Áncash, con uno de los mayores ingresos por canon minero en la historia del Perú, es también la región con mayor cantidad de exgobernadores con un pasado en prisión o que purgan condena en el presente: César Álvarez (período 2007-2014) está preso acusado de liderar uno de las organizaciones criminales más peligrosas del país; Waldo Ríos (2015-2016) cumple cinco años de cárcel por delitos de corrupción; y Enrique Vargas (2017), tiene igual sentencia por consignar información falsa en su hoja de vida.

Con este antecedente –en un país remecido por los escándalos devenidos del Caso Lava Jato y de los Audios de la Corrupción– más de 853 mil electores de Áncash se preparan para elegir al sucesor del sillón de presidente regional que dejaron Álvarez, Ríos y Vargas.

La Red Investigativa Regional de Ojo-Publico.com, como parte de su cobertura electoral, analizó las hojas de vida presentadas al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por los 23 aspirantes a heredar el gobierno de Áncash, y estableció que cinco de ellos (más del 20% del total de postulantes) han sido condenados por delitos que van de la omisión de asistencia familiar, corrupción de funcionarios y libramiento o cobro indebido.

Un candidato con tres condenas

El ingeniero Juan Carlos Murillo Ulloa (38) es candidato por el Partido Político Somos Perú en Áncash. De acuerdo a su hoja de vida ha sido condenado en tres oportunidades: una vez por delito de libramiento (girar cheques sin fondos) y dos por omisión de asistencia familiar (no pasar pensión alimenticia a un menor de edad).

La primera condena de Murillo Ulloa se remonta al 2013. Aquella vez lo sentenciaron a tres años de prisión suspendida por haber emitido cheques sin fondos contra la empresa Maquinarias del Norte S.A.C. La condena contemplaba también el pago de una reparación civil de S/ 5.000.

De acuerdo a una resolución judicial de mayo último, Morillo ya está rehabilitado, aunque esto ocurrió antes de cumplir con pagar la reparación civil, efectuada el último 10 de junio. Es decir, apenas nueve días antes de finalizar el plazo para inscribirse como candidato.

REITERADAS CONDENAS. Juan Carlos Murillo Ulloa ha sido condenado en tres oportunidades: una vez por girar cheques sin fondos y dos por omisión de asistencia familiar.

Foto: Facebook.

La segunda y tercera condena contra el candidato a gobernador fueron emitidas el 2015 y 2016, respectivamente. Entonces, dos juzgados de paz letrados de Nueva Chimbote (Áncash) lo condenaron en diferentes procesos por omisión de asistencia familiar, un delito bastante común entre los políticos de esta región. Ojo-Publico.com buscó la versión del candidato, pero no obtuvo respuesta.

Condenada por corrupción

La lista de candidatos sentenciados que aspiran a ser gobernadores de Áncash también la integra Amelia Victoria Espinoza García (60), exalcaldesa de la Municipalidad Provincial del Santa, quien en julio último fue condenada por delito de colusión a cuatro años de cárcel por el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de la Corte del Santa.

Espinoza García, candidata del movimiento político regional Río Santa Caudaloso, está en calidad de prófuga de la justicia. La Policía Nacional ha pedido al Ministerio del Interior que se la incluya en la lista de los más buscados del país y que se ofrezca una recompensa por información que lleve a su inmediata detención.

No es la primera vez que huye de la justicia. En setiembre del 2015, cuando se desempeñaba como burgomaestre, estuvo prófuga luego de que la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa confirmara otra sentencia, esta vez de siete años de cárcel, por delito de enriquecimiento ilícito.

Sin embargo, el caso de Espinoza García volvió al escenario mediático en el 2016 cuando la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia –presidida por Javier Villa Stein e integrada por Duberlí Rodríguez y el hoy cuestionado juez César Hinostroza Pariachi– la absolvió de enriquecimiento ilícito.

Actualmente, la situación legal de la candidata es incierta, no sólo por la condena citada, sino también porque podría recibir otras tres sentencias condenatorias en dos juicios por haber favorecido a un grupo de compañías para que ganen licitaciones de obras en el municipio del Santa, y en una investigación fiscal por lavado de activos al detectarse que ocultó bienes que fueron adquiridos con dinero ilícito.

El candidato de ‘La Centralita’

Juan Lázaro Calderón Altamirano (55), aspirante al cargo de gobernador regional por el Partido Político Restauración Nacional, también ha sido condenado por omisión de asistencia familiar. Su caso se remonta al 2003 y la sentencia del Juzgado de Paz Letrado de Nuevo Chimbote (Áncash) fue declarada fundada en parte.

Como se conoce, Calderón fue aliado del preso exgobernador César Álvarez y hoy afronta un pedido fiscal de nueve años de prisión por presuntamente integrar la organización criminal del caso “La Centralita”. Según su hoja de vida presentada al JNE, y una búsqueda realizada por Ojo-Publico.com en Chimbote, el aspirante no declaró bienes inmuebles ni vehículos a su nombre.

Respecto a las sentencias, Calderón comentó a Ojo-Publico.com que este caso fue del 2006, que actualmente se encontraba "rehabilitado" y no tiene ninguna deuda. Así lo ha comprobado, dijo, el Jurado Electoral Especial de Huaraz.

El candidato declaró al JNE que en 2017 tuvo ingresos por S/ 10.200 por sus actividades como promotor académico de la empresa Capciac Perú E.I.R.L, dedicada al rubro de capacitación en salud.

Otros condenados

El candidato e ingeniero Yemil Encarnación Valverde (45) también tiene dos sentencias en su contra. El aspirante a gobernador regional de Áncash por el Partido Político Siempre Unidos recibió una sentencia en el 2017 del Juzgado de Paz Transitorio de Nuevo Chimbote y se le estableció el pago de un régimen alimentario. 

Encarnación Valverdé aseguró a Ojo-Publico.com que la sentencia le fue notificada este año y que ahora “se está poniendo al día” en el pago de las pensiones. 

El 2016 fue demandado por un caso similar y el Segundo Juzgado Mixto de Nuevo Chimbote falló otorgando medidas de protección a favor de la demandante. 

Encarnación reconoció que fue acusado por violencia pero que "el caso está ganado", porque la denunciante no ha podido probar sus acusaciones. El aspirante indicó que no tiene conocimiento del fin del proceso y las medidas de protección siguen vigentes. 

El aspirante a gobernador de Áncash es gerente general de la compañía Envaye Trading SAC, que registra omisiones tributarias y deudas al tesoro público por más de S/100 mil. La mencionada empresa figura como dada de baja. Encarnación aseguró que se encuentra en una disputa con la Sunat porque no reconoce tal deuda.

Un último caso de candidato sentenciado corresponde a Jesús Rodríguez Fuentes (48), exconsejero regional por la provincia de Casma, quien ahora aspira ser gobernador por el movimiento político regional Áncash a la Obra.

Dicho candidato fue sentenciado por el Segundo Juzgado de Paz Letrado de Áncash también por omisión de asistencia familiar en el 2017. Hace unos meses, en declaraciones a Radio Santo Domingo de esta región, Rodríguez señaló que esa sentencia no fue porque evadiera el pago de la pensión sino porque la demandante quería un monto superior, como finalmente el juez determinó.

Jesús Rodríguez es gerente general de la empresa Rodríguez Fuentes Ingenieros y Consultores S.A.C, que ha contratado de manera consorciada con el Estado por más de S/ 3 millones entre el 2008 y 2016; y por más de un millón y medio de soles de manera individual.