Cusco. Los hermanos Frank y Jorge Chávez Sotelo asesoraron desde el 2016 a nueve comunidades de la provincia de Cotabambas, en Apurímac, para que exijan millonarios montos a la minera Las Bambas como compensación por concepto de servidumbre de paso, detalló el Ministerio Público durante la audiencia de prisión preventiva -del último 3 de abril- para los abogados de la comunidad de Fuerabamba, acusados de integrar una organización criminal dedicada al a extorsión.

Los hermanos Chávez Sotelo y su socio Iván Ovalle Escalante, según los documentos de la Fiscalía presentados para solicitar la detención, asesoraron la firma de las ocho cartas en donde estas comunidades solicitan millonarios pagos a la transnacional china MMG Limited, que opera la mina Las Bambas, como condición para que sus vehículos transiten por los territorios comuneros colindantes con el corredor minero del sur en Apurímac. 

Las misivas –que fueron enviadas entre setiembre de 2016 y mayo de 2017– solicitan un pago para las comunidades de Choquecca Antío (US$80 millones), Pumamarca (US$50 millones), Quehuira (US$20 millones), Pitic (US$12 millones), Miraflores (US$9 millones), Pisaccasa (US$9 millones), Congota (US$8 millones), Allahui (US$5 millones) y Fuerabamba (el pedido se hizo en soles: 500 millones). 

De estas nueve comunidades, cuatro figuraban en el registro preliminar de pueblos indígenas elaborado por el Ministerio de Cultura al que tuvo acceso Ojo-Publico.com, pero fueron retiradas luego en la publicación de la base de datos oficial del 2015.

Se trata de las comunidades Choquecca Antío (distrito Tambobamba, Apurímac), Quehuira (distrito de Challhuahuacho, Apurímac), Allahui (distrito de Cotabambas, Apurímac) y Fuerabamba.

Las comunidades de Congota, Miraflores, Pumamarca, Pisaccasa y Pitic, entre los años 2016 y 2017, bloquearon la carretera que usan los camiones de la minera para trasladar el cobre después de que no recibieron una respuesta de Las Bambas.

Los enfrentamientos con la Policía en Pumamarca ocasionaron en octubre del 2016 la muerte de un ciudadano de la comunidad  de Choquecca Antío, Quintino Cereceda Huisa (42), por un disparo en la cabeza. El último 3 de abril también se registraron disputas entre comuneros de Pumamarca y efectivos policiales.

Según la fiscalía, además de estas nueve comunidades, los hermanos Chávez Sotelo asesoran desde el 2018 a los miembros de Fuerabamba, quienes mantuvieron bloqueado el tránsito de vehículos de la mina en la carretera que atraviesa el fundo Yavi Yavi (Chumbivilcas, Cusco) y la entrada a la mina Las Bambas en el sector llamado Manantiales en el distrito de Challhuahuacho (Apurímac).

"Emplazamos y requerimos a la empresa minera Las Bambas a fin de que cumpla con pagar la suma de S/500 millones por todo concepto de vulneración e irregularidades cometidas contra la comunidad campesina de Fueramba", dice una de las cartas enviadas por los dirigentes de esta comunidad a la compañía MMG Limited, con la asesoría de los abogados Chávez Sotelo. 

Ayer, luego de la reunión con el presidente del Consejo de Ministros, Salvador Del Solar, y el presidente de Fuerabamba, Gregorio Rojas, los dirigentes de la comunidad acordaron levantar los bloqueos de estas vías. Estos acuerdos, sin embargo, deberán ser consultados y aceptados en los próximos días por la asamblea general de la comunidad, informaron dirigentes en la zona de Challhuahuacho y Yavi Yavi. 

CARRETERA BLOQUEADA. La vía utilizada por la mina Las Bambas lleva bloqueacada dos meses.

Foto: Ojo-Publico.com

El pasado miércoles, la jueza Patricia Valenza Olivera del Juzgado de Investigación Preparatoria de Cotabambas dictó 36 meses de prisión preventiva contra los hermanos Chávez Sotelo y el asesor legal Carlos Vargas Arizábal, tras ser sindicados como presuntos integrantes de la organización criminal 'Los Chavelos'. 

Durante la sustentación del pedido de prisión preventiva, la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Abancay señaló que ‘Los Chavelos’ es una organización delictiva que tenía accionar permante en el tiempo y reparto de roles, que fue constituída con la única intención sacar un "provecho indebido" a la empresa MMG Las Bambas. 

A la cabeza de esta organización se encontraría Jorge Martín Chávez Sotelo (capturado), alias ‘gordo Jorge’ quien planifica, dirige, controla y organiza las acciones del grupo. El segundo al mando sería Frank Aníbal Chávez Sotelo (capturado), alias ‘loco Aníbal’. Como integrantes de la organización también se encuentran Carlos Fernando Vargas Arizábal (capturado) y Noemí Portilla Vargas. 

Mientras que los colaboradores serían, según la Fiscalía, Gregorio Rojas Paniura, presidente de la comunidad de Fuerabamba; Edison Vargas Huamanga, vicepresidente de Fuerabamba, y Rafael Valdivia Bolivar, asesor legal de la comunidad y excandidato a la municipalidad de Haquira.

Mirtha Vásquez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, señaló que en este caso se está vulnerando el derecho al debido proceso, pues los acusados deben tener un juicio natural, en la localidad donde ellos radican (Apurímac). Según la también experta en conflictos sociales, en este caso, "el delito de extorsión no está del todo configurado, pues se está presentando una exigencia legítima de la comunidad, con estándares bastante altos (montos solicitados a la minera), pero que vistos a comparación de otros países, son montos normales". 

En un reciente pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo también indicó que las comunidades "no pueden carecer del derecho a la asesoría y defensa legales de sus intereses y derechos". Además, solicitó "profesionales solventes que contribuyan a garantizar su defensa".