El área de asesoría jurídica y la División de Servicios Especiales de la Región Policial Lima se negaron a entregar documentos claves sobre el uso de armas de fuego durante las protestas contra Manuel Merino, que fueron requeridos por nuestro medio a través de pedidos de información pública. Los efectivos de dicha región policial están bajo sospecha de la Fiscalía por la muerte de dos ciudadanos durante las marchas de noviembre, en la capital peruana.

La decisión del área legal de la Región Policial Lima fue comunicada a nuestra redacción por el comandante PNP Leonardo Vasquez Saenz, quien se desempeña como Comisario de Miraflores. La respuesta de la División de Servicios Especiales, por su parte, fue firmada por el suboficial de segunda PNP Carlos Ruperto Pretel López, quien ejerce como documentario del área de operaciones en dicha unidad. Ambos documentos fueron emitidos en las últimas semanas de diciembre.

La Región Policial Lima es una entidad clave en las pesquisas que desarrolla el Ministerio Público por las muertes de los jóvenes Jack Bryan Pintado Sánchez y Jordan Inti Sotelo Camargo. La investigación tiene entre los sospechosos al general PNP Jorge Cayas Medina, jefe de dicha jurisdicción policial, que ya ha presentado a sus abogados ante la Fiscalía.

Un policía, cuando haga uso de la fuerza, como su arma de fuego, debe emitir un reporte a su superior".

El fiscal Yoni Soto Jiménez, quien estuvo a cargo de la investigación en un primer momento, centró sus esfuerzos en dos entidades dentro de la Región Policial Lima: la propia División de Servicios Especiales, bajo el mando del coronel PNP Carlos Villafuerte Salas -que tiene a su cargo a todas las unidades de servicios especiales (USE)-; y la División de Operaciones Especiales Escuadrón Verde, a cargo del coronel PNP Freddy Velásquez. Los testimonios recabados por la Fiscalía han confirmado la participación de dichas unidades durante la contención de las protestas.

La defensa de los deudos de Pintado Sánchez, sin embargo, solicitó la creación de una Fiscalía Ad Hoc de derechos humanos, que se dedique de manera exclusiva a la investigación de la muerte de ambos ciudadanos, quienes recibieron diversos impactos de proyectiles de arma de fuego la noche del 14 de noviembre.

El pasado viernes, luego de que la Defensoría del Pueblo se sumara al pedido de la defensa de los deudos, el Ministerio Público trasladó este caso a la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima. De esta manera, el caso será atendido, de manera exclusiva, por la fiscal Jhousy Margot Aburto Garavito, quien se encargó, hasta el año pasado, de diversas investigaciones especializadas en derechos humanos en Ayacucho.

Reportes sobre uso de la fuerza en las marchas

Durante las protestas de noviembre, al menos 250 manifestantes, paramédicos voluntarios y periodistas resultaron heridos, según un listado elaborado por nuestro medio. El reportero de OjoPúblico, Alonso Balbuena Bellatin, por ejemplo, fue herido por el accionar directo de la Policía. En su reporte final, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que la manifestación fue reprimida “mediante un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza”.

En ese contexto, y en el marco de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el último 25 de noviembre, OjoPúblico solicitó, ante el Ministerio del Interior (Mininter), los reportes del uso de la fuerza durante las protestas, que debieron ser emitidos por los miembros de la División de Servicios Especiales y el Escuadrón Verde. El requerimiento fue recibido por la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental de dicho ministerio.

La normativa policial señala que un policía, cuando haga uso de la fuerza, y en particular de un arma de fuego, deberá comunicarlo “a su superior jerárquico o jefe inmediato, mediante parte, acta, informe o el documento según corresponda”. Dicho reporte debe detallar, entre otros, las circunstancias y fundamentos para el uso de la fuerza, así como el armamento y municiones empleadas, según señala el decreto legislativo 012-2016-IN.

DENEGADA. Unidad de la Región Policial Lima alegó que, durante la semana de las protestas, cubrió diversos servicios policiales, para denegar la solicitud. 

