En abril del 2021 se creó el Mecanismo Intersectorial para la Protección de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos. Pero su eficacia para atender casos de riesgo en la Amazonía es mínima, como quedó demostrado el último 26 de octubre en la comunidad awajún de Mamayaque, provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas, donde se reportó el ataque a la sede de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc). 

La mañana del miércoles 26 de octubre, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) alertó al Ministerio del Interior sobre un “ataque inminente” a la oficina de esta organización, ubicada en la región Amazonas, por parte de mineros ilegales y solicitaba el traslado de policías para resguardar el lugar. 

Las amenazas se concretaron durante la tarde. Allí se encontraba la dirigente awajún Augostina Mayán, quien, aunque no fue agredida, fue despojada de sus pertenencias. También se saqueó el local y se prendió fuego al comedor de esta sede, informó Zebelio Kayap, expresidente de esta organización, al día siguiente de los hechos.

La mañana del 26 de octubre se alertó sobre el ataque inminente en la comunidad de Mamayaque.

Mayan y otros dos dirigentes de Odecofroc cuentan con medidas de protección de parte del mecanismo de defensores de derechos humanos, sin embargo, ninguna autoridad o agente policial se hizo presente, indicó la lideresa a OjoPúblico. “Avisé al Ministerio de Justicia y solo me contestaron que ya se estaba informando a los otros sectores”, contó.

El viernes 28 de octubre, dos días después de la alerta de la Cnddhh, representantes del Ministerio de Justicia llegaron a Chachapoyas, capital de Amazonas, para una reunión preparatoria de la futura instalación de una mesa regional de defensores y defensoras de derechos humanos. En este encuentro se evaluó lo ocurrido en Mamayaque. 

URGENTE. Documento enviado al Ministerio del Interior solicitando presencia policial inmediata en la comunidad de Amazonas.

Foto: Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

Durante una reunión en Lima para tratar la situación de los defensores indígenas en la región Junín  —realizada el pasado viernes 21 de octubre— Ángel Gonzales Ramírez, director de la Dirección de Políticas y Gestión en Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos —que coordina la implementación del mecanismo a nivel nacional—, reconoció que la falta de un presupuesto propio para el mecanismo limita sus acciones, principalmente para la Policía Nacional, que es la que “ejecuta las medidas urgentes de protección”.
 
Desde mayo del año pasado, el Ministerio del Interior tiene pendiente la aprobación de los lineamientos de actuación de la Policía Nacional con medidas de protección y urgente protección a los defensores. “Actualmente, el plan de acciones no se puede elaborar ya que no se cuenta con esta herramienta de lineamientos”, indicó Gonzales Ramírez.

Está pendiente la aprobación de lineamientos de actuación policial para proteger a defensores.

Según Walter Chiara, de la Dirección General de Seguridad Democrática del Ministerio del Interior, quien también estuvo presente en la reunión del viernes 21, la demora en la aprobación de los lineamientos de actuación policial se debe al cambio continuo de ministros y directores. No obstante, aseguró que la aprobación se daría antes de finalizar el año.
 
“Actualmente se cuenta con una versión que ha sido consensuada con la Policía, pero todavía existen algunas observaciones”, explicó. Estas serían de carácter logístico y de cantidad de recursos humanos.

Por estas razones, el mecanismo intersectorial no tiene impactos significativos en la reducción del riesgo de las personas defensoras, indicó la abogada Mar Pérez Aguilera, responsable de la Unidad de Protección a Defensores de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh). En los casos donde se ha llegado a dar medidas de protección, se trata “de un papel más que acumulan los dirigentes en sus anaqueles, no hay un impacto concreto en el incremento de su seguridad'', refirió la especialista.

ATAQUE. Así quedó el comedor de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepac tras ser incendiado por mineros ilegales.

Foto: Odecofroc

Pérez Aguilera dijo a este medio que para el caso reportado en la comunidad de Mamayaque, en Amazonas, la Cnddhh presentó una solicitud por escrito al Ministerio del Interior para que intervenga en la zona, pero no obtuvieron respuesta. También llamó la atención respecto a que se siga alegando una falta de presupuesto para atender estos casos. “Si existe voluntad política se buscan los recursos para la intervención”, afirmó.

En tanto, ante los riesgos que enfrentan los defensores y defensoras ambientales en toda la Amazonía, se han conformado mesas regionales para tratar esta problemática en Madre de Dios y Ucayali. El Ministerio de Justicia impulsará una mesa regional para Junín.
 
“La conformación de estos espacios en las regiones permite una mejor coordinación entre actores locales. Se pueden hacer coordinaciones con la subprefectura, con el fiscal de prevención del delito o con el representante de la fiscalía que ve casos de crimen organizado”, explicó Carlos Quispe Dávila, asesor legal de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).

Desde el 2019, cuando se crea un protocolo para garantizar la protección de defensores de derechos humanos, hasta abril de este año se han registrado  a nivel nacional 134 agresiones contra defensores ambientales y de territorio. Por su parte, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos contabiliza que, desde el 2020 a la fecha, han perdido la vida 29 defensores de derechos humanos en todo el país. 

