El exgobernador regional de Áncash, César Álvarez Aguilar, fue condenado hoy a 8 años y tres meses de prisión por coludirse con Odebrecht para construir el corredor trasandino más grande del mundo, a cambio de coimas por un total de US$ 2,6 millones. Se trata del primer caso que llega a su fin en la trama de sobornos que lideró la empresa brasileña en el Perú y dejará un precedente para los procesos que se ventilan en el marco del caso Lava Jato.

La sentencia dictada por la jueza anticorrupción Nayko Coronado Salazar es por el delito de colusión agravada en agravio del Estado e incluye a otros siete exfuncionarios del gobierno regional, quienes además deberán pagar una reparación civil de S/10 millones en forma solidaria. El 80% de este monto deberá ser abonada por Álvarez.

Se exoneró de responsabilidad penal a tres exfuncionarios: Roger Francisco Carranza Quiñones, encargado del área de Fiscalización; Ángel Rondan Ramírez, subgerente de administración financiera, por insuficiencia probatoria; y a Moisés Ángeles Obregón, subgerente de supervisión, por duda razonable. Lo expuesto por la magistrada es un adelanto de la condena; el viernes 21 se hará la lectura íntegra del fallo.

Los ocho condeandos deberán pagar una reparación civil solidaria de S/10 millones

Este juicio no forma parte de las investigaciones del Equipo Especial Lava Jato ni fue confesada por Odebrecht cuando firmó el acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en diciembre del 2016. La Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a cargo de Elmer Chirre, la impulsó el 2015 como parte de las denuncias por crimen organizado que se entablaron contra Álvarez en el denominado caso ‘La Centralita’.

En base a declaraciones de testigos protegidos y colaboradores eficaces de Perú y Brasil, la fiscalía logró establecer que Álvarez -quien actualmente cumple condena de dos años por malversación de fondos- recibió los sobornos a través de dos offshores creadas en Antigua y Barbuda y Hong Kong.

SOBREVALORADA. La carretera Callejón de Huaylas-Chacas-San Luis fue construida por Odebrecht entre el 2011 y 2013. Su costo inicial fue de S/404 millones, pero se elevó a S/559 millones.

Foto: Inforegión

La coima se pactó con el exgerente de relaciones institucionales de Odebrecht, Raymundo Trindade Serra, y el exrepresentante de la constructora en el Perú, Jorge Barata; y teniendo como intermediario a Dirsse Valverde Varas, hombre de confianza del exgobernador y su presunto testaferro.

Las declaraciones que brindó Barata ante el Equipo Especial Lava Jato, sobre este caso, fueron a pedido y en presencia del fiscal Chirre. Lo dicho por Barata en Brasil, en abril pasado, terminó confirmando los hallazgos obtenidos a la fecha, por lo que fue incluido en el expediente en calidad de testigo, pero el Poder Judicial ya no lo admitió como prueba.

La obra y la coima

La obra que sirvió para el pago del soborno fue la rehabilitación y construcción de la carretera Callejón de Huaylas-Chacas-San Luis, ubicada en la región Áncash, al norte del Perú. Una vía que se ejecutó entre el 2011 y 2013 para favorecer el tránsito de 200 mil pobladores, pero que terminó elevando su costo inicial de S/ 404 millones a S/ 559 millones.

Según el expediente fiscal, al que tuvo acceso Ojo-Publico.com,  el Consorcio Vial Carhuaz-San Luis, conformado por las empresas Norberto Odebrecht y Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, tuvo información privilegiada para adecuar sus bases durante la fase de licitación, sus plazos de ejecución fueron ampliados de forma extemporánea y recibió dos adelantos de pago por S/ 235 millones de forma irregular, cuando la obra aún no había comenzado.

Para pagar la coima se simularon asesorías y se hicieron transferencias en offshores 

El acuerdo entre Odebrecht y Álvarez debía cubrir el pago del 2,5 % del valor de la obra en sobornos. Para ello, según las evidencias recabadas por la fiscalía, el Gobierno Regional de Áncash agilizó los requerimientos de pago de la constructora, incluso aquellos que no tenían fundamento o iban en contra de las normas de contrataciones.

El objetivo era que la empresa contará con liquidez para desviar las coimas acordadas. “Cuando la obra estaba casi lista, el año 2013, ya se había pagado cerca del 70 % de la comisión ilegal”, se lee en el expediente.

Para concretar los sobornos se simuló la contratación de asesorías dentro del país y se hicieron transferencias al exterior a cuentas vinculadas a Dirsse Valverde Varas. La ruta del dinero permitió confirmar que la coima salió del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht a las empresas Klienfeld Services e Innovation Limited, a través de depósitos en el Meinl Bank, ubicado en el paraíso fiscal de Antigua y Barbuda.

Luego se transfirió al Standard Chartered Bank, de Hong Kong, a la cuenta offshore Cirkuit Planet Limited, y, finalmente, los depósitos llegaron al Inteligo Bank, en Panamá, a nombre de la empresa POC Investment, vinculada a Dirsse Valverde.