El 2015 los agricultores y autoridades del Valle de Tambo, en Arequipa, lideraron una larga protesta en rechazo a la minera Southern y su proyecto Tía María, pues temían la contaminación de sus fuentes de agua. El conflicto motivó el inicio de varios procesos penales contra sus dirigentes, el más importante de los cuales ingresará a su fase final el próximo 16 de julio, en un contexto en que un sector de la población ha retomado las marchas contra la empresa porque está próxima a obtener el permiso que le faltaba para operar en la zona.

Precisamente, los agricultores del valle se sumarán hoy a la movilización convocada por la Federación Departamental de Trabajadores (FDTA) para mostrar su oposición al proyecto minero. Hace dos semanas pobladores de los distritos de Cocachacra y Dean Valdivia, liderados por Miguel Meza Igme, también marcharon para exigir respeto al Valle de Tambo y anunciaron que debatirán la situación judicial de sus compañeros en el encuentro regional de agricultores que se realizará el 23 de junio.

Son 15 los dirigentes que serán llevados a juicio oral por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte de Arequipa, acusados de asociación ilícita para delinquir, disturbios y extorsión en agravio del Estado y de la minera Southern. La tesis del Ministerio Público es que ellos integraron una organización criminal que usó de fachada la defensa del medio ambiente para obtener ventajas económicas de ambos afectados.

RECHAZO. Las protestas contra Southern se han agudizado en las últimas semanas. Para hoy se ha convocado una nueva movilización.

Foto: Portal Mollendinos

Las protestas se reactivaron las últimas semanas porque Southern está a punto de obtener la autorización para construir su Planta de Beneficio en la provincia de Islay. El Ministerio de Energía y Minas (Minem) realizó 14 observaciones a la documentación que presentó la minera y le otorgó 20 días para subsanarlas, tarea que cumplió sin inconvenientes, según confirmó el ministro Francisco Ísmodes durante su visita a Arequipa, el pasado 31 de mayo. El plazo para que la empresa consiga su licencia de construcción vence el 1 de agosto, pero el ministro de Economía, Carlos Oliva, ya adelantó que darán luz verde al proyecto.
 

LA TESIS FISCAL

Los imputados consideran en que existe una persecución en su contra impulsada por Southern y el Gobierno. Para ellos no es coincidencia que este juicio se realice cuando está por vencer el plazo para que la  minera consiga la licencia de construcción.

Uno de los procesados es el actual presidente de la Junta de Usuarios del valle de Tambo, Jesús Cornejo Reynoso, para quien la fiscalía ha pedido 20 años y 6 meses de cárcel. “Han embargado mi casa y mis chacras. Está totalmente claro que hay presión política detrás y que buscan amedrentarnos. Tenemos un derecho a protestar cuando no estamos de acuerdo. De alguna forma quieren que el pueblo no reclame por la decisión que está tomando el Gobierno”, dijo en conversación con Ojo-Publico.com.

En la lista también aparece es el expresidente del Frente de Defensa del Valle de Tambo, Pepe Julio Gutiérrez, quien fue grabado negociando el levantamiento de la huelga con el abogado de la empresa, Jesús Gómez Urquizo, a cambio de S/ 1,5 millones. Estos audios son el principal argumento fiscal para sostener que existió una organización criminal, y han ocasionado que ambos personajes sean procesados por tentativa de extorsión en agravio de Southern.

JUICIO. El expresidente del Frente de Defensa del Valle de Tambo, Pepe Julio Gutiérrez, estuvo en prisión preventiva durante 33 meses. En febrero de 2018 pasó a ser procesado en libertad.

Foto: La República.

La acusación fiscal, a la que tuvo acceso Ojo-Publico.com, sostiene que los dirigentes tenían una unidad de ataque denominado los “espartambos”, hombres encargados de atacar a la policía con piedras, hondas o huaracas. Fue durante uno de estos enfrentamientos que perdió la vida el suboficial Sergio Erwin Vásquez Pérez.

Se indica, además, que el grupo encargado de organizar las protestas estuvo conformado por los entonces alcaldes Helar Valencia (Cocachacra), José Ramos Carrera (Punta de Bombón) y Richard Ale Cruz (Islay), quienes recibieron ayuda de los ciudadanos Juan Meza Igme, Julio Cornejo, César Juárez Bernedo y Esteban Pareja Prado.

La fiscalía identifica como financistas de estas operaciones a Víctor Zeballos Ortiz y Miguel Colquehuanca Mamani, quienes aportaban dinero, alimentos y movilidad, “además de contar con aportes que entregaban empresarios bajo intimidación”, se indica en el expediente. Por último, se precisa que el brazo legal de la organización es el abogado Héctor Herrera Herrera, quien se encargó de llevar adelante la defensa de los denunciados.

Herrera dice que lo sindican por ejercer su trabajo: defender a los pobladores que fueron detenidos durante las manifestaciones. “La investigación llegó a esta etapa del juicio porque el Gobierno pretende impulsar el proyecto a cualquier costo. Sin embargo, la población aún mantiene un fuerte rechazo a la minera”, agregó en diálogo con este medio.

JURISPRUDENCIA. La fiscal María Alejandra Cárdenas considera que el caso podría sentar un precedente sobre los límites del derecho de la protesta.

Foto: El Búho.

Otra de las líderes campesinas que fue denunciada hasta en ocho oportunidades es Mary Luzmila Marroquín, presidenta de la Junta de Usuarios de La Ensenada-Mejía-Mollendo. “Han venido a mi casa, a mi negocio, a mi chacra pero todo he demostrado. Lamentablemente los dirigentes tuvieron que acordar no formar más frentes de defensa para evitar presiones de este tipo. Sin embargo, la población se está auto convocando para seguir defendiendo el valle”, añadió.

La fiscal a cargo del caso, María Alejandra Cárdenas, sostiene que en el transcurso de la investigación se corroboró el incremento patrimonial de algunos de sus dirigentes. “Durante la protesta se alteró el Estado de derecho y las personas no podían transitar libremente. Considero que era necesario adoptar medidas urgentes en resguardo de la población y creo que este caso podría sentar un precedente respecto a de lo que son los límites del derecho de la protesta”, señaló a Ojo-Publico.com.

Por su parte, el representante de la Defensoría del Pueblo en la región, Ángel María Manrique, asegura que los procesos judiciales marchan en función a los plazos establecidos y no por presiones externas. Sin embargo, consideró necesario que el Gobierno tome medidas preventivas para que no se produzcan nuevos hechos de violencia en el valle.