Trabajadores de la mina Andaychagua, ubicada en el distrito Huayhuay, de la provincia de Yauli, región de Junín; y sus pares de los sindicatos Sintracarbono y Sintracerrejón de Colombia, presentaron una queja ante la Comisión Europea contra la multinacional suiza Glencore, porque –según ellos– la compañía incumple el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Acuerdo Comercial entre la Unión Europea, Colombia y Perú al vulnerar sus derechos a la libertad sindical, la negociación colectiva e igualdad.

La denuncia fue presentada en mesa de partes el pasado mes de mayo y cuenta con el respaldo de CNV Internationaal, una organización que pertenece a CNV (siglas del Sindicato Protestante Nacional en holandés), una de las más grandes confederaciones sindicales de Holanda. La abogada Gianina Echevarría Gutarra, coordinadora en Perú de dicha organización, señaló que es la primera vez que un sindicato peruano utiliza el mecanismo de queja  —denuncia por la infracción o incumplimiento de normativas— ante la Comisión Europea. Se encuentran a la espera de los resultados.

Es la primera vez que un sindicato peruano utiliza el mecanismo de queja ante la Comisión Europea.

Los trabajadores denuncian que la compañía minera utiliza la subcontratación para evitar pagar lo mismo a personal bajo esta modalidad, pero que realiza similares funciones, así como otros beneficios como el reparto de utilidades. Y mencionan que han solicitado la incorporación de contratos directos, pero que la empresa ha rechazado esa posibilidad. 

Las negociaciones con la empresa están entrampadas desde agosto del 2021. Por eso el sindicato acudió a la Comisión Europea para que intervenga en los que ellos consideran se trata de una vulneración de sus derechos laborales contemplados en los acuerdos internacionales de los países involucrados. Los minerales extraídos en el yacimiento de Andaychagua tienen como destino el continente europeo y Glencore es una multinacional de capitales suizos. 

Denuncia por subcontratación

La mina Andaychagua pertenece a la compañía Volcan, cuyo accionista mayoritario es Glencore, una compañía con inversiones en el sector minero y comercio de materias primas en diversos países y que recientemente se declaró culpable de diferentes casos de soborno internacional a lo largo de varios años. 

Los trabajadores de Andaychagua sostienen que Glencore vulnera obligaciones internacionales al permitir la subcontratación de obreros mineros y precarizar sus condiciones de trabajo, pues los subcontratados no reciben utilidades. Al mismo tiempo, el sindicato denuncia que la empresa incumple con el derecho a la libertad de asociación y la negociación colectiva.

Alex Tinoco Román, secretario general del sindicato de la mina Andaychagua, señaló a OjoPúblico que en esta mina trabajan alrededor de 1.500 obreros, de los cuales 1.200 son subcontratados por la minera a través de terceras empresas. Estos trabajadores no cuentan con estabilidad laboral, pese a realizar labores similares a quienes se encuentran en planilla de la empresa Volcan, dijo el dirigente sindical. Incluso, denuncia que los mineros subcontratados cuentan con menos equipos de protección para llevar a cabo sus labores.

PENDIENTE. La Dirección Regional de Trabajo de Junín ordenó a Volcan iniciar negociaciones con el sindicato, pero la empresa no acata disposición. 

Foto: Andina

"Nosotros decidimos afiliarnos [a los trabajadores subcontratados] porque hay constantes abusos en la unidad. A los tercerizados los hacen trabajar en pésimas condiciones y a temperaturas cercanas a los 40 grados; y si reclaman por ello, los botan. Esa es la manera en la que están trabajando", afirmó Tinoco Román.

Volcan detalla en su memoria anual del 2020 que, hasta finales de ese año, la compañía enfrentaba demandas laborales por un monto de USD 7,2 millones. Además, se encontraba pendiente de resolver procesos por presuntas infracciones a normas medioambientales y al Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, iniciados por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), el  Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de la Producción, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), por un monto de USD 5,5 millones. 

Volcan detalla en su memoria anual del 2020 que enfrentaba demandas laborales por USD 7,2 millones.

A fin de agrupar a los trabajadores tercerizados, este sindicato fundado el 12 de agosto de 1973, modificó sus estatutos sindicales en diciembre de 2020 para ampliar su ámbito de afiliación a los trabajadores subcontratados que trabajan en Andaychagua.  

El cambio en su constitución tuvo dos efectos. La primera fue la separación del sindicato de Andaychagua de la Federación de Trabajadores Mineros Metalúrgicos de Volcan Compañía Minera, el cual agrupa a otros sindicatos de minas pertenecientes a la empresa. Tinoco Román dijo a OjoPúblico que la federación no estuvo de acuerdo con que se incluya a terceros. Y luego de eso, Volcan se negó a reconocerlos.

Inclusión de terceros en el sindicato

En 2021, el sindicato notificó a Volcan sobre la inclusión de trabajadores subcontratados en su sindicato. La respuesta de la compañía frente esta comunicación fue pedir a la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Junín que este acto sea declarado nulo y sin efecto. Sin embargo, se negó su solicitud. Para los trabajadores mineros de Andaychagua este hecho constituye una injerencia de la empresa en su autonomía.

