El pasado mes de abril el Ministerio de Cultura confirmó la aplicación de multas por S/7,6 millones contra la constructora R&G por demoler andenes prehispánicos en el Cusco, para edificar el hotel Four Points by Sheraton. Este atentado contra el patrimonio ocurrió el 2015, pero no es el único que se registró en la ciudad reconocida como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Durante la última década, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco (DDC) inició 153 procesos administrativos contra empresas y personas por dañar la infraestructura del centro histórico de la ciudad.

Ojo-Publico.com obtuvo la base de datos del registro de sanciones de la DDC y encontró que, entre noviembre de 2008 y  enero de 2019, se produjeron 147 daños a edificaciones declaradas patrimonio histórico y seis afectaciones a inmuebles y bienes arqueológicos. En la lista se detallan demoliciones de casas patrimoniales, fracturas de muros incas y el tapiado de una fuente de agua prehispánica.

De los 153 presuntos infractores, el 22% está vinculado a la construcción y 21% al turismo.

En el mismo periodo, se registró el desmontaje parcial de construcciones coloniales, obras realizadas sin licencia, remoción de piezas líticas y edificaciones de tres, cuatro y siete pisos, cuando la norma de construcción indica un máximo dos en el centro histórico.

COLEGIO. El colegio Las Mercedes, ubicado junto al Qoricancha y declarado patrimonio histórico, fue denunciado por instalar mallas y renovar su sistema eléctrico sin autorización.

Foto: Clarys Cárdenas / Ojo-Publico.com

El análisis de la base de datos también muestra que de los 153 presuntos infractores, el 22% está vinculado al rubro de la construcción, ingeniería y arquitectura; seguido de cerca por el sector turismo y hotelero con 21%, que incluye cuatro procesos administrativos iniciados contra agencias de viaje, 17 contra bares y restaurantes, y 11 contra hoteles.

En la lista también aparecen infracciones cometidas por personas que laboran en sector comercial (14%) y personas naturales sin actividad u oficio especificado (19,6%).

La zona monumental y urbana de Cusco fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación y de la Humanidad por el Estado peruano y por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

En este contexto, el Plan Maestro de Cusco, documento guía para la gestión del patrimonio, reconoció 380 casas con valor patrimonial arqueológico, por lo que cualquier cambio en su estructura requiere una autorización del Ministerio de Cultura.

Además, ninguna edificación ubicada en el centro histórico puede tener más de dos pisos de alto. Sin embargo, de las 153 denuncias, 90 incluyeron alguna de estas dos infracciones.

PARALIZADAS. El sector Cultura paralizó edificacioness irregulares la calle Maruri. Las viviendas ubicadas en el centro histórico de Cusco no pueden tener más de dos pisos.

Foto: Clarys Cárdenas / Ojo-Publico.com

Entre las empresas investigadas se encuentra América Móvil, operadora peruana de Claro, denunciada en 2012 y 2016 por colocar estructuras metálicas y antenas en sus oficinas, y por modificar la infraestructura de su base de comunicación. Inka Rail, empresa que brinda servico de transporte a Machupicchu y cuya oficina se encuentra en la plaza mayor de Cusco, también fue denunciada el 2018 por no tener licencia para remodelar su áreas de boletería y sala de espera. 

Ojo-Publico.com se comunicó con las sedes cusqueñas de ambas empresas, pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de edición.

Asimismo, la Municipalidad Provincial de Cusco y dos instituciones educativas fueron denunciados ante el Ministerio de Cultura por el pintado de veredas y obras de mantenimiento inconsultas; mientras que el Arzobispado de Cusco y la Sociedad de Beneficencia Pública fueron procesados, respectivamente, por fracturar piezas líticas de la Catedral de Cusco y afcetar portones coloniales durante los trabajos de remodelación realizados los años 2016 y 2017.

La dirección adscrita al Ministerio de Cultura también inició un proceso administrativo sancionador contra la empresa Cóndor Inca Hotel S.A.C., el 2016, por la instalación de una estructura metálica y techado sin autorización; y contra la empresa Landmark Holding S.A.C. o Hilton Garden Inn, por construir un muro de contención irregular en el barrio tradicional de Santa Ana.

Q’ASANA. Este inmueble, ubicado en la plaza mayor de Cusco y ocupado por la empresa Inkarail, fue declarado monumento nacional por poseer fragmentos incas.

Foto: Clarys Cárdenas / Ojo-Publico.com

El titular de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco (DDC), Fredy Escobar Zamalloa, no precisó cuántos de estos casos culminaron o en qué fase de investigación se encuentran, pues la mayoría de denunciados apela hasta llegar al mismo Ministerio de Cultura.

"Tenemos poco personal y esto incide en las fechas de investigación y cumplimiento. Estamos trabajando un convenio marco con la Municipalidad del Cusco para que ambas entidades podamos fiscalizar y hacer las inspecciones conjuntamente. Pero es importante que los propietarios y vecinos del Centro Histórico prioricen la conservación del patrimonio”, añadió.

El proceso sancionador por daños al patrimonio histórico y arqueológico se inicia en las oficinas descentralizadas del Ministerio de Cultura luego de realizar una inspección de oficio o tras recibir la denuncia de un ciudadano, como se indica en el Decreto Supremo 005-2019-MINCU. Una vez notificada del hecho, la persona o empresa denunciada tiene hasta 10 días para presentar sus descargos.

SIN DEMOLER. Esta obra abandonada en la calle Tambo de Montero, en el centro histórico, iba a convertirse en un hotel de más de dos pisos. Fue paralizada en la década del 90, pero no se demolió.

Foto: Clarys Cárdenas / Ojo-Publico.com

El procedimiento continúa con la elaboración del Informe Técnico Pericial y el Informe de Instrucción a cargo de los funcionarios del sector Cultura. El primer documento establece el valor del bien afectado y el grado del daño causado, mientras que el segundo determina las leyes o normas infringidas. Finalmente, se realiza una audiencia oral y se redactan las conclusiones con las sanciones correspondientes.

“El caso del hotel Sheraton es emblemático pero no es el único. Tras denunciar este hecho, el Poder Judicial nos dio la razón y el Ministerio de Cultura suspendió la construcción. Los responsables de los atentados contra el patrimonio somos todos nosotros, pero también las autoridades que no establecen un diálogo con la ciudadanía para mejorar  las políticas al respecto del patrimonio", sostiene Óscar Liendo Seminario, representante del Foro Cusco que participó activamente en la denuncia del caso Sheraton.