Actualización: 2 de abril de 2023 - 12:32 p.m.

Con la colaboración de Gonzalo Haro*

Rosalino Florez Valverde era un joven estudiante cusqueño de 21 años. El pasado 21 de marzo falleció luego de más de dos meses de agonía tras recibir el impacto de 36 perdigones de plomo durante la represión policial. Videos de cámaras de seguridad de la zona, obtenidos por la familia (no por las investigaciones fiscales), muestran a un policía disparando una ráfaga de proyectiles contra una persona que ellos identifican como Rosalino.

A pesar de la violencia y las severas lesiones que le ocasionó el disparo, el caso de Rosalino —hasta el día en que falleció— solo era investigado por la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Wanchaq, a cargo del fiscal Luis Román Quispe, por el delito de lesiones leves.

“No es posible que recibiendo más de 33 perdigones de metal, incluso [cuando] en Cusco le extirparon 11 perdigones en tres operaciones y, luego, fue trasladado a Lima por la gravedad, se haya estado investigando por lesiones leves”, dice Juan Quispe, abogado de Rosalino, a OjoPúblico.

Un día después de su muerte, el cuerpo de Rosalino Florez Valverde fue trasladado, desde el Hospital Arzobispo Loayza, en Lima, a la Morgue Central de la capital para la realización de la necropsia. 

El abogado Juan Quispe, quien participó en la necropsia de Rosalino, aseguró que se retiraron 22 perdigones de plomo que todavía permanecían en los órganos del joven. Esta munición, como detalló OjoPúblico semanas atrás, está prohibida para el uso policial debido a su letalidad.

“Encontramos 22 perdigones de metal, lo cual fue muy complicado porque estaban alojados en el hígado, ni siquiera en la parte de afuera, sino bien adentro. Ha pasado el intestino grueso y delgado, e incluso debajo del tórax”, relató el abogado Quispe.

Desde que iniciaron las protestas, en diciembre, 49 civiles han muerto durante la represión policial y militar.

El caso de Rosalino se ha sumado ahora a la otra investigación que se lleva a cabo por la muerte del dirigente Remo Candia, quien falleció el pasado 11 de enero, tras recibir el impacto de un proyectil de arma de fuego en las manifestaciones de Cusco. 

Ambos casos, junto a los de otros 15 heridos en las protestas de Cusco son investigados por la Fiscalía Provincial Penal de Wanchaq.

Sin embargo, estas indagaciones –como ocurre con los otros casos– no registra avances importantes: aún no están los resultados de las pericias balísticas, no se ha llamado a declarar a los testigos, ni se cuenta con los cuadernos de armería de la Policía Nacional del Perú (PNP). A esto se suma, según el abogado Quispe, serios problemas en la tipificación de los presuntos delitos.

DOLOR. En Ayacucho, la represión de las fuerzas policiales y militares en las marchas de diciembre terminó con la vida de 10 personas. 

Foto: OjoPúblico / Miguel Gutiérrez

Tras la muerte de Rosalino Florez Valverde, los abogados de Derechos Humanos Sin Fronteras y el Instituto de Defensa Legal, representantes legales de los deudos y heridos en Cusco, solicitaron que el caso pase de la fiscalía ordinaria del distrito de Wanchaq a la Fiscalía Superior Especializada en Derechos Humanos de Lima. 

La solicitud ha sido aprobada y, en los próximos días, se trasladará toda la carpeta a la Fiscalía Superior Especializada en Derechos Humanos de Lima. Esta última será la encargada de plantear la modificación del delito en el caso del joven Florez Valverde. El de Remo Candia, en tanto, ya es investigado como presunto homicidio calificado.

Desde que iniciaron las protestas, el 7 de diciembre pasado, 49 civiles fallecieron durante la represión policial y militar. Además, otros 11 civiles han muerto por accidentes de tránsito y hechos vinculados al bloqueo de vías y siete integrantes de la fuerzas del orden (un policía y seis militares) fallecieron en el contexto del conflicto, de acuerdo al último reporte de la Defensoría del Pueblo. 

Hasta la fecha, el Ministerio Público ha abierto 11 investigaciones preliminares para esclarecer las muertes de los 49 civiles durante los enfrentamientos, divididas en fiscalías ordinarias y especializadas en derechos humanos de ocho regiones. 

En Apurímac, La Libertad y Cusco, ni siquiera se tiene los resultados de las pericias balísticas.

