El negocio de reparto por aplicativo se extendió en el Perú desde 2018 y tuvo entre sus representantes a la estadounidense Uber Eats, que se retiró del mercado en mayo de 2020 debido a la pandemia. Luego aparecieron iniciativas nacionales como Urbaner, Urpi Go, Chazki y Oohhsito, pero cuyo alcance todavía es mínimo. Los actuales líderes de este formato son Rappi y Pedidos Ya, ambas vinculadas a la corporación alemana Delivery Hero que se ha extendido por 44 países de Europa, Asia, Latinoamérica, Medio Oriente y el Norte de África. 

Este conglomerado tiene entre sus principales activos a la cadena de reparto Rappi Inc., fundada en 2015 por los colombianos Simón Borrero, Sebastián Mejía y Felipe Villamarín, y que ha logrado extenderse por 205 ciudades de América Latina. La casa matriz de esta corporación se encuentra en Delaware, Estados Unidos, una jurisdicción considerada como un paraíso fiscal por su opacidad financiera y mínimas condiciones tributarias.

Esta empresa ingresó al Perú en 2018 con la sucursal Rappi S.A.C y registra como sede fiscal un predio ubicado en Calle Germán Schreiber 276, San Isidro. La dirección corresponde al edificio Schreiber Business Center, que alquila oficinas de coworking por meses u horas, y renta apartados postales para recibir correspondencia o notificaciones de entidades como la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat).

Según la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC, por sus siglas en inglés), desde que Rappi Inc se registró en Delaware, en 2016, la empresa consiguió fondos por US$ 1.198 millones a través de ofertas públicas. Además, recibió apoyos financieros directos de diversas compañías, como el gigante japonés de telecomunicaciones SoftBank, que en 2019 invirtió US$1.000 millones para su expansión. 

RIESGOS. Los repartidores deben pagar SOAT en caso de vehículos motorizados, pero aquellos que se transportan en bicicleta no tienen la misma protección.

Foto: OjoPúblico/Elizabeth Salazar

Luego de dicho acuerdo, el gerente del holding asiático, Jeffrey Housenbold, se sumó a la Junta Directiva de Rappi Inc. Lo mismo hicieron los representantes de otros dos fondos millonarios como Michael Abramson, socio en Sequoia Capital, el fondo que respaldó a Apple, Google y Youtube.

Es en estos acuerdos de entrega de capital a cambio de acciones que en 2017 Rappi Inc le cedió el 20% de su participación a Niklas Ostberg, CEO y cofundador de la transnacional de reparto Delivery Hero, y lo convirtió en su socio mayoritario tras recibir una inversión de US$ 105 millones.

Actualmente, Housenbold, Abramson y Ostberg junto con los socios fundadores y principales ejecutivos de Rappi Inc. los colombianos Simón Borrero, Sebastián Mejía y Felipe Villamarín, forman parte del directorio.  La revista Forbes estima que el negocio por aplicativo está valorizado en US$ 3.500 millones, pero sus ganancias y patrimonio real están protegidas por las leyes de Delaware.

Las ganancias y patrimonio de Rappi Inc. están protegidas por las leyes del paraíso fiscal de Delaware".

Delivery Hero está valorizada en US$ 303,6 millones y cotiza en la bolsa de Fráncfort, Alemania, por lo que sí transparenta sus estados financieros globales. Según su balance anual, la cadena de reparto elevó sus ingresos en un 125% durante la pandemia, debido principalmente a las órdenes de inmovilidad sanitaria. Cerraron en 2020 con una facturación de 2.471 millones de euros, sin embargo, sus pérdidas sumaron 1.402 millones de euros. 

La empresa PedidosYa también es subsidiaria del conglomerado alemán desde 2014. Esta marca incursionó en Perú en setiembre de 2020, luego que Delivery Hero empleara esta sucursal para adquirir ocho de los negocios que tenía la española Glovo en Latinoamérica. Fue así que, tras una inversión total de US$ 267,9 millones, en marzo de este año, la marca Glovo pasó a llamarse PedidosYa.

