Actualización: 8 de mayo de 2023 - 6:30 p.m.

 

Los proyectiles con los que fueron heridas las personas en las recientes protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de la República son una de las principales pruebas para identificar a los responsables de vulneraciones a los derechos humanos. 

Sin embargo, la reconstrucción de la cadena de custodia que OjoPúblico realizó en siete casos exponen incumplimientos de los protocolos que deben seguir la Fiscalía y el personal sanitario. Cinco de ellos implican tres tipos de irregularidades en el cuidado de los proyectiles de armas de fuego. 

El Ministerio Público establece que los fiscales deben requerir oportunamente los proyectiles extraídos del cuerpo de las víctimas a los hospitales, pues dicha evidencia sirve, luego, para identificar el arma desde donde se dispararon. 

Además, deben recoger la evidencia del lugar del hecho en el menor tiempo posible para evitar su contaminación o ser extraviados. En el caso del personal sanitario, de acuerdo a los especialistas consultados para este informe, deben informar a la Fiscalía y entregar toda la evidencia encontrada. No obstante —como se expone en este reportaje— esto no ocurrió en todos los casos. 

RECOJO. En muchos casos, la población llegó al lugar de los hechos antes que la Fiscalía. 

Foto: OjoPúblico / Luis Javier Maguiña

 

El 15 de diciembre pasado, Carlos Tineo Gómez (36), transportista interprovincial ayacuchano que no participaba de las protestas, recibió un disparo en la pierna derecha. Una semana después, durante su estadía en el Hospital Regional de Ayacucho, le extrajeron un proyectil de arma de fuego. 

En lugar de derivar la evidencia a la Fiscalía, el personal de salud le entregó el proyectil a su hermana. El 23 de diciembre, un día después de la operación, Guillerma Tineo Gómez procedió a entregar el proyectil a la Fiscalía para que este fuera incluido en el proceso, según consta en el expediente fiscal de Ayacucho.

“No se debe entregar [la evidencia] a los familiares. Ahí malogras la cadena de custodia, pues ellos no son los investigadores. A nadie, que no sean las autoridades encargadas, se le puede entregar”, declaró un médico legista consultado por OjoPúblico, que pidió mantener su identidad en reserva.

No se debe entregar [la evidencia] a los familiares. Ahí malogras la cadena de custodia", explicó un médico legista consultado.

Otro caso es el de Eliseo Soncco Quispe. El joven carpintero de 17 años fue herido en las protestas de Juliaca, el pasado 9 de enero pasado. 

Soncco Quispe recibió un disparo en la zona de la columna, por lo que tuvo que ser trasladado de emergencia al Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa, debido a la falta de especialistas en Puno, según consta en un acta de referencia a la que tuvo acceso este medio. 

Su hermano, Isaí Mamaní Quispe, contó a este medio que los médicos extrajeron el proyectil del cuerpo de Eliseo el 17 de enero. Sin embargo, al momento de consultar qué pasaría con el objeto, no le brindaron mayor información. 

Los familiares del joven incluso solicitaron que se les entregara la evidencia, pero tampoco obtuvieron respuesta. Hasta ahora, la familia no sabe si el hospital lo conserva o han desechado el proyectil, pues no han recibido ninguna notificación de la Fiscalía.

“No nos han querido dar razones [sobre el proyectil]. Creo que se cerraron, no sé exactamente los motivos, pero en el hospital una vez que le sacaron, solo nos dejaron tomar una foto y se lo archivaron, ya no nos querían entregar”, declaró Isaí Mamani.

Los galenos tienen que entregar todo lo que encuentran", señaló Carmen Rosa Cardoza, del Equipo Peruano de Antropología Forense. 

Carmen Rosa Cardoza, fundadora del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), señaló que los médicos responsables de la extracción de los proyectiles deben entregar todos los elementos al Ministerio Público para el inicio de la cadena de custodia. “Los galenos tienen que entregar todo lo que encuentran”, precisó.

Además, tampoco ha habido una adecuada diligencia para el recojo de los proyectiles o sus restos en el lugar donde ocurrieron los hechos. La joven ayacuchana René Hinostroza, narró a OjoPúblico que el 16 de diciembre, un día después de la represión a las protestas de Ayacucho, acudió junto a una amiga a caminar a los alrededores del aeropuerto de Huamanga, lugar donde visualizó casquillos de proyectiles.

