*Con la colaboración de Gonzalo Haro

“No tengo conocimiento sobre el tema [investigación en Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú] que me dice usted”, dijo Elizabeth Santisteban Yacsavilca —hermana de Víctor, el hombre que falleció en las protestas de Lima, el 28 de enero pasado, luego de recibir el impacto de una bomba lacrimógena en la cabeza— al ser consultada por el tema. Aunque la Inspectoría inició diligencias preliminares por el caso el 1 de febrero, nunca notificó a la familia. Menos aún les comunicó el archivo del proceso administrativo.

Días atrás, este medio informó que, hasta el 4 de julio, la Inspectoría de la Policía, había archivado cuatro procesos administrativos relacionados a las protestas, sin realizar indagaciones para las cuales están facultadas por la ley del régimen disciplinario policial.

Ahora, OjoPúblico accedió, a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a tres nuevas resoluciones emitidas por las oficinas de disciplina de la Inspectoría PNP sobre casos archivados hace meses. En otras palabras, hasta la fecha, esta institución ya archivó siete casos de, al menos, 13 procesos relacionados a las protestas antigubernamentales.

La Inspectoría PNP archivó dos casos pese a que ya tenían identificados a los jefes policiales de los operativos".

Los nuevos documentos analizados revelan que dos de los casos se archivaron pese a que ya tenían identificados a los jefes policiales que dirigieron los operativos que culminaron con fallecidos y heridos durante las manifestaciones desarrolladas en Apurímac y Arequipa.

Los órganos de disciplina decidieron el archivo argumentando que aún faltaba que la Fiscalía realice pericias para identificar a los responsables, obviando sus facultades para realizar diligencias de manera autónoma: toma de declaraciones, solicitud de información a entidades privadas, análisis de vídeos de cámaras de seguridad, etc.

Uno de los casos, a cargo de la Oficina de Disciplina de Camaná, corresponde a Xavier Candamo Da Silva (30), fallecido tras recibir un proyectil de arma de fuego en las movilizaciones del 19 de diciembre de 2022 en Chala, Arequipa. El otro caso reúne la muerte con arma de fuego de Denilson Huaraca Vilchez y a los heridos Víctor Rojas Alarcón, Pablo Lazo Mariño y Felix Sivipaucar Jauregui, en la protesta del 9 de febrero en Aymaraes, Apurímac.

NO HA LUGAR. Oficina de Disciplina de Abancay archivó caso pese a que tenía identificados a los jefes policiales del operativo en el que murió Denilson Huaraca. 

Documento: Inspectoría General de la PNP

 

Mientras que el tercer caso, a cargo de la Oficina de Disciplina N°13 de la Oficina de Investigaciones de la Inspectoría General en Lima, que investigaba la muerte de Víctor Santiesteban Yacsavilca, ocurrida el 28 de enero en las protestas realizadas en la capital, fue archivado bajo el argumento de que no se había podido identificar a algún efectivo policial como presunto responsable. 

En la resolución de archivo no se indica que hayan revisado los vídeos de seguridad, difundidos públicamente, en el que se observa a un policía disparar una bomba lacrimógenas directamente al cuerpo de Santiesteban Yacsavilca. 

La familia no tenía conocimiento sobre este proceso. Sin embargo, informaron que, a nivel penal, el Equipo Especial de Fiscales a cargo de los casos relacionados a las protestas cuenta con 11 policías en calidad de investigados por el homicidio de Santisteban Yacsavilca, desde el mes de abril.

Semanas atrás, el general PNP Edgar Horna Moreno, jefe de investigaciones de Inspectoría, reconoció en conversación con OjoPúblico que los órganos de disciplina no tienen impedimentos para solicitar información a cualquier entidad pública y privada durante la etapa de acciones previas. Según las normas policiales, en esta fase se busca recaudar la mayor cantidad de pruebas que ayuden a identificar a los responsables de los hechos.

 

Jefes policiales identificados en Arequipa

 

El 19 de diciembre de 2022, en el sector de Chala, provincia de Caravelí, región Arequipa, falleció Xavier Candamo DaSilva (30) tras recibir el disparo de un proyectil de arma de fuego. El hecho se produjo durante el operativo policial y militar que buscaba liberar la carretera Panamericana Sur de personas que protestaban en contra del gobierno de Dina Boluarte y del Congreso de la República. 

El 31 de diciembre, la Oficina de Disciplina de Camaná, a cargo del coronel PNP Antonio Medrano Lau, inició acciones previas contra el coronel PNP Américo Berlanga Valdivia, identificado como el jefe policial encargado del operativo en Chala. No obstante, el 26 de enero de 2023, se archivó el caso al considerar que, hasta esa fecha, “no se había encontrado responsabilidad administrativa y/o indicios de la comisión de infracciones graves/muy graves (...)” contra el efectivo policial. 