Las ganancias de estas empresas dependen de que el usuario descargue una aplicación en el celular para concretar alguna actividad a distancia: comprar o entregar y recoger paquetes, pues obtiene una comisión por cada pedido que realizan los usuarios y los negocios afiliados, pero quien concreta el trabajo es el repartidor o repartidora, personas con quienes no tienen un vínculo laboral formal. Este modelo de negocio ha sido puesto en discusión en diferentes países, pues se desarrolla bajo un marco legal, laboral y tributario, inexistente o difuso.

DUEÑO. La alemana Delivery Hero tiene el 20% de participación en Rappi y desde 2014 es matriz de Pedidos Ya.

Foto: Delivery Hero

A cambio, el trabajador recibe un porcentaje del costo del pedido, según el cálculo que realiza el algoritmo del programa. Este evalúa la distancia recorrida, pero también los horarios de conexión, priorizando los fines de semana y horas de almuerzo, así como la puntuación obtenida. De esta calificación acumulada no solo dependen sus ingresos, sino también que se le asignen más pedidos.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), estas aplicaciones operan como intermediarios de la oferta y la demanda, pero tienen un riesgo potencial de precarizar las condiciones de trabajo y dificultan el acceso a derechos laborales y de seguridad social.

Pedidos Ya no considera a los repartidores como parte de su fuerza laboral. En los términos y condiciones de la empresa se remarca que la compañía solo es “una plataforma de intermediación en línea para que los oferentes puedan ofrecer sus bienes, y los usuarios puedan adquirirlos y solicitar su entrega a domicilio”. 

Lo mismo sucede con Rappi y el personal del servicio de reparto que les permite concretar su negocio. La empresa los llama Rappitenderos y, según su política legal, “no tienen, ni en el futuro tendrán, relación laboral de dependencia o subordinación con Rappi”. El documento subraya que ambas partes son autónomas e independientes entre sí y que el repartidor “reconoce ser un trabajador independiente, y en virtud de esto, asume el riesgo que conlleva la prestación del servicio a su exclusivo cargo”. 
 

Un negocio sin marco legal ni tributario

Los datos recogidos por el Ministerio de Trabajo muestran que, hasta el primer trimestre de 2020, Glovo -ahora PedidosYa- contaba con 8 mil repartidores y estaba afiliado a más de 3.500 comercios como supermercados, farmacias, restaurantes y otros. Por su parte, PedidosYa respondió a OjoPúblico a través de un escrito, e indicó que operan con más de 5.000 establecimientos en nueve ciudades del país y tienen 4 mil repartidores a su disposición.

Este medio pudo revisar algunas de las facturaciones que reciben los repartidores de Pedidos Ya a fin de mes. Aquí se les descuenta entre 2 y 5 soles por seguro de accidentes, uso de la plataforma e, incluso, por el seguro contra la Covid-19 que impuso el Gobierno como parte del protocolo sanitario para que este tipo de empresas vuelva a operar en pandemia.

PedidosYa opera bajo la razón social de Clickdelivery, y tiene como dirección el Estudio García Sayán".

La Resolución Ministerial N° 163-2020 del Ministerio de la Producción estableció que este tipo de compañías deben contar con un fondo para brindar ayuda financiera a los repartidores que contraigan el virus, como soporte durante el tiempo en el que no prestarán servicios debido a su recuperación. Pedidos Ya cuenta con este fondo, pero lo entrega bajo ciertas condiciones. 

El apoyo consiste en un pago único equivalente al promedio de ingresos diarios que obtuvo el trabajador en los últimos 90 días, multiplicado por el tiempo que deba estar en cuarentena.  “Deberás tener tu cuenta activa al menos 30 días antes de haber sido diagnosticado y haber completado al menos 30 entregas durante los 30 días inmediatamente anteriores a haber sido diagnosticado con Covid 19”, se lee en los informativos que recibe el personal.

