El 3 de julio pasado, en su 16° aniversario, el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales (Osinfor) anunció que la ilegalidad de la madera en títulos habilitantes cayó de 37%, en 2017; a 20,7%, en 2021. “Por cada metro cúbico de madera movilizada, hay 0,26 metros cúbicos de origen ilegal”, concluyó el Osinfor en su estudio. Sin embargo, estas cifras difieren de otras fuentes que también emplean datos oficiales. 

Un mes antes de la publicación de este organismo, OjoPúblico presentó el Proyecto Dipteryx, un algoritmo que alerta —tras analizar más de dos millones de datos del sector— sobre los elevados riesgos de ilegalidad en el comercio de la madera peruana. Esta herramienta encontró que 500 titulares de concesiones tienen productos con 55% de riesgo alto o muy alto de ser ilegal. Una cifra 34,3% superior a la de Osinfor.

Debido a las competencias del sector, la publicación del organismo se centró en los títulos habilitantes, primer eslabón en la cadena del comercio maderero. Aunque Osinfor también maneja información sobre los tipos de árboles que se extraen del bosque, en su metodología no hay referencias o un índice para las especies con riesgo elevado de ilegalidad en su comercio. 

A través del Proyecto Dipteryx, este medio identificó esa información: entre los tipos de madera con mayor sospecha de ilegalidad sobresalen, por ejemplo, la Cedrelinga cateniformis (tornillo), la Calycophyllum spruceanum (capirona) y el Dipteryx micrantha Harms (shihuahuaco). 

Este último fue incluido, en 2022, en una lista global de CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres). La decisión se tomó por su vulnerabilidad frente a la depredación que ha experimentado en los últimos años, situación advertida también por distintos investigadores.

Las cifras muestran altos porcentajes de riesgo en cada uno de estos tres tipos de árboles, todos ellos analizados en el Proyecto Dipteryx. En el caso del shihuahuaco, los niveles muy alto y alto suman 84,4%; en la capirona alcanzan el 77,4%; y en el tornillo llegan a 76,1%.

Otro indicador que trabajó OjoPúblico en su algoritmo fue el de los compradores de madera —en su mayoría aserraderos, que transforman por primera vez el producto—. En el Proyecto Dipteryx se detectó que, entre las 735 personas naturales y jurídicas que adquieren madera a los concesionarios forestales, el riesgo de ilegalidad alcanza el 70,9%: a detalle, el 42% tiene alto y el 28,9%, muy alto.

El Proyecto Dipteryx encontró 55% de riesgo alto o muy alto de ilegalidad en concesionarios. Cifra es 34,3% mayor a índice de Osinfor".

El estudio del Osinfor tampoco contempla un índice específico para los centros de transformación primaria. No obstante, recogió información a partir de encuestas realizadas a 302 aserraderos de 11 regiones del país. Estos datos los sumó como parte de su metodología para calcular el índice que han presentado de manera pública.  

El exjefe del Osinfor y especialista forestal Rolando Navarro Gómez se mostró sorprendido con los resultados anunciados por el sector. “[La cifra del Osinfor] es inadmisible porque contradice la realidad del país bajo varios enfoques: se sigue deforestando enormemente. También se están supervisando contratos forestales que no son de alto riesgo, y [la ilegalidad] hoy está focalizada en otros actos administrativos donde el Osinfor no tiene incidencia para supervisar, como las plantaciones y los cambios de uso de suelo”, explicó. 

La extracción forestal bajo la modalidad de plantaciones, mencionada por Navarro Gómez, tiene como consecuencia la presencia del crimen organizado en actividades forestales. En julio último, OjoPúblico detalló cómo las exportaciones de madera topa o balsa se incrementaron en Perú y Ecuador en medio de sospechas de ilegalidad y la ausencia de fiscalización a su extracción en la Amazonía. 

El Osinfor, en una respuesta enviada a este medio, reconoció que la ilegalidad de la madera “viene migrando” a modalidades como las plantaciones forestales o autorizaciones de cambio de uso de suelo. Pero las mismas están “fuera de sus competencias”. Agregó que, al no contar con un sistema de información, las autoridades a cargo tienen dificultades para la “supervisión y el control”.

Métodos 

En el sector forestal peruano, la ilegalidad en el origen de la madera ha sido una característica particular de los últimos años. Por ello, distintas organizaciones especializadas —con sede en Perú y en el extranjero— han implementado procesos basados en el uso de datos masivos (Big data) para analizar este problema. 