En la resolución de archivo se detalla que la oficina de disciplina accedió al plan operativo “Conflicto Sociales Arequipa 2022”, elaborado por la Macro Región Policial de Arequipa. En el mismo se precisa que, para la recuperación de la carretera Panamericana Sur, en los kilómetros 617 y 619, tomada “principalmente por mineros artesanales de diferentes distritos de Chala y aledaños”, el operativo estaba al mando de jefes policiales y militares.

El coronel PNP Américo Berlanga fue jefe del sector donde se produjo el operativo en el que muere Xavier Candamo".

El documento señala como cadena de mando al coronel PNP Américo Berlanga Valdivia, jefe de la Unidad de Planeamiento y Educación (Unipledu) de la Región Policial de Arequipa; al comandante PNP Rolando Rojas Rojas, también de la Unipledu de la Región Policial de Arequipa; al mayor PNP Arturo Neptali Ojeda Prado, del Escuadrón Verde, a cargo de dos oficiales PNP y 130 suboficiales PNP.

De igual modo, se hace referencia al mayor PNP David Fernando Salinas Ortiz, jefe de la Unidir Arequipa, al mando de 33 suboficiales PNP, y al mayor PNP Oscar Zea Ponce, responsable de 36 suboficiales PNP de la Dirección de Operaciones Especiales (Dinoes) y cuatro suboficiales de la Unidad de Desactivación de Explosivos (Udex) de Arequipa. En paralelo, se señala la participación del Ejército, con el coronel EP Jhony Flores Gambeta, al mando de 200 soldados. 

Posteriormente, el documento expone que, en otro plan operativo con nombre “Conflicto Sociales Post Vacancia Presidencial - Arequipa 2022”, el coronel PNP Américo Berlanga Valdivia fue designado como responsable del operativo en dicho sector de la Panamericana Sur. 

MANDO. La Oficina de Disciplina de Camaná obtuvo el detalle de la cadena de mando del operativo en el que murió Xavier Candamo, pero archivó el caso. 

Documento: Inspectoría General de la PNP

 

Aunque la Oficina de Disciplina de Camaná contaba con información de los demás mandos que estuvieron presentes el día de los hechos y las dependencias a las que pertenecen, solo abrió acciones previas contra el coronel Berlanga Valdivia. La entidad policial disciplinaria solicitó sus descargos, pero el coronel no respondió.

La resolución de archivo también señala que se revisaron actuaciones policiales en la que se narra el momento en el que fue encontrado el cuerpo de Xavier Candamo y su posterior traslado al hospital Essalud de Chala, donde llegó sin signos vitales. Además, se indica las actuaciones realizadas por las unidades especializadas de la PNP y de la Fiscalía para el traslado del cuerpo a la morgue. 

El documento detalla, además, que el área de Homicidios de la PNP —unidad especializada de la Policía que trabaja con la Fiscalía en la investigación penal— informó que la causa de la muerte fue “laceración cardíaca y traumatismo torácico abierto por proyectil de arma de fuego”. 

Finalmente, se detalla que el área de Homicidios PNP solicitó a la Oficina de Criminalística de Arequipa la realización de varias pericias. Entre ellas, la de absorción atómica a la víctima y al personal policial con la intención de conocer si alguno de ellos presentaba “restos de disparo de arma de fuego”, entre otros análisis a las prendas de vestir.

NEGLIGENCIA. El abogado de la familia de Xavier Candamo (foto), Arturo Salas, aseguró que Inspectoría PNP no les notificó sobre el proceso administrativo. 

Foto: Arturo Salas

 

La Oficina de Disciplina de Camaná argumentó el archivo del caso señalando que hasta la fecha de la resolución, 26 de enero, la Oficina de Criminalística no había realizado las pericias solicitadas. Por lo tanto, afirmaron, no se podía establecer la responsabilidad del coronel PNP Américo Berlanga Valdivia. 

Sin embargo, en la resolución de archivo no se indica que se hayan realizado otras diligencias, como la solicitud de vídeos de seguridad a entidades públicas o privadas ni que se haya realizado mayor indagación sobre los demás jefes policiales y los suboficiales presentes en los hechos, según los planes operativos. 

Además, tampoco se indica que el órgano disciplinario haya realizado toma de declaraciones a los familiares de las víctimas o a testigos claves. Arturo Salas Vildoso, abogado de la familia de Xavier Candamo, informó a OjoPúblico que no tenían conocimiento de la existencia de un proceso en la Inspectoría de la Policía.