CONDICIONES. El fondo de ayuda para afectados por la Covid-19, ordenada por el Estado, se entrega bajo condiciones en la empresa Pedidos Ya. 

Captura: OjoPúblico.

Según el modelo de negocio de Pedidos Ya, cada repartidor cuenta con RUC y emite facturas por sus ingresos mensuales, pagando el respectivo 18% de impuestos a la Sunat. Estos recibos se realizan a nombre de la Clickdelivery S.A.C., razón social con la que opera en Perú que tiene como dirección Av Reducto 1310, oficina 701. Este es el edificio del Estudio García Sayán. 

“Nosotros somos sus asesores legales y el domicilio es una sede fiscal, nada más. Mi relación es fundamentalmente con los ejecutivos de la empresa en el exterior, no tenemos vínculos con la operación en Perú (...) Nuestro rol de representación es ante autoridades peruanas y, en el exterior, con la misma empresa”, explicó Martín Alberto Varillas Cueto, socio del estudio. Según dijo, en caso se suscite alguna controversia, por ejemplo, de índole tributario, la Sunat le notificará y él reportará el hecho ante la empresa para que adopte las medidas necesarias.

Rappi, por su parte, no solicita facturas. De acuerdo con sus motorizados, no les exigen RUC al afiliarse, y el pago se les efectúa por depósito bancarios directos. En ambos casos, como las empresas por aplicativo no tiene al personal en planilla ni bajo contrato de servicios, se ahorran el pago de obligaciones laborales y no deducen el costo de remuneraciones de sus utilidades.

En Lima, Rappi tiene como sede fiscal un edificio que alquila apartados postales y oficinas por horas".

El abogado tributarista Francisco Pantigoso, señala que las empresas no domiciliadas en el país están obligadas a tributar las renta de fuente peruana, es decir, en base a lo que producen aquí. Sin embargo, la tributación se hace más difusa al momento de calcular la base sobre la cual se paga el Impuesto a la Renta. 

“Con cada pedido, el dinero ingresa en efectivo o con tarjetas afiliadas. Este sistema deja una brecha para la elusión fiscal, porque no existe un mecanismo para que la Sunat pueda fiscalizar si lo declarado corresponde de manera integral a sus facturaciones mensuales”, señaló el también catedrático de la Universidad Pacífico.

En su declaración a este medio, PedidosYa no quiso señalar sus ingresos ni el monto que tributan al Estado peruano, pero sí remarcaron que sus repartidores no son empleados dependientes y que son libres de decidir la cantidad de pedidos que quieren hacer y los honorarios que quieren generar.

“[Ellos] prestan servicios a la aplicación y suscriben contrato de prestación de servicios. Los repartidores no son nuestros trabajadores, son nuestros clientes, y cuentan con contacto constante con nuestra plataforma de atención. Les brindamos varios servicios de valor agregado, incluidos protocolos de seguridad sanitaria, soporte logístico, soporte de marketing, seguros contra accidentes, entre otros”, añadieron.

FACTURAS. PedidosYa le pide a sus repartidores que emitan facturas para recibir sus pagos mensuales.

Foto: OjoPúblico/Elizabeth Salazar

Por su parte, Rappi no contestó el cuestionario remitido por este medio y envió un comunicado donde insisten en la independencia con sus Rappitenderos. “Son personas que proveen servicios como independientes a los usuarios/consumidores en el tiempo, modo y lugar que ellos acuerden”. Además, indican que sus ganancias también provienen de las comisiones que pactan con aliados comerciales (restaurantes, tiendas diversas) y con productos por suscripción como RappiPrime y acciones de marketing.

Para la socióloga Alejandra Dinegro,  autora del estudio “Delivery y Empleo: Diagnóstico sobre las plataformas digitales”, estas afirmaciones son engañosas, pues, si bien aseguran que hay independencia con el personal de reparto, estos deben trabajar  más de ocho horas diarias para acceder al sueldo mínimo. Además, se endeudan para conseguir los vehículos y equipos celulares, y están sometidos a un algoritmo que les rebaja opciones a los que rechazan pedidos en zonas inseguras o no se conectan los fines de semana o en horas pico.

