En setiembre de 2020, la Dirección Regional Agraria de Ucayali (DRAU) reconoció a Manitzi como una comunidad del pueblo originario yanesha, en la provincia de Atalaya, cerca de la frontera con Brasil. Casi cuatro años después, un informe de la Contraloría de la República revela “indicios de irregularidad” en dicho reconocimiento. Manitzi se superpone a Alto Esperanza del río Inuya, una comunidad de indígenas del pueblo amahuaca en contacto inicial. 

El documento de la Contraloría, elaborado por su oficina de control en Ucayali, advierte irregularidades en el levantamiento de información socioeconómica de Manitzi, en su censo poblacional y en la forma cómo se llenaron los formatos para su reconocimiento. Asimismo, señala que el equipo técnico especializado de la DRAU, a cargo de dichas tareas el año 2020, no cumplió con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Agricultura. 

La Contraloría expone, además, a partir de información que le solicitó a la DRAU, que los 21 comuneros empadronados de Manitzi tienen como lugar de nacimiento las regiones de Ayacucho, Cajamarca, Junín, Lima y Pasco, según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Y solo dos personas aparecen con lugar de origen en Ucayali. 

Respecto al lugar donde residen, solo cinco radican en la región Ucayali, en el distrito de Raimondi. Y otra persona tiene como residencia la ciudad de Madrid, España.

Comunidad indígena que no es

De acuerdo al informe de la Contraloría de la República, con fecha 27 de junio, el expediente de reconocimiento de Manitzi, proporcionada por la DRAU, no corrobora la existencia de “instituciones sociales, que son distintivas de un pueblo [indígena] y que dan cuenta de su continuidad histórica”.

Los 21 comuneros empadronados de Manitzi nacieron en Ayacucho, Cajamarca, Junín, Lima y Pasco".

Según explica el documento, esto se expresa, por ejemplo, en la forma cómo la comunidad elige a sus autoridades, ejerce justicia y establece normas para la vida cotidiana de sus habitantes. El expediente tampoco contiene información sobre cómo se organizan políticamente, sus conflictos y cosmovisión, sus relaciones de parentesco, y sus prácticas y creencias ancestrales, advierte el órgano de control. 

Manitzi inició su proceso de reconocimiento en el año 2018, de acuerdo a la resolución de la DRAU que la valida como comunidad indígena del pueblo yanesha. 

Ese mismo año, sus miembros —13 familias— se asentaron en el distrito de Raimondi y reclamaron como suyo un área que se superpone al territorio solicitado por la comunidad indígena en contacto inicial Alto Esperanza del río Inuya, que empezó su vínculo con la sociedad mayoritaria a mediados del siglo pasado. Su ámbito territorial se localiza entre las reservas Mashco Piro y Murunahua para indígenas en aislamiento, cerca de la frontera con Brasil. 

De las 65.000 hectáreas que Alto Esperanza del río Inuya está en proceso de titular, Manitzi se sobrepone a 14.900 hectáreas. La comunidad en contacto inicial cuenta, desde agosto de 2016, con el reconocimiento de la DRAU, y en abril de 2023 se realizó la demarcación y georreferenciación de su territorio comunal. 

IRREGULARIDADES. Proceso de reconocimiento de Manitzi presentó faltas elementales que le quitan validez al acto, advierte la Contraloría.

Imagen: Captura de informe de la Contraloría

El 2020, la Dirección Regional Agraria de Ucayali organizó un equipo técnico especializado para el reconocimiento de Manitzi. De acuerdo a una resolución del 2016 del Ministerio de Agricultura, el citado equipo debe contar con un abogado con título y experiencia de cinco años en trabajo de campo en comunidades indígenas. Sin embargo, esto no se cumplió. 

El informe de la Contraloría señala que el abogado designado en dicho equipo, identificado como Ysaac Antonio Lima Flores, asumió la responsabilidad en campo apenas 11 meses después de haber egresado de la universidad. Tampoco contaba con título profesional. 

La conformación del equipo técnico fue comunicado al entonces jefe de la Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Agraria (Disafilpa), Marwin Paima Chuquipiondo, en enero de 2020. OjoPúblico se comunicó con el funcionario, quien en la actualidad ocupa el cargo de asesor jurídico de la DRAU y solo se limitó a señalar que ya han cumplido con enviar a la Contraloría información de las primeras acciones administrativas que realizará la dirección.

