El último lunes, la Oficina de Asuntos Internos del Ministerio del Interior (Mininter), presidida por la abogada Gisella Soto Solano, inició un proceso administrativo sancionador a 10 oficiales de la Policía, por presuntas infracciones a la función policial durante la contención de las protestas contra Manuel Merino y el Congreso, en noviembre pasado. Dicha  investigación determinará si los altos mandos policiales realizaron una mala conducción del operativo, donde dos ciudadanos fueron asesinados.

El trabajo del despacho de Soto Solano, que forma parte de la Oficina General de Integridad Institucional (OGII) del Mininter, inicia luego de una indagación previa, que se realizó entre noviembre del año pasado y el mes de enero. Con un equipo de 10 personas, conformado sobre todo por abogados, la Oficina de Asuntos Internos tendrá ahora hasta 50 días hábiles para investigar a los efectivos de diferentes estamentos de la Policía.

Por el principio de reserva, solo puedo decir que son 10 oficiales, de diferentes estamentos de la Policía".

En este contexto, OjoPúblico entrevistó al director de la OGII, Luis Naldos Blanco, quien asumió este cargo, por segunda vez, luego de las protestas de Lima. El abogado explicó que la Oficina de Asuntos Internos, que responde administrativamente ante él, determinará si los oficiales cometieron una infracción a la función policial durante las protestas de noviembre; a diferencia de la Fiscalía, cuya investigación se centra en identificar a los autores de los disparos que impactaron en Inti Sotelo Camargo y Brian Pintado Sánchez.

“El decreto legislativo que regula el uso de la fuerza, por parte de la Policía, dice que si un oficial no detiene [los excesos del personal policial], o no realiza las acciones inmediatas para sancionarlas, está incurriendo en responsabilidad”, dice Naldos Blanco. Además del proceso administrativo sancionador, su oficina emitirá, esta semana, un informe con propuestas para que los hechos de noviembre no vuelvan a ocurrir. 

El abogado ha trabajado en la Defensoría del Pueblo y dirigió un equipo de investigación de casos en la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Además, Naldo Blanco, como procurador adjunto especializado en delitos de terrorismo, participó del proceso en contra de la cúpula de Sendero Luminoso.

TRAYECTORIA. Luis Naldos Blanco ha trabajado en la Defensoría del Pueblo y como procurador antiterrorismo. Además, fue postulante a la Junta Nacional de Justicia.

Foto: Junta Nacional de Justicia

Naldos Blanco, sin embargo, fue criticado por ejercer como asesor del teniente general (r) PNP Gastón Rodríguez Limo, durante su primera gestión como ministro del Interior en el gobierno de Martín Vizcarra. “Yo conozco al general por temas laborales, no soy amigo de él”, dice el abogado. Durante el mandato transitorio de Merino, Rodríguez Limo asumió nuevamente la cartera del Interior, en medio de las protestas que se registraron a nivel nacional. 

“Cuando asumió Gastón Rodríguez Limo como ministro [durante la gestión de Merino], me pidió [de nuevo], el 13 de noviembre, que me hiciera cargo de la OGII. No acepté la propuesta porque no veía que existieran las condiciones”, explica Naldos Blanco. Un día después, el 14 de noviembre, Brian Pintado e Inti Sotelo fallecieron a causa del impacto de proyectiles de plomo durante las protestas, según revelaron las pericias realizadas por el Ministerio Público.

Esta es la segunda vez que dirige la Oficina General de Integridad Institucional (OGII) del Ministerio del Interior. En la primera oportunidad, ¿cómo llegó a este cargo?

En 2016, el entonces viceministro de Orden Interno, Rubén Vargas Céspedes, me convocó para que apoye en la investigación del denominado Escuadrón de la Muerte, que era un grupo irregular de la Policía, dirigido por el comandante PNP en retiro Raúl Prado Ravines, quien ahora está con orden de prisión preventiva. Luego de esta labor, el entonces ministro del Interior, Carlos Basombrío Iglesias, me pidió que me hiciera cargo de la OGII. Durante los años 2017 y 2018, la implementé y desarrollé, porque solo existía en el papel. 

