La mañana del jueves 15 de diciembre del año pasado sería la última vez que Ruth Bárcena Loayza vería a su esposo Leonardo Hancco Chacca, de 32 años. Diversas regiones acataban ya cuatro días de protestas en contra del gobierno de Dina Boluarte y el Congreso, cuando Ayacucho se sumó al paro nacional convocado para ese día. 

Leonardo, quien era operador de maquinarias y taxista, decidió acudir a las manifestaciones porque “quería un mejor futuro para sus hijos”, cuenta Ruth. Tenían una hija de siete años y acababan de enterarse que estaba embarazada de gemelos. Ella se quedó en casa.

“El 9 de diciembre me hice una ecografía. Nos informaron que en mi vientre llevaba dos bebés, que serían gemelos, y que tenía dos meses de gestación. Fue una sorpresa, estábamos felices”. Leonardo hasta pensó en los nombres. “Si eran varones se iban a llamar Alexandro y Cristian David, y si eran mujercitas iban a ser Cristina y Celinda”.

Leonardo Hancco acudió a las manifestaciones porque quería un mejor futuro para sus hijos.

La pareja vivía frente al aeropuerto coronel FAP Alfredo Mendívil Duarte, donde se dieron los primeros enfrentamientos y disparos de las Fuerzas Armadas para disuadir a los manifestantes que ingresaron a la pista de aterrizaje. A las 2:05 p.m., Leonardo sería el primero de los 10 fallecidos registrados aquel día producto de la violenta represión de parte de los militares en Ayacucho. Un proyectil disparado por arma de fuego, según informes balísticos a los que accedió OjoPúblico, acabó con su vida la madrugada del viernes 16 de diciembre, tras varias horas de agonía.

Según testimonios recogidos por Amnistía Internacional, “las fuerzas armadas utilizaron balas de forma continuada durante al menos siete horas en el aeropuerto y sus alrededores, en ocasiones persiguiendo a manifestantes o disparando en dirección de quienes auxiliaban a los heridos. En total nueve hombres jóvenes fallecieron por la presunta actuación militar de ese día”.

DESCONTROL. Un grupo de manifestantes ingresó a la pista de aterrizaje del aeropuerto Alfredo Mendívil, pero la violenta represión no solo se dio en ese punto.

Foto: OjoPúblico / Miguel Gutiérrez

“Todos los días paso por el lugar en el que mataron a mi esposo, todos los días veo militares y policías; solo alzo la mirada al cielo y le pido a Dios que si la justicia de la tierra no hace nada, que se encargue la justicia divina, yo sé que llegará, yo tengo esperanza de que su muerte no quedará en impunidad”, dice Ruth a OjoPúblico.

La noche del 15 de diciembre fue oscura, fría y larga. Una fuerte lluvia caía mientras la gente protestaba en las calles y desde sus casas con cacerolazos. El sonido de las balas y los helicópteros traía a la memoria de los ayacuchanos el triste recuerdo del conflicto armado, que acabó con la vida de al menos 25.000 personas en esta región. Las heridas del pasado reciente se reabrieron aquella noche trágica en la que murieron ocho personas. Dos personas más fallecieron en el transcurso de los siguientes días. 

Las necropsias realizadas a ocho de los 10 fallecidos señalan que recibieron impactos por proyectiles de arma de fuego. Christopher Ramos Gutiérrez (15), Josué Sañudo Quispe (31), Jhon Mendoza Huarancca (34), Raúl García Gallo (35), Clemer Rojas García (22), Luis Urbano Sacsara (22), Edgar Prado Arango (51), José Luis Aguilar Yucra (20), Leonardo Hancco Chacca (32 años) y Jhonatan Alarcón Galindo (19 años) murieron por disparos realizados durante las protestas. 

Tras la muerte de Leonardo, Ruth formó con otros deudos la Asociación de Familiares de Asesinados y Heridos del 15 de diciembre de 2022. Realizaron marchas, plantones y vigilias junto al Frente de Defensa de Ayacucho (Fredepa) en busca de justicia. También contactaron a organizaciones de derechos humanos por apoyo y denunciaron reglajes de las fuerzas del orden en contra de los deudos. 