 

Cadena de mando en Apurímac 

 

El 18 de abril de este año, la Oficina de Disciplina de Abancay, a cargo del coronel PNP Waldir Huambo Arredondo, archivó el caso relacionado a Denilson Huaraca Vilchez, fallecido tras recibir el impacto de un proyectil de arma de fuego durante la represión a la protesta realizada en el distrito de Chalhuanca, provincia de Aymaraes, Apurímac, el 9 de febrero. El proceso también involucraba a tres heridos: Víctor Rojas Alarcón, Pablo Lazo Mariño y Felix Sivipaucar Jauregui. 

La resolución de archivo señala que la Comisaría de Chalhuanca informó, el 9 de febrero, que la vía Panamericana Abancay - Nazca, en el sector denominado Siete Vueltas, se encontraba tomada por un promedio de 400 personas. Además, indica que los manifestantes se “encontraban atrincherados en los cerros provistos de hondas, huaracas, material explosivo y, al parecer, armas de fuego”. 

Posteriormente, en el informe policial analizado por el órgano de disciplina, se lee que tras la llegada de un contingente policial, los manifestantes comenzaron a utilizar “materiales explosivos y armas de fuego”. Ante esto, narran, se produjo el enfrentamiento en dicho sector. Minutos más tarde —continúa el reporte policial—, un grupo de manifestantes provocó la voladura parcial de un cerro, utilizando material explosivo y, luego, “se dieron a la fuga” en dos camiones. 

La Oficina de Disciplina de Abancay obtuvo la cadena de mando de los operativos en Aymaraes, pero igualmente archivó el caso".

En ese momento, la Policía comenzó una persecución y “disparos al aire y a los neumáticos” para capturar a los manifestantes. Finalmente, señala el informe, lograron detener a los dos vehículos con un promedio de 20 a 30 personas. Entre ellos se encontraba Denilson Huaraca Vilchez, ya muerto, y los heridos Víctor Rojas Alarcón, Pablo Lazo Mariño y Felix Sivipaucar Jauregui.

La Oficina de Disciplina de Abancay accedió al plan operativo que elaboró la Unidad de Servicios Especiales (USE) de Abancay para realizar las intervenciones en las zonas tomadas por los manifestantes. Entre ellas, el punto donde se produjo la muerte de Denilson Huaraca Vilchez, el 9 de febrero. 

Según el documento, el comando general estaba a cargo del general PNP Luis Flores Solís, en ese entonces jefe del Frente Policial de Apurímac. Como comando operativo se identificó al coronel PNP Porfirio Díaz Redolfo, jefe de la División de Orden Público y Seguridad (Divopus) de Abancay. Como jefe operativo, mientras tanto, estaba el suboficial brigadier PNP Nobel Inca Andia, que se encontraba al mando de 19 suboficiales. Dicho grupo, indica el plan, debía estar en la zona del 1 al 16 de febrero.

EQUIPO UNO. El jefe operativo del primer equipo que estuvo presente en el operativo policial en Aymaraes fue el suboficial brigadier PNP Nobel Inca Andia. 

Documento: Inspectoría General de la PNP

 

En la resolución se lee que, posteriormente, el 9 de febrero, el teniente PNP Sergio Jincho Huamán, jefe de la Unidad de Servicios Especiales (USE) de Abancay, envió otro contingente para brindar apoyo al primer equipo. 

El plan de operaciones para este nuevo grupo establecía al general PNP Luis Flores Solis, jefe del Frente Policial Apurímac como comando general; al coronel PNP Victor Sifuentes Yañez, jefe de la Divopus de Abancay, como comandante operativo; y al mayor PNP William Pomasunco Hinostroza como jefe operativo, quien iba a estar al mando de 20 suboficiales. Según los reportes policiales, el contingente liderado por el mayor PNP Pomasunco Hinostroza acudió al lugar al mediodía del 9 de febrero.

EQUIPO DOS. El jefe operativo del segundo grupo de policías asignados a la zona de Aymaraes fue el mayor PNP William Pomasunco Hinostroza.

Documento: Inspectoría General de la PNP

 

En el documento también se indica que en la mañana de los hechos, por disposición superior —aunque no se precisa quién da la orden—, el teniente PNP José Raúl Calatayud Chávez, comisario sectorial de Chalhuanca, acudió a la zona con 20 efectivos de la USE Abancay y 12 suboficiales de la comisaría de Cotaruse en dos unidades móviles.

