Mientras en el Congreso de la República se debatía la ratificación de la firma del Acuerdo de Escazú, en la comunidad indígena Yamino, del distrito de Padre Abad, en Ucayali, la tensión iba en aumento. El líder de la Federación de Comunidades Nativas Cacataibo (Fenacoca), Herlin Odicio, caminó kilómetros en busca de señal para comunicarse con OjoPúblico y narrar las amenazas que recibe desde hace semanas por oponerse a las actividades de un grupo de narcotraficantes en la frontera. 

En Lima, pocas horas después, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso rechazó por mayoría ratificar el Acuerdo de Escazú, un tratado que impulsa precisamente la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. 

El predictamen de la comisión, liderada por el fujimorista Gilmer Trujillo Zegarra, contó con los 9 votos a favor de Acción Popular (2), Fuerza Popular (2), APP (2), Podemos (1), UPP (1), Frepap (1) y 3 en contra de Frente Amplio, Partido Morado y Somos Perú . La comisión recomendó no ratificar el acuerdo regional porque “podría poner en peligro las decisiones internas sobre los recursos naturales” al ser llevadas a cortes supranacionales. También señala que al firmar el acuerdo, se le otorga protección especial a los defensores de los derechos ambientales “frente a los demás ciudadanos”.

La propuesta de archivar el Acuerdo de Escazú fue elaborada por la secretaría técnica de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, presidida por el congresista fujimorista Gilmer Trujillo Zegarra, representante de la región San Martín. En esta región los líderes indígenas de los pueblos Awajún, Kichwa y Shawi también han denunciado constantes amenazas de traficantes de tierra, mineros y taladores ilegales. Trujillo Zegarra, no obstante, fue el primero en votar a favor de la norma.

La iniciativa también fue respaldada por Fernando Meléndez Celis, congresista de Alianza Para el Progreso y exgobernador regional de Loreto durante el período 2015-2018. “Por la Amazonía y por el Perú, no a Escazú”, dijo el parlamentario. Como informó OjoPúblico, en agosto de 2019 (antes de ser elegido parlamentario), el Ministerio Público formalizó una investigación preparatoria en su contra por el delito de responsabilidad de funcionario público, en el otorgamiento ilegal de derechos a favor de Cacao del Perú (hoy Tamschi SAC), fundada por Dennis Melka, estadounidense acusado de deforestación.

Su hermano Jorge Meléndez Celis, excongresista y exministro de Desarrollo e Inclusión Social, también fue mencionado en un audio de una investigación contra una presunta organización criminal dedicada al tráfico de madera entre Iquitos y Pucallpa.

Otro congresista que votó a favor fue Edward Zárate Ancón, representante de Piura por Fuerza Popular, quien fue asesor del exparlamentario Freddy Sarmiento (acusado de beneficiar a grandes compañías pesqueras). También votaron a favor de archivar el acuerdo Mónica Saavedra Ocharán y Yessy Fabián Díaz, de Acción Popular (AP); Rubén Pantoja Calvo, de Unión por el Perú; Alcides Rayme Marín, del Frepap; Orestes Sánchez Luis, de Podemos Perú y Tania Rodas Malca, de APP.

Asesinatos impunes

En tan solo un mes, cinco líderes indígenas de Huánuco y Ucayali fueron amenazados de muerte. Todos han recibido garantías tras participar en la audiencia con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, la protección solo quedó en papeles.

El pasado 16 de septiembre, un hombre robusto, de nacionalidad colombiana llegó a la comunidad del líder cacataibo Herlín Odicio, quien lo recibió amablemente. Platicaron por unos minutos y después, esta persona le ofreció dinero para que se quedara callado. “Su intención era que lo dejáramos trabajar, sabemos que aquí hay pistas de aterrizaje clandestinas. Me negué y le respondí: ´mis hermanos han muerto por defender estas tierras, no puedo apoyarlo´. Entonces, me miró y dijo: 'conozco por donde caminas’. Con eso entendí todo”, cuenta mientras al otro lado del teléfono se escucha el canto de los pájaros.

Desde ese día, Odicio no tiene paz, dice que todos en la comunidad saben que lo matarán, los están vigilando, igual como sucedió con el líder indígena Arbildo Meléndez de la comunidad Unipacuyacu, que pertenece a Federación Nativa de Comunidades Cacataibo (Fenacoca). Esta organización agrupa a nueve comunidades indígenas de la etnia Cacataibo, que se encuentran en los territorios de Huánuco y Ucayali. 

