PARALIZADO. En Tambogrande, las obras inconclusas están afectando a 300 niños que no cuentan con aulas para continuar sus estudios.
El 14 de febrero del 2023, un mes antes de que las intensas lluvias convirtieran a Tambogrande (Piura) en uno de los distritos más afectados y el gobierno volviera a suspender las clases en el norte, la directora Elizabeth Aguilar recordaba con pesar lo que el exalcalde Julio César Correa le había dicho.
"Solo nos han dejado los huesitos", le comentó cuando vio el presupuesto que les quedaba para terminar de reconstruir la escuela del centro poblado Ayar Uchu, que El Niño Costero había dañado el 2017.
Durante la pandemia varias obras de reconstrucción quedaron inconclusas y no hubo certeza de cuándo los niños volverían a tener una escuela. Tambogrande es uno de los cinco distritos con presencia urbana, que registra el menor Índice de Desarrollo Humano (IDH) de todo el Perú: solo el 51% de la población mayor de 18 años ha completado su secundaria.
Tras la devastación del 2017, cientos de niños perdieron sus escuelas, y cuando aún no lograban reconstruirlas, llegó la pandemia y todos ellos fueron enviados a clases virtuales. Este año, las lluvias asociadas al ciclón Yaku volvieron a socavar el norte y, a su paso, dañaron la ya deficiente infraestructura educativa.
La historia de Tambogrande muestra la frágil situación en la que se encuentran los niños y niñas de las zonas más pobres afectadas por el impacto de los eventos climáticos y la deficiente gestión de las obras públicas.
Promesas rotas
Entre el 2019 y el 2022 la municipalidad de Tambogrande destinó la mayor parte de su presupuesto (más de S/121 millones) en la rehabilitación y mejora de 75 colegios, de acuerdo al análisis realizado por OjoPúblico sobre la priorización del gasto público de los distritos más pobres durante la pandemia.
Sin embargo, solo en un primer recorrido realizado en este distrito, OjoPúblico identificó tres colegios que fueron la promesa para atender la educación inicial de 300 niños –la mayoría hijos de agricultores de mangos, uvas y limones– y que ahora tienen las obras paralizadas.
Se trata de los planteles 781 Ayar Uchu, 470 La Peñita y 907 Olivares San Fernando. En estos colegios se proyectó invertir un total de S/9,3 millones, pero solo se ha gastado menos de la mitad (S/4,4 millones).
Los dos primeros proyectos fueron adjudicados a una misma empresa contratista: JF Proyectos y Construcciones SAC, con domicilio fiscal en el Callao; mientras que Olivares San Fernando estuvo a cargo de Ingeniería, Arquitectura y Gestión SAC, con sede principal en el distrito limeño de San Miguel.
INCOMPLETO. Las obras de la escuela inicial Ayar Uchu se encuentran paralizadas desde el 2021.
Imagen: OjoPúblico / Miguel Contreras
Los nombres de las empresas apenas son recordados por la trabajadora agrícola Milagros Nima, el obrero Rogelio Velásquez y Marielis Cordero mientras caminan a más de treinta grados de temperatura por las rampas del colegio inconcluso de Ayar Uchu.
El año pasado, tras la vuelta a la presencialidad de las clases, estos vecinos cuentan que ellos mismos construyeron con triplay y mallas un aula en un salón comunal para que sus hijos de entre tres y cinco años tuvieran un lugar donde estudiar. Este espacio temporal –así como las estructuras del colegio en construcción– fueron afectados por las recientes lluvias.
En Tambogrande, solo el 51% de la población mayor de 18 años tiene secundaria completa.
De los S/121 millones destinados a educación en Tambogrande, entre el 2019 y el 2022, S/ 7,4 millones eran recursos del mismo municipio y S/ 113 millones provenían de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC). En las 75 escuelas analizadas para este reportaje, la unidad ejecutora ha sido la municipalidad distrital.
A febrero de este año, al menos 15 escuelas aún continuaban en construcción, según el último reporte de la Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel) de Tambogrande. Es decir, sin contar las escuelas dañadas por las recientes lluvias, más de 2.000 estudiantes de uno de los distritos más pobres del país aún no tenía garantizado un colegio.
