ARMAMENTO. El 6 de enero, la Fiscalía y el Equipo Especial de la Dirincri devolvieron tres de las cuatro pistolas requisadas a la Unidad de Servicios Especiales de Trujillo.
El 2021 inicia con tres investigaciones en curso sobre el accionar de la Policía y la muerte de cinco ciudadanos por proyectiles de armas de fuego, durante las protestas contra Manuel Merino y el Paro Agrario, en noviembre y diciembre pasado. De estas, por lo menos una ya identificó al presunto autor de los disparos que, el 3 de diciembre, ocasionaron el deceso del joven Jorge Muñoz Jiménez, durante las protestas de Virú, en La Libertad, a causa de un proyectil de plomo, según consta en el acta fiscal y la grabación de la necropsia.
En este contexto, el pasado 12 de diciembre, el Equipo Especial de la Dirincri de Lima y la Fiscalía de Virú requisaron el armamento de cuatro efectivos policiales que participaron de las protestas de los trabajadores agrarios en La Libertad: el suboficial brigadier PNP Carlos Alberto Padilla Briones, el suboficial técnico de primera Johnny Richard Zavaleta Mundaca, el suboficial técnico de tercera PNP Wilson Zamora Terrones, y el suboficial PNP José Ángel Hoyos Agip.
ENTREGA. Extractos de las tres actas de deslacrado de las armas que fueron requisadas y, este miércoles 6 de enero, devueltas a sus propietarios.
Composición: OjoPúblico
El último 6 de enero, sin embargo, las autoridades a cargo de las pesquisas solo devolvieron las armas de los tres primeros, en una diligencia realizada en la sede central de la Unidad de Servicios Especiales (USE) de Trujillo. Esta decisión fue tomada en base a los hallazgos de la Fiscalía y el Equipo Especial de la Dirección de Investigación de Homicidios, que pertenece a la Dirección de Investigación Criminal de la Policía (Dirincri), en Lima.
Al revisar las actas de deslacrado del armamento y conversar con fuentes cercanas a la investigación, OjoPúblico conoció que el revólver de Hoyos Agip quedó bajo custodia de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Virú. Tres semanas antes, un primer grupo de testigos señaló a este suboficial como el responsable de ordenar el uso de escopetas durante la contención del Paro Agrario, como reveló nuestro medio.
SOSPECHA. Equipo Especial de la Dirincri y Fiscalía de Virú requisaron arma del policía José Hoyos, quien está bajo sospecha de haberla usado durante el Paro Agrario.
Documento: OjoPúblico
“La pericia arrojó que Hoyos Agip utilizó su arma, y los proyectiles guardan relación con la munición que se halló en el cuerpo de Jorge Muñoz”, indicó una de las fuentes cercanas a la investigación fiscal, que prefirió mantener su identidad en reserva. Hace dos semana, el propio Mininter informó sobre los resultados de esta pericia balística, que apuntan a este efectivo de la Unidad de Servicios Especiales (USE) de Trujillo.
“Me encontraba bajo el mando del SS PNP Hoyos”, declaró el superior PNP José Álvarez Hinostroza ante la Policía y la Fiscalía, sobre la línea de mando en la contención del Paro Agrario. El suboficial de segunda Ronald Rey Agurto, por su parte, aseguró “quien me dio la orden de usar la escopeta [de gas lacrimógeno] fue el SS PNP [José] Hoyos Agip”, en referencia al accionar de la policía el 3 de diciembre.
USE y Escuadrón Verde
En las diligencias del último miércoles, además, la Fiscalía y el Equipo Especial de la Policía identificó a una tercera unidad que participó en la contención del Paro Agrario en Virú: el Escuadrón Verde de Trujillo. Esta unidad se suma a la USE de Trujillo y un equipo de apoyo de la comisaría de Ayacucho, de La Libertad, que participaron de la contención de las protestas del 3 de diciembre en Virú, día en que falleció Muñóz Jiménez por un perdigón de plomo.
Las autoridades recogieron los testimonios de tres efectivos del Escuadrón Verde de Trujillo, que participaron en el operativo: el técnico superior PNP Anderson Moya Flores (21), la suboficial de tercera PNP Lisbeth Romero Barrios (24) y el superior PNP José Sánchez Polo (22). Los testimonios fueron recibidos en la sede de la USE de Trujillo, con la presencia del fiscal Renato Vicuña Honores, de la Fiscalía de Virú.
PROYECTIL. Según el acta fiscal que certifica la necropsia, el ciudadano Jorge Muñoz Jiménez falleció por el impacto de un proyectil de plomo en la cabeza.
Foto: Ministerio Público
Estos tres efectivos del Escuadrón Verde, según sus propias declaraciones, resultaron heridos durante la contención de la protesta. Moya Flores, por ejemplo, relató que recibió “golpes en las piernas por las piedras que nos caían”. Según este técnico superior, el equipo de apoyo del Escuadrón Verde estuvo comandado por un capitán de la USE de Trujillo, aunque no precisó la identidad de dicho efectivo. “La orden fue que nadie lleve armamento”, agregó.
Romero Barrios, por su parte, indicó que alrededor de 15 efectivos del Escuadrón Verde apoyaron la contención del Paro Agrario, por orden del jefe de dicha unidad, el capitán PNP Maguin Alatrista Torres. Ante la Fiscalía, Romero Barrios aseguró, además, que el jefe del Departamento Terna, a quien identificó como “el alférez PNP Ortega”, participó del operativo. Según su testimonio, éste le informó que “hay más colegas [policías] heridos de gravedad”.
TERCER EQUIPO. Además de la Unidad de Servicios Especiales de Trujillo y un equipo de la Comisaría, la protesta en Virú fue contenida con el apoyo del Escuadrón Verde.
Foto: OjoPúblico
Sánchez Polo, finalmente, corroboró que el Paro Agrario fue contenido, principalmente, por la USE de Trujillo y el Escuadrón Verde. “[Asistió] un aproximado de 100 efectivos policiales, entre Escuadrón Verde, USE y personal de comisaría”, declaró. Los pares de estas dos mismas unidades en la capital peruana, el Escuadrón Verde y las USE de la Región Policial Lima, también están bajo sospecha por la contención de las marchas de noviembre contra Manuel Merino y el Congreso.
En ese contexto, OjoPúblico ha solicitado acceso a documentos claves para el uso de la fuerza y armas de fuego durante las protestas, por parte del Escuadrón Verde y las USE de ambas regiones policiales. El pedido se realizó en el marco de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a primera hora del sábado y se encuentra en curso. En el caso de Lima, las unidades involucradas denegaron el acceso a los documentos o no se han pronunciado hasta la fecha.