“Recogimos uno y fuimos al hospital a donar sangre. Ahí encontramos a los abogados [de las víctimas] y le entregamos el casquillo. Luego, vimos que ellos se lo dieron a una fiscal que se encontraba en el lugar. Lo pusieron en un sobre y lo lacraron”, indicó. 

El Reglamento de Cadena de Custodia del Ministerio Público establece que el fiscal a cargo, con apoyo de la Policía Nacional del Perú, debe “garantizar el aseguramiento y perennización de la escena para evitar su contaminación, alteración, destrucción o pérdida, con el objeto de comprobar la existencia de elementos materiales y evidencias pertinentes y útiles para el esclarecimiento del hecho punible y la identificación de los responsables”. 

Algo que no ha ocurrido en todas las regiones, pues hay casos en los que la población ha encontrado proyectiles o sus restos en el lugar de los hechos, mucho antes de que acuda la Fiscalía.

 

Protocolo de cadena de custodia

 

El Código Procesal Penal señala que “la Fiscalía es la responsable de conducir la investigación del delito”. Por lo tanto, nadie puede intervenir o tomar acción sin disposición del fiscal a cargo. “La Policía actuará de acuerdo a los mandatos del Ministerio Público”, agrega la norma. 

El Reglamento de Cadena de Custodia de Elementos Materiales, Evidencias y Administración de Bienes Incautados del Ministerio Público establece que el fiscal a cargo es la persona encargada de delegar y supervisar todo el proceso de cadena de custodia, entendida como “el procedimiento destinado a garantizar la individualización, seguridad y preservación de los elementos materiales y evidencias” del delito. 

La Fiscalía es la responsable de conducir la investigación del delito”.

Si bien la norma establece que la Policía puede ayudar a la Fiscalía con el recojo de la evidencia, este no puede actuar por mandato propio, señalaron los especialistas, luego de que se conociera que, en noviembre de 2020, durante las marchas contra el breve régimen de Manuel Merino, varios policías acudieron a los hospitales para solicitar la entrega de los proyectiles, según denunciaron las propias víctimas.

“El Ministerio Público elige la unidad policial que intervendrá, pero el titular de la investigación es la Fiscalía. La Policía tiene que reportar todo, no puede darse el lujo de nada, indicó el médico legista a este medio.

Así sea la Policía o la Fiscalía quien recoja la evidencia, se deberá llenar el Acta de Cadena de Custodia, documento en el que se tiene que precisar todos los datos sobre el objeto y las personas involucradas, tanto del que entrega la evidencia como del que recoge, según el Reglamento del Ministerio Público. Con esa acta, se da inicio a la cadena de custodia. 

ENTREGA. Los médicos deben entregar todos los objetos encontrados en el cuerpo de una persona para el inicio de la cadena de custodia. 

Foto: OjoPúblico / Miguel Gutiérrez

 

En el caso de los hospitales, así como en cualquier otro lugar, la Fiscalía debe apersonarse para recoger toda la evidencia o, en todo caso, enviar al personal policial para que cumpla con esa labor. 

En tanto, los médicos deberán informar a su superior de servicio el hallazgo de alguna evidencia que pueda servir para las investigaciones penales, con el fin de asegurar el objeto hasta que la Fiscalía proceda con su recolección y se inicie la cadena de custodia.

“Cuando [un médico] encuentra un proyectil en el hospital, se hace una notificación al jefe de servicio de que se ha encontrado tal cosa. Se conserva la custodia hasta que la PNP vaya a recogerlo”, indicó el médico legista a OjoPúblico. 

En tanto, Carmen Rosa Cardoza, de EPAF, señaló que, en estos casos, donde han habido gran cantidad de fallecidos y muertos, los fiscales debían estar en los hospitales al tanto de la situación de la víctima, algo que les debería permitir recoger inmediatamente la evidencia. En casos que no haya sucedido eso, los médicos debían informar a las autoridades para que se procediera con la cadena de custodia. 

“En caso de heridos o fallecidos, el médico tiene que hacer un informe médico con el detalle de lo encontrado y llamar al Ministerio Público. Me parece raro que no esté la Fiscalía en el hospital cuando suceden estos casos de proyectiles”, advirtió.

El hospital debía llamar a la Fiscalía ante la llegada de heridos de las protestas", dijo Gloria Cano, abogada de Aprodeh.

En esa misma línea, la abogada de Aprodeh, Gloria Cano, sostuvo que el hospital debe llamar a la Fiscalía ante la llegada de heridos en casos de violaciones de derechos humanos, como eran los heridos que llegaban de las protestas.