A esta situación se suman las obras paralizadas. Los casos de Ayar Uchu, La Peñita y Olivares San Fernando representan los casos más graves en este distrito, pero no son los únicos. Hay otros seis colegios con obras suspendidas, aunque por otros motivos: tres por un pedido de intervención económica ante la falta de recursos; una a causa de las últimas lluvias; y otras dos por problemas administrativos, de acuerdo al reporte de la Subgerencia de Obras y Mantenimiento del municipio.
PENDIENTE. Una madre del centro poblado de La Peñita recorre la construcción inconclusa donde debería estudiar su hijo.
Imagen: OjoPúblico / Miguel Contreras
Lo que ocurre en Tambogrande resume los problemas de inversión pública para la reconstrucción en el norte del país. Además de las escuelas inconclusas, OjoPúblico identificó incumplimiento en los plazos y observaciones en el equipamiento o servicios.
Por ejemplo, la recién inaugurada escuela secundaria del centro poblado La Rita, que costó S/ 7 millones y fue adjudicada al Consorcio Coversa, cuenta con aulas que tienen sillas para los alumnos, pero no mesas.
En el colegio inicial 1342 del centro poblado Nuevo Yapato, reconstruido por la Corporación Xiany Sociedad Anónima Cerrada, se invirtió S/ 2 millones, pero la Asociación de Padres de Familia (Apafa) denuncia la falta de energía eléctrica.
La Contraloría también ha identificado retrasos en los plazos de avance de las obras y presuntas irregularidades en procesos de contratación que involucran a exfuncionarios del municipio distrital en las obras de las escuelas 1342 en Nuevo Yapato y Hualtaco II.
A raíz de estos dos colegios, la Procuraduría Anticorrupción Descentralizada de Piura interpuso, en setiembre de 2022 y en febrero último, respectivamente, denuncias ante el Ministerio Público por los presuntos delitos de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo en agravio del Estado contra tres exfuncionarios de la gestión del vacado alcalde Alfredo Rengifo Navarrete.
Las empresas involucradas
Ayar Uchu es el nombre del protagonista de una leyenda inca. Así también se llama el centro poblado, ubicado en la zona denominada Valle de los Incas, de Tambogrande, donde la directora Elizabeth Aguilar observa las vigas y columnas de la escuela inicial incompleta.
El 11 de setiembre del 2020, en medio de las dos olas más mortales de la covid-19, la municipalidad de Tambogrande y la empresa JF Proyectos y Construcciones SAC firmaron un contrato por S/ 2,4 millones para recuperar su infraestructura. Un año después –según el recuerdo de los padres– la obra ya estaba paralizada.
DAÑOS.Las aulas temporales de Ayar Uchu resultaron afectadas por las recientes lluvias asociadas al ciclón Yaku.
Imagen: Institución Educativa 781 Ayar Uchu
La directora explica que antes de que eso pase, el contratista le había comentado que había un déficit económico en la obra y que necesitaba que el municipio distrital le pague. Luego, cuando se rescindió el contrato, las maestras y los padres realizaron una marcha para exigir la culminación de las obras del colegio. Sin embargo, en junio del 2022, Alfredo Rengifo Navarrete, entonces alcalde de Tambogrande, fue vacado de su cargo.
“Ese intercambio de autoridades prácticamente no nos ayudó. La nueva gestión dijo que había documentos mal hechos, que tenía que volver a hacer un expediente de obra. Y eso iba a demorar. El 8 de noviembre pasado recién salió la resolución del nuevo expediente de saldo de obra y ahora esperamos la licitación pública”, dice la directora.
Al menos 15 escuelas, que tenían como ejecutora al municipio, aún continúan en construcción.
Otra escuela inicial con antecedentes similares es La Peñita, afectada por las lluvias y vientos fuertes del Fenómeno de El Niño Costero del 2017. El 5 de octubre del 2020 se firmó el contrato por S/ 3,6 millones para su reconstrucción. En marzo del 2021 debía estar lista, pero, al final, la obra también quedó paralizada. Ahora, las últimas precipitaciones han provocado filtraciones en los techos.