Luego de iniciar su segundo periodo en esta oficina, en noviembre del año pasado, recibió críticas por haber ejercido, poco antes, como asesor del entonces ministro del Interior, el teniente general (r) PNP Gastón Rodríguez Limo. ¿Cómo lo conoció?

Yo conozco al general Gastón Rodríguez por temas laborales [durante su primera dirección de la OGII]. No soy amigo de él, no conozco su casa, nunca me he tomado un trago con él. Me da pena lo que ha pasado, pero ha sido una relación estrictamente laboral. Rodríguez era voceado para ser Comandante General de la Policía, pero desconozco las razones por las cuáles fue pasado al retiro y nombrado como ministro en abril del año pasado.

Gastón Rodríguez me pidió, el 13 de noviembre, que me hiciera cargo de la OGII. Yo no acepté".

Eso fue durante el gobierno de Martín Vizcarra. 

Le mandé un mensaje, donde le di mis felicitaciones y éxitos en su gestión. En junio de ese año, Rodríguez me llama para pedirme que me haga cargo de la OGII. Me dio mucha pena que esta oficina, que es como una hija para mí, estaba prácticamente desmantelada. Por eso acepté apoyarlo. Sin embargo, tenía pendientes en mi actividad privada, por lo que preferí apoyar en la reorganización de la OGII como asesor. Continué con esta labor durante la gestión del ministro Jorge Montoya Pérez, hasta que llegó el general (r) PNP César Gentille Vargas, quien sacó a todos los funcionarios que identificaba con otras gestiones.

Usted vuelve al ministerio del Interior con el ministro Rubén Vargas.

Él me conoce desde hace muchos años. Sin embargo, cuando asumió Gastón Rodríguez Limo como ministro [durante la gestión de Manuel Merino de Lama], Rodríguez Limo me llamó y me pidió, el 13 de noviembre, que me hiciera cargo de la OGII. Yo no acepté la propuesta porque no veía que existieran las condiciones.

Los procesos administrativos sancionadores de la OGII son llevados adelante a través de la Oficina de Asuntos Internos, hoy a cargo de Gisella Soto Solano. ¿Cuál es el perfil de esta oficina?

La Oficina de Asuntos Internos, aunque responde administrativamente ante la OGII, es el órgano investigador y tiene autonomía para realizar sus funciones. En ningún caso he tenido injerencia en sus procesos e investigaciones. Es cierto, por el otro lado, que la Oficina de Asuntos Internos es un equipo pequeño, pero trabaja con mucho esfuerzo. Son alrededor de 10 personas. Todos son abogados. En la dirección general, en cambio, sí tenemos asesores policiales: dos coroneles en actividad y uno en retiro.

EXCESOS. Durante los últimos meses del año pasado, reporteros gráficos registraron los excesos de la Policía en protestas, sobre todo en Lima y La Libertad.

Foto: Juan Pablo Azabache

En el caso de la investigación del accionar policial durante las protestas de noviembre, los abogados de los deudos de Inti Sotelo y Brian Pintado señalaron que hubo retrasos en la labor de su oficina.

La norma actual dice que es obligatorio realizar una etapa de indagaciones previas de 30 días hábiles. Si no realizamos dicha etapa, la defensa legal de cualquier involucrado puede pedir la nulidad del proceso. En este caso, las indagaciones previas se llevaron a cabo entre el 18 de noviembre y el 6 de enero. El lunes 11 de enero, dos días hábiles después de que terminó la etapa de indagaciones previas, se emitió la resolución de inicio del proceso administrativo sancionador. Entonces, a mi juicio, no hay retraso.

¿Qué acciones implicó esta etapa indagatoria?

El recojo de información, entrevistas con los oficiales involucrados, solicitudes y revisión de documentos. Más detalle no puedo brindar porque la ley del régimen disciplinario de la Policía establece un principio de reserva. Si este no se respeta, crearemos las condiciones para pedir una nulidad del proceso. Sería como boicotear nuestra propia investigación.

