El Ministerio de la Producción (Produce) tiene que elaborar reportes periódicos sobre la actividad de industrias bajo su competencia, como la pesquera o la maderera, cuyas empresas reportan datos al sector. Sin embargo, esta información mensual, detallada y producida desde el Estado, es de acceso público, pero Produce se niega a brindar el detalle de estos archivos.

En julio último, la cartera apeló una sentencia del Décimo Segundo Juzgado Contencioso Administrativo del Poder Judicial. El fallo había declarado infundada una demanda, presentada por Produce en 2023, contra una resolución del Tribunal de Transparencia que le ordenaba entregar a OjoPúblico los datos proporcionados por empresas madereras para elaborar su Estadística Industrial Mensual. 

La acción del ministerio tuvo su origen en febrero de 2023. Como parte del Proyecto Dipteryx, este medio solicitó —vía la Ley de Transparencia— el registro de cédulas estadísticas del sector maderero, reportadas al ministerio por los gobiernos regionales de Loreto, Madre de Dios y Ucayali. A diferencia de otros ámbitos, como la palma aceitera o el cacao, Produce aseguró que no contaba con esta información en sus oficinas. 

En su respuesta, acompañada de un archivo, el sector agregó que disponían de datos referentes a la Estadística Industrial Mensual. Este reporte, según Produce, recoge información de una “muestra de empresas representativas” para elaborar un indicador, cuyo objetivo es “reflejar la tendencia o variación producida en el corto plazo del comportamiento de la actividad industrial”. Es decir, datos de solo algunas compañías con los que, asegura, realizan estimaciones.

POSTURA. El Ministerio de Producción maneja información detallada sobre empresas madereras, pero evita entregarla a pesar de ser de acceso público. 

Foto: OjoPúblico / Aldair Mejía. 

OjoPúblico revisó el documento proporcionado por la cartera y encontró cifras clasificadas por regiones amazónicas sobre el valor de producción de la actividad maderera. Para este grupo, consideró lo declarado únicamente por 19 empresas.

Si se compara los montos de producción de 2012 con los de 2022 se observa una caída de 55,4%. En 2012, la producción empresarial superaba los S/173 millones. Una década después, las cifras proporcionadas por la cartera caen hasta los S/77 millones. Sin embargo, estos datos no tienen relación con una contracción en el sector: en el reporte para el último año solo consideró a ocho de las 19 firmas que reportaron información en el primer periodo.

La lista, con datos del 2012 al 2022, consideró información declarada por 13 compañías de Ucayali, cinco de Loreto y una de Madre de Dios. Sin embargo, no detalla el nombre de las empresas, motivo por el cual, en abril de 2023, OjoPúblico hizo un nuevo pedido de acceso a información pública, sustentado en la Ley de Transparencia. 

Entonces, a través de la Oficina de Estudios Económicos, Produce respondió que la información no podía ser revelada “en forma individualizada”, porque se encontraba “protegida por el secreto estadístico”, mencionado en la Ley de Censos. Esta norma fue aprobada en 1959, más de cuatro décadas previas a la vigencia de la Ley de Transparencia. 

El Estado busca evitar lo que la ley le ordena
 

Jener Cáriga Cavalié, miembro del estudio Arbizú y Gamarra y quien ha acompañado la demanda de Produce como tercero interesado, dijo a este medio que hay varios procesos en los que el Estado busca evitar la entrega de información pública. 

El abogado también considera que las procuradurías “se han puesto de acuerdo” para que los datos que no quieran brindar instituciones públicas “puedan recurrir a estas instancias” y “tratar de dilatar [todo] lo posible para no remitir la información solicitada”. 

El Tribunal de Transparencia ordenó entregar los datos brindados por empresas madereras, pero el Produce se opuso.

Además, Cáriga Cavalié dijo que, de volver a declarar infundada la demanda, Produce puede llevarla a un proceso de casación. Sin embargo, esta etapa no cuenta con “efectos suspensivos”. Es decir, el sector igual tendría que enviar la información pedida por este medio desde el año pasado.

El ministerio presentó su demanda ante el Tribunal de Transparencia, tras la emisión de una resolución de este último que le ordenó entregar los datos, en mayo del año pasado. Como sustento, el ministerio señaló un artículo de la Ley de Censos donde se menciona que los datos e informaciones para fines del Censo Nacional tienen carácter “de secreto” y que no podían ser “revelados en forma individualizada”. 

Sin embargo, según el Tribunal de Transparencia, Produce no demostró que la información empleada para elaborar la estadística industrial mensual se había recopilado en el Censo Nacional. “[El ministerio] no ha acreditado de qué manera una estadística de temporalidad mensual es recabada durante el Censo Nacional correspondiente, para efectos de acreditar la excepción alegada”, se lee en la resolución. 

Asimismo, el Tribunal indicó que Produce no evidenció ni justificó que la información solicitada estaba dentro de las causales de excepción consideradas dentro de la Ley de Transparencia y que no eran “argumentos válidos” citar a la Ley de Censos o al reglamento de funciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), este último de menor rango que la norma de transparencia. 

Pese a la primera orden para entregar los datos, la cartera presentó —en agosto del 2023— una demanda ante el Poder Judicial para anular la resolución del Tribunal de Transparencia. La misma fue declarada infundada el 28 de junio último. 

El juzgado consideró que no había sustento para anular la decisión del Tribunal de Transparencia. “Los argumentos esgrimidos por el demandante [Produce] en su escrito de demanda no son asideros”, señaló el Poder Judicial.

Al tomar conocimiento del fallo en primera instancia, OjoPúblico realizó —a inicios de julio último— un nuevo pedido de información pública a Produce sobre los datos que maneja de las empresas madereras. Pero, en su respuesta, el sector indicó que no podía atender la solicitud ya que había apelado la sentencia del Poder Judicial. 

Ante demanda del Produce, el Poder Judicial consideró que no había sustento para anular la decisión del Tribunal de Transparencia. 

Dilmar Villena Fernández Baca, director ejecutivo de la ONG Hiperderecho, advierte que hay mejoras pendientes en la Ley de Transparencia. Con estos eventuales cambios, agrega, las decisiones del Tribunal pueden tener un efecto distinto y no se le quite “eficacia” ni “autonomía” a esta entidad, hoy adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

“Se debería restringir que los órganos del propio Estado puedan cuestionar las decisiones del Tribunal [de Transparencia] en la vía contenciosa [judicial] porque [hoy tenemos] un órgano especializado que te dice qué información es de acceso público y, luego, [la institución que debe entregar esos datos] puede recurrir a otro órgano. Eso no termina siendo coherente”, explicó. 

Este medio consultó al Produce respecto a los motivos que tuvo para judicializar la resolución del Tribunal de Transparencia. Sin embargo, al cierre de esta publicación no hubo respuesta de su parte. 

El 12 de agosto pasado, el proceso tuvo una audiencia para conocer detalles de la apelación y, en las próximas semanas, el Poder Judicial deberá resolver en segunda instancia si le da la razón o no a Produce. En este último caso, el sector tendrá la obligación de proporcionar el detalle de los datos que hasta hoy ha decidido mantener ocultos.