La directora del plantel de La Peñita, Lourdes Chiroque, recuerda que la empresa JF Proyectos y Construcciones SAC también solicitó varias ampliaciones para cumplir con los plazos previstos hasta que en setiembre del 2021 se resolvió el contrato.
Un año después, se aprobó su liquidación por el monto total de inversión de S/ 2,6 millones y se calculó la aplicación de la penalidad máxima por retraso injustificado por S/ 306.455, reportó la Contraloría.
Este medio intentó comunicarse con JF Proyectos y Construcciones SAC a través del celular y el correo que figuran en los proveedores del Estado, pero al cierre de este informe no recibió respuesta.
El tercer caso de obras paralizadas ocurrió en el centro poblado Olivares San Fernando. Tras la firma del contrato entre el municipio distrital e Ingeniería, Arquitectura y Gestión SAC se tenía previsto recuperar la infraestructura de la escuela inicial 907, lo que incluía, entre otros espacios, aulas con depósito, cocina, patio, áreas de juego veredas y drenaje pluvial.
Sin embargo, en el terreno donde debió levantarse solo se observan ladrillos acumulados, columnas y una malla verde que apenas cubre ese espacio.
REALIDAD. Este es el estado de las obras inconclusas en Olivares San Fernando a febrero de este año.
Imagen: OjoPúblico / Miguel Contreras
No se puede conocer la fecha de firma del contrato ya que este no ha sido subido a los portales de transparencia. Sin embargo, se sabe que el valor de la obra es aproximadamente de S/1,8 millones, según el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).
El problema de los expedientes técnicos
Sobre el caso de Olivares San Fernando, la UGEL, la ARCC, así como la anterior y la actual gestión municipal, hacen referencia a presuntos problemas con la Sunat.
“El contratista no podía cobrar sus valorizaciones porque estaba embargado por la Sunat. Entonces, obviamente, ese problema le impide tener dinero para seguir con la obra y al final termina resolviendo el contrato. Estos casos son parte del proceso de quien lo ejecuta (municipio). Nosotros solo asistimos técnicamente”, señaló el director de intervenciones del sector educación de la ARCC a OjoPúblico, José Grados Vílchez.
La Contraloría ha identificado también retrasos en los plazos de avance de las obras e irregularidades.
Sin embargo, un representante de Ingeniería, Arquitectura y Gestión SAC, quien se identificó como Jorge Peralta, respondió a OjoPúblico que esta paralización no se debe a un problema con la Sunat, lo cual –señaló– fue un hecho posterior.
Según Peralta, el principal motivo estuvo vinculado a unas observaciones del expediente técnico que ellos le hicieron llegar al municipio y que involucraban cálculos estructurales. “Querían que hagamos la obra como estaba en el proyecto, no querían modificar nada, pero había observaciones en la cimentación del cerco. Tampoco nos dieron el sí para hacer de nuevo el cálculo o que ellos manden a recalcular esas observaciones”, refirió.
Peralta también dijo que ellos solicitaron una cesión de derechos al municipio de Tambogrande para que se termine la obra, pero esta tampoco fue aceptada.
En tanto, con relación a las instituciones educativas que aún están en construcción o ya han sido entregadas destaca el caso de la escuela secundaria La Rita, donde, al menos, cuatro aulas tienen sillas para los alumnos, pero no mesas. “Ya comenzamos las clases el lunes 13, pero los alumnos se sientan en grupo. Nos faltan 120 mesas”, señaló la directora Deysi Negreiros.
AUSENCIAS.La escuela secundaria La Rita se inauguró con aulas que tenían sillas, pero no mesas.
Imagen: OjoPúblico / Miguel Contreras
El Consorcio Coversa, sociedad que se adjudicó dicha obra, está conformado por dos empresas: Constructora Cabo Verde SA (70%) e Inversiones Praia SAC (30%), según el contrato revisado por OjoPúblico. Ambas están ubicadas (domicilio fiscal) en Lima, en la cuadra seis de la avenida Venezuela (Breña), una ocupa la oficina 914 y la segunda la 913.
