En el caserío de Cabo López, ubicado en el distrito de Belén, en Loreto, se han detectado casos de uniones forzadas de niñas y adolescentes, así como embarazos tempranos. No es una realidad ajena al resto de la región donde el 50 % de mujeres se unió o contrajo matrimonio antes de la mayoría de edad, según el informe Las adolescentes peruanas en matrimonio o unión: Tradiciones, desafíos y recomendaciones, del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa). 

Muchos de estos casos de abuso sexual no son denunciados porque el agresor forma parte del círculo familiar más cercano de la víctima, “por eso se perpetúa, por eso se silencia y por eso no hay denuncias”, refirió Rocío Roncal, directora ejecutiva nacional de la Asociación Kallpa, a cargo de la implementación del proyecto Transformando miradas, Sembrando oportunidades para abordar el matrimonio de menores antes de la mayoría de edad en Cabo López desde noviembre del año pasado.  

Muchos casos de abuso sexual no son denunciados porque el agresor es parte del círculo familiar cercano de la víctima.

Más de 200 niñas y adolescentes entre 10 y 18 años de edad de este caserío –descendientes de pueblos indígenas como el kukama-kukamiria, entre otros– participan de este proyecto. Durante el periodo de intervención se identificaron ocho casos de abuso sexual, violencia física, desprotección familiar, acoso sexual en la escuela, entre otras situaciones que vulneran los derechos de niñas y adolescentes. 

Entre el 2017 y 2021, en Loreto se registraron 1.620 casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, según cifras de los Centros de Emergencia Mujer (CEM). De ese total, en el 45% de casos (723) los agresores son familiares y en el 16,5% (267) el agresor continúa viviendo en casa de la víctima. A nivel nacional se contabilizaron 54.546 casos de violencia sexual contra menores de edad en el mismo periodo. 

Aunque la cifra resulta alarmante, puede estar alejada de la realidad. Magaly Ascate, oficial de salud adolescente de Unicef Perú, señala que existen muchos casos que no llegan a denuncia, uno de estos puede ser “porque la persona que cometió el abuso es de la familia, puede ser el papá, el tío o el abuelo, y por eso no se hace la denuncia, y casos así hay muchos”. 

CLAVE. El trabajo de prevención en las aulas es clave para reducir los casos de abuso y hostigamiento sexual contra los estudiantes.

Foto: Andina

Según el portal estadístico del Programa Nacional Aurora, a cargo de los CEM, en Loreto el promedio de violencia sexual en menores y adultos se ha incrementado significativamente este año. El 2021 representaba el 16% de los casos (407) reportados ante los Centros de Emergencia Mujer, mientras que el 2022, en el periodo enero-setiembre, alcanza el 21,8% (514).

Patricia Garrido, directora de la Unidad de Articulación de Servicios de Prevención, Atención y Protección del Programa Nacional Aurora, explicó a este medio que el incremento de denuncias no quiere decir que existan más hechos de violencia sino que hoy más personas se atreven a denunciar. 

La violencia sexual contra menores en la región llegó a las aulas incluso en la pandemia. El jefe de Oficina Defensorial de Loreto, Abel Chiroque, informó a OjoPúblico que una investigación de oficio iniciada a las ocho Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) de la región identificó que los docentes hostigaban y/o cometían violencia sexual contra sus estudiantes a través de las redes sociales durante las clases virtuales en pandemia. 

La UGEL Maynas, que se ubica en la capital de la región, reportó que se han destituido a trece docentes y cinco están con proceso disciplinario. En el caso de la UGEL Datem del Marañón se han destituido a ocho docentes. Solo en la UGEL Putumayo, que abarca la frontera con Colombia, no se registró ningún caso; sin embargo, para Chiroque esto no es creíble. “Los casos de violencia también están ahí”, aseguró. 

La atención de víctimas en emergencia

El Centro de Emergencia Mujer (CEM) de Caballococha, provincia de Mariscal Ramón Castilla, es un cuarto pequeño ubicado en el segundo piso de una edificio municipal. Tiene un abogado, una admisionista y una asistente social. Desde hace más de un año no tienen un profesional de psicología, por lo que este servicio lo presta un psicólogo del Ministerio de Salud que no está especializado en violencia sexual. En la oficina tampoco hay un profesional de prevención. 

La falta de los profesionales que se requieren para que los CEM desempeñen su labor fue advertido este año por la Defensoría del Pueblo de la región luego de una supervisión que realizó a entidades que atienden a víctimas de violencia. El caso más dramático lo tiene el CEM de Nauta, ya que solo cuenta con un abogado.

