Áncash tuvo un presupuesto de S/1.900 millones el 2018 y espera un monto similar para el 2019, cuando la región, una de las más castigadas por la corrupción durante la última década, haya elegido a su nuevo gobernador entre Juan Morillo Ulloa, discutido empresario constructor que llegó a ganar una millonaria concesión en el gobierno de César Álvarez, hoy preso por crimen organizado; y Juan Rebaza Carpio, un exministro del primer gobierno de Alan García en los ‘80.

Ojo-Publico.com, como parte de su cobertura electoral, elaboró un perfil político, empresarial y financiero de ambos candidatos con miras a la segunda vuelta del 9 de diciembre, e hizo un repaso del entorno que rodea a los dos aspirantes al sillón de gobernador de Áncash, una región que tuvo a sus últimos tres presidentes procesados o encarcelados por delitos vinculados al crimen organizado y la corrupción.

Sentenciado por agresión familiar

Juan Morillo Ulloa (38) es el candidato de Somos Perú. En su hoja vida presentada al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró tener tres condenas judiciales: dos por omisión de asistencia familiar y una por emitir cheques sin fondo. Sin embargo, no declaró dos fallos adicionales: uno por violencia familiar el 2016 y una sentencia del 2011 contra su empresa JJM Minería y Construcción SAC por obligación de dar suma de dinero (US$40 mil) a favor de la gerente de Transportes Soniluz, Adelaida Choquenaira.

El candidato a gobernador declaró a la prensa de Áncash que no debe nada a dicho demandante porque JJM Minería y Construcción no le pertenece desde el 2012. Sin embargo, Ojo-Publico.com estableció en Registros Públicos que dicha compañía –fundada el 2006 por Juan Carlos Morillo como socio mayoritario y gerente general– mantiene desde entonces la misma composición societaria en su propiedad.

En el 2009, JJM Minería y Construcción SAC contrató por S/ 17.7 millones con el Gobierno Regional de Áncash, cuando esta tenía como presidente a César Álvarez. Morillo además fue el ingeniero residente de la obra que acabó costando S/36 millones, incluidos S/ 7 millones del arbitraje que ganó la empresa en la Cámara de Comercio de Lima (CCL) tras convencer a uno de sus tribunales de no ser responsable de que la obra acabara inconclusa.

En agosto último, la empresa fundada por el candidato a gobernador fue sancionada con la inhabilitación definitiva para contratar con el sector público. El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) concluyó que la compañía intentó cobrar por el avance de la obra presentando documentación falsa. La sanción es definitiva porque ya tenía antecedentes: el 2012 fue sancionada con inhabilitación temporal por el mismo tipo de infracción.

CUESTIONADO CANDIDATO. La empresa del candidato Juan Morillo Ulloa recibió millonaria licitación del gobierno regional del condenado César Álvarez.

Foto: Ojo-Publico.com / Magali Estrada.

El candidato Morillo además tiene una sentencia judicial emitida por la Corte Superior del Santa. El 2016, el Segundo Juzgado Mixto de Nuevo Chimbote lo halló responsable de violencia física y psicológica contra su cónyuge y ordenó que no se acerque a su víctima e hijos, se cancele su licencia para portar armas y se someta a tratamiento psicológico. El empresario constructor no apeló a la sentencia.

Inicialmente, el candidato rechazó haber agredido a su expareja. Sin embargo, frente a pruebas claras como el fallo judicial y un informe psicológico de la terapia que recibió, Morillo Ulloa recién admitió públicamente la agresión y pidió disculpas a su exesposa e hijos.

El 2017, según su hoja de vida en el JNE, Morillo Ulloa también fue ingeniero residente de Kinryz Constructores EIRL, constructora que en el 2016 tuvo como administrador de obra a Henry Augusto Borja Cruzado, un ingeniero agroindustrial de 35 años, directivo de al menos tres constructoras que hoy están de baja, y quien postula a vicegobernador en la lista de Morillo.

Morillo, quien en el 2014 tentó sin éxito al mismo cargo, se presenta como un empresario que ha realizado obras en todo el país, pero solo ha declarado un ingreso anual de S/15 mil, es decir, apenas S/ 1.250 al mes por sus actividades como ingeniero civil. Además declaró también tener una vivienda y un terreno, ambos en el distrito de Nuevo Chimbote, valorizados en S/181 mil.

Un dato que evidencia contradicciones en los ingresos declarados por Morillo fue ubicado en un fallo del 2015 del Segundo Juzgado de Familia de Nuevo Chimbote. De acuerdo a la resolución, Morillo tenía una importante capacidad económica al ser socio mayoritario de JJM Minería y Construcción SAC y porque, de acuerdo a la madre del tercer hijo del candidato, citada en el fallo, este llegó a tener un ingreso mensual de S/ 22 mil.