La constructora Cabo Verde SA, que inició actividades en febrero de 1996, se adjudicó entre 2009 y 2022 un total de 80 contratos, en solitario o en consorcio, valorizados en conjunto con la suma de S/609 millones. Además, registra dos sanciones y dos penalidades del Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE).
En tanto, Inversiones Praia SAC se adjudicó 16 contratos entre 2010 y 2021, todas en consorcio, valorizadas en S/64 millones. No registra sanciones o penalidades.
NECESIDAD. La comunidad de Ayar Uchu recorre la obra paralizada y pide la pronta reconstrucción de la escuela inicial.
Imagen: OjoPúblico / Miguel Contreras
Otra escuela, ubicada a menos de diez minutos de la plaza central de Tambogrande, es 14140 Nuestra Señora de Fátima y las obras de rehabilitación –a cargo del Consorcio Ercap– debían estar listas en enero del 2023, pero están paralizadas temporalmente.
En noviembre pasado, la Contraloría ya advertía que el avance físico real acumulado era menor que el programado en esta institución educativa. “La situación expuesta podría afectar la culminación de la obra dentro del plazo, así como originar extensión de los servicios de inspección o supervisión, lo cual genera un mayor costo”, señaló en su informe.
Mientras tanto, como sucede en otros casos, se ha implementado espacios provisionales. El director, Tito Palacios, señala que el local temporal que albergará a los estudiantes no tiene agua potable, ni conexión eléctrica.
“Los padres van a tener que comprar el agua”, dice. El subgerente de obras de la municipalidad distrital, Mauricio Palacios, sostiene que el contratista no tiene solvencia económica. “Esperan que llegue el dinero de Reconstrucción con Cambios a nuestra cuenta para poderles pagar”, refiere.
PARCIAL. La nueva infraestructura del colegio Nuestra Señora de Fátima no está lista para el inicio del año escolar.
Imagen: OjoPúblico / Miguel Contreras
En tanto, el representante legal del Consorcio Ercap, Edward Ramos, respondió que desde que se le adjudicó la obra hubo una serie de inconvenientes. Uno de los principales fue las fallas en el expediente técnico aprobado por el municipio distrital.
“No estipula agua, ni desagüe, ni luz [para el local temporal]. Los expedientes de [las obras] por Reconstrucción con Cambios vienen mal hechos, son copia y pega. No hay actualización de gastos, los metrados no corresponden. Y no es el único colegio con problemas de ese tipo. Tengo otro en La Libertad con problemas de ese tipo”, explicó.
A esto, añade Ramos Armas, existen interferencias con tuberías de agua matriz y conexiones eléctricas que no fueron subsanadas por la anterior gestión municipal. “Por bolsa de cemento nos pagan 19 soles, pero está 32 en el mercado (...). Otro problema es que no nos pagan desde diciembre. No hacen la asignación desde Lima”, explicó a OjoPúblico.
El contrato entre el municipio distrital y el Consorcio Ercap se firmó el 29 de abril del 2022 por la suma de S/5,6 millones. Dicho consorcio está conformado por las empresas E&R Constructores (30%) y Capulí Contratistas Generales (70%).
¿Por qué es tan difícil invertir bien?
El subgerente de obras y mantenimiento de Tambogrande, Mauricio Palacios Zapata, argumenta que, en estos tres meses de gestión, han encontrado mucho desorden en el trámite administrativo, ampliaciones de plazo por silencio administrativo, obras paralizadas o a punto de paralizar, falta de respuesta a los contratistas, así como escuelas que han sido recibidas sin que los documentos tengan concordancia con lo que estaba en el campo.
“Todo el tema administrativo, la vacancia del alcalde y los cambios de funcionarios ocasionaron eso [los problemas en los colegios]”, sostiene.
Palacios Zapata reconoce, como en el caso de la obra en el colegio La Rita, la existencia de deficiencias en los expedientes técnicos, aprobados por la unidad ejecutora; es decir, la anterior gestión del municipio distrital.
“Cuando hemos querido ayudar a un colegio ya no se podía porque había un acta de recepción y cuando hay eso, prácticamente están cerrados los proyectos no se puede hacer nada. Esto lo ve el consultor y la entidad (municipio). Reconstrucción con Cambios solo es como un filtro para que se cumplan los requisitos que se piden, pero no revisa. Es como un ente de acompañamiento”, señala.
