El tráfico ilegal de especies silvestres es el cuarto negocio ilícito más rentable del mundo, después del tráfico de drogas, el de armas, y el de personas, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). La II Conferencia de Alto Nivel de las América sobre el Comercio Ilegal de Vida Silvestre, realizada entre el 5 y 6 de abril en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias, no solo visibilizó su impacto, sino que evidenció la necesidad que tienen los países de nuestra región—una de las más ricas y diversas del mundo— de contar con mejores herramientas para el abordaje de este delito.

El problema no es nuevo: hace casi tres años los 20 países signatarios de la Declaración de Lima sobre el Comercio Ilegal de Vida Silvestre —aprobada en el marco de la I Conferencia de Alto Nivel, de 2019— dieron un paso importante para impulsar medidas eficaces a la hora de contrarrestar estos hechos. 

Algunos de esos compromisos, asumidos por el Perú entre otros países, fueron: “Promover el fortalecimiento de redes de cooperación de control transfronterizo y regional para mejorar la coordinación, la investigación y la sanción del delito contra la vida silvestre (...)”¹, “Desarrollar y hacer uso de las nuevas tecnologías innovadoras y herramientas que puedan facilitar la identificación y el control del comercio ilegal de las especies, sus partes y derivados (…)”² y “Fortalecer las instituciones, mecanismos y capacidades nacionales de gestión e investigación, en especial las referidas a los operadores de justicia e instituciones de control (…)”³.

El tráfico de especies es el cuarto negocio ilícito más rentable, después del tráfico de drogas, el de armas, y el de personas".

Desde la primera conferencia, el Perú —con apoyo de la sociedad civil y la cooperación— ha venido impulsando herramientas para enfrentar este delito con mejores condiciones. En esta oportunidad el país presentó información sobre las propuestas legislativas de inclusión del tráfico de vida silvestre dentro de la Ley de Crimen Organizado —en colaboración con USAID Perú, el Ministerio Público, el Congreso de la República y las organizaciones civiles Wildlife Conservation Society (WCS), Oceana Perú, y Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)—, que evidencia un avance importante para la región, y la posibilidad que tiene Perú de liderar la protección de nuestra vida y de nuestro patrimonio natural.

Desde setiembre de 2021, congresistas de diversas bancadas han presentado proyectos que pretenden dotar de herramientas para que los fiscales puedan, por ejemplo, enfrentar a organizaciones criminales que, bajo un aparente manto de legalidad, buscan “lavar” partes o animales y exportarlos. Dentro de ellos se encuentran el Proyecto de Ley 463-2021-CR, presentado por el congresista Héctor Ventura Ángel (Fuerza Popular); el Proyecto de Ley 196-2021-CR, elaborado por Edward Málaga Trillo (Partido Morado) y el Proyecto de Ley N° 00993/2021-CR, de Alfredo Pariona Sinche (Perú Libre).

Llama la atención que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República no cuente aún con un dictamen que vaya en la línea con esta necesidad, después de más de siete meses de presentado el primer proyecto de ley. Situación distinta ocurrió en la Comisión Agraria, donde recientemente y por unanimidad se aprobó el  dictamen  de  la “Ley que modifica los artículos 308 y 309 del Decreto Legislativo 635, Código Penal referidos al tráfico ilegal de flora y fauna y los incorpora en el numeral 15 del artículo 3 de La ley 30077, Ley Contra el Crimen Organizado”. Esto es un avance que va en la línea con lo solicitado por los autores de los proyectos, y debiera ser la línea que siga el Congreso.

Iniciativas legislativas aún pendientes de debate son una oportunidad para enfrentar el tráfico ilegal de especies".

La pérdida de biodiversidad por el tráfico de fauna silvestre viene cobrando relevancia en los últimos años. Esto ocurre por el incremento de la demanda y la sofisticación de las redes criminales mediante el uso de los avances tecnológicos, como el comercio por internet y las redes sociales. La covid-19 también es una clara señal de alerta: el tráfico de vida silvestre y el comercio no controlado de animales silvestres pueden causar estragos más allá de las especies involucradas, con afectaciones económicas y a la salud humana. 

Es por eso que las iniciativas aún pendientes de debate son una oportunidad para enfrentar este grave delito —que involucra, incluso, a autoridades y actores amparados en documentos falsos— y evaluar la posibilidad de utilizar herramientas, como la interceptación de comunicaciones, el uso de agentes encubiertos y la cooperación internacional, entre otras, bajo el  amparo de la Ley de Crimen Organizado. Está en manos de nuestro Congreso de la República y de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos hacer que ello suceda poniendo nuevamente el interés de todos y todas sobre el interés particular.

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Referencias bibliográficas

(1) Compromiso N°7 de la Declaración de Lima sobre el Comercio Ilegal de Vida Silvestre.

(2) Compromiso N°10 de la Declaración de Lima sobre el Comercio Ilegal de Vida Silvestre.

(3) Compromiso N° 17 de la Declaración de Lima sobre el Comercio Ilegal de Vida Silvestre.