Luego del recojo de la evidencia, la Fiscalía debe decidir a dónde enviar el proyectil para su análisis pericial. Los especialistas consultados indicaron que, normalmente, se destina a la Oficina de Criminalística de la PNP, aunque también podría ser derivado a la Oficina de Peritajes del Ministerio Público. 

Luego, estas unidades deben emitir un informe que se entrega al fiscal a cargo, y la evidencia pasa a los almacenes del Ministerio Público para su resguardo hasta que los fiscales o los jueces requieran un nuevo análisis. 

En el caso de los fallecidos, la cadena de custodia inicia luego de realizada la necropsia en las unidades especializadas del Ministerio Público, como la Morgue de Lima. Allí mismo se hace entrega de los objetos encontrados en el cuerpo de la víctima a los peritos, que ya se encuentran en el lugar, por ser una entidad que cuenta con estos profesionales. 

Con respecto al recojo de evidencia en la escena del crimen, el Reglamento del Ministerio Público establece que se debe asegurar lo más rápido posible el lugar de los hechos para evitar que cualquier persona acceda a la evidencia. Para esto, la Fiscalía debe pedir apoyo de la Policía. 

Posteriormente, deben llegar los especialistas en balística para el recojo de la evidencia y ponerlos en los sobres que les correspondan y se inicie así la cadena de custodia.

 

Las rutas irregulares de los proyectiles

 

Desde diciembre último, 49 civiles fallecieron en los enfrentamientos registrados con las fuerzas del orden durante las protestas, y otros 972 civiles resultaron heridos, de acuerdo a información de la Defensoría del Pueblo. Otras 11 personas murieron en accidentes de tránsito y hechos vinculados a los bloqueos de carreteras. Además, se registró el deceso de un policía y seis militares en el contexto del conflicto. 

Tanto en el caso de los fallecidos como de los heridos por impactos de proyectil de arma de fuego, la custodia de estos objetos es clave para identificar a los responsables. Sin embargo, la reconstrucción de la cadena de custodia de cinco casos realizada por este medio evidencia tres tipos de irregularidades diferentes.

La primera ruta identificada es aquella en la que los médicos entregaron los proyectiles a la víctima o sus familiares. Como se mencionó previamente, Carlos Tineo Gómez fue operado el 22 de diciembre en el Hospital Regional de Ayacucho, luego de ser herido durante la represión de las fuerzas militares y policiales cerca al aeropuerto de Huamanga. Los médicos extrajeron el proyectil que le hirió la pierna derecha.

En conversación con OjoPúblico, Carlos señaló que el médico que lo operó le dijo que le habían encontrado “una bala de 22 mm” y procedió a entregarla a su hermana, Guillerma Tineo Gómez. “Así nomás se lo han entregado, en un pomito creo”, contó.

MÉDICOS. El doctor que operó a Carlos Tineo le entregó a su familia el proyectil que le extrajeron sin informar a la Fiscalía. 

Foto: Expediente fiscal

 

Tineo Gómez también narró que el médico le indicó a su hermana que lleve la evidencia al área de Patología del hospital. Sin embargo, el personal de dicha área no quiso recibir el proyectil y le dijo que debía llevarlo directo a la Fiscalía.

El Acta Fiscal de Recepción de Evidencia de la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos de Ayacucho, a la que accedió este medio, revela que Guillerma entregó el proyectil en “un frasco envuelto en gasa de color blanco, que se encuentra en una bolsa plástica transparente”. 

La Fiscalía añade en el documento que recepcionó el objeto y lo introdujo en un “sobre manila de color amarillo y lacrado con cinta de embalaje”, dando inicio a la cadena de custodia. No obstante, esta debió iniciar en el hospital. 

Un caso similar sucedió con Diego Armando Quispe Livisi, de 34 años, que fue herido con una ráfaga de perdigones, el 9 de enero en Juliaca. Él fue trasladado al Hospital Regional de Juliaca para que le extraigan los proyectiles. 

Los médicos solo lograron retirarle ocho perdigones, pero aún tiene otros incrustados en el cuerpo, según contó su abogado César Quispe Calsin y consta en un acta del Ministerio Público a la que tuvo acceso este medio. 

En su declaración, del 11 de abril, a la Fiscalía de Juliaca, Quispe Livisi aseguró que los médicos le entregaron los perdigones que le extrajeron y que él los tenía. Hasta el cierre de este informe, su abogado no sabía si ya estaban en poder de la Fiscalía.

La custodia de estos objetos es clave para identificar a los responsables de los disparos".