Documento: Policía Nacional del Perú

La misma legislación indica que, si el uso de la fuerza policial provoca heridos o muertos, estos deben ser reportados “de inmediato y por escrito” a la comisaría del distrito donde ocurrió el incidente. Además, en esos casos, el reporte debe ser puesto en conocimiento del Ministerio Público y de la Inspectoría General de la Policía. En base a esta normativa, los efectivos de la Región Policial Lima debieron emitir dichos documentos durante las protestas de noviembre.

Un día después de la solicitud de OjoPúblico, el 26 de noviembre, el responsable de la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental del Mininter, Walter Mango Díaz, remitió el pedido al coronel PNP Edson Cerrón Lazo, quien es responsable del acceso a la información pública de la Policía Nacional. Un mes después de iniciado el trámite, sin embargo, la División de Servicios Especiales de la Región Policial Lima denegó la solicitud.

“En la solicitud no se encuentra especificado respecto a qué hechos se refiere [...] teniendo en cuenta que [la División de Servicios Especiales], durante esa fecha [del 9 al 15 de noviembre, cuando participó en la contención de las marchas] cubrió diversos servicios policiales; por lo tanto, esta división policial omite brindar información”, alegó el suboficial Pretel López de dicha unidad, en un documento que lleva el sello de la Jefatura de la Región Policial Lima. El Escuadrón Verde, por su parte, no ha emitido respuesta hasta el momento.

El armamento en las protestas

Las pericias forenses a los cuerpos de Jack Bryan Pintado Sánchez y Jordan Inti Sotelo Camargo encontraron proyectiles de plomo, cuyo uso por parte de la Policía en la contención de protestas está restringido desde el año 2004. En el caso de Sotelo Camargo, además, la pericia balística sugirió que este proyectil no tiene las características de haber sido disparado por un arma de fabricación artesanal, según reveló el medio América Noticias.

Durante esta protesta, la Policía desplegó escopeteros de gases lacrimógenos y de perdigones, como quedó registrado en fotografías. Sobre esto, la normativa que regula el uso de la fuerza, en sus disposiciones complementarias finales, señala que el Mininter debe evaluar “los equipos de protección y defensa, armas no letales y letales con los que cuenta la Policía Nacional” y hacer una “revisión periódica de los procedimientos para su empleo”.

En ese contexto, OjoPúblico remitió un segundo requerimiento de acceso a la información pública al Mininter. Amparados en la normativa de transparencia, nuestro medio solicitó, el 25 de noviembre, la relación de evaluaciones periódicas de equipos y armamento de la División de Servicios Especiales y del Escuadrón Verde. Un día después, el Mininter remitió, de nuevo, esta solicitud al coronel PNP Cerrón Lazo para su evaluación y trámite.

RESERVADA. La asesoría legal de la Región Policial alegó que las evaluaciones periódicas a su armamento es información reservada, y denegó la solicitud.

Documento: Policía Nacional del Perú

El 15 de diciembre, sin embargo, el comandante PNP Vásquez Saenz, de la Comisaría de Miraflores, remitió un documento donde deniega la solicitud de OjoPúblico. La respuesta indica que el área de asesoría jurídica de la Región Policial Lima “sugiere desestimar lo solicitado”; pues, “se considera reservada la información que tiene por finalidad prevenir y reprimir la criminalidad en el país”.

Los documentos sobre el uso de la fuerza y armas de fuego utilizadas durante las protestas, que fueron denegados por la Región Policial Lima, son claves para determinar el origen de los proyectiles que impactaron en Bryan e Inti en noviembre pasado. Lo mismo ocurre en los casos de Jorge Muñoz Jiménez, Reynaldo Reyes Ulloa y un menor de 16 años, quienes fallecieron en diciembre, por los impactos de proyectiles de armas de fuego durante el Paro Agrario.

Por eso, OjoPúblico ha solicitado, además, los reportes de las unidades policiales de las Macro Regiones Ica, Ayacucho y La Libertad, que estuvieron involucradas en la contención de las protestas de los trabajadores de empresas agroexportadoras en el norte y sur del país. El requerimiento de acceso a la información pública se hizo ante el Mininter, a primera hora del sábado pasado, y se encuentra en curso.