Mientras la criminalidad se extiende por los sectores más vulnerables del país, el Congreso dilata la modificatoria de la ley sobre crimen organizado y el Gobierno promueve una iniciativa contra el denominado terrorismo urbano. 

“Lo que pretenden es impunidad para los policías y militares que incurran en actos en agravio de personas que protesten”, considera el exministro del Interior Avelino Guillén Jáuregui acerca de esta última iniciativa.

En entrevista para OjoPúblico, el también jurista y exfiscal supremo, que investigó los casos de corrupción y violación de derechos humanos contra Alberto Fujimori, considera que dicha disposición replica el esquema usado en los noventas por el fallecido expresidente. Pero no se trata del único caso.

Guillén Jáuregui identifica similitudes entre el régimen fujimorista y los actuales poderes del Estado —principalmente el Ejecutivo y el Legislativo— en torno al rol de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como a las amenazas al sistema de justicia (Fiscalía y Junta Nacional de Justicia) y a los órganos electorales. También se pronuncia sobre el gobierno de Dina Boluarte. “Yo no imaginé que podía llegar a estos niveles”, añade.

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Hace poco usted comentaba que uno no podía estar tranquilo ni siquiera en su casa porque, de pronto, puedes recibir una bala perdida. En estas semanas hemos visto a transportistas que han sido asesinados mientras trasladaban a pasajeros, bodegueros que también han sido víctimas de extorsiones e, incluso, denuncias de madres de ollas comunes. ¿Cómo es que hemos llegado a este punto?

Sí, la criminalidad ha avanzado mucho en el país. No es solamente un fenómeno que radica en Lima, sino es a nivel nacional. Lo que antes era cobro de cupos, extorsiones en una escala pequeña en determinados sectores, ahora es un ámbito que abarca prácticamente a toda la actividad económica del país. Ninguna persona puede sentirse libre en ninguna circunstancia, ni en su casa ni en la calle ni en el trabajo. Hay que pagar para trabajar, hay que trabajar para seguir viviendo, eso es una situación insostenible. 

Lo que llama poderosamente la atención es el repliegue del aparato del Estado, del aparato represivo del Estado, lo cual ha permitido que la criminalidad organizada ocupe espacios geográficos que antes no controlaba (...). 

La situación es insostenible y esto, tarde o temprano, va a producir también un problema económico, porque la actividad productiva va a disminuir y el paro de transportes que se produjo hace unos días es una muestra evidente de ello, de una parálisis, una detención de la actividad económica en el país. En tal sentido, la criminalidad, la inseguridad ciudadana claramente hoy día es el principal problema que afecta al país ahora. 

CAOS. El transporte público se ha convertido en uno de los objetivos de la delincuencia, por lo que las empresas acatan paralizaciones para pedir seguridad.

Foto: Andina

Eso ocurre en un contexto donde aparecen diversas iniciativas, principalmente, del Congreso. Tenemos la Ley 32108 con cambios referidos al crimen organizado. Muchos consideran que es inconstitucional, que limita la denominación de organización criminal y que deja fuera delitos menores de seis años, entre ellos la extorsión. ¿Qué se pretende con esta ley? ¿Por qué el Congreso no la deroga, que es lo que pide un gran sector?

Esto parte desde hace más de un año, comienza con la desactivación del equipo policial que apoyaba al Ministerio Público en las investigaciones del equipo especial a cargo de la fiscal [Marita] Barreto. Ellos iniciaron una investigación muy importante contra Nicanor Boluarte por el caso “Los Waykis en la Sombra”. 

Este inicio, de esta seguidilla de normas y modificaciones es en represalia a la actividad del Ministerio Público, de realizar investigaciones a congresistas, a altos funcionarios del Estado, a personajes vinculados al Poder Ejecutivo. 

Por eso, en represalia se inició una campaña de desprestigio, de ataque muy fuerte contra el Ministerio Público y contra el Fiscal de la Nación. Se le han quitado atribuciones al Ministerio Público (...). Se han dado alrededor de 10 medidas que lo que han hecho es destruir las herramientas legales con las que cuenta el sistema judicial peruano para perseguir la criminalidad. Esto ha originado una situación propicia para que el crimen organizado avance y de lo que ellos estaban en un ambiente reducido, ahora se ha expandido (...).

Ante esta situación, ¿cuál es la reacción del Ejecutivo? El Ejecutivo pretende con medidas demagógicas, populistas —lo que se llama el populismo penal—, engañar a la opinión pública de que algo se está haciendo, cuando ellos realmente son los que nos han desarmado de los instrumentos con los cuales el ciudadano puede defenderse del delincuente, y ahora nos encontramos a merced de las bandas que pueden hacer lo que quieren sin ninguna consecuencia legal. 