Desde la oficina de la Contraloría en Pucallpa, el organismo confirmó a este medio que un auditor encargado se encuentra evaluando el documento. Precisó que en caso de que la DRAU considere que se procedió correctamente con el reconocimiento de Manitzi, tocará evaluar si corresponde una auditoría con el fin de hallar posible responsabilidad administrativa, civil o penal en los funcionarios involucrados.

El equipo técnico de la DRAU también estuvo conformado por Anita Isabel Ruíz Duarte, como verificador común. Ella fue quien designó a Ysaac Antonio Lima Flores como asistente legal del equipo. Este medio intentó comunicarse con Ruiz Duarte por llamadas y mensajes, pero al cierre de este informe no se obtuvo respuesta. 

Como parte del proceso de reconocimiento de Manitzi, la DRAU debía recoger información de la comunidad a través de informantes claves, como pueden ser autoridades locales, personal de salud, de educación o comuneros y comuneras. En una ficha con esta información debía figurar el nombre y la firma de cada integrante del equipo técnico especializado de la DRAU. Sin embargo, estos datos no aparecen.

La respuesta que la dirección dio a la Contraloría es que “el personal que realizó el trabajo no era especialista en ciencias sociales (...), optando por no suscribir la ficha comunal”. Esta falta de información “le quita validez a dicho acto”, alerta la Contraloría. 

Ocurrió la misma falta de información —nombres, apellidos y firmas de los integrantes del equipo— con la denominada “constancia de visita”, un tipo de reporte que da fe de que los especialistas de la DRAU estuvieron en el campo. 

A pesar de todo lo señalado, el 23 de junio de 2020 se emitió un informe suscrito por los dos miembros del equipo técnico especializado, y que fue remitido al nuevo director de la Disafilpa, de ese entonces, Samuel Enrique del Castillo García. Este informe recomendó el reconocimiento e inscripción de la personería jurídica de Manitzi. 

Este medio se comunicó con Samuel Enrique del Castillo García, actualmente director de la Oficina Agraria de Atalaya, quien dijo no recordar el caso de Manitzi y no haber sido notificado hasta el momento sobre lo que dice el reporte de la Contraloría.

RECONOCIMIENTO.La comunidad Alto Esperanza del río Inuya está cerca de lograr su titulación, pero sobre su territorio también se superponen concesiones forestales. 

Foto: OjoPúblico

El reconocimiento de Manitzi finalmente se aprobó mediante una resolución directoral que contó con la firma del entonces director de la DRAU, Edwin Miranda Ruiz, quien fue candidato a congresista por Alianza para el Progreso (APP) en las elecciones generales del 2021. 

Al año siguiente, en 2022, se postuló a gobernador regional por el Movimiento Verde de Ucayali, pese a tener investigaciones abiertas por cohecho pasivo propio y peculado. OjoPúblico intentó comunicarse con Edwin Miranda Ruiz,  pero no tuvimos respuesta al cierre del informe. Del mismo modo, se intentó acordar una entrevista con los representantes de Manitzi, pero estos no contestaron. 

La falta de información elemental le quita validez al reconocimiento de Manitzi, señala la Contraloría".

Con domicilio en Madrid y reacción de la DRAU

De los 21 ‘comuneros’ empadronados en Manitizi, seis tienen como residencia otras comunidades indígenas, por lo que de acuerdo a los estatutos de la propia comunidad, su inclusión a la misma se debió aprobar en asamblea general, con la participación de más del 80% de comuneros hábiles. En el expediente de reconocimiento no existe prueba de dicha aprobación, señala el informe de la Contraloría. 

Uno de los empadronados, identificado como Héctor Palomino Rojas, nació en el distrito limeño de San Juan de Miraflores y tiene su domicilio en Cañete. Otro, identificado como Segundo Aniceto Cueva Díaz, nació en Chota, Cajamarca, y tiene su domicilio en la ciudad de Madrid, España, según se comprobó en el sistema del Reniec. 