Del total de carpetas fiscales, seis están en fiscalías especializadas en derechos humanos, mientras que otras cinco están en fiscalías penales ordinarias, cuyos titulares no necesariamente tienen experiencia en estos temas.

“Hay que tener en cuenta que las fiscalías de derechos humanos son supraprovinciales, tienen alcance nacional. Entonces, las de otras regiones podrían ver los casos que sucedieron donde no cuentan con fiscalías de derechos humanos”, dijo Gloria Cano, abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), en conversación con este medio.

En ocho carpetas se investigan las muertes por el presunto delito de homicidio calificado o culposo, mientras que en dos regiones —La Libertad y Junín— se investigan los casos por presunto homicidio simple. 

El avance de las investigaciones es lento en la mayoría de las regiones. Solo en Apurímac y Ayacucho se ha podido incluir nombres de investigados. En estos casos, se trata de altos mandos policiales y militares identificados por la Fiscalía como los presuntos líderes de los planes operativos aplicados en dichas regiones. 

"En Libertad y Junín se investigan los casos de los fallecidos por presunto homicidio simple".

En Apurímac, se precisa que los imputados son los jefes policiales Luis Jesús Flores Solís, Alexis Boris Luján Ruiz y los que resulten responsables. Mientras tanto, en Ayacucho, se ha imputado a los generales PNP Antero Mejía Escajadillo, Jesús Amarildo Vera Ipenza y los que resulten responsables. 

Además, en regiones como Apurímac, La Libertad y Cusco, todavía no se tiene los resultados de las pericias balísticas, una diligencia crucial para determinar qué tipo de armas se usaron y, posteriormente, quiénes las emplearon. 

A estos hechos se suma que, en la mayoría de las regiones, aún no se han practicado pericias a las armas policiales y militares para confirmar su uso —o no— en el día de las muertes, ni se ha convocado a testigos que ayuden a reconstruir los hechos en el que se dieron estos decesos. 

La otra investigación, que se le sigue a Dina Boluarte, al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y al ministro Jorge Chávez Cresta, así como los exministros Pedro Angulo, César Cervantes y Víctor Rojas, es por los presuntos delitos de genocidio, homicido calificado y lesiones graves. La misma forma parte de la carpeta 277, a cargo de la fiscal de la nación, por ser denuncias a altas autoridades.

No obstante, la apreciación de los abogados de las víctimas es que Patricia Benavides no está siendo diligente para avanzar con la investigación que tiene bajo su responsabilidad. 

“Dos meses después de iniciada las investigaciones, a mi me da la impresión que la fiscal de la nación no está investigando nada (...) No se nota que la Fiscalía esté presionando a los investigados”, declaró Rivera. “En el caso de Lima, es notorio que la fiscal no está avanzando diligentemente en el caso”, agregó Gloria Cano.

Cambios en las Fiscalías de Derechos Humanos

El pasado 9 de enero de 2023, el día que se registró la muerte de 18 personas durante los enfrentamientos entre los manifestantes de Juliaca (Puno), la PNP y el Ejército, la fiscal de la nación, Patricia Benavides, realizó un cambio trascendental en la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos y Terrorismo. 

La decisión, publicada en el El Peruano, consistía en la división de dicha unidad especializada en dos categorías: Fiscalía Superior Penal Nacional y Fiscalías Penales Supraprovinciales Especializadas en Derechos Humanos e Interculturalidad, y la Fiscalía Superior Penal Nacional y Fiscalías Penales Supraprovinciales Especializadas en Delitos de Terrorismo y delitos conexos.

Dicha medida generó un remesón a las investigaciones relacionadas a vulneraciones de derechos humanos, pues, antes de la división, existían dos fiscalías superiores y 10 supraprovinciales a cargo de temas de derechos humanos y terrorismo en las regiones de Lima (3), Ayacucho (2), Pichari-Cusco (1), Huánuco (1), Apurímac (1), Junín (1) y Huancavelica (1).

Con el cambio, quedaría una Fiscalía Superior Nacional en Derechos Humanos e Interculturalidad, que operaría en todo el país, y 10 supraprovinciales, las cuales estarían presentes en Lima (2), Ayacucho (2), Junín (1), Apurímac (1), Puno (1), Madre de Dios (1) y Ucayali (1). 

