El actual contexto es poco claro para muchos. La pandemia ha puesto en evidencia que el crecimiento económico y los ahorros del país han servido para atender parcialmente la urgencia, pero no para planificar y tener servicios públicos decentes que nos permitan enfrentar ahora esta crisis de manera adecuada.

Ese es el caso, por ejemplo, de las actividades ilícitas. En plena pandemia la ilegalidad no se ha detenido en la Amazonía; sino veamos cómo en Madre de Dios a pesar del estado de emergencia la minería ilegal ha continuado operado. En este tiempo el Ministerio Público ha realizado 50 operativos de persecución e interdicción de la minería ilegal. Lo mismo ocurre con el tráfico de madera. 

En Ucayali, en las provincias de Pucallpa y Atalaya en estas semanas la madera ilegal está siendo transportada hacia centros de procesamiento, pues en esta temporada los stocks de madera talada son altos y necesitan sacarlos por río, de lo contrario será imposible transportarlos. Una situación similar se observa en la pesca ilegal, que no ha dejado de operar en nuestra costa, y Chimbote es un caso emblemático; así también la minería ilegal en Casma. 

El recuento de los hechos de destrucción del ambiente y los crímenes en la Amazonía y otros territorios del país desde que comenzó la emergencia es largo. Solo desde el inicio del Estado de Emergencia (16 de marzo) se han realizado 2.000 intervenciones contra delitos ambientales en todo el Perú, el 60% de ellos por minería ilegal. Esto se explica por la alta rentabilidad del oro en estos días. La proyección del precio de la onza (28,3 gramos) era de US$ 1.500, pero esta ha sido superada largamente y hoy supera los US$ 1.702. 

La situación es compleja y preocupante, pues a mayor precio del oro mayor también será la incidencia sobre su explotación ilegal, que no solo destruye ecosistemas y afecta a la salud de la gente, sino a la sociedad misma. El transporte interno de productos de primera necesidad no está restringido y hay información de la policía de que se estaría usando para movilizar el “oro” de zonas ilegales. 

Es la oportunidad para comenzar a construir un país más sostenible

Lo mismo ocurre con el transporte de insumos usados en esta actividad en varias regiones, como el caso del cianuro y explosivos. La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental y de la Policía Nacional han intervenido insumos que estaban destinados al cerro El Toro en La Libertad, donde hay mucha presencia de minería ilegal.

A inicio de la cuarentena los compradores de oro de Madre de Dios aprovecharon el contexto y pagaban el gramo a 80 soles, cuando el precio real era de más de 198 soles. Durante estas semanas han acopiado el oro y tienen stocks importantes, y buscan venderlo. 

Salir de esta crisis debe llevarnos a replantear hacia adelante políticas públicas más eficaces contra el crimen, pensando en el uso sostenible de nuestros recursos, pero en beneficio de todos, respetando en todo sentido, el ambiente.

Sin embargo, debemos estar alertas de que ciertos grupos económicos formales, y también asesores vinculados a mineros informales e ilegales, empiecen a exigir -poniendo de excusa la crisis social y económica- la flexibilización de normas y estándares, bajo el argumento de que “impiden dinamizar los proyectos y la economía”.  

La pandemia nos debe llevar a reflexionar que la opción de la flexibilización ambiental solo afectará más nuestra vida y ambiente. Es una oportunidad, para que cambiemos, y comencemos a construir un país más sostenible, donde se garantice la calidad de vida en un ambiente más sano.