Tras el reconocimiento irregular de Manitzi, en 2020, organizaciones como la Federación Indígena del Alto Río Inuya y Mapuya (Fiarim) y la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), advirtieron de la presencia de falsas comunidades o “comunidades fantasma” en el distrito de Raimondi, provincia de Atalaya. 

Una de ellas era Manitzi y sobre la cual ORAU, con apoyo de la organización civil Conservación Alto Amazonas (UAC, por su sigla en inglés), pidió a la oficina de la Contraloría en Ucayali que inicie una investigación, la cual dio origen al informe publicado este mes.  

En base a información recogida en campo, por delegaciones indígenas, de aliados y del propio Estado, como el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp), Manitzi se encuentra deshabitada. 

El 8 de marzo de este año, personal del Sernanp visitó Manitzi y pudo verificar que en la supuesta comunidad —que se superpone a Alto Esperanza del río Inuya— “no se encuentran vivientes ni cultivo alguno”. 

En medio de los requerimientos de la Contraloría y la presión de las organizaciones indígenas, la DRAU informó a OjoPúblico que, como parte de su proceso de titulación, el 1 de julio de 2024 se aprobó el plano y demarcación de la comunidad indígena en contacto inicial Alto Esperanza del río Inuya. 

Si la supuesta comunidad de Manitzi no apela el documento, le corresponderá a la DRAU imprimir el título de propiedad de la comunidad en contacto inicial así como inscribirla en los Registros Públicos, explicaron de la citada dirección. 

ILEGALES. En la provincia de Atalaya se han identificado decenas de pistas clandestinas. En junio último se descubrieron cuatro en el distrito de Raimondi.

Foto: FEMA de Atalaya

Por otro lado, la organización Conservación Alto Amazonas (UAC) alertó que al territorio de Alto Esperanza del río Inuya todavía se superponen tres concesiones forestales con permisos vigentes, según se puede comprobar en la plataforma Sisfor del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor).

Las concesiones con fines maderables se otorgaron, señala UAC, entre el 2018 y 2020, cuando la comunidad indígena ya contaba con reconocimiento. 

Ante ello, la comunidad en contacto inicial solicitó el 10 de julio último a la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre de Ucayali una reunión con la empresa Nuevo San Martin S.A.C., titular actual de las concesiones.

Este medio intentó comunicarse con el actual director de la DRAU, Walter Panduro Teixeira, para conocer en qué situación quedaría Manitzi, pero al cierre de este informe no obtuvimos respuesta.

Comunidades fantasmas

De acuerdo a la ORAU, son 15 “comunidades fantasmas” las que se han podido contabilizar en la provincia de Atalaya, la mayoría asentada en el distrito de Raimondi. 

Además de Manitzi, aparecen Nuevo Renaco, Opempemashi, Mapuillo, Yarina, Valle del Jaguar, Nueva Alegría, Unión Paraíso del Alto Huao, Selva Virgen, Ayllu, Comunidad Intercultural Capajereato, Sonkorowaro, Yerpuem, Centro Bobinzana, Flor de Contayo y Cobao. 

Según la misma organización indígena, en algunas se desarrollan actividades ilícitas como tala ilegal y cultivos ilegales de hoja de coca para el narcotráfico. 

La organización indígena ORAU alerta de otras 15 comunidades fantasmas en las que se desarrollan actividades ilícitas".

Por ejemplo, de acuerdo a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Atalaya, la supuesta comunidad Centro Bobinsana es investigada por realizar actividades de desbosque sobre una concesión forestal.

La DRAU, por su parte, informó que en el caso de Flor de Contayo —otra supuesta comunidad—, su proceso de reconocimiento se declaró nulo por superponerse a la concesión forestal Consorcio Inversiones Raimondi, que fue reconocida antes. 

Otro dato importante. En el distrito de Raimondi, provincia de Atalaya, región Ucayali, los cultivos de hoja de coca se han multiplicado casi por siete entre 2021 y 2023, según el informe Monitoreo de cultivos de coca 2023 de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida). Crecieron de 98 a 656 hectáreas, lo que representa un crecimiento del 670%. 

Recientemente, en un sobrevuelo realizado el 19 de junio, la FEMA de Atalaya identificó cuatro pistas de aterrizaje en las comunidades San Juan de Inuya, Nuevo San Martín, en la quebrada Mapuya y sobre un predio privado.