La crisis actual es responsabilidad del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo que tienen un pacto (...). Lo que quieren es paralizar las investigaciones que pesan contra ellos por graves casos de corrupción. 

Repiten el esquema de los noventas. Pretenden impunidad para militares y policías que incurran en actos en agravio de quienes protestan".

En el caso del terrorismo urbano, hablamos de 17 proyectos que han sido agrupados en un dictamen aprobado en junio y con toda esta crisis de inseguridad se incorporó en la agenda del Pleno. El Ministerio Público y el Ministerio de Justicia han señalado que son inviables muchos de ellos. Usted ya adelanta que es más un tema de populismo. ¿Dará algún tipo de solución?

Mire, se burlan de nosotros, actúan con absoluto cinismo. 

¿Quiénes? 

El Ejecutivo y el Congreso. ¿Por qué? Si ellos realmente quieren combatir la delincuencia de verdad, lo primero que tendrían que hacer es: uno, derogar todas las normas recientes, que lo que hacen es inutilizar al aparato represor del Estado, a la Fiscalía, al Poder Judicial, a los equipos especiales con la finalidad de que ellos estén paralizados y esto genere impunidad. 

Si realmente quieren combatir a la delincuencia deben derogar la Ley 32108 y todos los demás dispositivos que lo único que han hecho es inutilizar los fines y los objetivos de estas normas legales.

Dos, lo que ellos tienen que hacer es potenciar, reforzar la actividad del Estado, reforzar a la policía, darle presupuesto. 

Tres, tienen que hacer una depuración en serio de la Policía. La Policía no está en condiciones de perseguir a la delincuencia si tiene muchísimos integrantes que están cuestionados por graves casos de corrupción y abuso policial (...). Lo que se tiene que hacer es optimizar el rol del Estado para combatir la delincuencia, derogar todas estas normas. 

Lo que están haciendo con su populismo de inventar el término terrorismo urbano (...) Este denominado terrorismo o ese acto delictivo ya está sancionado, porque la extorsión, secuestro y sicariato en la actualidad tienen penas muy graves, hasta cadena perpetua. Y en el proyecto de terrorismo urbano están también sancionando con la misma pena, inclusive en algunas creo que son menores. Entonces, esto es un engañamuchachos. 

Esto tiene un objetivo que es intentar paralizar la movilización ciudadana, porque lo que sí han hecho es incrementar de manera significativa la penalidad a lo que ellos llaman obstaculización de las vías públicas. 

Tienen que depurar a la Policía. No está en condiciones de perseguir a la delincuencia si tiene integrantes cuestionados por corrupción".

Efectivamente, en el proyecto del Ejecutivo se han variado estas penas: ahora son de 10 a 15 años, cuando antes era entre 5 y 10. ¿A qué se está abriendo la puerta? ¿A qué se está dando paso con estos cambios vinculados a las protestas? 

Por ejemplo, hoy día mismo hay una protesta de los pescadores, creo que en el kilómetro 57 de la Panamericana Sur. Es una protesta por diversas razones. Entonces, bajo esta norma, todos los que participan en esa jornada de protesta en el sur podrían ser denominados terroristas urbanos. Esa va a ser la calificación, van a “terruquear” a todo el mundo. 

PERSONAJES. Para Avelino Guillén, el Ejecutivo está más preocupado por su continuidad en el poder hasta el 2026, antes que frenar el clima de inseguridad.

Foto: Ministerio del Interior

Además de lo vinculado a las protestas, también hay otra disposición casi al final del proyecto del Ejecutivo, donde se señala que los militares y policías que sean denunciados por actos realizados en el marco del estado de emergencia serán procesados en el fuero militar policial y no en la justicia civil. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias?

Bueno, es un intento. Están repitiendo el esquema idéntico que fue en los noventas con Alberto Fujimori. Lo que ellos pretenden es impunidad para los militares y policías que puedan incurrir en actos en agravio de personas que estén realizando actos de protesta o algún otro tipo de conducta. 

Lo cierto es que los delitos de función ya han sido definidos claramente y han sido objeto de varias sentencias del Tribunal Constitucional. Delitos de función son aquellos hechos que comete un policía o un militar en acto de servicio, cuando está en su trabajo, uno. Dos, es cuando afecta bienes jurídicos militares. 

El homicidio, la tortura, el abuso de autoridad, el maltrato, esos no son bienes jurídicos militares, esos son delitos comunes. Independiente si el agresor es civil o militar o policía, igualmente tiene que responder ante la justicia. El hecho de que sea militar o policía no lo exonera de su responsabilidad por el delito que ha cometido. Ese tema está zanjado hasta la saciedad. 