PedidosYa no indicó el monto que tributan, pero insistieron en que sus repartidores no son empleados".

Consultado sobre el tema, el Ministerio de Trabajo respondió por escrito a OjoPúblico y explicó que no se puede definir de manera categórica si estas prestaciones de servicios califican o no como un vínculo laboral, pues las formas en que se desarrolla el trabajo son muy variadas y complejas. Además, reconoció que estas empresas por aplicativo se desempeñan sin un marco legal existente.

“A la fecha no existe en el país una norma legal que resulte aplicable específicamente a este tipo de prestación de servicios. Sin embargo, tenemos conocimiento de que recientemente la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República ha aprobado un Proyecto que busca regular a las empresas proveedoras de servicios de taxi por aplicativos tecnológicos móviles”, agregaron.

MTPE. El Ministerio de Trabajo sostiene que no se puede definir de manera categórica si estas prestaciones de servicios califican o no como un vínculo laboral.

Foto: Andina.

La noche del viernes 16, el Pleno del Congreso aprobó un proyecto que busca crear un vínculo laboral entre los repartidores y las empresas. El dictamen fue impulsado de forma exprés por la Comisión de Trabajo del Congreso deberá ser sometido a segunda votación dentro de siete días para convertirse en ley. 

La propuesta indica que los repartidores tendrán derecho a exigir un seguro de salud, un seguro de accidentes y no menos del 80% del servicio que paga el usuario en cada pedido. Además, acceder a un pago anual de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por gastos diversos y utilidades.

Los repartidores toman con suspicacia el proyecto, pues temen que a algunos les reste oportunidad de incrementar sus ingresos. “En Perú nadie sobrevive con un salario mínimo. Solamente los gastos mensuales operativos y de la moto, entre combustible, mantenimiento, plan de datos, SOAT y otros gastos son como 900 soles mensuales”, indicó uno de los trabajadores que prefirió mantener su nombre en reserva.

El Congreso aprobó un proyecto que busca crear un vínculo laboral entre los repartidores y las empresas".

Jaime Dupuy, gerente de Asuntos Legales y Regulatorios de ComexPerú, entidad que agrupa a las empresas por aplicativo, se pronunció sobre el tema hace un par de semanas, cuando el proyecto recién había sido aprobado en la Comisión de Trabajo. Él señaló que no sería ventajoso para los repartidores porque les restará independencia para decidir cuánto y dónde laborar.

Sin embargo, insistió en que no hay elementos para asignar responsabilidad laboral a estas compañías. “En este tipo de negocios no hay vínculo laboral, aquí las empresas son intermediarias. Este elemento de subordinación no existe porque cada uno es dueño de su herramientas de trabajo”, consideró.
 

Trabajo precario y migrante

El sábado 15 de junio de 2019, Levis Díaz, de 44 años, perdió la pierna en un accidente de tránsito, en el distrito de La Molina, cuando realizaba un servicio de reparto para la empresa Glovo, ahora denominada PedidosYa. Díaz es migrante venezolano. Como la mayoría de jóvenes y adultos que prestan servicio en las plataformas digitales de delivery, llegó al país para buscar un trabajo que le permitiera enviar dinero a su familia, pues en el suyo el sueldo mínimo de 10 millones de bolívares equivale poco más de 2 dólares.

En su caso, la empresa emitió un comunicado, donde expresó su solidaridad con el trabajador e informó que se “activó de forma inmediata el seguro de accidentes que cubre a todos los motorizados asociados a la plataforma”. Sin embargo, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) es pagado por cada repartidor, como un requisito para iniciar labores con estas compañías.

“Cuando se acaba el SOAT la empresa aplica una cobertura adicional, pero las condiciones y cláusulas para hacerlo efectivo son desconocidas para nosotros. Varían de acuerdo a cada caso. No se trata de un documento formal o transparente, solo envían correos a los afectados, sin un remitente, poniendo condiciones y pidiendo pruebas. El apoyo que puedan dar tampoco es inmediato, sino como una indemnización posterior”, señala otro repartidor que solicitó mantener su identidad en reserva.