Ruth Bárcena formó con otros deudos la Asociación de Familiares de Asesinados y Heridos del 15 de diciembre. 

Según Ruth, las amenazas no pudieron intimidarla incluso después de que siete dirigentes de la junta directiva del Fredepa fueron detenidos el pasado 13 de enero por la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional.

“Un día después de la detención de los dirigentes del Fredepa, dos civiles llegaron a mi casa, no se presentaron y me preguntaron cuáles eran mis vínculos con la camarada Cusi [como sindica la Policía Nacional a Rocío Leandro, presidenta del Fredepa] y cómo organizamos la toma del aeropuerto [el 15 de diciembre]. Otro día una camioneta me interceptó en la calle, se presentaron dos personas como trabajadores de la Fiscalía y quisieron que firme unos documentos, yo me negué y me arrinconaron contra la pared. Pasó una camioneta de serenazgo, pedí ayuda y pude irme”, relata Ruth.

DESPEDIDA. Los familiares de José Luis Aguilar Yucra acompañaron los restos del joven de 20 años camino al cementerio portando carteles que expresaban su dolor.

Foto: OjoPúblico / Yuri Huaynalaya

Tras estos hechos y amenazas de que “le iría mal a ella y su hija si no dejaba de molestar”, solicitó garantías para su vida y denunció los hechos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Cuenta que gracias a ello ha podido estar más tranquila. Sin embargo, no ha sido la única que sufrió abusos tras el 15 de diciembre. Los familiares de varios heridos han denunciado públicamente que en los establecimientos de salud las enfermeras les piden que se vayan porque “el Ejército está tras sus pasos”, les dicen, refiere Ruth. Por ello, muchos han preferido atender sus heridas en casa con lo que tienen a la mano. 

Hay otras heridas que tardarán mucho más tiempo en sanar. El 21 de diciembre, cinco días después de la muerte de su esposo, Ruth también perdió a sus gemelos. “Estaba en shock, fue un duro golpe emocional, pensé en morirme sin mi compañero y sin los bebés, tuvieron que medicarme, salvarme emocionalmente”.

La ausencia de Christopher

Ilaria Ayme Gutiérrez tiene 37 años y es madre soltera de cuatro hijos. Su hija mayor, Ana, se prepara para ingresar a la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. El segundo hijo se llamaba Christopher, tenía 15 años, y le ayudaba a sostener la economía de la familia. Trabajaba limpiando nichos en el Cementerio General y cuidaba a sus hermanos de cinco y tres años de edad, cuando su madre salía a vender comida en las calles.

El más pequeño de sus hijos le pregunta todos los días dónde está Christopher. Lo veía como una figura paterna, incluso lo llamaba así, y dormía en sus brazos. Pero Christopher no volverá. El 15 de diciembre, a las 6:35 p.m., cuando las balas seguían resonando en Ayacucho, fue impactado por un proyectil que le ingresó por el omóplato cuando el menor circulaba por los exteriores del lugar donde trabajaba, según los videos que la Fiscalía maneja y la autopsia realizada de acuerdo a ley.

Christopher le prometía a su madre que ambos saldrían juntos adelante porque él ya era grande y podía ayudarla con sus hermanos pequeños. Ahora él ya no está, tampoco la casa que ocupaban en la zona de Warpa Picchu, ubicada en el distrito de San Juan Bautista, a 20 minutos de la Plaza Mayor de Huamanga. 

Christopher fue impactado por un proyectil cuando circulaba por los exteriores del lugar donde trabajaba.

El pasado 1 de febrero, su humilde vivienda se derrumbó producto de las intensas lluvias que ese día se registraron en Huamanga. El Gobierno Regional de Ayacucho prometió reconstruir su casa, pero hasta el cierre de este informe ese ofrecimiento no se ha cumplido. Ilaria y sus hijos permanecen en el terreno, viviendo entre escombros, con una tela a modo de puerta. 

Pero en estos días esa no es la única preocupación de Ilaria y de otras madres que perdieron a sus parejas o hijos que les ayudaban a solventar los gastos de sus hogares. Próximos al inicio del año escolar, los niños de esas familias deben volver a las aulas, pero no tienen los recursos para adquirir los útiles escolares indispensables. “Me quedé sin mi compañero, juntos manteníamos la casa, en el mismo caso están las demás familias. ¿Quién nos va a apoyar?”, se pregunta Ruth Bárcena.