El Ministerio Público investiga quién disparó los proyectiles que causaron las muertes de Inti Sotelo Camargo y Brian Pintado Sánchez. El proceso sancionador de la OGII, en cambio, identificará si hubo infracciones a la función policial. En el marco de la contención de una protesta por la Policía, ¿qué hechos encajarían en esta definición?

No hablo del caso en concreto [las protestas de noviembre en Lima]; pero, por ejemplo, sí hay faltas vinculadas a una mala conducción de una operación policial que genera perjuicio a la vida o integridad de las personas [sí entrarían dentro de la definición]. Existen infracciones, además, que están vinculadas al incumplimiento de órdenes, y a no planificar adecuadamente las operaciones policiales.

El proceso administrativo sancionador actual, ¿ incluye solo a miembros de la División de Servicios Especiales, que está a cargo de las Unidades de Servicios Especiales (USE)? ¿O también al Escuadrón Verde, que dirige el grupo Terna?

Para no romper el principio de reserva, solo puedo decir que son 10 oficiales, de diferentes estamentos de la Policía. 

Si los generales Cayas y Lam estaban en el lugar, ¿pudieron o no frenar [a los policías durante las protestas]? Como ciudadano, entendería que sí".

En ocasiones anteriores, ha señalado que en el Perú no hay un problema de leyes, sino de personas que las incumplen. Las muertes de manifestantes durante la contención de protestas por la Policía ocurren desde hace años. ¿Estamos ante un problema de efectivos policiales que actúan de manera individual, o las normas permiten estas acciones?

El problema es la conducción de las operaciones. El decreto legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional, por ejemplo, es clarísimo. El problema es cómo se conducen en la práctica estas tareas. Esto no lo digo como director general de la OGII, sino como ciudadano, lo que me dice mi sentido común. ¿Usted vio el video donde un superior golpea a un subalterno cuando hizo uso de su escopeta sin permiso? 

Sí, hubo una denuncia al respecto.

El superior le recrimina: “¿quién te ha dicho que dispares?” En esos días, ¿a los escopeteros se les ocurrió, por su libre albedrío, realizar dicha cantidad de disparos de perdigones y gases lacrimógenos? ¿U obedecieron órdenes? Pongámonos en el primer supuesto: se pusieron nerviosos, pues estaban en primera línea, recibiendo piedras, y empiezan a disparar. ¿Acaso el superior no tiene la facultad de frenar eso? Si los generales Cayas y Lam estaban en el lugar, ¿pudieron o no frenar [a los policías]? ¿Tenían la facultad para hacerlo? Yo, como ciudadano, entendería que sí. En este tipo de eventos, y no estoy hablando solamente de las marchas de noviembre, los superiores deberán controlar los excesos del personal policial, dada la estructura y mando de la Policía.

Es decir, si no ordenan dichas acciones, por lo menos tienen la facultad de detenerlas.

Exacto. El decreto legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía dice que si un oficial no detiene dichas acciones, o no realiza las acciones inmediatas para sancionarlas (si no pudo detenerlas), está incurriendo en responsabilidad. En el caso de Virú, por ejemplo, si estoy al mando de un determinado grupo de efectivos y veo que un salvaje saca una pistola, lo primero que hago es ordenarle que deje el arma, lo detengo y lo pongo a disposición. Para eso, la Policía tiene una estructura absolutamente clara y jerárquica.

Usted ha dicho en otra entrevista que, cuando investigó la Masacre de Lucanamarca, le dijo a los ciudadanos que confíen en la justicia, pues daría resultados. Salvando las distancias, ¿la ciudadanía puede confiar en que su oficina obtendrá resultados en esta investigación?

Es mi función. Yo no trabajo para la tribuna, o para que me tomen fotos. Muchos no gustan de que esté en la OGII, porque saben que no me pueden ofrecer algo a cambio de que dirija el resultado de una investigación. Estoy seguro, además, que cuando la OGII emita el informe con una propuesta de mejoras a nivel sectorial, para que los hechos de noviembre no vuelvan a ocurrir, me van a llover críticas por ambos lados. Nosotros trabajamos con la mayor rigurosidad y objetividad, sin ninguna intención de encubrir ni perjudicar a nadie.