“Cuando amenazaron a Arbildo pedimos protección, pero nadie nos hizo caso, nos ignoraron. La protección después de muertos no sirve. Pedimos al gobierno seguridad para los indígenas, nos están matando por defender nuestras tierras, a nuestras comunidades”, solicitó el líder cacataibo al pedir la ratificación del Acuerdo de Escazú.

Sin embargo, horas después el acuerdo regional fue rechazado por la Comisión de Relaciones Exteriores. Pero este no es el único caso, en Ucayali, el pasado 14 de octubre, el líder de la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali (Feconau), Miguel Guimaraes fue intimidado por WhatsApp. Le escribieron: “procederemos por las buenas o por las malas” con una imagen de una persona descuartizada.

Pedimos al gobierno seguridad para los indígenas, nos están matando", dijo el líder Herlín Odicio.

En similar situación de peligro y vulnerabilidad se encuentra el nuevo líder de la comunidad Unipacuyacu, Jesús Cahuasa, quien recibió una amenaza el 12 de octubre a través de una llamada telefónica. “Qué haces hablando, te vamos a encontrar si sigues así”, le dijeron tras presentarse a la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Los líderes de la Organización Regional Aidesep de Ucayali, Berlin Diques y Jamer López, también han sido amedrentados, luego del atentado contra el técnico administrativo de la organización, José Luis Malpartida López, quien recibió un impacto de bala.

En lo que va de este año cuatro defensores ambientales fueron asesinados, se trata de Arbildo Melendez, líder indígena de la comunidad de Unipacuyacu, en Huánuco, quien murió el 12 de abril por un impacto de bala. El 17 de mayo, a penas un mes después de la muerte del cacataibo, el líder asháninka del distrito de Puerto Bermúdez, en la frontera de Junín y Ucayali, Gonzalo Pío fue asesinado por integrantes de la familia Ernesto Paredes.

El 30 de julio es asesinado el guardabosques  de la Reserva Comunal Chayu Nain, Lorenzo Wampagkit Yampik en Amazonas. Y el 11 de septiembre, el defensor ambiental Roberto Carlos Pacheco Villanueva es asesinado por unos sicarios en Madre de Dios.

Piden volver a evaluar el acuerdo

En septiembre del 2018, el Perú, representado por la ministra Fabiola Muñoz Dodero,  suscribió el acuerdo para mejorar el acceso a los derechos ambientales. Sin embargo, para que entre en vigencia este debe ser ratificado por 11 países. Hasta el momento solo 10 de los 27 firmantes iniciales han ratificado su compromiso.

Lizardo Cauper, presidente de Aidesep –organización que agrupa a 1.809 comunidades y 109 organizaciones indígenas en todo el país– cuestionó que el Congreso no apoyara la ratificación del acuerdo nacional. “La Amazonía se defiende y se cuida firmando Escazú”, dijo en una conferencia de prensa junto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Por su parte, Alicia Abanto, Adjunta en Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, dijo que no se puede rechazar la ratificación del acuerdo basada en hechos imprecisos y falsedades. “El Perú no perderá decisión sobre su territorio si firma el acuerdo, sino que permitirá implementar medidas de protección y justicia para los defensores”, dijo a OjoPúblico.

El abogado en derecho ambiental César Ipenza explicó a OjoPúblico que el tema se puede volver a tratar por el nuevo Congreso de la República como lo establece su reglamento interno o el próximo presidente puede presentar un proyecto de ley para ratificar el Acuerdo de Escazú. Precisó que esto es competencia de la Comisión de Relaciones Exteriores, al ser un tratado internacional. 

El Perú no perderá decisión sobre su territorio si firma el acuerdo", señaló Alicia Abanto, de la Defensoría del Pueblo.

“Lo recomendable es que una nueva legislatura vuelva a evaluar el tema con la opinión de todos los sectores. Porque el nivel de análisis de los actuales congresistas es pobre. Lamento haber escuchado que el presidente de la comisión diga que Filipinas no aprobará el acuerdo cuando ese país no es parte de América Latina y el Caribe o que los pueblos indígenas se opusieron mencionando a los mineros de Madre de Dios”, criticó.

En tanto, la Defensoría del Pueblo invocó a continuar con el debate desde las organizaciones indígenas y protectoras de los derechos humanos. Alicia Abanto propuso que el tema se vuelva a debatir, pero esta vez en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, porque, de no ratificarse, se estaría vulnerando los derechos ambientales de la ciudadanía.

Ante las justificaciones de la comisión, la congresista Mirtha Vásquez, expresó que no existe un interés por defender los derechos ambientales de los ciudadanos. “Hay un retroceso y resistencia para que organismos superiores intercedan cuando hay una vulneración a los derechos humanos por los estados”, dijo en comunicación con OjoPúblico.