Con la aprobación de la ley que prescribe delitos de lesa humanidad, por parte del Congreso y con anuencia del Gobierno de Dina Boluarte, el Perú sumó su segundo desacato a las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La primera se produjo con la excarcelación del expresidente condenado por graves violaciones a los derechos humanos, Alberto Fujimori Fujimori, en diciembre de 2023. 

Para la expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Julissa Mantilla Falcón, esta ley de impunidad es abiertamente inconstitucional y va contra los derechos de las víctimas del conflicto armado interno. Además, aseguró que su objetivo es más evidente que, incluso, las leyes de amnistía del gobierno fujimorista. 

En diálogo con OjoPúblico, la excomisionada de la CIDH también analizó las repercusiones de las leyes aprobadas por el Congreso que favorecen al crimen organizado y a las economías ilegales y la crisis del sistema de administración de justicia. Finalmente, examinó las investigaciones que existen sobre la presidenta Dina Boluarte. “Sí hay responsabilidad de la presidenta en las protestas”, aseguró. 

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Quisiera preguntarle sobre las repercusiones que han tenido los incendios forestales, pero a partir de las muestras de indolencia que ha dado la presidenta Dina Boluarte. ¿Cómo analiza usted la frase “no necesito tus lágrimas”en medio de una serie de eventos catastróficos en la región?

Primero es una gran preocupación. Una esperaría que la persona que dirige un país tuviera además de liderazgo, empatía. Y esa frase es una frase demasiado dura, tan dura como innecesaria. Creo que en ese momento, además contrasta con otros espacios donde la presidenta ha dicho que es “la mamá” de los peruanos. Más allá de una indolencia particular de ella como ser humano, sí creo que es una falta de liderazgo y que nos pone en una situación muy preocupante cuando además en plenos incendios la atención del gobierno estaba en si viajaba o no a Nueva York. El Premier se pronuncia diciendo que es un viaje sumamente importante, etcétera, y yo creo que un país como este necesita un liderazgo claro, expreso y poner las cosas, las prioridades donde están. 

Estamos ante dos desacatos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos: el indulto a Alberto Fujimori y por la aprobación de la ley de impunidad. ¿En qué situación nos pone estas decisiones a nivel internacional? 

Puedo hablarte de lo que era la imagen que tenía el país en el año 2018 -2019, cuando yo estaba en el proceso de postulación a la CIDH. La diplomacia peruana, la misión de Perú era muy respetada, había mucha solidez por más que no siempre se compartieran las opiniones. Lo que ha venido pasando en adelante, pues yo diría que tendremos que juzgar los pronunciamientos y los videos de las audiencias. No sé si recuerdas la audiencia que hubo sobre las masacres cuando el entonces embajador [Gustavo] Adrianzén se paró, gritó y le dijo [a las víctimas] ustedes provocaron las muertes, que es algo que en mi carrera como comisionada jamás había visto. Tienes toda esta negación de las masacres, tienes la ley de impunidad y tienes los proyectos de ley que se están dando. No hay una política exterior clara. En el Ejecutivo, la presidenta es la que tiene que liderar y a mi juicio no tiene ese liderazgo.

Cuando le quitas importancia a la corrupción en el régimen fujimorista o a las violaciones de derechos humanos, reescribes la historia.

Amnistía Internacional sacó un segundo informe donde decía que existían evidencias para poder investigar a la presidenta por autoría mediata en el caso de las víctimas de las protestas contra su gobierno. ¿Usted cree que en un futuro pueda haber algún tipo de sentencia contra la presidenta por este caso? 

En el caso concreto de lo que sucedió en las masacres, yo sí creo que hay una responsabilidad de ella, de la presidenta [Dina Boluarte] y del entonces ministro de Defensa.

Hablando sobre el tema de la ley de impunidad, alguna vez una fiscal me dijo que si un Estado se demora en investigar graves violaciones de derechos humanos, termina generando violencia estatal contra las víctimas. ¿Cómo evalúa usted eso en relación a las consecuencias de la ley de impunidad? 

