A nueve meses de la violenta represión policial en las marchas contra el breve régimen de Manuel Merino, donde fueron asesinados Inti Sotelo y Bryan Pintado, la investigación del Ministerio Público entra en un momento clave: la fiscal Jhousy Aburto Garavito anunció el término de las diligencias preliminares y, en los próximos días, deberá decidir si formaliza las pesquisas contra cuatro altos mandos de la Policía, como presuntos responsables de ambas muertes y de las decenas de heridos que se registraron durante las protestas de noviembre pasado, en Lima.

En la etapa preliminar, la fiscal Aburto Garavito ─quien tiene dedicación exclusiva para este caso─ abrió investigación contra el general PNP Jorge Lam Almonte, entonces a cargo de la Comandancia General de la Policía; el general PNP Jorge Cayas Medina, jefe de la Región Policial Lima; el coronel PNP Carlos Villafuerte Salas, jefe de la División de Servicios Especiales (USE); y el coronel PNP Percy Tenorio Gamonal, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes). El Ministerio Público tiene plazo hasta mediados de setiembre para decidir si archiva o continúa estas pesquisas.

Más de 100 páginas con actas del Grupo Terna describen detenciones arbitrarias en marchas de 2020".

Aunque no se ha incluido al coronel PNP Freddy Velasquez Carranza, a cargo de la División de Operaciones Especiales - Escuadrón Verde y del Grupo Terna, la fiscal también analiza las acciones de estos efectivos. En ese contexto, OjoPúblico accedió a documentos elaborados por agentes Terna, donde se detalla la detención irregular de 14 ciudadanos por andar en “actitud sospechosa”, vestir ropa oscura, “no respetar el distanciamiento social”, o que fueron trasladados a una comisaría sin motivo aparente.

Las actas de estas 14 detenciones ─calificadas como arbitrarias por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), y que involucran incluso a un menor de edad─ están incluidas dentro de un informe de cerca de 100 páginas recibido por OjoPúblico, como parte de un proceso administrativo de acceso a información pública, que inició el año pasado.

Los documentos detallan las intervenciones del Grupo Terna, bajo la jefatura del coronel PNP  Velasquez Carranza, ocurridas el 10 de noviembre, entre las 2: 30 p. m. y las 9 p. m.; es decir, en menos de siete horas. Dichas detenciones fueron realizadas por los equipos Este, Centro y Sur de la Compañía de Inteligencia Táctica Operativa Urbana, conocida como Grupo Terna, que forma parte de la División de Operaciones Especiales Escuadrón Verde de Lima.

Estas intervenciones ocurrieron en el marco de una orden formulada el mismo 10 de noviembre por el comandante PNP Victor Valverde Salazar, entonces a cargo de la Unidad de Planeamiento Operativo de la Región Lima, y el general PNP Cayas Medina. Dicha orden, a la que también accedió OjoPúblico, indicó a la Región Lima que “extremaran los servicios policiales [...] el máximo de su personal [...] ante las graves alteraciones del orden público”. La disposición se basó, a la vez, en una “orden superior”, aunque sin identificar al funcionario policial responsable.

ORDEN SUPERIOR. General PNP Jorge Cayas ordenó "extremar" los servicios policiales, y fue el marco usado por el Grupo Terna para las detenciones arbitrarias. 

Documento: Policía Nacional

Más de la mitad de los detenidos (ocho de las 14 personas) fueron trasladados a la Comisaría de Alfonso Ugarte, ubicada en el frontis de la avenida del mismo nombre, en la capital peruana. En dicho local fue retenido incluso un menor de 16 años, de iniciales K.A.R.Z, sin que se especifiquen los motivos de la intervención en el acta elaborada por los agentes. Otros cinco detenidos fueron llevados a la Comisaría de Cotabambas, ubicada a espaldas del Poder Judicial. No fue posible identificar el lugar de retención de uno de los protestantes.

Las actas a las que accedió OjoPúblico también detallan los lugares donde fueron realizadas dichas detenciones. Según los documentos, cuatro ciudadanos fueron apresados en la Plaza San Martín, mientras que otros cinco fueron intervenidos en la avenida Nicolás de Piérola. Los agentes Terna también detuvieron a dos manifestantes en el jirón Carabaya, y a otros dos, en el jirón de la Unión. En el caso de Carlos Rodríguez Huambochano, veedor y miembro de la CNDDHH, el lugar de detención no fue especificado.

