Ha transcurrido más de un año y medio desde que Óscar Pintado perdió a Jack Bryan Pintado Sánchez, su hijo de 22 años quien falleció junto a Inti Sotelo Camargo en las marchas de noviembre del 2020 contra el régimen del expresidente Manuel Merino. Desde entonces, los familiares de los fallecidos y los heridos han esperado los avances de la investigación del Ministerio Público en torno a las presuntas responsabilidades de Merino, el expremier Antero Flores-Aráoz y el exministro del Interior Gastón Rodríguez en los ataques a los manifestantes. 

Sin embargo, el informe del congresista Alejandro Cavero Alva, que recomienda archivar la denuncia en contra de las exautoridades, ha revivido el dolor de Óscar Pintado. "Vamos a seguir el caso en el Congreso. No comprendo cómo Alejandro Cavero, que dice representar a los jóvenes, no entiende el dolor ajeno", señaló a OjoPúblico.

"No existe evidencia concluyente que demuestre que las lesiones sufridas por los manifestantes fueran producidas por la [Policía Nacional del Perú] PNP", se indica en una de las siete conclusiones del documento preparado por Cavero Alva después de cuatro meses de investigación y que fue filtrado a la prensa el último jueves 9 de junio. Sin embargo, los hallazgos recogidos en el expediente de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial, a cargo de la fiscal Jhousy Aburto, señalan lo contrario.  

En esta carpeta, que también incluye 78 testimonios de personas heridas en las protestas de noviembre del 2020, se encuentran involucrados —por lo menos— once altos mandos de la Policía.  

Los hallazgos recogidos por la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial contradicen las conclusiones del informe de Cavero Alva.

OjoPúblico reveló en octubre del 2021 que los disparos de las bombas lacrimógenas y perdigones de goma fueron utilizados en su mayoría por tres equipos de la Policía. “[La Policía usó] municiones prohibidas (perdigones de plomo y canicas de vidrio) y armas potencialmente letales (bombas lacrimógenas, perdigones de goma y granadas lacrimógenas de mano), [...] disparadas directamente al cuerpo de los manifestantes [...]”, ha concluido la fiscal Aburto, de acuerdo a la disposición fiscal revisada por este medio. 

En esa publicación, este medio detalló que la División de Unidades Especiales de la Policía (USE) concentró, a través de tres equipos, el uso de armas de fuego en las marchas contra el régimen de Merino. También se detalló que, entre el 10 y el 15 de noviembre, el uso de armas de fuego y agentes químicos contra ciudadanos fue concentrado por la Unidad de Servicios Especiales del Sur (380 cartuchos con perdigones de goma y 1.133 lacrimógenas) y del Centro (632 cartuchos y 934 lacrimógenas). A estas se sumó el Grupo de Intervención Rápida (GIR) de la USE, que usó 360 cartuchos con perdigones y 508 bombas lacrimógenas, en el mismo periodo.

El abogado de la familia de Inti Sotelo Camargo, Carlos Rivera Paz, sostuvo que el informe del congresista de Avanza País representa no solo un “acto de impunidad” sino también de “encubrimiento” para las exautoridades políticas y los jefes policiales ya que el documento “niega que la Policía haya sido la autora de los crímenes que está investigando el Ministerio Público”. 

En sus diligencias preliminares, la Fiscalía de Derechos Humanos detectó que la USE, entonces dirigida por el coronel PNP Carlos Villafuerte Salas, y la División de Operaciones Especiales Escuadrón Verde tuvieron un rol clave en las acciones de la Policía en las movilizaciones de noviembre del 2020. Ambas divisiones policiales hicieron uso excesivo de la fuerza, según la información que recogieron las organizaciones internacionales Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y las Naciones Unidas.

A pesar de los detalles presentados por OjoPúblico y la información recogida por la fiscalía a cargo del caso, el congresista Cavero no consideró los hallazgos en su informe e incluso en sus conclusiones señala que “se ha determinado que diversos afectados presentan heridas producto de canicas de vidrio disparadas contra ellos, objetos que no son uso de la Policía Nacional del Perú". Sin embargo, la Fiscalía identificó el uso de canicas de vidrio como proyectiles empleados por la Policía. El sustento de esta evidencia fiscal fue el testimonio de tres ciudadanos a quienes se les extrajo estas municiones. 

Basado en este punto, el congresista también concluyó que el entonces presidente Manuel Merino junto a Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez "no podrían ser responsables al no existir nexos causales entre la secuencia de hechos y los medios probatorios asociados al fallecimiento de los jóvenes o la causa de las lesiones". 

Para el congresista Cavero, “la autonomía de la Policía Nacional del Perú hace que sus planes operativos no necesiten de la colaboración, el permiso ni el conocimiento del ministro del Interior, del presidente de la República o de ministros de otras carteras. Por ello, consideró que no se han encontrado pruebas que demuestren que la violencia policial por la convulsión social durante las manifestaciones fue institucionalizada en planes operativos y ordenada por los acusados.

Según Rivera Paz, este punto es grave porque el congresista Cavero “termina opinando de una materia sobre la que no le han pedido que opine” y se ubica como “abogado de los policías” con lo que interfiere con la labor de la Fiscalía. De archivarse el caso, el abogado agregó que tendrán dos salidas para evaluar: acudir al sistema de justicia interamericano que ha seguido de cerca los hechos “desproporcionados” o esperar hasta el 2025 para “aplicar el artículo de la Constitución que indica que los actos funcionales no pueden ser denunciados sino hasta 5 años después del término de su gestión”.

El congresista Cavero termina opinando de una materia sobre la que no le han pedido que opine, indica la defensa de la familia Sotelo Camargo.

Por falta de quórum, la subcomisión de Acusaciones Constitucionales  no debatió el pasado viernes sobre el informe y la nueva fecha de la sesión está fijada para el martes 14 de junio. En esta instancia, congresistas de ocho bancadas —cinco de los 16 miembros de Perú Libre, entre ellos Waldemar Cerrón Rojas— decidirán si apoyan la propuesta de Cavero para su posterior traslado a la Comisión Permanente que votará si aprueba definitivamente el archivamiento de las denuncias contra los altos exfuncionarios. 

Luego de que se conociera el informe de Cavero, la Defensoría del Pueblo pidió a la subcomisión de Acusaciones Constitucionales que se investigue “en sede judicial” a los altos funcionarios denunciados durante las movilizaciones de noviembre del 2020. La institución también recordó el documento donde determinó que “el Estado no cumplió con su deber de garantizar el ejercicio libre, pacífico y pleno del derecho a la protesta”. 

Quilla Sotelo Camargo, hermana de Inti, considera que la mayoría de miembros de la subcomisión de Acusaciones Constitucionales “está de acuerdo” con el informe de Cavero y que este documento no tiene un sustento para “avalar lo que se dice” y que existe “evidencia suficiente y él [el congresista] no la está considerando]. 

Al cierre de esta publicación, el congresista Alejandro Cavero no atendió las llamadas ni mensajes enviados por OjoPúblico para recoger sus declaraciones sobre el informe que ha generado las críticas de los deudos de Inti Sotelo y Bryan Pintado. Ante el eventual archivamiento de la acusación contra las exautoridades, Quilla Sotelo explicó que acudirán a organismos internacionales de derechos humanos y que ella junto a su familia se encuentran “preparando para ese momento”.