La mención al artículo 173 de la Constitución en el proyecto se refiere efectivamente a delito de función, pero cuando es realmente delito de función. Por ejemplo, abandono de servicio, insulto al superior, podríamos analizar si realmente es un delito o una falta, pero en el ámbito militar. Pero los delitos comunes, lo que está tipificado en nuestro Código Penal, responde el policía o militar aun así esté en acto de servicio, porque ha cometido un hecho que no es delito de función, sino que es un delito común. 

Por ejemplo, las investigaciones vinculadas a las muertes durante las protestas contra el gobierno de Boluarte y el Congreso han sido vistas por la justicia civil, pero aun así estas no avanzan con rapidez. ¿Qué ocurriría si es que se llegara ver en el fuero militar policial?

Claro, eso nunca puede pasar al fuero privativo. Eso es inaceptable en ningún país del mundo. El homicidio, el asesinato, es un delito común y eso corresponde a ser investigado en el fuero común.

RIESGOS. El proyecto de ley de terrorismo urbano dispone que militares y policías denunciados en estados de emergencia sean procesados en el fuero militar policial. 

Foto: OjoPúblico / Luis Javier Maguiña

En algún momento usted compartió espacios con Dina Boluarte, durante la gestión de Pedro Castillo. ¿Veía venir este viraje a su postura frente a los derechos humanos?¿Cómo evalúa la gestión de Boluarte?

Yo la veía una persona muy cercana al presidente Castillo, siempre en buena comunicación con el expresidente Castillo. 

Pero si hablamos de la situación actual o cómo está gestionando el país. 

Yo no imaginé que podía llegar a estos niveles, no. Cuando participamos en el debate, ella ya tenía un discurso muy radical, tenía una posición muy clara, nunca imaginé que se podía producir un cambio de esa magnitud. Pero después ya uno se ha ido enterando de que, supuestamente, ella iba teniendo ciertas conversaciones con algunos líderes políticos que obviamente eran secretas. 

¿Qué es lo que más le ha llamado la atención de la gestión de Boluarte?

Los niveles de corrupción que existen en este gobierno y su actitud de brutalidad extrema en cuanto a la represión a la legítima protesta ciudadana. Esa indolencia, esa falta de empatía con el hermano del campo es algo que a mí me duele mucho como descendiente de apurimeños, ella es apurimeña también. Nunca imaginé que se podrían producir tantas muertes por el legítimo ejercicio del derecho de protesta (...). A mí lo que más me llama la atención es eso, la lejanía, la dureza, la crueldad frente a un ser humano y los niveles de corrupción que se conocen. 

[El proyecto contra el terrorismo urbano] es un engañamuchachos".

Tanto frente a las protestas como en otros hechos hemos visto una alineación entre el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso. ¿Usted cómo evalúa esta relación o vínculo? 

Lo que hay es un nivel de sujeción, quien gobierna realmente el país es el Congreso, el poder está en el Congreso y quien tiene el poder es Keiko Fujimori. Boluarte lo único que hace es ejecutar los designios y los mandatos del Congreso. ¿Y cuál es el objetivo del Congreso? Es evitar una contienda electoral justa y para eso todo este desmontaje y todo este ataque a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para controlar el sistema electoral. 

El objetivo es ese, ¿no?, controlar el sistema electoral y el proceso electoral ya está en marcha. No es que va a empezar. Ya está en marcha, porque ya se están dando un conjunto de normas y disposiciones para viabilizar el acto electoral en sí del 2026. Y ya se está utilizando, por ejemplo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para inhabilitar a algunos probables competidores de Keiko Fujimori. 

Lo que se quiere es tener un sistema electoral idéntico a lo que fue el año 2000, donde lo único que se va a hacer es darle un check de visto bueno a una decisión que ellos ya tomaron, que la señora es la nueva Presidenta de la República (...).

HISTORIA. Avelino Guillén fue fiscal adjunto durante el proceso judicial contra Alberto Fujimori, sentenciado por corrupción y violación a derechos humanos.

Foto: Poder Judicial

¿Cree que se está volviendo al pasado? Ahora mismo hablaba del tema electoral, también cuando comentaba sobre seguridad…

Es que este gobierno depende del fujimorismo. Boluarte ejecuta solamente sus órdenes, sus disposiciones y nunca se va a enfrentar al fujimorismo. Y en ese sentido es una situación muy parecida. En abril de 1998, Vladimiro Montesinos convocó a la bancada fujimorista a una reunión en el SIN [Sistema Nacional de Inteligencia]. Y hay vladivideos de eso y ahí dio un discurso sobre la necesidad de controlar instituciones, Poder Judicial, Academia de la Magistratura, Ministerio Público, etc. Y ahí todos estuvieron de acuerdo. 

Entonces, eso mismo de controlar las instituciones se está pretendiendo hacer en la actualidad, tanto con el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, ahora van a ir sobre la ONPE y seguramente sobre el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Con qué finalidad? De asegurar un resultado electoral, eso no van a ser elecciones limpias si es que nosotros no reaccionamos y no exigimos. 