Por su parte, a mediados de febrero de este año, durante una entrevista con OjoPúblico, el exalcalde de Tambogrande, Alfredo Rengifo, señaló que muchas obras se paralizaron debido a que los contratistas no cumplían con los reglamentos.
GESTIÓN. El exalcalde del distrito de Tambogrande Alfredo Rengifo fue vacado de su cargo en junio del 2022.
Imagen: OjoPúblico / Miguel Contreras
Sus exfuncionarios también reconocían problemas en los expedientes técnicos, como en La Rita (con la falta de mesas); sin embargo, argumentaban que eso se ejecutó “en coordinación” con la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.
Esta última entidad insiste en que su rol principal ha sido el de financiar la intervención, pero que es el municipio quien se hace cargo de todo el proceso: elaborar el expediente técnico, identificar las necesidades, los procesos de convocatoria, adjudicación, así como las resoluciones del contrato o los plazos suspendidos.
“No somos supervisores. Nuestro rol es de financiamiento, de seguimiento y monitoreo. Nosotros vamos e inspeccionamos. Si encontramos que hay sillas y no carpetas, vamos a pedir explicaciones al municipio y que lo subsanen, porque debemos entender que quien aprobó el expediente fueron ellos. Nosotros no intervenimos en eso”, señala a OjoPúblico el director de intervenciones del sector educación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), José Grados.
TEMPORAL. Los padres de Ayar Uchu adecuaron ambientes en un salón comunal para que sus hijos estudien el 2022.
Imagen: OjoPúblico / Miguel Contreras
Para Karla Gaviño, docente de la escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, un problema transversal que se da en los proyectos tanto de la ARCC, como en otros, está vinculado a las deficiencias en los expedientes técnicos, cuya subsanación toma mucho tiempo.
“Muchas de las paralizaciones que tenemos en las obras y en la inversión pública tiene que ver con herramientas y metodologías poco claras, ausencia de tecnocracia y meritocracia, así como con un alta rotación de funcionarios y la necesidad de capacitación permanente a aquellos funcionarios que se mantienen en planta. Tiene que ver con falta de transparencia y de continuidad”, sostiene.
En cuanto a la revisión de los expedientes técnicos, la especialista considera que si la ARCC iba a financiar algún proyecto, debió revisar un mínimo de criterios técnicos para cautelar la calidad de las obras y que se cumpla realmente con evitar reconstruir la infraestructura con los mismos riesgos o con insuficiencias.
Procesos legales
Las obras en el colegio Hualtaco II y el 1342 del centro poblado de Nuevo Yapato ya han sido entregadas, pero ambas están vinculadas a denuncias penales contra exfuncionarios del municipio de Tambogrande por presuntos actos de corrupción.
El 14 de julio del 2021, el Consorcio Cubas Figueroa firmó un contrato por S/7 millones con el municipio distrital para recuperación de la infraestructura de Hualtaco II. En octubre del año pasado, los más de 270 estudiantes retornaron a sus aulas, cuyas ventanas principales no son corredizas y solo tiene unas pequeñas en las partes altas, lo cual dificulta la ventilación en altas temperaturas.
“Toda la infraestructura está nueva. El agua potable viene una vez a la semana y se almacena en cisternas. Pero a veces no abastece. En cuanto a la luz eléctrica, tenemos una corriente muy baja. Si queremos tener un evento en la noche, debemos apagar todos los ambientes para abastecer el sector de la cancha”, comenta la nueva directora Jaqueline Domínguez.
Esta escuela no solo presenta observaciones en su infraestructura, sino también presuntas irregularidades en el proceso de contratación para su rehabilitación, como advirtió, en diciembre pasado, la Contraloría en su informe de control.
DISEÑO. En la escuela Hualtaco II, las ventanas principales de las aulas no son corredizas, lo cual dificulta la ventilación.