En enero último, la Oficina General de Integridad Institucional del Ministerio del Interior, dirigida por Luis Naldos Blanco, alertó que el Grupo Terna detuvo a protestantes por “decisiones arbitrarias” durante las marchas. “Se advierte que las intervenciones se habrían efectuado indebidamente, puesto que en ningún caso se aprecia la justificación de presunta comisión delictiva”, dice el informe elaborado por esta oficina. La defensa de los deudos de Bryan Pintado, el estudio Arbizu & Gamarra, también alertó de detenciones “injustas y arbitrarias”.

En noviembre de 2020, una vez que Manuel Merino dimitió como presidente, y en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, nuestro medio requirió las actas que debieron emitir, de manera obligatoria, los agentes del Escuadrón Verde y el Grupo Terna durante cada intervención en dicha semana de protestas; además de otros documentos claves. Esta división, sin embargo, denegó la entrega de información en un primer momento, alegando que "durante esa fecha se cubrió diversos servicios policiales".

Ante esa respuesta, OjoPúblico recurrió al Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información, que ordenó la entrega de los reportes solicitados. El 19 de marzo, cuatro meses después de requerida la información, el Escuadrón Verde entregó cerca de 100 páginas con las actas registradas el 10 de noviembre, que luego debieron ser procesadas para individualizar y analizar los casos. Dicha división, sin embargo, omitió entregar los documentos correspondientes a los demás días de protestas. Ante la inminente decisión de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima, estos son los detalles de las detenciones irregulares.

Detenidos por participar en las marchas

En base a la revisión de las actas policiales del Grupo Terna, este medio detectó un primer grupo de personas que fueron intervenidas por el solo hecho de participar en la manifestación de noviembre del año pasado. Luego de revisar los motivos que dejaron los agentes por escrito, Mar Pérez Aguilera —abogada de la CNDDHH y veedora de las protestas de 2020— calificó estas detenciones como arbitrarias. “Se evidencia que se les detuvo por su sola participación en la protesta, lo cual no constituye un delito [que justifique la detención]”, indicó.

El primero de estos casos ocurrió a las 6:40 p. m. del 10 de noviembre, cuando el equipo Terna Sur 1 detuvo a Darwin Manuel Velazco Araujo (34) en la Plaza San Martín. “Donde se observó a un sujeto quien viste buzo negro y casaca negra, el mismo que pululaba por dicha zona, motivo por el cuál se procedió con la intervención”, se lee en el acta del Grupo Terna. Velazco Araujo fue llevado a la Comisaría de Alfonso Ugarte, donde no se le encontró armas, drogas, municiones ni insumos químicos.

ARBITRARIA. El acta de detención de Darwin Velazco revela que solo fue detenido por vestir ropa oscura y porque "pululaba" por la Plaza San Martín.

Documento: Policía Nacional

El segundo caso involucró a Brayan Jesús Tapia Sánchez (22), quien fue detenido a las 8:30 p. m. del mismo día por el Grupo Terna Norte 2, en el cruce de los jirones de la Unión y Quilca y, luego, trasladado a la Comisaría de Cotabambas. Según el acta, “se observó un sujeto masculino merodeando por el lugar, en reiteradas veces, intentando evadir el control policial, el mismo que portaba una bolsa color negro, conteniendo varios espray para pintar pared”. Al respecto, la abogada Pérez Aguilera precisó que portar pinturas tampoco es un delito.

En su momento, los casos de Velazco Araujo y Tapia Sánchez también fueron analizados por la Oficina General de Integridad Institucional de Naldo Blanco. Sobre dichos casos, el mencionado informe concluyó que “corresponderían a decisiones arbitrarias de este personal policial, vinculadas al control del orden público y no a la presunta comisión de delitos”. Según las actas policiales revisadas por nuestro medio, Velazco Araujo y Tapia Sánchez estuvieron retenidos entre 18 y 25 minutos en la comisaría. 

La pandemia no suspende
el derecho a la protesta

Las actas del Grupo Terna, revisadas por OjoPúblico, revelan un segundo grupo de ciudadanos que fueron internados, supuestamente, por incumplir el distanciamiento social. El Adjunto para los Derechos Humanos y Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, Percy Castillo Torres, explicó que usar dicha medida sanitaria como justificación para las detenciones fue “una decisión equivocada de la Policía”, debido a que el derecho a la protesta no se suspende con el Estado de Emergencia por la Covid-19.