La segunda ruta de irregularidades identificada por OjoPúblico es aquella en la que no se sabe qué ocurrió con los proyectiles, luego de ser extraídos de las víctimas en los hospitales. 

La quincena de enero, los médicos del Hospital Regional Honorio Delgado, de Arequipa, operaron a Eliseo Soncco Quispe, de 18 años, tras ser derivado desde Juliaca por presentar la incrustación de un proyectil de arma de fuego en la columna. 

Como también se detalló previamente, su hermano cuenta que, luego de la operación en la que retiraron un proyectil de arma de fuego, la familia le solicitó información al médico responsable sobre lo que sucedería con el mismo, pero no encontraron respuesta. Solo les dejaron tomarle una foto.

“No nos quisieron dar mayor información. No nos quisieron indicar por qué no nos quisieron devolver o por qué no nos quisieron dar [el proyectil]. No sabemos si llegó a la Fiscalía o si el hospital lo llegó a derivar”, relató Isaí Mamaní Quispe a OjoPúblico. 

Casi tres meses después, la familia no sabe lo que ha sucedido con el proyectil. Aunque no iniciaron un proceso legal, tampoco han recibido alguna notificación de la Fiscalía sobre el inicio de una investigación de oficio, algo que debería haber ocurrido si el hospital derivó la evidencia. 

Este medio intentó contactar con algún representante del Hospital Regional Honorio Delgado a través de los números de su página web, pero no hubo respuesta. 

AREQUIPA. En el hospital dejaron que Isaí Mamaní tome una foto del proyectil que le extrajeron a su hermano, pero luego no le dieron información sobre su destino.

Foto: Isaí Mamani

 

Finalmente, la tercera ruta irregular identificada por este medio es la que siguieron los proyectiles o los restos de los mismos que estaban desperdigados en la escena del crimen y alrededores.

René Hinostroza Prado, de 33 años, contó que, el 16 de diciembre, un día después de la muerte de 10 personas cerca al aeropuerto de la ciudad de Huamanga, en Ayacucho, se trasladó junto con una amiga a la zona del enfrentamiento y encontró restos de proyectiles, entre ellos casquillos y bombas lacrimógenas. 

Luego de recoger un casquillo, fueron hacia el hospital regional con la intención de donar sangre. En el lugar se encontraron con los abogados de las víctimas, quienes le indicaron que entreguen el casquillo como prueba para la investigación judicial. 

Posteriormente, los abogados le hicieron llegar la evidencia a la fiscal que se encontraba en el hospital, quien procedió a lacrarlo en un sobre. 

RESGUARDO. La Fiscalía debe garantizar el recojo de la evidencia en la escena de los hechos. 

Foto: Expediente fiscal

 

Lo mismo hizo Juana Arévalo Jaico, quien encontró tres casquillos, dos usados y uno entero, cerca al grifo que se ubica en los alrededores del aeropuerto de la ciudad de Huamanga. “Los recogí luego de que le dispararon a un joven cerca a un grifo, por el aeropuerto. Yo los recogí el mismo 15 de diciembre, pero los entregué el 16”, indicó a OjoPúblico.

Los casquillos son restos de un proyectil y sirven para identificar el arma que realizó el disparo a través del análisis de la huella balística del percutor, según un perito balístico consultado por este informe.

 

La manipulación de evidencia no implica su nulidad

 

La Corte Suprema de Justicia, a través de su Acuerdo Plenario N° 6-2012/CJ-116, marcó jurisprudencia en relación a la ruptura de la cadena de custodia.

En este documento, publicado en 2012, señala que, cuando sucede la ruptura de la cadena de custodia, es decir, en las ocasiones en que “se pierde la garantía de identidad entre lo incautado y lo entregado al fiscal o a los peritos”, aunque significa que ha existido una irregularidad procesal, esto “no determina su nulidad, inadmisibilidad o inutilización”.

Con esta resolución, la Corte Suprema establece que, pese a que se haya confirmado la manipulación de un objeto clave en la investigación, como los proyectiles o sus partes, no implica que estas pruebas no puedan ser usadas en el proceso judicial. 

La manipulación de los proyectiles no los anula como evidencia en el proceso judicial".

El argumento de los jueces radica en que la cadena de custodia es una de las modalidades para acreditar la identidad de un bien incautado. Pero que, en la norma, rige “el principio de libertad probatoria”, el cual dictamina que las partes pueden presentar otras pruebas para garantizar la autenticidad de la evidencia, en caso de ruptura de la cadena de custodia. 