Imagen: OjoPúblico / Miguel Contreras
OjoPúblico conoció que el último 1 de febrero la Procuraduría Anticorrupción Descentralizada de Piura interpuso una denuncia por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo en agravio del Estado contra los tres integrantes del comité de selección: el exgerente de infraestructura Milton Martín Meléndez Vargas, la exsubgerenta de obras y mantenimiento, Ana Paola Ho Valdivieso, así como la exsubgerenta de abastecimiento, Ingrit Anaí Castillo Merino.
El Consorcio Cubas Figueroa está conformado por Carlos Fernando Díaz Díaz (30%) y Jorge Napoleón Cubas Ruiz (70%), según el contrato de la obra.
Carlos Fernando Díaz Díaz, persona natural con negocio y contribuyente activo, se ha adjudicado, todos en consorcio, un total de 22 contratos entre el 2011 y 2022, que en conjunto suman S/ 71 millones. También registra una sanción temporal impuesto por el (TCE) en el 2015 por presentar documentación falsa o inexacta.
En tanto, Jorge Napoleón Cubas Ruiz, también persona natural con negocio y contribuyente activo, se ha adjudicado, en solitario o consorcio, un total de 37 contratos entre 2009 y 2022, que en conjunto suman un valor total de S/ 176 millones, de acuerdo al OSCE.
Este proveedor registra un total de tres sanciones temporales impuestas por el TCE, cuyos motivos fueron presentar información inexacta, resolver contrato e impugnar sin sustento.
Con relación a la escuela inicial 1342 de Nuevo Yapato, cuyo contrato se firmó en setiembre del 2020 por S/ 2 millones, la Contraloría también alertó, en agosto pasado, que funcionarios del municipio aprobaron la liquidación técnica financiera, sin aplicar y cobrar la penalidad máxima por mora a la empresa Corporación Xiany SAC, lo cual representaba un perjuicio económico de S/146.266.
Esto se dio pese a que conocían que el contratista había suspendido la ejecución de la obra cuando ya había vencido las fechas para su culminación y ejecutó trabajos fuera de los plazos.
DENUNCIAS. El proceso de construcción de la escuela de Nuevo Yapato ha sido vinculado a presuntas irregularidades.
Imagen: OjoPúblico / Miguel Contreras
En octubre del 2022, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios interpuso una denuncia contra Meléndez Vargas y Ho Valdiviezo. Hoy el proceso se encuentra en investigación preliminar.
La Corporación Xiany, con dirección fiscal en el distrito limeño de Independencia, se ha adjudicado, en solitario o en consorcio, un total de 81 contratos entre 2011 y 2022. El valor de estos suman más de S/ 284 millones. También registra un total de siete sanciones y multas impuestas por el TCE, entre el 2016 y 2022.
Esta empresa tiene como accionistas a Luis Héctor Vilca Tarma y a Yadira Leonor Cornejo Xesspe.
OjoPúblico intentó contactarse con las empresas referidas en este informe, pero hasta el cierre cuatro de ellas no contestaron.
DERECHOS. La mayoría de habitantes de Tambogrande no tiene acceso al agua potable y muchos la compran por galoneras.
Imagen: OjoPúblico / Miguel Contreras
La pobreza en Tambogrande
Por estos días, Tambogrande, un distrito rico en agricultura, con escaso acceso al agua potable y con uno de los más bajos Índices de Desarrollo Humano (IDH) del país, intenta superar nuevamente las inundaciones que han retrasado el inicio del año escolar.
“Lo que ha pasado con la crisis de infraestructura en Piura lo vamos a ver en el IDH seguramente de acá a pocos años, porque el capital humano de estas personas debe haber bajado significativamente”, señala Carlos de los Ríos, economista senior del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Luego de la visita de OjoPúblico a Tambogrande, el municipio empezó a rehabilitar y construir aulas temporales para La Peñita y Ayar Uchu, contaron las directoras.
Sin embargo, hasta que concluyan esas obras, las clases aún no comenzarán. “¿Cómo era nuestra anterior escuela? No teníamos lujos, pero albergaba a muchos niños y los hacía felices”, dice la directora Elizabeth Aguilar, rodeada de muros de concreto sin acabar. En ese caserío de Tambogrande la esperanza también se ha derrumbado.