El primero de estos casos ocurrió a las 4:40 p. m. del mismo 10 de noviembre de 2020, cuando el Grupo Terna Este intervino a Diego Manuel Ródriguez Pinedo (26), en el cruce de la avenida Nicolás de Piérola con el jirón Carabaya. “Se observó a una persona [...] incumpliendo el distanciamiento social, motivo por el cual personal PNP Terna procedió a la intervención”, se lee en el acta policial. Dicho ciudadano fue trasladado a la Comisaría de Cotabambas, donde no se le encontró armas ni drogas.

CENTRO DE DETENCIÓN. Comisaría de Alfonso Ugarte fue el principal dependencia donde fueron llevados los detenidos de manera arbitraria por el Grupo Terna.

Foto: Google Maps

El segundo ciudadano que fue intervenido, según los efectivos de la policía, por no acatar el distanciamiento social fue Víctor Cuya Cruzado (22). Ese mismo día, a las 4:48 p. m., Cuya Cruzado fue detenido cerca a la Plaza San Martín por el Grupo Terna Este. "Se llevaba a cabo una protesta por la vacancia presidencial donde los manifestantes alteraron el orden público y/o no respetaron el distanciamiento social", detalla el acta de intervención a este ciudadano.

A la misma hora, la Policía también intervino a Antony Pedro Herrera Pariona (20) en la Plaza San Martín. Tanto él como Cuya Cruzado fueron trasladados a la Comisaría de Cotabambas por un supuesto incumplimiento del distanciamiento social. La representante de la CNDDHH, Mar Perez Aguilera, rechazó estas justificaciones pues “el derecho a la protesta no ha quedado suspendido durante la Emergencia Sanitaria por la Covid-19”. Según las actas, dichos manifestantes permanecieron en la comisaría alrededor de 15 minutos.

Las intervenciones de estos tres ciudadanos ─Rodriguez Pinedo, Cuya Cruzado y Herrera Pariona─ no fueron analizadas por el informe elaborado por la Oficina General de Integridad Institucional. El reporte, sin embargo, sí concluye que las detenciones realizadas bajo el supuesto de incumplir el distanciamiento social, en el marco de las marchas de noviembre, fueron “decisiones arbitrarias” del Grupo Terna  y no respondieron “a la presunta comisión de delitos”.

Intervenciones por “alterar” el orden público

A partir de las actas policiales, OjoPúblico identificó, además, un tercer grupo de cuatro ciudadanos detenidos por el Grupo Terna por “alterar el orden público” durante las protestas. Para la abogada de la CNDDHH, estas intervenciones son irregulares porque una “imputación exige concretar los hechos que se atribuyen al detenido” y las actas de los agentes terna sobre estas detenciones no indican “cuál fue la infracción cometida [por los intervenidos], cuando la responsabilidad penal es individual”.

El primero de ellos fue Renzo Paolo Llanos Vergara (36), quien fue detenido por agentes del Grupo Terna Sur 2 a las 7:20 p. m. del 10 de noviembre último, en los alrededores de la Plaza San Martín. De acuerdo con el acta policial, la intervención a Llanos Vergara se realizó “por encontrarse implicado en la presunta comisión del delito de alteración del orden público”, aunque sin especificar la presunta falta individual cometida por Llanos Vergara. Dicho ciudadano fue trasladado a la Comisaría de Alfonso Ugarte y, de acuerdo con los documentos, Llanos Vergara se negó a firmar las actas policiales.

“Se evidencia que se les detuvo por su sola participación en la protesta", asegura la abogada Mar Perez.

Situación similar ocurrió con Fiorella Vilca Rojas (38), quien fue detenida por el Grupo Terna Centro a las 3:40 p. m. El acta señala que, en el cruce de la Av. Nicolás de Piérola y el Jr. Carabaya, "nos percatamos de una gran cantidad de personas protestando y alterando el orden público, por lo cual se intervino [a Vilca Rojas] [...] para prevenir posible alteración del orden público”. Como en el caso anterior, no se especificó la presunta falta cometida por la ciudadana, que fue trasladada a la Comisaría de Cotabambas.