Las contradicciones en su patrimonio se hicieron más evidentes en la última campaña electoral. A pesar de los vistosos paneles publicitarios en las principales avenidas ancashinas, banners encima de viviendas, pintas en los distritos y otros gastos, Morillo sigue repitiendo el mismo discurso político frente a los medios locales: que ha tenido una campaña “austera” y que dicha inversión es fruto del esfuerzo de su “familia y la militancia”

En esta segunda vuelta, Morillo aspira a ser reconocido como un técnico exitoso y para ello ha colocado enormes paneles en donde afirma que “ejecutó” las millonarias centrales hidroeléctricas de Cheves y El Platanal. Sin embargo, estas obras fueron ejecutadas por las compañías Statkarft y Graña y Montero, respectivamente. El candidato a gobernador solo fue un subcontratista, según su propia versión.

Exministro aprista quiere volver a la política

Juan Santos Rebaza Carpio (74) estudió economía, pero no acabó sus estudios superiores, y está jubilado de acuerdo a su hoja de vida presentada ante el JNE. A pesar de ello, hoy busca convertirse en el próximo gobernador regional de Áncash, cargo al que postula por primera vez por el movimiento regional El Maicito.

En los años ‘80, Rebaza no necesitó profesión para convertirse en ministro de Pesquería, gerente y presidente del Directorio de Pesca Perú durante el primer gobierno de Alan García (1985-1990). Rebaza además estuvo afiliado al APRA hasta el 2017 y no tuvo otro cargo en el Estado hasta que García volvió al poder: el 2006 fue elegido presidente del Fondo de Desarrollo Pesquero (Fondepes), su último trabajo declarado.

De acuerdo a su hoja de vida presentada al JNE, tuvo un ingreso anual de S/18.360 el 2017, o sea S/1.530 al mes, incluida su pensión de jubilación. También posee una vivienda en Lima, valorizada en 50 mil soles.

El candidato a vicegobernador de Juan Rebaza es Alexander Meza Villarreal, un joven bachiller de Ingeniería Civil, y hermano del exalcalde de Huaraz Vladimir Meza (2011-2014). Este último declaró en su hoja de vida ser apoderado de Ciudandes SAC desde 2016, empresa que tenía como administrador a su hermano Charles Anderson Meza Villarreal.

EXPERIENCIA PÚBLICA. Juan Rebaza, exalto funcionario de Alan García en los ‘80, apunta a ganar el gobierno regional de Áncash.

Foto: Andina.

El 2017, Ciudandes SAC aceptó un traspaso de capital de MV Contratistas Generales SAC, fundada por Charles Meza y su hermano Edward Stalin. En junio pasado Charles Meza, hermano y socio del candidato a vicegobernador por El Maicito, fue condenado a cuatro años de prisión suspendida por colusión; mientras que su empresa MV Contratistas Generales fue inhabilitada, también por cuatro años, para contratar con el Estado. Esta compañía, además, le debe a la Sunat S/3.6 millones, que están en cobranza coactiva desde el 2014.

En la campaña de Rebaza además se ha notado presencia de personas que fueron parte de “Cuenta Conmigo”, organización política que perdió su inscripción y que fue fundada por César Álvarez, ex gobernador regional de Áncash, quien está preso por corrupción y homicidio.

Por ejemplo, el jefe de Campaña de Rebaza es Enrique Pérez Reyes, hermano del exdirigente de “Cuenta Conmigo” Yuri Pérez Reyes. El electo alcalde del distrito Coishco, Abel Sánchez Cruz, quien fue investigado por el caso La Centralita, apoya con su respaldo público la campaña de El Maicito, lo mismo hace José Cachi Quezada, exconsejero regional por “Cuenta Conmigo”.

En Chimbote hay sospechas sobre el papel de estos personajes, antes ligados a César Álvarez, en las finanzas de la campaña de Juan Rebaza. El candidato ha negado los vínculos y solo dijo que convocó a “todos los ancashinos de buena fe” y que si estas personas no tienen antecedentes ni han sido condenados, no hay razón para que él los margine.

Rebaza Carpio también tuvo una campaña de primera vuelta ostentosa. Enormes paneles, pintas en paredes y otros espacios públicos, así como banners encima de las casas y hasta colocados ilegalmente en postes de alumbrado, se han visto en las calles de la región. Su cierre de campaña, realizado en Chimbote, tuvo como protagonistas a importantes orquestas limeñas.