EQUIPO TRES. El jefe operativo del tercer grupo enviado a la zona de Aymaraes fue el teniente PNP José Raúl Calatayud Chávez.

Documento: Inspectoría General de la PNP

 

Pese a estos detalles, narrados en la resolución con las especificaciones de los documentos y de las órdenes de la cadena de mando, la Oficina de Disciplina de Abancay no realizó mayor indagación sobre los jefes policiales indicados en los planes operativos, y el proceso administrativo no incorporó investigados. 

En la resolución se lee que, tras los hechos, se abrieron dos investigaciones a nivel fiscal, una por el presunto delito de disturbios contra 39 de los manifestantes, a cargo de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Aymaraes. Y otra, a cargo de la Fiscalía Provincial Supraprovincial Especializada en DDHH e Interculturalidad de Apurímac, por el presunto delito de homicidio. 

En esa línea, la Fiscalía Penal Corporativa de Aymaraes informó a la Oficina de Disciplina de Abancay que la Oficina de Criminalística PNP había realizado varias diligencias periciales. Entre ella se menciona la pericia de absorción atómica a 18 suboficiales para encontrar restos de uso de armas. Sin embargo, se indica que el resultado salió negativo para todos. 

No obstante, luego se señala que, tras la revisión de los cuadernos de armas de la USE Abancay, se encontró que había cinco policías a quienes se les había entregado fusiles AKM para el operativo en la zona, y que a ellos todavía no se les había aplicado la pericia de absorción atómica. 

Ese dato es sumamente importante debido a que la pericia balística aplicada a Denilson Huaraca Vilchez confirmó que recibió un proyectil calibre aproximado a 7,62 mm, que se usa con armas de largo alcance, como las AKM.

Tres contingentes policiales, con diferentes jefes operativos, acudieron al operativo donde falleció Denilson Huaraca".

La resolución fue archivada, inicialmente, el 18 de abril. En ese momento se detalló que, a esa fecha, no se había identificado a los presuntos responsables de los hechos. Hasta entonces, la fiscal de derechos humanos, Eliana Galindo, se había negado a entregar sus actuados a la oficina de disciplina, argumentando que su investigación era reservada y que el órgano de disciplina podría realizar su investigación de manera autónoma. 

Sin embargo, el 9 de mayo, la fiscal Eliana Galindo entregó copias de sus actuados a la oficina de disciplina de Abancay. Con dicha información, el órgano de disciplina tomó conocimiento de que se había abierto investigación penal contra policías.

En la lista se menciona a los efectivos José Raúl Calatayud Chávez, Rolando Taracaya Ccañia, Nobel Inca Andia, David Chipa Aquino, Joel Vicente Cabrera Paredes, Daniel Pocco Cuaresma, por ser los coautores del presunto delito de homicidio en agravio de Denilson Huaraca Vilchez y por el presunto delito de lesiones graves en agravio de Víctor Rojas Alarcón, Pablo Lazo Mariño y Felix Sivipaucar Jauregui.

INDOLENCIA. Marcelino Huaraca, hermano de Denilson (foto), aseguró que Inspectoría PNP no les envió ninguna información sobre el proceso administrativo. 

Foto: Marcelino Huaraca

 

Los jefes policiales Luis Jesús Flores Solis, jefe del Frente Policial de Apurímac; Víctor Manuel Sifuentes Yáñez, jefe de la División de Orden Público y Seguridad de Abancay, y William Roy Pomasunco Hinostroza, jefe de la DUE USE Abancay, en tanto, son investigados como autores mediatos del presunto delito de homicidio y lesiones graves. 

Finalmente, la Fiscalía de Derechos Humanos informó que, hasta el 22 de mayo, no contaba con el informe pericial de absorción atómica a los efectivos policiales que, según el cuaderno de armas, habían llevado un fusil AKM a la zona de intervención. 

La Oficina de Disciplina decidió volver a archivar el caso argumentando que “hasta la fecha no se cuenta con elementos de convicción indispensables para el inicio de la investigación administrativa disciplinaria” y que será necesario esperar los resultados periciales a los cinco efectivos policiales que llevaron armas al lugar de los hechos. 

Si bien el órgano de disciplina se abocó a recoger la mayor cantidad de actuados fiscales y de las unidades especializadas de la Policía, no se aprecia que hayan realizado diligencias autónomas, más allá de acudir a la armería de la USE Abancay para solicitar los cuadernos de armas. 

Por ejemplo, no se observa que se haya solicitado declaraciones a los jefes policiales identificados en la cadena de mando. Tampoco se reportan solicitudes de material audiovisual a entidades privadas o medios de comunicación para indagar más sobre los hechos, diligencias para las cuales está facultado según la ley del régimen disciplinario policial. 