A setiembre del 2022, existen 430 CEM a nivel nacional, 246 funcionan por convenios con gobiernos locales y 184 están instalados en comisarías. En Loreto funcionan 13 CEM, tres de ellos en comisarías. La región tiene también un hogar de refugio temporal para mujeres víctimas de violencia de género, y cinco oficinas de Estrategia Rural, las cuales deben brindar atención y prevención intercultural frente a la violencia. 

En su inspección, la Defensoría del Pueblo pudo comprobar “situaciones que ponían en condiciones de vulnerabilidad a las víctimas de violencia” en los servicios que prestan las entidades que atienden, precisamente, a víctimas de violencia. 

La Defensoría del Pueblo pudo comprobar situaciones que ponían en condiciones de vulnerabilidad a las víctimas de violencia.

Así lo hizo notar para el caso de las unidades médico legales y la defensa pública de las provincias de Datem del Marañón, Mariscal Ramón Castilla, Putumayo, Ucayali, Loreto y Requena, que no tienen los profesionales esenciales para la atención de casos de violencia de género, como médicos legistas, psicólogos, asistentes sociales y abogados.

Un documento de la Defensoría señala que las comisarías de la región no tienen la logística y el personal capacitado, y que “solo hay una fiscalía especializada en violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, con una carga desbordada, con solo dos cámaras Gesell para toda la región".

CAMBIOS. El Programa Nacional Aurora, a cargo de los CEM, se encuentra en fase de rediseño del servicio que brinda en la Amazonía. 

Foto: Andina

Las cámaras Gesell permiten hacer una entrevista única de una forma reservada, brindando seguridad al menor y evitando su revictimización. Desde el 2019 existe la Ley 30920, que declara de prioridad nacional la implementación de estos espacios a fin de evitar la revictimización en los casos de violencia sexual, familiar y trata de personas. 

Esta situación llevó a la Defensoría del Pueblo a solicitar en mayo de este año, a través de un oficio dirigido al gobernador regional de Loreto, Elisbán Ochoa Sosa, que declare en emergencia la atención a víctimas de violencia de género, por ser quien lidera la Instancia Regional de Concertación Intergubernamental e Intersectorial contra la Violencia de Género. Sin embargo, este pedido no ha encontrado eco en la autoridad regional saliente.

La Defensoría del Pueblo solicitó al gobernador de Loreto que declare en emergencia la atención a víctimas de violencia de género.

Según relató el jefe de la Oficina Defensorial de Loreto, en junio se reportó que el agresor de una menor víctima de violencia sexual que se encontraba detenido en flagrancia en la provincia de Requena fue puesto en libertad ante el vencimiento del plazo de detención. No se pudo tomar la declaración de la víctima porque dicha provincia no cuenta con una cámara Gesell.

Sobre el trabajo y las condiciones en las que operan los CEM en la región, Patricia Garrido, del Programa Nacional Aurora, informó que se viene trabajando una restructuración del programa a fin de rediseñar el servicio que se brinda considerando el enfoque territorial, lo que funciona mejor para llegar e intervenir en cada zona, siempre teniendo como punto neurálgico los Centros de Emergencia Mujer.

Las lecciones de Cabo López

En Cabo López se trabajó con la población un proyecto integral y multisectorial. “Contactamos al Centro de Emergencia Mujer, a la Demuna, a los establecimientos de salud”, explicó Rocío Roncal, directora ejecutiva nacional de la Asociación Kallpa. 

Los sectores trabajan cada uno desde sus espacios y lo que falta es una articulación que haga que el trabajo llegue a las zonas rurales más alejadas, y eso es justamente lo que busca el proyecto Transformando miradas, Sembrando oportunidades, dijo. “Queremos que se articule el trabajo de todos los operadores o servidores públicos para que se dé una atención de mayor calidad”, aseguró. 

Explicó que la ruta multisectorial de atención también incluye el ámbito comunal, que  es donde se reportan primero los casos de violencia, y está conformado por líderes que buscan la forma de erradicar las uniones tempranas y forzadas en las niñas. 

“Estas prácticas nocivas están sustentadas en el machismo y están justificadas en patrones socioculturales que se transmiten de generación a generación, y así se perpetúa. Lo que queremos es hacer un corte en estos patrones socioculturales machistas, por eso ha sido importante el trabajo con los padres de familia”, sostuvo.

El modelo de Cabo López está pensado para ser replicado en otros puntos de la Amazonía, donde la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes sigue siendo algo común. Hasta antes de la llegada del proyecto de la Asociación Kallpa a este caserío, muy pocos se cuestionaban sobre este tipo de violencia, refiere Rocío Roncal. Hoy, esta actitud empieza a cambiar.