La situación en la selva central

En las comunidades de la cuenca del río Ene, en la selva central, solo se ha logrado incluir el caso de una dirigente del distrito de Río Tambo dentro del registro de defensores en riesgo, pero ni siquiera en este caso el mecanismo ha podido activar acciones para protegerla, indicó Irupé Cañarí, asesora legal de CARE, a OjoPúblico.
 
Además, hasta la fecha, no se ha cumplido con emitir la resolución ministerial que declara en riesgo a la lideresa y el Ministerio del Interior tiene pendiente el diseño de un plan de acción para resguardarla. Solo le queda protegerse a sí misma, adoptando algunas medidas como no salir sola de su vivienda y procurar no estar fuera en horas de la noche.

Oponerse a la hoja de coca ilícita en su territorio, ubicado en Río Tambo, la ha convertido en el blanco de las amenazas de los colonos que han llegado hasta su comunidad para deforestar su bosque y sembrar cultivos ilícitos.
 
“Hemos denunciado la situación ante la fiscalía ambiental pero no ha habido ningún resultado”, indicó a este medio la lideresa, que pidió no ser identificada por su seguridad. Su comunidad tiene título pero, según refiere, los invasores han parcelado su territorio y buscan títulos individuales. Aunque como comunidad están organizados y cuentan con un comité de autodefensa que hace patrullaje en la zona, lo cierto es que no pueden hacer mucho ante los invasores que son numerosos.
 
Así como ella, otros líderes y defensores ambientales indígenas son amenazados en el país. Según un informe de Global Witness, el 2021 fueron asesinados siete defensores ambientales y del territorio en Perú. Todos pertenecían a un pueblo indígena u originario, cuatro de ellos eran asháninkas. Al igual que la lideresa de Río Tambo, ellos denunciaban el incremento de los cultivos ilegales de hoja de coca y el tráfico de terrenos.

VOCES.Los defensores indígenas de Junín llegaron hasta Lima para reunirse con representantes del Ejecutivo y exponer su situación.

Foto: CARE

Ante el incremento de la hoja de coca ilícita y el tráfico de tierras en la Amazonía, los dirigentes de las comunidades indígenas solicitan la erradicación de estos cultivos en sus territorios, lo que genera más riesgos para su seguridad, por lo que necesita un tratamiento especial.

El 2021 fueron asesinados siete defensores ambientales y del territorio en Perú.

Antony Martínez Trelles, subdirector de Control de la Oferta de Drogas de Asuntos Técnicos de Devida,  refiere que en algunas comunidades indígenas la erradicación resulta un proceso complejo que genera conflictos sociales. “Esto ha pasado en Puerto Inca (Huánuco), donde había tráfico de tierras y querían que la Policía se quede, pero su plan de intervención era corto, entonces los colonos vuelven y se genera otra vez la conflictividad”, explicó el funcionario a OjoPúblico. 

Según Martínez Trelles, se ha acordado elaborar un protocolo de erradicación en comunidades indígenas en conjunto con representantes del Ministerio del Interior y del Proyecto Especial de Control y Reducción del Cultivo de la Coca en el Alto Huallaga (Corah).  Además, se sumará el Ministerio de Cultura y se procurará el involucramiento de las organizaciones indígenas como CARE. 

 
El registro de las comunidades

Además de proteger a los defensores ambientales ante riesgos por su labor, se requiere resolver situaciones que originan estas amenazas. Por ejemplo, el jefe de la CARE, Ángel Pedro Valerio, refiere que en la cuenca del río Ene hay comunidades que, aunque tienen títulos, no están georreferenciadas, lo que facilita que los invasores tomen posesión sobre el territorio indígena.
 
Al no ser georreferenciadas, los mapas de algunas comunidades no figuran en los Registros Públicos, por lo que aparece como si sus territorios estuvieran libres. “Ahí es donde se aprovecha la gente para poder ocupar esos espacios a pesar de que las comunidades tienen el título de propiedad donde tienen ya limitado su espacio”, explicó Caleb Cabello Shirisente, a cargo de la Gerencia de Desarrollo de Pueblos Indígenas de la Municipalidad Provincial de Satipo.
 
A respecto, Irupé Cañari, asesora legal de CARE, señala que es importante abordar las causas estructurales que generan la vulneración al territorio de las comunidades indígenas. Por ello, esta organización propone que se modifique el artículo 11 de la Ley de Comunidades Nativas a fin de que a las comunidades indígenas se les otorgue la propiedad sobre el suelo en las áreas de aptitud forestal y de protección.
 
“Si logramos esa modificatoria, se podría dar paso a muchas otras normativas para regular la protección del territorio. Estamos buscando atacar las causas estructurales que están generando justamente que un defensor o defensora esté sometido a amenazas, a agresiones físicas e inclusive a perder la vida”, finalizó la abogada de CARE.