El decisivo trabajo fiscal

La fiscal Karen Obregón Ubaldo, de la Segunda Fiscalía Penal Provincial Especializada en Derechos Humanos, Interculturalidad y Delitos de Terrorismo de Ayacucho, tiene a cargo la investigación en contra del personal de la Policía Nacional, Ejército del Perú y los que resulten responsables por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado y lesiones durante el 15 de diciembre del año pasado.

El lunes 13 de febrero, el Ministerio Público informó que, entre los actos de investigación, se encuentran la obtención de 147 videos de municipalidades y viviendas cercanas al lugar de los hechos. “También se han recabado los informes sobre el número de personal policial y militar que participó en las operaciones del 15 de diciembre”, indica el comunicado de la Fiscalía. 

Además, se han requerido historias clínicas y se han dispuesto la realización de pericias balísticas, necropsias y reconocimientos médicos legales. Se han realizado también entrevistas a los heridos y a los familiares de las víctimas.  

La Fiscalía ha recabado los informes sobre el número de personal policial y militar que participó en las operaciones del 15 de diciembre.

A pedido de la fiscal Obregón Ubaldo, el comandante general de brigada Jesús Vera Ipenza, de la Segunda Brigada de Infantería del Ejército, ha entregado una lista de los 218 militares que apoyaron a la Policía en la represión, que serían citados por la Fiscalía para brindar sus declaraciones, así como el reporte de ingreso y salida de armamento durante los días del paro. 

OjoPúblico solicitó una entrevista con la fiscal Obregón Ubaldo, pero se abstuvo de dar declaraciones. Indicó que “el tema está aún en investigación y tiene que haber cierta reserva para que el trabajo sea adecuado”. 

PARTIDA. Dos proyectiles le arrebataron la vida a Jhon Mendoza Huarancca a los 34 años de edad, según informes balísticos a los que accedió este medio.

Foto: OjoPúblico / Yuri Huaynalaya

La necropsia de Edgar Prado Arango —a la que obtuvo acceso OjoPúblico y que se difundió en el informe sobre Las armas de guerra detrás de las muertes en la convulsión social en Perú—, concluye que recibió el impacto de dos proyectiles de armas de guerra. Dentro de su cuerpo se halló un proyectil “para cartucho de Fusil HK, GALIL, calibre 5,56 mm y/o 223” de 1,6 cm x 1,1 cm. de eje mayor por eje menor, y el otro de calibre 9 mm Ojival”, según el Informe Pericial Balística Forense emitido por la Dirección de Criminalística de la misma Policía Nacional. Ambos fusiles son considerados armamento de guerra y forman parte del tipo de armas que usan las fuerzas armadas peruanas.

Pese al dolor de sus pérdidas, los deudos refieren que confían en la labor de la fiscal porque han podido brindar sus testimonios. La situación es diferente para los familiares de los siete dirigentes del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa) que fueron detenidos el pasado 12 de enero en Ayacucho y llevados al cuartel Nº 51 Domingo Ayarza, llamado Los Cabitos, por presuntamente pertenecer al grupo terrorista Sendero Luminoso y haber encabezado actos vandálicos en las protestas del 15 de diciembre. El 13 de enero fueron trasladados a la sede de la Dircote en Lima. 
 

El caso Fredepa

La noche de aquel día, Rocío Leandro Melgar (53), Alejandro Manay Pillaca (35), Piero Giles Gamboa (22), Estefany Alanya Chumbes (31), Yulisa Gómez Ayala (21), Fernando Quinto Cuba (32) y Alex Gómez Falcón (35) fueron detenidos. Algunos estaban en sus casas, otros participaban de actividades culturales o transitaban por las calles. Los pobladores presentes durante sus detenciones intentaron evitarlo, además se hizo un plantón en la Comisaría de Huamanga exigiendo su liberación.

Los familiares de los dirigentes del Fredepa denunciaron maltratos el día de sus detenciones en Ayacucho, así como abusos verbales y físicos durante el traslado a Lima y en el tiempo que llevan recluidos en la sede de la Dircote. 