PEDIDO. El sindicato solicitó iniciar una negociación colectiva, presentando un pliego de reclamos a Volcan. 

Luego, el 23 de julio de 2021, el sindicato presentó el proyecto de convenio colectivo 2021-2022 a Volcan para iniciar el proceso de negociación colectiva, el cual planteaba que los beneficios adquiridos en el convenio fueran aplicables también a trabajadores subcontratados que presten servicios directos en la unidad minera.

Volcan rechazó este pedido y el sindicato acudió a la Dirección Regional de Trabajo y Empleo de Junín. Fue esta entidad la que ordenó a Volcán iniciar el procedimiento de negociación. 

Pero el 31 de julio de 2021 la empresa informó de nuevo su oposición a este proceso. En sus argumentos se señala que el sindicado es una organización minoritaria que trabaja en la misma zona con otras organizaciones que afilian a más trabajadores, como la Federación de Trabajadores Mineros Metalúrgicos de Volcán Compañía Minera y el Sindicato Único de Empleados de Volcan Compañía Minera.

DISPOSICIÓN. La autoridad regional de trabajo ordenó el inicio del trato directo entre Volcan y el sindicato de Andaychagua. 

Según la queja presentada ante la Comisión Europea, el rechazo de la empresa a negociar continuó y por eso el sindicato inició una huelga indefinida el 21 de diciembre de 2021.

La paralización en la mina duró dos meses. El 23 de febrero de 2022, la Dirección Regional de Trabajo de Junín emitió un laudo arbitral, que ordenó a los trabajadores poner fin a la huelga y a Volcan iniciar las negociaciones colectivas.

Tinoco Román señala que, pese a esta orden de la autoridad laboral, la mina continúa negándose a conversar con ellos y reconocerlos. Al respecto, CNV Internationaal considera que los actos de la empresa han vulnerado el Título IX del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea, Colombia y Perú.  

Los actos de la minera han vulnerado el Título IX del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea, Colombia y Perú.  

"Las normas a las que nos referiremos se encuentran en los artículos 267, 269, 271 y 277, y se refieren al cumplimiento de obligaciones relativas al trabajo decente; más específicamente la obligación de cumplir con los derechos laborales fundamentales, la libertad de asociación y el derecho a igualdad", se lee en la queja ante la Comisión Europea.

La organización internacional señala que existe un "patrón de violencia antisindical y el uso indebido de la subcontratación" en minas de Perú y Colombia que son de propiedad de la multinacional Glencore.

Durante varios días OjoPúblico pidió los descargos al área de comunicaciones de Glencore, pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de este informe. 

La situación se repite en Colombia

El Sindicato Nacional de Trabajadores de Carbones del Cerrejón Limited, Sintracerrejón, se plegó a la demanda internacional contra Glencore.  La empresa es la propietaria del complejo carbonifero Cerrejón, ubicado en el departamento de La Guajira, al norte de Colombia.

Sintracerrejon indica que obtuvo testimonios que demostrarían que en el yacimiento tanto los trabajadores tercerizados así como los empleados de la mina realizan las mismas labores, pero a que a los subcontratados se les paga tres veces menos que a los empleados de Cerrejón. 

Sintracerrejon indica que obtuvo testimonios que demostrarían que a los subcontratados se les paga tres veces menos. 

En el área de reconstrucción de motores, los obreros subcontratados por la Compañía Minera CHM, ganan salarios de 1'375.000 pesos colombianos, el equivalente a USD 332, mientras que los trabajadores contratados por Cerrejón ganan 4'000.000, lo que serían USD 966. En el área de mantenimiento, los empleados tercerizados por Maxo S.A.S. no tienen vacaciones y el personal subcontratado por la Empresa Cigüeña Masa realiza jornadas de más de 12 horas.  

Respecto a la tercerización de obreros en la actividad minera, el abogado laboralista Tino Vargas indicó a OjoPúblico que existe una discusión legal sobre el derecho a la igualdad de los trabajadores, por el cual las personas que realizan las mismas actividades deben recibir iguales beneficios en contraposición con la libertad de empresa. 

Este año, el gobierno emitió el Decreto Supremo 001-2022-TR que reforma la tercerización laboral y restringe la subcontratación de personal en actividades nucleares de la empresa. Sin embargo, el especialista señala que en el caso de la minería, hay una contraposición entre este decreto y la Ley General de Minería, la cual establece una excepción donde se permite la tercerización de actividades principales. 

“El Ministerio de Energía y Minas valida el carácter especial de esta ley versus la modificación del reglamento de la ley de tercerización”, añade. 

El sindicato de Andaychagua se encuentra a la espera de que se emita una opinión internacional sobre la tercerización en la actividad. Al ser la primera vez que se presenta una demanda de este tipo, no se sabe cuánto tomará este proceso.