DIÁLOGO. Al centro está Marco Orellana, junto con líderes kichwas de la comunidad de Nuevo Andoas, donde se encuentra parte del Lote 192.
En los últimos 25 años, han ocurrido 1.022 derrames de hidrocarburos en el país. El 70% han sido provocados por negligencia de las compañías y el territorio más afectado es la Amazonía, con 566 derrames.
Precisamente, hasta allí llegó Marcos Orellana, relator especial sobre sustancias tóxicas y derechos humanos. Durante dos días, OjoPúblico acompañó al experto chileno en su recorrido por Nuevo Andoas (Loreto), donde viven las comunidades indígenas kichwas y se encuentra parte del polémico Lote 192, en el que se han registrado 15 derrames, solo entre marzo de 2020 y julio de 2021. Dicha área ha sido operada por compañías como Frontera Energy del Perú S. A., de diciembre de 2015 a diciembre de 2020 y, antes, Pluspetrol Norte.
En la reunión de bienvenida, que se dio en el local comunal de Nuevo Andoas, las personas expusieron nuevamente sus reclamos, pero también mostraron su cansancio luego de tantos pedidos desatendidos y acuerdos infructuosos con el Estado peruano y las compañías. Pluspetrol Norte, por ejemplo, ha anunciado su liquidación y abandona recuperación de sitios contaminados en tierras indígenas
En los últimos 25 años, han ocurrido 1.022 derrames de hidrocarburos en el país, la selva es el lugar más afectado".
“Las compañías han contaminado nuestro territorio desde hace décadas. No se puede pescar, todo está lleno de petróleo. Pero igual la gente sigue pescando, cazando animales en el monte, para alimentar a sus familias si no ¿qué comemos?”, dijo Gilberto Sandi, apu kichwa de la comunidad de Nuevo Andoas, frente a Shanshococha, una laguna destruída por un derrame de petróleo provocado por Pluspetrol, según las autoridades ambientales.
“¿Qué beneficios han obtenido los pueblos indígenas de las industrias extractivas?”, se preguntó Marcos Orellana en una conferencia que formó parte de su recorrido. “En muchos casos lo que uno ve es pérdida de su cultura, relación de dependencia con las empresas, el abandono por parte del Estado, la falta de servicios públicos, la pobreza, la extrema pobreza”. Para el experto de las Naciones Unidas, si los estándares ambientales de protección no son rotundos, lo que hay es “una contaminación legalizada, una destrucción permitida y, eso, es incompatible con el derecho al medio ambiente sano”.
CONTAMINACIÓN. Los monitores ambientales han sido actores clave para poder determinar muchas zonas afectadas por los derrames de petróleo.
Foto: OjoPúblico / Rosa Chávez - Enviada especial
¿Cuál es el motivo de su visita a las zonas impactadas por contaminación de tóxicos?
Es una visita académica, que se construye alrededor de una actividad académica que tendremos mañana (23 de febrero), acerca del derecho al medioambiente sano en relación con las industrias extractivas y el petróleo. Alrededor de eso, tenemos la oportunidad de conocer un poco en terreno algunos de los cuales sobre los cuales he trabajado anteriormente, me refiero a venir aquí al Lote 192 (Datem del Marañón, Loreto). Es una muy buena oportunidad para que la gente de las comunidades sienta y se dé cuenta de que el sistema de Naciones Unidas de derechos humanos está trabajando en defensa de sus derechos.
Sobre el recibimiento que tuvo en Nuevo Andoas ¿cómo toma las críticas? Muchos acuden a las reuniones comunales y están animados a conseguir cambios, pero también se sienten cansados de no alcanzar resultados efectivos, como lo mencionaron algunos comuneros en la reunión de bienvenida.
Sí claro, yo entiendo completamente esa situación. Es un poco, casi, la desesperanza de la gente frente a impactos tan fuertes. Ver que pasa el tiempo, pasan los años, hay reuniones y los cambios no se materializan. Es un poco el esfuerzo de la lucha por los derechos, donde los resultados no son inmediatos y son producto de un trabajo que muchas veces toma años. Ahí es donde está la visión y perseverancia de los defensores de los derechos humanos y los derechos ambientales en las comunidades para poder liderar esa parte de lo que es la esperanza de la gente.
¿Y qué impresiones se lleva consigo de lo que acabamos de ver en estos días, el petróleo en medio tan cerca de las comunidades, contaminando sus ríos, su tierra o sus animales?
La impresión del abandono de la gente, por parte del Estado. Aquí vemos que ha habido explotación petrolera durante décadas, una tremenda contribución a generar riqueza y, sin embargo, no hay luz eléctrica las 24 horas, no hay sistemas de saneamiento, el acceso al agua limpia es un tema que está amenazado y la falta de una infraestructura de atención a la salud es realmente ostensible. Eso creo que deja palpable: el abandono que siente y que vive la gente y que también influye en su manera de aproximarse a las cosas.
ACADÉMICA. Esta fue una visita académica, es útil para monitorear los epicentros de la contaminación y reportarla en otras actividades de la relatoría.