Por ese motivo, en los casos descritos en este informe  —en donde se ha evidenciado la manipulación de los proyectiles por terceras personas— la Fiscalía está obligada a recibirlos.

Pese a esto, es importante mencionar que la ruptura de la cadena de custodia sí puede generar demoras en el proceso, sobre todo cuando la evidencia contaminada o manipulada resulta clave en la investigación, ya que exigirá que la Fiscalía y la víctima busquen pruebas alternativas que ayuden a confirmar la evidencia. 

 

Entierros sin necropsias

 

Otros casos de negligencias se llevaron a cabo en Andahuaylas, lugar donde enterraron a dos personas que murieron durante las protestas sin realizarles las necropsias correspondientes. Por eso, tres meses después de los hechos, ambos cuerpos tuvieron que ser exhumados.

Cristian Rojas, estudiante de Enfermería de 19 años, recibió el impacto de una bomba lacrimógena durante las protestas en la ciudad de Andahuaylas del 11 de diciembre, según la declaración de los testigos que declararon a la Fiscalía. 

Tras el ataque fue traslado al Hospital Regional de Abancay, donde falleció la mañana del 14 de diciembre. Su hermano Silverio aseguró a OjoPúblico que desde el hospital le autorizaron llevarse el cuerpo de su hermano y no le comentaron nada sobre la necropsia. 

“Es la primera vez que pasamos [por] esto, yo pensé que le habían sacado la necropsia. El Hospital de Abancay me dio la autorización para llevarme el cuerpo. No se comunicaron de la Fiscalía ni del hospital conmigo. Luego de meses, llamaron de la Fiscalía de derechos humanos y me dijeron que no había necropsia”, narró Silverio.

Recién a inicios de marzo se realizó la exhumación del cuerpo de Cristian y se procedió con la necropsia de ley. Sin embargo, en Andahuaylas no se ha podido determinar exactamente la causa de la muerte, por lo que se decidió llevar muestras a Lima, indicó el abogado Saúl Peceros, quien acompañó a la familia en el proceso de exhumación.

Es responsabilidad de la Fiscalía y de los miembros del hospital de Abancay [no haber realizado la necropsia]", dijo Silverio Rojas. 

“Sacaron muestras de cabello y de hueso, para que haga un análisis de laboratorio en Lima, en eso quedamos. Ya debería regresar, porque eso se envió en marzo, ya debió haber regresado para saber cuál fue la causa”, contó el abogado.

Asimismo, Peceros criticó el actuar de la Fiscalía y los miembros del hospital de Abancay por la negligencia en este caso. “Por supuesto es responsabilidad de la Fiscalía y de los funcionarios del hospital, del director. Debieron realizar el protocolo de necropsia una vez falleció”, añadió. 

Por otro lado, está el caso de Roberto Medina Llantoherhuay (16), joven estudiante fallecido en la ciudad de Chincheros, en Apurímac, el pasado 12 de diciembre. 

Tras el ataque sufrido, Roberto fue llevado al hospital de Chincheros, donde certificaron que le habían disparado un proyectil de arma de fuego, según su abogado, Lenin Checco. Sin embargo, la Fiscalía no pudo continuar las diligencias debido a los ataques sufrido a sus instalaciones y el hospital tuvo dificultades para trasladar el cuerpo a Andahuaylas, donde podrían realizar la necropsia. 

“Él murió el 12 de diciembre. Fue en un contexto donde estaba bloqueada la vía y los miembros del Minsa no podían llevar el cadáver hasta Andahuaylas, donde hacen las necropsias y tampoco podían dar las garantías. Entonces, lo entregaron a sus familiares”, declaró Lenin Checco, abogado de la víctima. 

Por eso, la familia procedió al entierro del cuerpo. Tres meses después, la Fiscalía especializada en derechos humanos solicitó su exhumación. No obstante, Checco denuncia un trato degradante por parte de las autoridades durante el proceso de desentierro del cuerpo. 

“La exhumación ha sido con un trato inhumano. Ha ido la Policía, antimotines, y han rodeado a la familia de cinco personas y le han obligado al padre que saque a su hijo. Ha sido todo un tema legal, pero inhumano”, contó.

 

 

*Luego de la publicación de la nota, el Hospital Regional Honorio Delgado informó que el 3 de febrero, 17 días después de haber extraído el proyectil del cuerpo de Eliseo Soncco Quispe, enviaron la evidencia a la Oficina de Investigación Criminal de Homicidios PNP Arequipa, a través de la empresa courier TyT, sin informar al Ministerio Público.