidades en el momento del conteo de los gramos extraídos diariamente. Los líderes mencionan, además, que las personas que trabajan extrayendo el oro aluvial no son miembros de la comunidad. 

Convivencia, silencios y degradación ambiental
 

Los apus del río Cenepa también buscan diferenciar la actividad minera aluvial que permiten en sus tierras con la minería que se hace en el departamento de Madre de Dios o en el río Santiago, Condorcanqui. “En minería de río no talamos árboles. Hay diferencia. Algunos trabajan fuera del río, ellos necesitan chalear (deforestar), derrumbar; en el río Cenepa los que bucean es diferente”, dice un testimonio. 

Aunque el uso del mercurio es extensivo, las facciones que impulsan o logran influir en las asambleas para aprobar el ingreso de los mineros no muestran gran preocupación por los efectos en la salud de este metal pesado. “El mercurio no tiene nada que ver en la comunidad, ellos traen su material, el mercurio. Nosotros no sabemos de dónde compran. Solo pedimos (los pagos por el trabajo) por impuestos”. 

En las comunidades visitadas estas relaciones no se caracterizan por ser tirantes: “Los mineros son personas no son muñecos, ellos entienden, nosotros no discriminamos la raza, aceptamos, que sea negro, gringo, blanco, nos respetamos. Cuando hay un minero malcriado lo botamos. Nos respetamos.”

Al contrario, los vínculos parecen seguir lógicas de reciprocidad que los comuneros Awajún de las comunidades pro mineras del El Cenepa valoran y consideran profundamente. “Aparte del 20% (del oro), nosotros cuando solicitamos que donen balones, uniformes de deporte, para los aniversarios, para ganado, ellos colaboran a su voluntad, nadie exige. Considerando como persona ellos aportan, no se exige.”

Su versión sobre la composición de las unidades de producción minera, de los equipos por cada draga, está caracterizada por rasgos familiares, como unidades domésticas con añadidos, con trabajadores que son del equipo, pero no forman parte de la familia.

Las facciones que impulsan para aprobar el ingreso de los mineros no muestran gran preocupación por los efectos en la salud del mercurio.

“Los mineros vienen con sus hijitos, con su esposa, como 5 trabajadores por balsa, con su mujercita. Ellos vienen de Perú, de Chiclayo, de Pucallpa, Piura, de todo lugar. Sus hijos no estudian, no van, son muy niños. Los grandecitos algunos ayudan a trabajar. Ellos duermen en su balsa, todos no, los que tienen mujercita, duermen alquilando cuartito. Los que vienen solitos más en la balsa.”

Además, hay una identificación clara entre la presencia de la minería y el incremento del consumo del alcohol. “Los mineros toman muchas chelas, les gusta, pero todos no son así. Cuando emborrachan no he tenido denuncias, por mientras”, comenta otro líder.”

Razones estructurales

Las razones para aceptar el ingreso y trabajo de mineros ilegales que exponen los apus y los y las comuneras en las asambleas se concentran sobre todo en las carencias económicas, en las incontables gestiones mediante las que han intentado que los gobiernos locales y ministerios intervengan para atender sus necesidades y en el resentimiento que se cultiva a partir de la no respuesta de las autoridades nacionales y locales. 

Los temas que saltan como prioridades para las comunidades son los pésimos servicios e infraestructuras de salud que el Estado brinda en sus comunidades.

Las personas entrevistadas del pueblo awajún cuentan que, durante la pandemia, no contaron con la atención de ningún tipo de personal de salud y que debieron atenderse particularmente. En su percepción “los medicamentos que traen son las sobras de lo que hay en Lima”. 

Por otro lado, tienen empatía con los trabajadores del sector salud y consideran que trabajan en condiciones precarias. 

¿Es la aceptación de la minería ilegal una forma de reclamo al Estado a invertir en sus comunidades? En mi opinión sí.

Desde hace al menos cinco años, las autoridades y comuneros han enviado comisiones a los gobiernos locales para solicitar gestiones con las principales operadoras móviles, entre ellas Movistar,para que instalen los servicios que ya existen en algunas otras comunidades. 

“Acá vivimos como en el tiempo del tuntui (manguaré), nos avisamos tocando la bocina, soplando la botella o conchas, no se puede tener comunicación con las ciudades, ni con nuestros familiares ni para hacer gestiones”, explica uno de los apus. 

Tienen un archivo de más de 10 documentos escritos sobre este tema exclusivamente, cada uno ha significado un viaje a Nieva, Chachapoyas o Lima. “Necesitamos esta gestión de manera urgente, no podemos estar viajando a otras comunidades para tener llamadas telefónicas, peor ahora que el Estado ha cancelado los contratos con Gilat-Telefonía Satelital del Perú. Al menos con eso se podía comunicar desde la comunidad, aunque sea haciendo cola y esperando a otros comuneros”.

Los problemas de infraestructura se repiten en las escuelas y en los internados o residencias estudiantiles, donde pernoctan y viven estudiantes varones y mujeres de comunidades distantes sin colegios secundarios.

Los derechos a la salud, a la educación y a las comunicaciones son algunos derechos vulnerados actualmente, pero la lista es larga: acceso a agua potable, infraestructura de saneamiento, electrificación, conectividad fluvial o vial, entre otros, son demandas antiguas que han colmado la paciencia de las comunidades que hoy aceptan la minería ilegal en sus comunidades. 

¿Desarrollo basado en la minería ilegal?
 

Los proyectos de inversión que se desarrollan en las comunidades son importantes, responden a necesidades legítimas, pero son mínimos. No solo son los altos precios de los materiales para construcción que llegan a las comunidades los que impiden ampliar los proyectos de desarrollo con el dinero que obtienen de la minería. También se vive un ambiente de despilfarro. El incremento del alcoholismo es visible, la compra de televisores modernos suele ser una prioridad, no se trata de planes integrados por comunidades que apunten al desarrollo colectivo de manera sustentable. 

Un puente o una escuela primaria no cuesta los millones que pueden llegar a recibir algunas comunidades durante varios meses, especialmente los meses en los que el río está bajo y la minería ilegal puede realizarse. La infraestructura que se construye no cuenta con requisitos técnicos mínimos y la durabilidad de estas edificaciones no está garantizada.  

¿Es la aceptación de la minería ilegal, la ilegalidad, una forma de reclamo o invitación al Estado a invertir de manera integral en sus comunidades? En mi opinión sí. ¿Las comunidades que aceptan la minería son meras víctimas del ingreso violento de los mineros, como ocurre en sectores de Madre de Dios? En mi opinión, no.  
 

Nota de redacción:

Para proteger la identidad de los testimonios y por cláusulas de confidencialidad firmadas por los involucrados como parte de la investigación el autor no detalla los nombres de las comunidades que respaldan la minería ni los nombre de los líderes entrevistados. Las autoridades sí están plenamente identificadas por las autoridades.
Este texto forma parte de una investigación que el autor está realizando sobre minería ilegal y pueblo awajún en la región Amazonas.