Un reciente informe de la Relatoría Especial sobre la Trata de Personas de las Naciones Unidas alerta a los países del mundo la necesidad de enfocarse en las modalidades de trabajo forzoso y explotación laboral, delitos que afectan a millones de personas y se mantienen invisibles. Esta vez, el ente internacional pidió a los gobiernos que comprometan a las empresas privadas a informar las medidas que adoptan para evitar la infiltración de la trata en sus operaciones, y a lo largo de toda su cadena de suministro. 

“Lo cierto es que las víctimas de trata son una enorme reserva de mano de obra barata (o incluso no remunerada), mal utilizada y victimizada con ese fin; mientras que el producto de su duro trabajo enriquece no solo a los tratantes, que muchas veces son delincuentes, sino también a sus explotadores finales, que muy a menudo son integrantes bien establecidos y respetados de la economía formal”, se lee en el documento.

El texto fue elaborado por la relatora Maria Grazia Giammarinaro -al término de su mandato de seis años- e incluye 12 recomendaciones para los gobiernos y empresas. Entre ellos que se promuevan cambios legislativos en esta materia y que las compañías presenten informes periódicos donde expliquen cómo minimizan los riesgos de explotación y trata en su producción.

Además, propone que se brinde una reparación económica a los trabajadores explotados en sus cadenas de suministro. “Las empresas matrices deberían rendir cuentas por los daños ocurridos ante el incumplimiento de esas obligaciones”, añade Giammarinaro .

FISCALIZACIÓN. En Perú, la Sunafil es la entidad llamada a fiscalizar las condiciones de empleo y sancionar casos de explotación laboral.

Foto: Andina.

El informe también reconoce los avances que han realizado los países para enfrentar la trata, pero lamenta que la mayoría de políticas públicas se concentren en perseguir el delito y controlar la migración, en vez de brindar asistencia y reinserción social a las sobrevivientes. Ello implica asegurarles atención médica, apoyo psicológico, representación legal efectiva, educación, capacitación y ayuda para devolverles a un ámbito laboral seguro.

Las redes criminales aprovecharán la crisis

Estas advertencias se suman al estudio “El impacto y las consecuencias de la pandemia de COVID-19 en personas traficadas y explotadas” que la misma Relatoría de las Naciones Unidas publicó en junio, y donde se indica el riesgo de trata, explotación y vulneración a los derechos humanos en el ámbito laboral, sobre todo en personas que están sufriendo pérdidas materiales, sociales y económicas; y en menores de edad a los que la crisis los está empujando a insertarse al mercado laboral para ayudar a sus familias.

“Debido a la pérdida de oportunidades económicas [personas más vulnerables] podrían verse obligados a mantenerse trabajando en condiciones inseguras, sin protecciones sanitarias adecuadas, y en situaciones de explotación para obtener dinero en un momento de interrupción económica. Los traficantes pueden detener sus documentos, lo que dificulta la capacidad de acceder a la protección social y otros derechos", sostienen.

Por su parte, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) añade que el confinamiento, las restricciones de tránsito, las limitaciones actuales de empleo, y los recortes en presupuestos están teniendo un impacto negativo en los más vulnerables.

En un comunicado enviada a los países, la entidad explica que la trata ha logrado “ajustar sus modelos comerciales a la nueva normalidad creada por la pandemia, especialmente a través del abuso de tecnologías”, mientras que los gobiernos han visto limitadas sus posibilidades de brindarles apoyo a las víctimas.

La ONU sostiene que las empresas matrices deberían rendir cuentas por los daños ocurridos a trabajadores víctimas de trata.

“Están emergiendo nuevas oportunidades para que el crimen organizado se beneficie de las crisis. Esto significa que los tratantes pueden volverse más activos y aprovecharse de personas que son incluso más vulnerables que antes, pues han perdido su fuente de ingresos debido a las medidas para controlar el virus”, sostuvo el jefe de la Sección de Trata de Personas de la UNODC, Ilias Chatzis, al presentar el informe.

En Perú, desde que inició el Estado de Emergencia los agentes de la División Contra la Trata de Personas (Divintrap) pasaron a reforzar la seguridad ciudadana y dejaron las labores de inteligencia. Si bien continuaron atendiendo denuncias, recién desde la quincena de junio retomaron los operativos para desarticular bandas de tratantes. De acuerdo con la policía, los delincuentes han reforzado su presencia en las redes sociales para captar a adolescentes y mujeres jóvenes ofreciéndoles falsos trabajos, sin experiencia previa y con sueldos atractivos. 

La Divintrap no ha profundizado en los casos que derivan en explotación laboral. Sus acciones se concentraron en intervenir inmuebles alquilados donde se ejercía la trata con fines de explotación sexual, y a donde llegaban los clientes-explotadores tras ser contactados por WhatsApp. En lo que va del año se realizaron 60 intervenciones de este tipo y se detuvieron a 56 personas que vigilaban o administraban estos locales. En su interior se encontraron a 391 mujeres y 68 menores de edad, ocho de los cuales son extranjeros, y sus casos están en investigación.

El tráfico de migrantes no se detuvo

La Interpol también ha activado sus alertas sobre los efectos a corto y a largo plazo de la pandemia en los flujos de comercio internacional de personas y el tráfico de migrantes. El documento, elaborado por el secretario general Jürgen Stock para sus agentes, y subido a su portal web, advierte que las consecuencias económicas del coronavirus repercutirán en la necesidad de migrar, lo que supondrá un incentivo de lucro para los delincuentes. “Observamos que los traficantes de personas mienten para persuadir a los más desesperados, con un costo económico y un riesgo elevado a causa de las mayores dificultades para viajar por las restricciones actuales".

VULNERABLES. Las barreras para que la población venezolana formalice su situación migratoria les impide acceder a trabajos seguros.

Foto: Andina

De acuerdo con la institución, las rutan terrestres del tráfico de migrantes que unen Centroamérica con Norteamérica, y la que va del Cuerno de África hasta Sudáfrica, se han mantenido a pesar del cierre de fronteras y el confinamiento, aunque en condiciones más peligrosas. En cambio, en países de América Central y América del Sur los migrantes han quedado temporalmente varados.

En nuestro país, los más vulnerables a una migración insegura son los ciudadanos venezolanos, algunos de los cuales emprendieron el viaje de retorno a su patria durante el confinamiento. La ruta que siguen implica cruzar Ecuador y Colombia a pie, y contratando por tramos vehículos que hacían el traslado de forma clandestina; vendiendo sus bienes y celulares en el camino.

Cécile Blouin, investigadora sobre temas de movilidad humana del Idehpucp, considera que las barreras impuestas por el Gobierno para que la población venezolana formalice su situación migratoria les impide a estos acceder a trabajos formales y seguros, agravando su situación económica. Cabe recordar que ellos no fueron incluidos en los planes de salud o entrega de bonos realizados durante la pandemia.

“Las condiciones de inserción laboral actual son sumamente precarias, y para esa población en especial se suman barreras como la discriminación, trabajos peor pagados y condiciones de informalidad. El cierre de fronteras y la actual política migratoria los hace más vulnerables a cualquier tipo de abuso”, explicó.