Yo tengo años trabajando estos temas, más allá de la docencia, trabajé en la Comisión de la Verdad, trabajé con mujeres en Colombia, también con las víctimas del conflicto armado colombiano, ahora trabajo con Naciones Unidas en Honduras. Entonces, lo que sí puedo decir de experiencia directa es impresionante la revictimización que se sufre y cómo por eso la Corte IDH en sus sentencias no solamente se ocupa de la persona víctima directa sino de los familiares, porque el proyecto de vida cambia. Veamos el caso de Barrios Altos y la Cantuta, Gisela Ortiz, todas las mujeres que están ahora buscando justicia. Ese es un elemento muy preocupante: cuál es la afectación que se dio en el momento con la violación de derechos humanos y cómo la falta de investigación genera más violaciones de derechos humanos. 

¿Qué es lo que podría pasar aquí? Porque ya integrantes del grupo Colina, Pérez Documet, muchos están pidiendo la aplicación de la ley de impunidad. Entonces, yo creo que lo que corresponde es que los jueces no apliquen esta ley por control de convencionalidad. Pero si la aplicaran, inmediatamente se da la denegación de justicia, y se cae el caso. Ahí lo que va a tocar es que estas víctimas vayan directamente a la Comisión Interamericana, que a mi juicio tendría que declarar agotados los recursos internos. Pero la preocupación es que estas personas siguen toda su vida buscando justicia.

Todas estas exhumaciones que se han dado, los entierros simbólicos, nos hablan de que la gente tiene derecho a la memoria y derecho a su duelo. Son muchos los derechos que se están vulnerando. 

Hay un intento del fujimorismo y un sector de la derecha peruana de reescribir la historia e ignorar los casos de corrupción y graves violaciones a los derechos humanos en los 90. Con la ceremonia que el Ejecutivo lideró en el funeral de Alberto Fujimori, la misma presidenta se suma a esta campaña. ¿Cómo ve ese tema?

Cuando tú le quitas importancia a la corrupción en el régimen fujimorista o a las violaciones de derechos humanos, porque no es solamente la Cantuta o Barrios Altos, es la corrupción, es el acaparamiento del Poder Judicial. Cuando tú le quitas importancia a eso, reescribes o intentas reescribir la historia. Con esta ceremonia innecesaria, yo creo que te estás blindando para cuando a ti se te investigue. En mi opinión, lo que vemos es que hay una alianza cada vez menos oculta, sobre todo en un Ejecutivo que no se ha pronunciado cuando ha debido pronunciarse, por ejemplo, observando la ley de impunidad. Y esto hay que decirlo bien claro porque en las conferencias de prensa se dice ‘nosotros no hemos hecho nada, el Congreso la aprobó’, un ratito el Ejecutivo tenía la facultad de observarla.

El exprocurador Antonio Maldonado señaló que esta aparente alianza Ejecutivo - Congreso estaba intentando revivir el sueño dictatorial de Alberto Fujimori. El sueño de controlar por completo las entidades del Estado para mantenerse en el poder y lograr la impunidad. ¿Qué opina al respecto?

Yo creo que la importancia de la memoria es esa. Los vladivideos nos mostraban a ex -congresistas, fujimoristas y de varios sectores diciendo hay que copar el Poder Judicial. Lo que está pasando ahora es gravísimo. Una es la ley de impunidad, pero no es solamente eso. La ley de impunidad es una ley de amnistía no tan encubierta. En el gobierno de Fujimori, cuando fue el caso de Barrios Altos, hubo dos leyes de amnistía.

Una primera que decía que los civiles e integrantes de las fuerzas armadas que cometían violaciones de derechos humanos en la lucha contra el terrorismo no serían investigados. Cuando la jueza Antonia Saquicuray decide no aplicar la ley, el Congreso fujimorista da una segunda ley diciendo que los jueces no pueden inaplicarla. ¿Qué dice esta ley de impunidad? Esta ley junta los dos, porque dice que no se van a aplicar la imprescriptibilidad y que los jueces o los funcionarios, si no lo aplican, si no aplican esta ley, se someterán pues a la sanción del caso. Entonces esa es una versión corregida y aumentada en este tema.

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