Yesenia Alanya Chumbes, hermana de Estefany, quien era vicepresidenta del Fredepa, refiere que fue detenida de manera violenta por efectivos policiales. “La llevaron a la comisaría arrastrándola, para subir al carro la jalaron del cabello y le dieron un rodillazo, ella se resistía porque no había un fiscal presente ni tenía información acerca de la detención”, cuenta.

“Una semana después, cuando por fin pude verla, mi hermana me cuenta que en Cabitos la golpearon en el rostro y vientre, lo que le causó sangrados que no cesan hasta hoy porque solo pasó por un médico legista, no la ha visto ningún médico especializado”, agrega. 

Los familiares de los dirigentes del Fredepa denunciaron maltratos en sus detenciones Ayacucho y en Lima.

La abogada Indira Rodríguez Paredes, parte del equipo de defensa legal de los detenidos, menciona que las agresiones contra Estefany ya han sido denunciadas. “Estefany sigue hasta hoy con sangrados y no nos han permitido que entre un médico de nuestra elección. También hay un maltrato psicológico, a ella le decían ‘ya vas a ver de qué está hecho Dircote, te vamos a detener terruca’. Hay que contar, además, el shock postraumático de saber que estaban en Cabitos, los detenidos creían que estaban por desaparecerlos”, señala.

“Hay un estigma, prejuicio y deshumanización en el caso. Hay una persecución no solo contra los detenidos sino también con los familiares y los mismos abogados. Hay un problema de fondo, no es una casualidad que Ayacucho tenga asesinados, heridos y detenidos, se está revictimizando a una región que sufrió el conflicto armado interno”, anota Rodríguez Paredes. 

Tras el ingreso de estas siete personas al Cuartel Los Cabitos, no se permitió el acceso ni de sus abogados, ni del juez, ni del defensor del Pueblo para participar en las diligencias, según señala Yesenia Alanya. Los familiares denuncian que tampoco les recibieron los abrigos y las frazadas que llevaron. Finalmente, a la 1:30 a.m. fueron trasladados en una avioneta a la ciudad de Lima y luego derivados a la sede de la Dircote.

Yesenia resalta el caso de Piero Giles Gamboa, estudiante de educación en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga y dirigente estudiantil, con problemas de salud. “Piero sufre del corazón, se estuvo realizando exámenes médicos en los días previos. Cuenta que en el traslado a Lima sufrió mucho porque viajó todo el trayecto vomitando, llegó descompensado, pero lejos de darle atención médica, al llegar lo mandaron al sótano de la Dircote, aislado en un lugar oscuro, ese es un abuso”, denuncia.

VÍCTIMA. José Luis Aguilar era el nieto de una familia que padeció el terrorismo en los años 80. Murió de un disparo en la cabeza.

Foto: OjoPúblico / Yuri Huaynalaya

El último miércoles 15 de febrero, cuando se cumplían dos meses de las protestas en Ayacucho, el juez Raúl Justiniano Romero, del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, dictó 18 meses de prisión preventiva por el presunto delito de terrorismo para seis de los siete dirigentes detenidos: Rocío Leandro Melgar, Estefany Alanya Chumbes, Alex Gómez Falcón, Piero Giles Gamboa, Fernando Quinto Cuba, José Manay Pillaca y Clido Canales Tantaleán.

Yulisa Gómez Ayala fue puesta en libertad con comparecencia restringida y el pago de una caución por S/5.000 ya que, aunque formaba parte del Fredepa, no se le hallaron pruebas que demuestren su participación en los actos que investiga la Fiscalía.

Respecto a los hechos que han motivado la investigación fiscal a Fredepa se hizo referencia a que este fue creado en 1968 como un frente de apoyo al grupo terrorista Sendero Luminoso. También se mencionó que el 20 y 21 de octubre del 2018, el Fredepa desarrolló un evento en el Centro de Lima en el que concurrieron organizaciones afines a Sendero Luminoso para impulsar una nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente. 

