Los que trabajamos en temas ambientales insistimos siempre en que esta materia no se contrapone a nada específico. El desarrollo sostenible nos confirma que la conservación de nuestro patrimonio no es incompatible con el crecimiento del país, y que la promoción de actividades productivas sin control ocasiona que todos asumamos el impacto y costos futuros. Por eso, los cambios intempestivos generan preocupación dado que la materia ambiental no es un tema de tendencias políticas, sino pieza clave para que podamos vivir dignamente en nuestra casa común.

La contradicción y poca seriedad en la política exterior del Perú empieza a ser evidente, junto a la priorización del “crecimiento y promoción económica”, en esta etapa del gobierno. Más aún luego de las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores, Mario López, quien quiere llevar “una evaluación” sobre las implicancias del Acuerdo de Escazú, sin considerar que la Cancillería y el Ministerio del Ambiente lideraron las negociaciones del mismo por más de cuatro años. Precisamente, fue su ministerio el que dio la conformidad respectiva y, por ende, remitió al Congreso de la República el acuerdo para continuar su proceso de ratificación. 

Tenemos un afán de promover inversión sin comprender que la pandemia está vinculada a nuestra “inadecuada” relación con el planeta.

Fuera de ello, la agenda del Sector Ambiente es relevante. Lo es más cuando tenemos un afán de promover inversión sin comprender que la pandemia está vinculada a nuestra “inadecuada” relación con el planeta. Esto además nos lleva a pensar en la política ambiental del Perú, la cual debe garantizar que las actividades económicas se ejecuten con el menor impacto y permitiendo que gocemos de un ambiente sano y equilibrado, como recoge nuestra Constitución. También debemos reflexionar sobre las autoridades que desconocen la materia de su competencia y buscan ser cómodos para facilitar la inversión sin control. 

En ese contexto, empezaremos a revisar cuáles son los retos en materia ambiental que tiene este gobierno a corto plazo y a puertas del Bicentenario:

Transgénicos: el 2021 se vencen los 10 años de moratoria del ingreso de organismos vivos modificados o transgénicos al Perú. Sin embargo, desde el 2009 está pendiente el etiquetado de este tipos de productos. Hay toda una política no anunciada para permitir su ingreso, la pregunta es ¿tenemos las condiciones para que ello suceda? 

Minería informal e ilegal: el 2021 terminaría el proceso de formalización minera que el presidente Martín Vizcarra amplió, dejando al próximo gobernante la decisión de resolver dicho tema. La realidad muestra que este proceso no terminará ya que, llegado el plazo, nuevos lobbies y movilizaciones abrirán las puertas a un proceso de formalización eterno. Esta situación también evidencia un Estado poco serio. La problemática se incrementará al no existir políticas serias, así como desincentivos para ser formales, sobre todo cuando más gente migra a la actividad ilegal debido al incremento del precio del oro por la pandemia.

Cambio climático y desastres naturales: los efectos del cambio climático, luego del Niño Costero del 2017, han evidenciado que este tema no es una invención. No necesitamos más materiales de difusión sino la aplicación real de la Ley Marco de Cambio Climático y una verdadera reglamentación aún pendiente.

Organismos técnicos y carrera pública: los concursos dentro de instituciones como el Senace, Serfor, Sernanp, OEFA, Osinfor y ANA deben ser espacios que permitan el nombramiento de técnicos de carrera fuera de presiones políticas, y de esta forma consolidar la institucionalidad de dichos organismos.

Política ambiental verdadera, más allá del sector y del discurso: la Constitución en su artículo 67 dice que el Estado fija la política nacional del ambiente y promueve el uso sostenible de sus recursos naturales. Si bien está establecida desde el 2009, dicha política trasciende al Ministerio del Ambiente e involucra al Sistema Nacional de Gestión Ambiental y sus subsistemas: el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el Sistema de Fiscalización Ambiental, el Sistema de Información ambiental y el Sistema de Áreas Naturales Protegidas.

Cumplimiento de obligaciones ambientales: si alguien asume una obligación, por ejemplo, un Estudio de Impacto Ambiental, debe cumplirlo. Si alguien incumple la ley debe ser sancionado. Por eso no es extraño ver presiones para “facilitar inversión”, ya sea suspendiendo multas o la posibilidad de sancionar. Esto ha ocurrido en el pasado y no es extraño que se pretenda hacer ahora en aras a la reactivación y la promoción de inversión. Transitar por este camino solo causará el incremento de la conflictividad en el Perú. 

Política real anticorrupción: las autoridades, con la excusa de promover inversión, incumplen la normativa general y la ambiental. Lo hemos visto en la pandemia. Es hora de un compromiso real contra la corrupción y que tengamos sanciones ejemplares, pero también procesos reales contra aquellos que facilitan la comisión de delitos, entre ellos los ambientale, u otorgando bienes y beneficios a aquellos que tienen un pasado vinculado a dichos ilícitos.

Debemos entender que la materia ambiental busca el desarrollo sostenible y que la conservación no es contraria al desarrollo ni al crecimiento. El futuro ambiental del Perú no es de un grupo ni de unos pocos. Por ello necesitamos que las decisiones que se tomen en materia ambiental garanticen el bienestar general.