PROTESTA. En octubre y noviembre de 2019 cientos de repartidores de Glovo salieron, por primera vez, a protestar en Perú

Foto: Alejandra Dinegro.

Él también es de nacionalidad venezolana, país donde laboraba como administrador, pero ahora se ha convertido en uno de los voceros de repartidores de Pedidos Ya que se reúnen en las redes sociales de Glovers en Perú. La socióloga Alejandra Dinegro realizó una encuesta a 500 repartidores de ambas empresas por aplicativo y determinó que el 80% son ciudadanos venezolanos, principalmente hombres de entre 25 y 39 años de edad, algunos con profesiones culminadas. 

Regina de la Portilla, Oficial de Información Pública de ACNUR, señala que los datos de monitoreo realizados en Perú al cierre de 2020 muestran que cerca del 90% del millón de venezolanos que vive en el país se encuentra desarrollando empleos precarios o está sin trabajo, y el 70% de ellos comen menos de tres veces al día. “El trabajo de repartidores les permite acceder a ingresos, pero también los exponen a diversas vulneraciones. Se debe mejorar sus condiciones de empleo y seguridad”, añadió.

En países como Chile, Reino Unido y España, luego de largas jornadas de protesta, se han emitido sentencias sobre la relación laboral que mantienen los trabajadores de servicios o taxis por aplicativo. En octubre y noviembre de 2019 cientos de repartidores de Glovo salieron, por primera vez, a protestar en Perú porque la empresa les redujo la tarifa base que se les asigna a cada pedido, de S/2,50 a S/1,20. 

El 5 de julio se registró otra huelga de repartidores, esta vez de aquellos que laboran en PedidosYa, y anunciaron nuevas protestas en los próximos días. Como consecuencia de ello, la organización Observatorio de Plataformas Perú, que dirige Dinegro, denunció que la empresa envió un comunicado alertando que "tomarán las medidas necesarias con la Policía" e iniciarán acciones legales contra las personas "que pretendan perjudicar nuevamente la operación de la empresa".

MIGRANTES. La mayoría de repartidores son de nacionalidad venezolana y algunos han sido víctimas de actos de discriminación. mientras ejercían su labor.

Foto: OjoPúblico/Elizabeth Salazar

El 7 de noviembre de 2019, el Ministerio de Trabajo conformó una comisión para analizar las condiciones de empleo de las personas que prestan servicios en plataformas digitales de delivery. En el informe -solicitado por la Ley de acceso a la información- se confirma que los repartidores asumen el costo de combustible, del SOAT, la reparación de sus vehículos y el equipo celular e Internet con que la empresa realiza la geolocalización.

Además, deben comprar la mochila o indumentaria con el logo de la aplicación y cumplir determinados horarios para acceder a más entregas. La mayoría de ellos, indica el documento, no están afiliados a un sistema de pensiones.

“Gran parte de la población de prestadores de servicios de plataformas digitales son migrantes, en su mayoría son de nacionalidad venezolana y expresan haber sido víctimas de actos de discriminación durante el desempeño de sus servicios. Asimismo, las mujeres dedicadas a la prestación de servicios a través de plataformas digitales han sido víctimas de hostigamiento sexual de parte de los clientes/consumidores”, se lee en el informe.

El Ministerio de Trabajo sostiene que solo pueden monitorear hechos aislados a través de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) e intervenir en caso “se evidencie en los hechos que alguna prestación de servicios a través plataformas digitales implica una relación laboral”.

“La actuación del sector se rige por los principios de competencia y legalidad; por lo tanto, mientras aún no exista norma legal que incluya y califique a este tipo de prestaciones de servicios dentro del ámbito de aplicación de la legislación laboral del sector privado, el sector no puede regular normativamente aspectos como el tiempo de servicios”, respondieron a OjoPúblico.