Se indicó que desde el 2022, los detenidos, como parte de una nueva facción roja de Sendero Luminoso en Ayacucho, habrían realizado trabajo partidario a través del Fredepa. Entre estas acciones se mencionó la organización del coloquio Violencia del Estado en el Perú del conflicto armado interno 1980-2000, realizado del 3 al 6 de agosto del 2022 en el Centro Cultural de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Además, se aludió a la participación de los detenidos en las movilizaciones del 10 y 11 de enero en el paro regional en la ciudad de Huamanga.

La Fiscalía vincula al Fredepa con Sendero Luminoso por Rocío Leandro Melgar, presidenta de la organización de bases de Ayacucho, quien purgó condena de 11 años por haber integrado esta organización terrorista y ser acusada de haber participado en atentados, como el asesinato del dirigente Pedro Huillca.

El paso por Los Cabitos

Magno Ortega Quispe, quien asumió la presidencia del Fredepa tras la detención de los dirigentes, llama la atención respecto a que hayan sido llevados al Cuartel Los Cabitos. “En vez de sanar los dolores, el Estado peruano intenta intimidar y atemorizar al pueblo de Ayacucho, va en ese sentido la detención de los dirigentes del Frente de Defensa, a quienes confinaron en el Cuartel Cabitos 51 y los trasladaron en la madrugada en una avioneta”, afirma.

El cuartel era un lugar de tortura, de incineración de mucha gente. Aún está pendiente que muchos ayacuchanos encuentren a sus seres queridos. Es un lugar de horror, de muerte”, explica Ortega Quispe sobre el rol de Los Cabitos en el contexto del conflicto armado entre la década de los años 80 y 90. .

Dentro de este cuartel, en una zona conocida como La Hoyada, las madres de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (Anfasep), que hicieron vigilias por los fallecidos el 15 de diciembre, lograron que se construya un Santuario de la Memoria, que ya está en marcha. 

Lurgio Gavilán, antropólogo y catedrático de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, considera que el 15 de diciembre revivió las pesadillas que el pueblo ayacuchano heredó en 20 años de dolor. “Al ver disparar a miembros del Ejército contra los manifestantes se les vuelve a ver como enemigos; se recordó a los desaparecidos en el horno crematorio de La Hoyada, esos pasajes que nunca se van a olvidar”, señala.

Dentro de Los Cabitos, en una zona conocida como La Hoyada, se construirá un Santuario de la Memoria.

El pasado 30 de enero de este año, el Equipo Especial Cabitos de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial halló restos óseos de aparentemente tres personas. Hasta el día de hoy, familiares de los desaparecidos durante el conflicto armado exigen que se continúe con las exhumaciones. En Los Cabitos, solo entre los años 1983 y 1984 se ejecutaron extrajudicialmente, por lo menos, a 136 personas, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).

Entre esas personas desaparecidas está Arquímedes, el hijo que tanto buscó la recordada Angélica Mendoza de Ascarza, fundadora de Anfasep y luchadora por los derechos humanos. Ella murió el 2017 y lo último que supo de Arquímedes, a quien se llevaron a la fuerza de su vivienda a la edad de 17 años, fue gracias a una nota que le llegó a los 15 días de la desaparición en la puerta de Los Cabitos. La nota decía: “Mamacita estoy aquí, me están deteniendo en vano, consigue plata y busca un abogado para que me trasladen al juzgado”.

La situación en Ayacucho es particular por estos días. La población está dividida en dos sectores. Hay quienes continúan movilizándose y haciendo plantones, entre los que se encuentran principalmente los familiares de los fallecidos, heridos y detenidos, además del Fredepa; pero también hay quienes prefieren seguir sus actividades con normalidad. “Aún con 10 muertos, un sector de la población vive como si nada pasara. Hay tanta indiferencia, el sistema ha trabajado para que la gente ahora sea así, falta empatía”, cuestiona Lurgio Gavilán.

Desde este domingo se inician los carnavales, cuya esencia es el humor, la algarabía y la protesta como componente histórico. A través de coplas y bailes, las comparsas le reclaman a sus autoridades. En los primeros pasacalles y el carnaval rural de este año, ya se han escuchado canciones en contra de la presidenta Dina Boluarte, el Congreso de la República, el primer ministro Alberto Otárola y el gobernador regional Wilfredo Oscorima. Algunas comparsas están portando banderas del luto y realizan canciones de protesta por los muertos del 15 de diciembre.