El tercer caso involucró a Jimena Gisella Limay Castillo (27), a quien el Grupo Terna Sur 1 detuvo a las 8:50 p. m. del mismo día, en el cruce de la Av. Nicolás de Piérola y el Jr. Camaná y, luego, fue trasladada a la Comisaría de Alfonso Ugarte. El acta señala que Limay Castillo "se rehusó a acatar las recomendaciones policiales y vociferando insultos [...] motivo por el cual se procedió con la intervención policial". De acuerdo con la abogada Mar Pérez Aguilera, los policías no precisaron cuál fue la recomendación desatendida.

Los casos de Limay Castillo, Llanos Vergara y Vilca Rojas, fueron analizados por la Oficina General de Integridad Institucional. Sobre las detenciones de dichos ciudadanos, el reporte concluyó que “se habrían efectuado indebidamente, puesto que en ningún caso se aprecia la justificación de presunta comisión delictiva que amerite la detención”, por parte del Grupo Terna.

REPORTE. La Oficina General de Integridad Institucional del Ministerio del Interior concluyó que el Grupo Terna tomó "decisiones arbitrarias" en las protestas.

Documento: Ministerio del Interior

Las actas también incluyen la intervención de Carlos Rodríguez Huambochano (49), representante de la CNDDHH y veedor durante las protestas. De acuerdo a la propia acta policial, Rodríguez Huambochano fue detenido cuando asesoraba legalmente a un ciudadano intervenido en la Comisaría de Alfonso Ugarte: "[Carlos Rodriguez] le indicaba al detenido que no firmara los documentos, y que el personal policial eran unos abusivos, y en todo momento, de manera prepotente, trato de interferir en la labor policial”, indica el documento.

Aunque Rodríguez Huambochano se identificó con su carnet de abogado de la CNDDHH, según reconoce el propio escrito, la Policía "optó por tomar las medidas correspondientes [...] logrando reducirlo". Esta intervención irregular fue denunciada, ese mismo día, por los representantes de la organización civil.

Sin motivos para la detención

OjoPúblico identificó un último grupo de personas que fueron detenidas durante las marchas de noviembre, en palabras de la CNDDHH, de forma arbitraria. Las actas del Grupo Terna sobre las intervenciones de cinco ciudadanos, entre ellos un menor de edad, no consignan una sola mención al presunto delito o irregularidad cometida por estas personas; a diferencia de los casos anteriores donde se detalla, por lo menos, que hubo una presunta “alteración del orden público” como justificación para la detención.

El primer caso es el de Emilio Layme Cachira (41), quien fue detenido a las 9 p. m. por el Grupo Terna Sur 1, en el cruce de la Av. Nicolás de Piérola y el Jr. Camaná. El acta solo menciona que Layme Cachira fue intervenido en la calle y, luego, trasladado a la Comisaría de Alfonso Ugarte, donde no se le encontró armas ni drogas. Situación similar ocurrió con el venezolano Frank Rangel Morales Salas (19), intervenido por el Grupo Terna Sur 1, en los alrededores de la Plaza San Martín, sin dejar por escrito el motivo de la detención.

DILIGENCIA. El Grupo Terna incluso intervino a un menor de edad que participó en las protestas y fue llevado a la Comisaría de Alfonso Ugarte.

Documento: Policía Nacional

Las actas de Gerson Alexander Granda Scharff (42) y Joseph Leonel Mazzetti (29) tampoco detallan los motivos de sus retenciones. Ambos fueron intervenidos en los alrededores de la Plaza San Martín ─el primero a las 6:40 p. m. y el segundo a las 8 p. m.─ por el Grupo Terna Sur 1. Según los documentos revisados por nuestro medio, Granda Scharff y Leonel Mazzetti fueron trasladados a la Comisaría de Alfonso Ugarte con el único motivo de “ver si podrían contar con antecedentes y/o posible requisitoria”.

El último caso corresponde al menor de edad de iniciales K.A.R.Z (16), quien fue detenido el 10 de noviembre a las 7:35 p. m. por el Grupo Terna Centro, en los alrededores de la Plaza San Martín. “[Reynaga Zegarra] es trasladado a la dependencia policial para prevenir posibles alteraciones del orden público”, se lee en el acta de la intervención. En la Comisaría de Alfonso Ugarte, la Policía registró al menor de edad y no encontró armas ni drogas, solo siete soles ─en monedas─ en el bolsillo derecho de su pantalón.