En medio de una permanente crisis política en el Perú, desde el Congreso se han presentado al menos cuatro proyectos de ley y medidas vinculadas a la minería informal e ilegal. ¿Este fue y es el momento más oportuno para discutir y presentar estas iniciativas?

Lo cierto es que gran parte de estos proyectos facilitan la minería ilegal. Y no es extraño, pues desde hace tiempo existe una estrategia detrás que busca allanar el camino de la ilegalidad, con normas que buscan extender en el tiempo la informalidad.

La propuesta más grave, sin duda, es el proyecto de ley (2519 / 2021) que impulsa el congresista Jorge Marticorena Mendoza (de Perú Libre). La propuesta se denomina “Proyecto de Ley que establece nuevo plazo de inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) para las personas naturales o jurídicas que se encuentren desarrollando actividades de pequeña minería y minería artesanal de explotación”. 

El proyecto de ley más grave es el propuesto por el congresista Jorge Marticorena Mendoza, de Perú Libre". 

Esta iniciativa plantea extender por un plazo excepcional de 150 días calendario el ingreso de nuevos mineros al registro. La medida solo desincentiva todo el proceso de formalización que se ha llevado hasta ahora, lleva al fracaso permanente y ofrece argumentos a quienes dicen que este proceso no funciona. Sobre todo, porque iniciar el proceso de formalización en Perú siempre ha sido claro y sencillo, pues basta la manifestación expresa del minero. 

En ese sentido, la ampliación de plazos al registro solo permite que nuevos operadores que antes no realizaban esta actividad ingresen al sistema y desborden aún más la poca capacidad de los gobiernos regionales para la fiscalización.

El otro proyecto de ley (2715 / 2021), del congresista Eduardo Salhuana, de Alianza para el Progreso. Se llama “Proyecto de Ley que modifica el decreto legislativo 1100, Decreto legislativo que regula la interdicción de la minería ilegal en toda la república y establece medidas complementarias”. 

La propuesta permite el ingreso de nuevos operadores, desbordando la poca capacidad para la fiscalización".

Esta iniciativa pretende modificar las acciones de interdicción de la minería ilegal, no la informal. Plantea, por ejemplo, que las máquinas incautadas en las operaciones, sean puestas a disposición de las municipalidades distritales y provinciales, y en caso de que esto no sea posible, al gobierno regional o nacional. 

Parece que esta medida ignora cómo operan los grupos ilegales, pues en algunos casos cuentan con el amparo de las mismas autoridades locales, regionales y nacionales. 

La propuesta del congresista Salhuana solo dilataría las acciones de los agentes de interdicción, particularmente de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental. La estrategia de la minería informal e ilegal es ganar tiempo para "esconder la maquinaria” o “para plantear medidas judiciales”.

En ese sentido, si la iniciativa busca que la maquinaría incautada se destine a una autoridad, las reglas ya existen: el Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) puede asumir lo que corresponda y tiene las condiciones para ello, es decir, presencia y logística en esas zonas.

La tercera iniciativa legislativa (2742 / 2022), también del congresista Eduardo Salhuana, se denomina “Proyecto de Ley que modifica el Decreto Legislativo 1107, decreto Legislativo que establece medidas de control y fiscalización en la distribución, transporte y comercialización de maquinarias y equipos que puedan ser utilizados en la minería ilegal, así como del producto minero obtenido en dicha actividad”. 

Los grupos de minería ilegal, en algunos casos, cuentan con el amparo de las mismas autoridades". 

Esta propuesta busca incluir en el artículo 11 del Decreto Legislativo 1107 –que habla sobre la responsabilidad de la persona que adquiere productos mineros– además del número RUC, razón social, DNI, nombre y apellido, el domicilio real del vendedor del mineral, Código Único de Concesión de donde proviene el mineral, y la autorización de explotación.

Por último, el Ejecutivo ha presentado el proyecto de ley denominado “Proyecto de Ley que modifica el delito de minería ilegal previsto en el artículo 307-A  y a sus formas agravadas establecidas en el artículo 307-B, así como la inhabilitación del artículo 307-F del Código Penal”. 

Si bien, la propuesta tiene metas que aparentemente buscan mejorar la lucha contra el delito de minería ilegal, su redacción es bastante confusa y debiera ser mejorada con el fin de mejorar la persecución del delito más grave en materia ambiental.

Es importante que veamos con mucha atención cómo avanzan estas iniciativas legislativas y estar alertas si durante el proceso de discusión en el Congreso se pretenda facilitar el camino de la minería ilegal.

Otra herramienta que algunos consideran que va a ayudar a resolver los problemas asociados a la minería ilegal es la propuesta de la voluminosa Política Nacional Multisectorial para la pequeña Minería y Minería Artesanal, que impulsa el Ministerio de Energía y Minas. Este documento, según el gobierno, busca para el año 2030, que “los pequeños mineros y mineros artesanales desarrollen sus actividades de manera social, económica y ambientalmente sostenible a nivel nacional”.

Sin embargo, en mi opinión este instrumento no va a resolver nada si no encontramos antes objetivos claros respecto a los controles de los impactos y se impulsan condiciones mínimas para su aplicación. De lo contrario, nuevamente se abrirá la puerta a un eterno proceso de planificación, cuando a estas alturas ya es un poco tarde y estamos perdiendo la lucha contra la ilegalidad.

Es importante que como ciudadanos y autoridades, como habitantes de esta casa común, se entienda que la visión de los y las ambientalistas no es el rechazo a la actividad minera, sino la de exigir respeto a los ecosistemas. 

Lamentablemente, algunos detractores suelen usar este calificativo para emprender campañas y recaudar “aportes” para protestar contra los que creemos en la necesidad de enfrentar la minería ilegal. Es la hora de asumir lo que corresponde y garantizar el derecho de todos a vivir en un ambiente sano y adecuado.