En este contexto, a mediados de agosto, la ONG Proética y la Agencia de Investigación Ambiental (EIA) presentaron el Algoritmo para la Legalidad de Madera de la Amazonia (ALMA), una herramienta que analiza y proyecta —a partir de información contenida en una Guía de Transporte Forestal— el riesgo de que un producto de este tipo pueda tener origen ilegal. En el proyecto también participó el Center for International Environmental Law (CIEL).

En el caso de ALMA, los desarrolladores trabajaron con miles de registros de supervisiones realizadas por el Osinfor, disponibles en su Sistema de Información Gerencial. El equipo a cargo de este proyecto también hizo distintos pedidos de acceso a la información para complementar la base de datos construida como desarrollo del algoritmo. 

El Osinfor dijo que la madera ilegal 'viene migrando' a plantaciones forestales o autorizaciones de cambio de uso de suelo".

Para obtener el riesgo de origen ilegal de la madera se debe completar un formulario —alojado en una plataforma online del algoritmo ALMA— y cargar la información de una guía de transporte forestal (GTF). Estos documentos son emitidos por los gobiernos regionales y contienen datos sobre la extracción, compra y destino final del producto forestal. 

Los algoritmos del Proyecto Dipteryx y ALMA son complementarios y parten de una misma metodología, cuyo origen es el acceso a información pública del Estado peruano. En ambos casos, luego de organizar la información, se empleó —por confiabilidad en sus resultados— el modelo de algoritmo Random Forest Classifier (RFC), que emplea la técnica machine learning para un aprendizaje con datos y una mejora con la experiencia.

A partir de la validación técnica usada en ALMA, el Proyecto Dipteryx tuvo un desarrollo de un año. En este período analizó cinco bases de datos estructuradas con más de 2’718.000 datos. Estos correspondieron a 15 años de comercio y transporte de madera, concesiones forestales, sanciones administrativas, investigaciones penales por crímenes ambientales, empresas con antecedentes y exportaciones de Aduanas.

El algoritmo establece una predicción de riesgo de 0 a 1 —donde 0 representa la inexistencia de riesgo y 1 el máximo riesgo— para tres actores principales del comercio maderero: el titular (quien administra la concesión forestal), el comprador (quien adquiere el producto y en su mayoría lo transforma en aserraderos) y el destinatario (casi siempre el empresario exportador o vendedor local).

Respecto a las diferencias entre las cifras oficiales y las obtenidas a partir de los algoritmos Dipteryx y ALMA, el Osinfor señaló que “desconocen las razones” de estas discrepancias porque “no ha tenido la oportunidad de que los equipos conozcan, al detalle, la metodología, el contexto de aplicación, las variables que lo definen, y otros factores que sensibilizan los resultados y la validez del algoritmo”. 

Al ser consultados sobre cómo estas iniciativas pueden contribuir para los estudios de ilegalidad que desarrollan, dijo que necesitaban mayor información y, de ser posible, “pruebas en laboratorio y campo para validar los resultados”. Con esto, agregaron, recién se “podrá dimensionar la contribución que puede tener ambos aplicativos y en qué parte de la cadena productiva pueden implementarse mejor”.

Respecto a los resultados de ALMA, el Osinfor señaló que, tras revisar un caso aleatorio, encontró que los resultados “todavía maneja un amplio margen de error” y pueden “generar dudas e incertidumbre en las investigaciones e inseguridad jurídica, tanto para los comerciantes y para las autoridades de control y de orden público”.

La directora del Programa de Gobernanza Ambiental en Proética, Magaly Ávila, explicó que ALMA trabaja con información histórica obtenida del propio Osinfor. Al ser una herramienta que evalúa el riesgo, sugirió que los resultados obtenidos se contrasten con los reportes de supervisión públicos del sector. 

En los casos que no haya supervisión del organismo, propone que los interesados la soliciten para, de este modo, obtener “resultados oficiales de la verificación del origen legal [de la madera]”. 

A criterio de Navarro Gómez, exjefe del Osinfor, este algoritmo busca llegar a distintos canales y centrales de riesgo que el organismo regulador. Y, a la par, aportar información que permita “tomar acciones y decisiones para verificar en campo [la condición de la madera movilizada] o solicitar información complementaria a las autoridades".