(...) El fujimorismo tiene dos columnas que lo sostienen. Una es su fuerte presencia en los medios oficiales, los grandes medios de comunicación, y dos el apoyo cerrado del empresariado. Se ha visto a lo largo de los aportes de campaña, por eso este caso Cócteles es tan importante y por eso quieren destruir a José Domingo Pérez, para evitar que él avance con su proceso. Esas son las dos columnas que refuerzan la posición de ellos. 

Ahora van a ir sobre la ONPE y sobre el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Con qué finalidad? Asegurar un resultado electoral".

¿Qué cree que debe pasar con el proceso actual de selección de los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), cuestionado por la transparencia y las investigaciones que registran algunos postulantes? 

Para mí este es un proceso viciado. Ya no solamente lo han dicho los observadores internacionales, sino las misiones, observadores nacionales y medios de prensa independiente. La nueva conformación de la JNJ va a ser lo mismo de lo que es actualmente el Tribunal Constitucional. Lo que Montesinos decía “nuestros engranajes”, un engranaje más que ellos van a ir moviendo de acuerdo a su gusto. 

Entonces, los cuestionamientos a su falta de imparcialidad, la falta de transparencia y quienes están ahorita en carrera apuntan a una presencia política muy importante. Está Alianza para el Progreso, Podemos, el grupo Fujimorista y el APRA. Ellos van a controlar la nueva JNJ y cuando ellos tengan el control total, van a arrasar con los jueces y fiscales independientes. No va a quedar nada. 

El uso de la violencia y el hecho de no sentir remordimiento por ello es uno de los legados [del fujimorismo] en la actividad política". 

Al inicio comentamos que usted participó en los juicios históricos contra Alberto Fujimori por los casos de corrupción y violación de derechos humanos. ¿Cuál cree que es el impacto del fallecimiento de Fujimori para el fujimorismo y para los deudos de las víctimas de su régimen? 

Bueno, para mí, especial atención al dolor y el sufrimiento de las víctimas, los deudos de las víctimas de las matanzas que llevó adelante el destacamento militar Colina. Llevó adelante numerosos crímenes que han sido calificados como de lesa humanidad. Dolor en el sentido de que, por ejemplo, en varias de las víctimas aún no se han encontrado sus restos. El hecho de que no ha habido ningún gesto de perdón ni de remordimiento de parte del exdictador Alberto Fujimori, ni el pago de la reparación civil, un desdén absoluto y total, eso en cuanto a las víctimas que para mí es lo fundamental y trascendental. 

En cuanto a la agrupación del fujimorismo, veremos cómo se desencadenan los hechos, pero está claro que Keiko Fujimori va a seguir teniendo el control de esta agrupación, tiene toda la estructura, el manejo. Acá quienes determinan quiénes van a ser los presidentes son los grandes empresarios, son quienes aportan millones para solventar costosas campañas electorales (...). En ese sentido, Keiko ha dado muestras de responder a esta confianza en ella y el Congreso ha dado una serie de disposiciones y de normas que favorecen abiertamente intereses empresariales (...)

MEMORIA. Deudos del caso La Cantuta piden seguir la lucha contra la impunidad y la defensa de los derechos humanos. 

Foto: Twitter de Carmen Amaro

Usted investigó este período de la historia del país. ¿Cuál es su percepción de que pese a lo ocurrido, así como las investigaciones y condenas en torno al fujimorismo, este aún busque ostentar el poder?

El fujimorismo tiene un legado que hay que saber identificar. Uno es el uso de la violencia, la violencia contra el rival a quien se le califica como enemigo. Entonces, ellos utilizan la violencia permanentemente. Si usted analiza en los últimos cinco o seis años la actividad de este grupo denominado La Resistencia, ese es el uso de la violencia que destruye al supuesto enemigo por el solo hecho de discrepar. 

El fujimorismo no admite discrepancia. Si usted dice A y yo digo B, yo puedo calificarla a usted en determinado sentido. Ellos “terruquean” a todo el que discrepa de ellos. Para ellos es terrorista quienes no piensan como ellos, eso lo han logrado proyectar a nivel nacional. Entonces, el uso de la violencia y el hecho de no sentir ningún remordimiento por esa utilización es uno de los legados de ellos en la actividad política. 

Y dos, el uso como método de actividad política de la corrupción en todo ámbito, sin ninguna sanción en algunos casos. Entonces, la impunidad es lo que siempre han buscado. El fujimorismo obviamente representa lo que sacaron en la primera vuelta del 2021: un dígito. Que en el Perú con un dígito usted puede pasar a segunda vuelta y en segunda vuelta usted se convierte en un 49% o 51% eso demuestra también nuestro poco interés en la política. No estudiamos, no revisamos, no conocemos.