Junto con la resolución de la división de las fiscalías de derechos humanos y terrorismo se crearon las fiscalías de derechos humanos de La Libertad, Madre de Dios y Ucayali. 

No obstante, la Fiscalía decidió pasar la sede de La Libertad a Puno, tras la gran cantidad de muertos que dejaron los enfrentamientos del 9 de enero en Juliaca. Además, en febrero de este año, se creó la Segunda Fiscalía Superior Nacional en Derechos Humanos e Interculturalidad. 

Con esta modificación, las fiscalías de derechos humanos ya no cuentan con oficinas en Huancavelica, Huánuco y Cusco. En esta última región hubo dos fallecidos en las recientes protestas contra el Gobierno, el Congreso y en demanda del adelanto de elecciones.  

"Las fiscalias de derechos humanos ya no cuentan con oficinas en Huancavelica, Huánuco y Cusco".

Además, la fiscal de la nación cesó de funciones a Luis Enrique Valdivia Calderón, fiscal superior provisional del distrito fiscal de Lima Centro, que tenía aproximadamente 15 años de experiencia en casos ligados a vulneración de derechos humanos. 

En su lugar, fue designada Marena Mendoza Sánchez  —una fiscal especializada en temas de derecho civil—, como coordinadora de la Fiscalías Superiores y Supraprovinciales de Derechos Humanos.

En paralelo, se creó la Fiscalía Superior Nacional en Delitos de Terrorismo y Delitos Conexos, con cinco sedes de fiscalías supraprovinciales: Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Junín y Pichari-Cusco.

La decisión de dividir ambas categorías dentro de las fiscalías —derechos humanos y terrorismo— fue severamente criticada debido al contexto de convulsión social en el que se encuentra el país.

“Por lo menos, seis fiscales de derechos humanos han pasado a la fiscalía de terrorismo, como si los casos de terrorismo vayan a hacer colapasar el sistema de la Fiscalía. Ahí hubo una decisión de la fiscal de la nación, completamente consciente, que pareciera ser funcional a esta estrategia del terruqueo, así como decir que todo el Perú está viviendo una sonada terrorista y, por lo tanto, es necesario crear una fiscalia especializada en terrorismo”, sostiene el abogado Carlos Rivera.

Gloria Cano, abogada de Aprodeh, aseguró que esta decisión ha significado un golpe a las fiscalías de derechos humanos, las cuales ahora cuentan con menos personal, pese a que están viendo casos relevantes.“Es evidente que ya no tienen la misma cantidad de personal ni de recursos porque, al dividirse, los recursos también se dividen, así como el personal. En el caso de la fiscalía de Ayacucho, están con poco personal y las diligencias, a pesar de ser diarias y con un trabajo exhaustivo, no alcanza para cubrir las necesidades de una investigación de esta envergadura”, sostuvo. 

APURÍMAC. En esta región, la represión policial acabó con la vida de siete personas, entre ellas la de Denilson Huaraca, de 22 años.

Foto: OjoPúblico / Luis Javier Maguiña

Casos en fiscalías penales

Tras la división en dos de las fiscalías de derechos humanos y terrorismo, los abogados de las víctimas afirman que la Fiscalía de la Nación intentó derivar los casos de los fallecidos a fiscalías no especializadas en derechos humanos.

Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh), declaró a este medio que la fiscal de la nación, Patricia Benavides, afirmó que los fiscales de crimen organizado estaban preparados para asumir cualquier tipo de investigación, en una reunión que sostuvieron el pasado 6 de marzo.

Distintos abogados que representan a las víctimas y deudos señalaron que las competencias y la experiencia de un fiscal en derechos humanos es muy diferente a la de uno de crimen organizado o penal.

“La fiscal dijo que se iban a formar fiscales de derechos humanos, lo cual, en la práctica, no significa nada porque, para formar en el manejo de los estándares internacionales, se requieren varios años. No se puede hacer con un cursito o una charlita”, advirtió Mar Pérez.

Los abogados consultados para este informe creen que hay serios incovenientes para que algunas de las investigaciones relacionadas a las muertes en las protestas lleguen a las fiscalías especializadas en derechos humanos.

En Arequipa se iniciaron procesos diferentes para cada uno de los tres fallecidos en las protestas.

Por ejemplo, en Puno, el primer fiscal que asumió la carpeta iniciada por las muertes en las protestas fue Guido Pilco Delgado, de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de esta región. Esto ocurrió el 10 de enero, un día después de la división de las fiscalías de derechos humanos y terrorismo.

