Efraín Wampush Piitug falleció hace dos años con covid-19 en la comunidad awajún de Bethel Jayais, que forma parte del distrito de Imaza, provincia de Bagua, en la región Amazonas. No pudo acudir a un centro de salud y murió en su vivienda donde su familia intentó salvarlo con remedios naturales. Dejó a su esposa sola al cuidado de cinco niños con edades entre los cinco a once años, cuenta Lenin Tsajuput Anguash, sobrino de Efraín.

Desde entonces, a Lenin le angustia lo que le pueda suceder a estos niños al no contar con un padre, cuya figura es clave en estas comunidades porque es el que tiene el rol de proveer sustento a su familia. “Es cierto que estos niños tienen una casa, pero ellos necesitan apoyo para su educación, salud y alimentación, ahora están abandonados porque no tiene un padre que cuide de ellos”, dice Lenin.  

La lideresa awajún Georgina Rivera Paz aún recuerda los inicios de la pandemia en las comunidades indígenas de Imaza. Sin vacunas disponibles en el mundo contra la covid-19 y el desabastecimiento de medicinas en los centros de salud en territorios awajún, decenas de madres y padres de familia fallecieron en las comunidades de Chiriaco, Pacui, Wachapea y Nazareth, refiere. 

En el primer año de la crisis sanitaria fallecieron 1.029 personas en las comunidades indígenas de Imaza, según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC). “Solo en Chiriaco, Pakui, Wachapea y Nazareth hay 40 niños sin papá o mamá, a algunos de ellos les hemos proporcionado comida y abrigo, pero no es suficiente”, señala la lideresa, quien recorre estas comunidades por su trabajo como defensora de niñas y mujeres agredidas sexualmente en el pueblo awajún.

Solo en Chiriaco, Pacui, Wachapea y Nazareth hay 40 niños sin papá ni mamá, señala Georgina Rivera.

Los huérfanos que refiere Georgina Rivera así como los sobrinos de Lenin Tsajuput Anguash no son beneficiarios de la pensión de S/200 mensuales a favor de menores que perdieron a sus padres o cuidadores que aprobó el gobierno en enero de este año a través de la Ley 31405. La entrega de esta ayuda económica se realiza de manera bimestral y está a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp) a través del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif), que asumió la facultad de evaluar, tramitar y realizar el seguimiento de los casos para su cumplimiento.

ALEJADOS. El certificado de orfandad debe ser solicitado al Reniec, cuya oficina se encuentra a dos o tres días de viaje de las comunidades awajún. 

Foto: OjoPúblico / Leslie Searles

Los beneficiarios de esta ley son los niños y adolescentes menores de 18 años en situación de pobreza o extrema pobreza, lo que debe ser certificado por el Padrón General de Hogares del Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh). Además, se debe contar con certificado de orfandad en el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec).

Esta pensión se otorgó al inicio a los menores que perdieron a sus padres víctimas de la covid 19, de acuerdo al Decreto de Urgencia 020-2021, aprobado en marzo del 2021. Se llegó a 18.000 beneficiarios, cuyos familiares o cuidadores debían presentar el certificado de muerte por coronavirus de los padres o tutores del menor huérfano, pero este requisito dificultaba llegar a un mayor número de beneficiarios debido a que muchas personas fallecieron en sus viviendas y no pudieron acceder a este documento.

Dicho requisito se eliminó y el beneficio se amplió en enero de este año para todos los niños y adolescentes que quedaron huérfanos por cualquier situación con la Ley 31405, según informó la Presidencia del Consejo de Ministros el sábado 22 de octubre mediante nota de prensa. Pese a esta flexibilización del trámite, la ayuda no está llegando a las comunidades awajún según los testimonios y fuentes consultadas por este medio. 

La ley buscó ampliar la cobertura de pensiones a 83.664 menores en orfandad por covid-19.

OjoPúblico se contactó con el Inabif para conocer los avances en el registro de niños y adolescentes indígenas en orfandad por covid-19, así como el número actualizado de beneficiarios con la pensión en Amazonas, pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de este informe. 

Según indicó en enero de este año la exministra de la Mujer Anahí Durand Guevara, en el Perú se registraron 98.000 niños que perdieron a su padre, madre o cuidador durante la pandemia, aunque sin precisar las causas de las muertes. Un estudio realizado por el Imperial College London indica que la pandemia ha dejado 124 mil huérfanos desde marzo del 2020 al 17 de octubre de este año en el país. 

La exclusión de los awajún
 

En una carta abierta enviada a la Defensoría del Pueblo, el antropólogo Rodrigo Lazo Landivar ha alertado sobre el incumplimiento de la entrega de esta pensión en comunidades awajún. Este investigador, quien indica que ha recorrido 25 comunidades awajún como parte de sus estudios en antropología médica, estima que hay 300 menores indígenas en orfandad en las provincias de Bagua y Condorcanqui, en la región Amazonas, que no acceden a ningún beneficio económico. 

A pesar de la eliminación de la entrega del certificado de muerte por covid-19, el requerimiento del certificado de orfandad que debe ser solicitado al Reniec representa un acto de exclusión, indica el antropólogo, ya que la oficina de esta entidad más cercana al pueblo awajún está en la capital de Condorcanqui, que se encuentra a dos o tres días de viaje desde sus comunidades, lo que implica un costo aproximado de S/300 a S/400 fuera de alojamiento y alimentación. 

Para poder suplir estos requisitos inviables para los awajún, sus apus y Lazo Landivar elaboraron un declaración jurada que fue aplicada en algunas comunidades, pero el proceso de empadronamiento de los huérfanos fue insuficiente, por lo que se solicitó a la Defensoría del Pueblo canalizar el pedido de atención a estos menores con el Mimp, Inabif, Ministerio de Cultura y Reniec. 

Lazo Landivar recuerda también que al inicio de la pandemia no hubo pruebas rápidas en las zonas rurales de la Amazonía que permitieran diagnosticar la covid-19 y certificar las causas de las defunciones de los indígenas, lo que ha generado falta de registros oficiales de estas muertes. “Las muertes de indígenas son un silencio en los datos epidemiológicos del Estado, no han sido registrados hasta el momento”, dijo el experto a OjoPúblico.

Al inicio de la pandemia no hubo pruebas rápidas para diagnosticar covid-19 en zonas rurales de la Amazonía.

Aunque la inscripción puede hacerse en cualquier dependencia del Mimp, Lazo Landivar describe que la presencia de esta institución en las comunidades awajún es escasa. Por otro lado, las brechas de conexión a internet también impiden que los niños en orfandad de los pueblos indígenas sean registrados de forma virtual en la plataforma donde está el modelo de solicitud diseñado por el Mimp para realizar este trámite. 

La situación denunciada por Lazo Landivar se registra en otras comunidades awajún de la región. Al respecto, Salomón Awananch Wajush, comunicador de la Organización Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú —que representa al pueblo awajún y wampis y está conformada por 10 federaciones en 365 comunidades—, indicó que en las zonas donde tienen presencia no hay información sobre esta ayuda a menores en orfandad, por lo que pidió que las entidades encargadas de empadronar a los beneficiarios coordinen con las organizaciones indígenas para facilitar este proceso por ser de urgencia.