“Es una gran sorpresa que me cae cuando usted me dice que ha sido archivada la investigación en Inspectoría. No ha habido ningún tipo de comunicación por parte de la Inspectoría de la Policía. No ha habido ningún tipo de informe”, señaló a OjoPúblico, Marcelino Huaraca Vilchez, hermano de Denilson.

 

Caso Víctor Santiesteban

 

El 28 de enero de este año, Víctor Santiesteban Yacsavilca falleció tras recibir el impacto de una bomba lacrimógena. Un vídeo de seguridad demostró que el proyectil fue disparado por un efectivo policial durante la represión a las protestas que se desarrollaban en la avenida Abancay, en Lima.

La Oficina de Disciplina N°13 de la Dirección de Investigación de la Inspectoría General de la PNP, a cargo del coronel PNP, Víctor Alvarado Otoya, inició acciones previas por el caso, el 1 de febrero. Sin embargo, un mes después, lo archivó argumentando que hasta esa fecha no se ha podido determinar que “personal policial” se encontraba “inmerso en una presunta conducta funcional indebida”.

En la resolución de archivo, a la que accedió este medio, se lee que la Comisaría de Cotabambas informó el ingreso de la víctima al Hospital Grau de Essalud, el 28 de enero a las 11 p.m., lugar donde falleció, según la resolución.

Inspectoría PNP no revisó los vídeos de seguridad que muestran cómo se produjo la muerte de Víctor Santisteban Yacsavilca".

También se indica que la oficina de disciplina tomó conocimiento que la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad había iniciado investigación por la muerte de Santiesteban Yacsavilca contra los que resulten responsables, es decir, sin investigados, apenas ocurridos los hechos. Teniendo en cuenta esto, el órgano disciplinario solicitó los actuados fiscales para su análisis. 

A modo de respuesta, el Departamento de Investigación Criminal (Depincri), unidad especializada de la Policía que trabaja con la Fiscalía en casos penales, le informó que participaron del levantamiento y traslado del cuerpo de Santiesteban Yacsavilca desde el Hospital Grau de Essalud hasta la morgue. Además, se indica que envió sus actuados a la fiscalía correspondiente, pero que, hasta el 8 de marzo, no habían recibido formalmente la carpeta fiscal de apertura de investigación penal.

VIDEO. La Oficina de Disciplina N°13 no realizó varias diligencias, como la revisión del vídeo que muestra la forma cómo murió Víctor Santisteban Yacsavilca.

Documento: Inspectoría General de la PNP

 

Sin embargo, Elizabeth Santisteban, hermana de la víctima, declaró a OjoPúblico que, desde abril, a nivel fiscal ya existían 11 policías investigados por la muerte de Víctor Santisteban Yacsavilca. “La próxima semana empiezan sus declaraciones”, indicó. 

La Oficina de Disciplina N°13 concluyó que no han podido identificar que los presuntos responsables sean efectivos policiales. No obstante, el caso sigue archivado hasta la fecha, pese a que desde abril ya habían efectivos policiales investigados a nivel penal.

En este caso también se observa que el órgano disciplinario no realizó diligencias de manera autónoma, como les faculta la ley N° 30714. No se señala que hayan tomado declaraciones ni que hayan realizado inspecciones al lugar de los hechos. 

Tampoco se indica que hayan solicitado y analizado los vídeos de cámaras de seguridad, que ya fueron difundidos públicamente, del instante en el que un efectivo policial dispara una bomba lacrimógena directamente hacia la cabeza de Víctor Santisteban Yacsavilca.

Además, no se observa que hayan solicitado los planes operativos ni los cuadernos de armas a las diversas unidades policiales. Tampoco tomaron declaraciones a familiares y testigos claves

OjoPúblico se comunicó con la Inspectoría General PNP para solicitar sus descargos respecto al archivo de estos tres nuevos casos. Sin embargo, hasta el cierre de este informe, no hubo respuesta.

 

Escasa transparencia 

 

Este medio ya había informado que, hasta el 4 de julio de este año, la Inspectoría de la Policía había archivado cuatro casos relacionados a las protestas sociales. Posteriormente, tras un nuevo pedido de información, la entidad policial informó, a inicios de este mes, que había tres nuevas resoluciones de archivo relacionadas a las movilizaciones.

Estos nuevos casos fueron archivados meses antes de la entrega del primer reporte por parte de la Inspectoría de la Policía. Sin embargo, no figuran en los mismos, un hecho que deja en evidencia la falta de transparencia en la entrega de información pública.