Posteriormente, el caso se derivó al fiscal provincial penal Ernesto Rojas Cayllahua, de la Fiscalía Penal de San Román. Y a fines de febrero, tras las protestas de abogados y ciudadanos, el Ministerio Público creó la Fiscalía de Derechos Humanos en Puno.  

El caso fue asignado a Hugo Javier Vizcarra Mamani, como encargado de la recién inaugurada fiscalía de derechos humanos. “Luego de haberle asignado a un fiscal de derechos humanos, nos hemos dado cuenta de que no es un especialista. A pesar de que hay una investigación abierta hace más de dos meses, no hay nadie que esté con la condición de investigado. Este asunto nos da cuenta de que la investigación no está yendo por el camino correcto”, informó el abogado Carlos Rivera.

En Arequipa se iniciaron procesos diferentes para cada uno de los tres fallecidos en las protestas y, debido a que no hay fiscalía especializadas en derechos humanos, los casos recayeron en tres fiscalías penales ordinarias distintas. 

Un caso se está viendo en la Fiscalía Provincial de Caraveli, otro en la Primera Fiscalía Provincial de Arequipa y el tercer caso se sigue en la Segunda Fiscalía Provincial de Arequipa. 

Las muertes de Miguel Arcana, Xavier Candamo y Jhan Condori sucedieron en lugares y fechas diferentes, por ese motivo, jurisdiccionalmente le corresponde cada uno de los casos a una fiscalía en particular. En caso se solicite que las carpetas pasen a una fiscalía de derechos humanos, ahí se podría dar la acumulación en una sola, pero, hasta el momento, se mantienen separadas. 

El abogado de los tres fallecidos, Arturo Salas, aseguró a OjoPúblico que hay una demora en las diligencias, pues todavía no se han hecho pericias a las armas y solo se han realizado algunas entrevistas a testigos, sobre todo a familiares de las víctimas. Además, a la fecha, no se han determinado investigados. 

"El encargado de la fiscalía de derechos humanos en Puno no es especialista en la materia".

El otro caso es el de Cusco, región donde tampoco se cuenta con fiscalía especializada en derechos humanos. Por ese motivo, la investigación de la muerte de Remo Candia y de los heridos —en donde se encontraba el caso de Rosalino Florez— estaba a cargo de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Wanchaq. 

Juan José Quispe, abogado de los deudos de Rosalino Florez, cuestionó que la investigación en agravio de su defendido, mientras estuvo considerado como herido, se haya iniciado como lesiones leves. Tras la muerte del joven el caso pasará a la Fiscalía de Derechos Humanos de Lima, y esta instancia deberá evaluar el presunto delito asociado a la investigación.

Algo similar sucedió en La Libertad, donde las investigaciones por las muertes de Carlos Huamán Cabrera (26) y Segundo Sánchez Huaynacari (23) se abrieron en una fiscalía provincial mixta, en la que se encuentran hasta la actualidad. Ambos casos se han abierto en carpetas fiscales diferentes.

Los dos casos están a cargo de la fiscal Marcela Valderrama Juárez, fiscal provincial coordinadora de la Fiscalía Mixta Corporativa de Virú, quien es la encargada, también, de las investigaciones por los fallecidos en el paro agrario de diciembre de 2020.

A casi cuatro meses del inicio de las protestas contra el Gobierno, el Congreso y en demanda del adelanto de elecciones, todavía no se conocen avances importantes sobre las responsabilidades de las muertes por la represión.

Uno de los motivos, según los abogados consultados por OjoPúblico, es la reticencia de parte de las Fuerzas Armadas y la PNP ante las solicitudes de información de la Fiscalía, sobre todo en relación a planes operativos y armas usadas. 

“La Fiscalía ha ido requiriendo información a la Policía. En el caso de Puno, se ha solicitado los planes de operaciones, pero la PNP no lo ha entregado, no han ayudado a identificar quienes serían los integrantes de la Policía que habrían disparado. Vamos a tener que transitar el mismo camino que en el caso de Inti y Bryan”, declaró Carlos Rivera. 

No obstante, los abogados consultados también coinciden en que existen retrasos a partir de la medida que dividió las fiscalías de derechos humanos y de terrorismo, en enero pasado. Desde entonces, afirman, esto ha generado demoras en las investigaciones.