Foto: Puinamudt
¿Había podido ver algo similar en alguno de tus otros viajes o visitas por otros países? O, en todo caso, ¿con qué casos podría comparar lo que ha presenciado en Nuevo Andoas?
Sí hay situaciones comparables de contaminación. Lamentablemente, alrededor del mundo, la relatoría recibe informaciones de sitios contaminados y la frustración y el dolor que siente la gente que ha sido expuesta a sustancias peligrosas que, conocidamente, generan enfermedades, muchas de ellas terminales, o que generan discapacidades. Es algo muy fuerte y eso también se vive aquí.
¿Y qué es lo que se lleva consigo después de hablar con los apus de la comunidad kichwa de Nuevo Andoas?
La información que recibe la relatoría es confidencial, no estoy en posición de divulgar lo que han comentado los apus. Pero, ayer (21 de febrero), en la reunión amplia y pública se escuchó claramente la tremenda frustración que tienen los apus, y la comunidad, frente al incumplimiento por parte del Estado de los compromisos que se alcanzaron en el proceso de consulta para ver si se reanuda la explotación petrolera aquí en el Lote 192.
Marco Orellana: Aquí hay una tremenda contribución a generar riqueza, pero no hay luz eléctrica las 24 horas".
Ahora se dirige a Espinar, a conocer el caso de contaminación en la sangre por metales pesados. En Perú también tenemos a los niños con plomo en la sangre, en Cerro de Pasco, es otro caso emblemático ¿conocía de esta situación?
He seguido tanto por las noticias, como por la información que le llega a la relatoría, el caso de la difícil situación que viven niños y niñas que han sufrido contaminación y he recibido información acerca de la falta de asistencia médica o especializada para lograr que los niños y las niñas no sufran de los graves efectos que esa contaminación tiene sobre sus pequeños cuerpos. Me parece que ese es un tema que requiere una atención prioritaria, un tema sin duda dramático, porque los niños y las niñas por su propia fisiología son más sensibles a la contaminación y esto perjudica todas sus perspectivas de desarrollo futuro, de lo que va a ser su vida y sus posibilidades de educación.
¿Cuáles deberían ser las acciones inmediatas y concretas que debe tomar tanto el Estado como las empresas sobre lo que ha ocurrido en Perú por la contaminación de sustancias tóxicas?
Aquí hay acciones inmediatas que hace un buen tiempo debieron ser adoptadas y muchas de esas ya están contempladas en los acuerdos que las comunidades suscribieron con el Estado, en el contexto de la consulta. Lo que se aprecia también, con urgencia, son los temas de servicios básicos: salud, agua, el acceso a energía y también lo que es remediación del medio ambiente. Mientras se continúe contaminando el ambiente con hidrocarburos o metales pesados que se encuentran en los legados de las operaciones, va a continuar la contaminación de la gente, de sus fuentes de alimento y eso es algo que, en el marco de los derechos humanos, es un abuso incompatible con el derecho que tiene toda persona a su vida, a su salud, a vivir en un medioambiente sano.
ENCRUCIJADA. Los vecinos no pueden evitar pescar o cazar animales cerca de la tierra y el agua contaminadas con petróleo, pues así pueden alimentar a sus familias.
Foto: OjoPúblico / Rosa Chávez - Enviada especial
¿Luego de su visita le correspondería a la relatoría elaborar un informe?
Continúa la dinámica del trabajo de la relatoría que es recoger, recibir información, monitorear y reportar. Esta es una visita académica, no se prepara un informe. Yo espero que el Gobierno de Perú ponga fechas para tener una visita oficial. Cuando eso suceda, que espero sea este año y muy pronto, eso sí concluye en un informe, que se presenta al consejo de derechos humanos de las Naciones Unidas.
¿Cuáles son las características de una visita académica?
Una visita académica lo que tiene es un poco más flexible, y está anclada o estructurada en torno a lo que es una actividad académica. En una visita oficial no hay actividad académica, hay más reuniones con el Estado, servicios públicos, ministerios. Eso es algo que en esta visita no se va a dar. La información que recoja yo la incorporo a los diferentes informes y herramientas que utiliza la relatoría. Entonces, por ejemplo, cuando me toque hablar al derecho de un ambiente libre de tóxicos puedo hacer referencia a los ejemplos de la situación concreta de Perú. Por eso es muy importante haber estado, conocer, eso es parte del rol de determinar hechos. Muchas veces la empresa quiere determinar presentar una imagen, una narrativa que no es.
¿Considera que hay daños al medioambiente por parte de las empresas que son irreparables?
Hay daños cuya reparación requiere la movilización de un volumen importante de recursos y, por ese lado, el compromiso tanto del Estado como de la empresa de una operación sustentable. Se debería llevar adelante un programa de remediación integral en el que participen también las comunidades, los monitores, en donde se verifique que realmente las actividades de remediación hayan sido realizadas y no solo una limpieza superficial que no soluciona el problema.