Incluso habiendo visto de cerca la corrupción a gran escala, como procurador ad hoc en en el caso de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, el abogado penalista José Ugaz no deja de sorprenderse por la actual crisis que vive la democracia peruana. “Hay que repensar las instituciones, hacer los cambios necesarios y las propuestas de consenso posible, para que se produzcan reformas estructurales profundas”, dice. 

Esos cambios, sin embargo, no serán fáciles de hacer, indica Ugaz, si las principales instituciones del Estado, como el Congreso, siguen modificando leyes como las que se refieren a la prescripción de los crímenes de lesa humanidad o la definición de la criminalidad organizada. “Más que a intereses particulares —señaló— estos cambios responden a intereses del crimen organizado”. 

En diálogo con OjoPúblico, el también exfuncionario de la ONU y el Banco Mundial, José Ugaz Sánchez-Moreno habló sobre la posible evolución del caso Cócteles, el desempeño del defensor del Pueblo y del ministerio del Interior, la Junta Nacional de Justicia, así como del atasco en las investigaciones del Ministerio Público. 

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Todos los días pasan cosas en Perú, una de las más recientes es que el Ministerio Público ha abierto una investigación preliminar por 60 días a quienes resulten responsables por otorgar la pensión vitalicia al expresidente Alberto Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad. ¿Qué opinión tiene usted sobre la medida de la pensión y sobre la apertura de la investigación? 

La decisión de otorgar una pensión a Fujimori es un acto abiertamente ilegal. No es un acto interpretable, el texto de la ley es clarísimo: cuando un expresidente ha sido materia de una acusación constitucional no puede recibir una pensión y más aún si ha sido condenado como es el caso de Fujimori. 

[...] Tan es así, que, constitucionalistas afines al fujimorismo o al sector oficialista han señalado que no procede esa pensión. Es evidente que alguien que ha incurrido en hechos delictivos como el expresidente Fujimori no puede ser compensado, más aún cuando debe una reparación civil de millones de soles, de los cuales no ha pagado un centavo. 

La decisión de otorgar una pensión a Fujimori es un acto abiertamente ilegal".

Entonces, esta denuncia o esta investigación de oficio, que ha promovido el Ministerio Público, creo que se justifica, porque la funcionaria que ahora opina que sí procede pagar esa pensión, semanas antes emitió un informe diciendo que era ilegal pagarla. [...] De ahí, que me parece que es plenamente justificada la decisión de investigar, porque si se determinara que ha habido influencia indebida, presión sobre la funcionaria en el Congreso, por quienes están en la mesa directiva o por el partido de Fujimori, evidentemente habría incurrido en un hecho delictivo. 

Ya que hemos mencionado el tema de la lesa humanidad, ¿cuál es su postura acerca de la movida en el Congreso para establecer la prescripción de estos crímenes? 

Es evidente que en este contexto de polarización, el sostener que el proyecto para ponerle un límite a la vigencia de los delitos de lesa humanidad va contra el ordenamiento internacional en materia de derechos humanos. 

[...] Existe [en el derecho] lo que se llama el ius cogens, que es el ordenamiento internacional que se ha establecido desde la época del Tribunal de Núremberg, que en casos de graves violaciones a los derechos humanos no hay prescripción, y eso no depende ni de una ley peruana ni de la vigencia del Estatuto de Roma en el Perú. Por lo tanto, creo que esa norma [aprobada en el Congreso] debe ser inaplicable. 

Entonces, los jueces peruanos, por mandato de la Constitución, si en los casos que tienen a su cargo advierten que hay una ley que atenta contra el orden constitucional o los derechos fundamentales, están obligados a no aplicarla, y yo creo que eso es lo que va a ocurrir en el país. 

CRISIS. Para Ugaz los cuestionamientos al ministro del Interior, Juan José Santivañez, son "la cereza del pastel" que ejemplifican la crisis de representación. 

Foto: Flickr Ministerio del Interior

Keiko Fujimori ha sido librada del proceso por delito de obstrucción a la justicia en el caso Cócteles. Algunos analistas sostienen que el Tribunal Constitucional va a seguir emitiendo este tipo de sentencias. ¿Cuál es su análisis sobre la resolución del TC respecto a la señora Fujimori?

Claramente no tenemos un Tribunal Constitucional confiable, que marcha al compás que le pone el Congreso. Mucho de sus miembros consideran que le deben su nombramiento a determinadas bancadas y, por lo tanto, han venido siendo una suerte de comparsa de las peores decisiones del Legislativo.

[...] A mí me parece, sin embargo, que en este caso el Tribunal Constitucional tiene la razón. Aquí los fiscales cometieron un error: cuando un fiscal está investigando un caso y encuentra la existencia de un nuevo delito, que no estaba comprendido originalmente en el caso que inició al investigar y, más aún, si ese nuevo delito involucra al propio fiscal como parte, lo que tiene que hacer es pasar esa investigación a otro fiscal. Esa es una regla tácita que ha operado siempre así en el Ministerio Público. 

Tenemos un Tribunal Constitucional que marcha al compás que le pone el Congreso".

En esta circunstancia, el fiscal [José Domingo] Pérez descubre elementos que, a su criterio, constituyen obstrucción a la justicia y, en vez de remitirlo a otro fiscal para que investigue, más aún cuando son actos de obstrucción a la justicia que lo involucran a él, decide continuar investigando. Y cuando los involucrados van al coordinador superior y le dicen “corrija usted esta decisión de Pérez”, el coordinador comete el error de darle la razón al fiscal y no a los reclamantes. 

[...] En este caso es evidente que el fiscal Pérez no puede ser objetivo, porque él es, de alguna manera, uno de los que ha sido impactado por esta supuesta o real obstrucción a la justicia. Por lo tanto, creo que se ha hecho bien en declarar nula esa parte de la investigación, excluir a estas personas, son más de 10, y que pasen a otra Fiscalía. Lamentablemente se ha perdido tiempo, se va a tener que empezar de cero para investigar esa situación. 

Respecto al Congreso, ¿usted interpreta que la modificación de la ley de crimen organizado responde a intereses particulares o personales?

No me cabe ninguna duda. Y más que a intereses particulares [los cambios] responden a intereses del crimen organizado. No es casual que quienes ahora están rápidamente corriendo a pedir que se archiven los casos sean congresistas y funcionarios del Gobierno, que están investigados por crimen organizado. Y que, en muchos casos, sí pertenecen a reales organizaciones criminales. 

El defensor del Pueblo, José Gutiérrez, ha presentado una acción de inconstitucionalidad en contra de la ley de extinción de dominio. Según él, atenta contra el derecho a la propiedad y a la presunción de inocencia. ¿Qué opiniones tiene usted acerca de esta iniciativa? 

En primer lugar, la Ley de Extinción de Dominio no es un invento peruano, hoy día tiene vigencia en casi todos los sistemas desarrollados del mundo occidental [...] Estas leyes de extinción de dominio lo que hacen es reducir el estándar de prueba a una prueba de sospecha suficiente o de medida razonable de evidencia. 

Este ministro del Interior está ahí para apañar, ensombrecer y faltar a la verdad cada vez que es interpelado".

[...] Sostener que esto [la ley de extinción de dominio] atenta contra la propiedad o la presunción de inocencia es absurdo, porque son herramientas que están diseñadas para luchar contra el crimen organizado, en el contexto de procesos judiciales que están resguardados con las garantías del debido proceso. Como cualquier otra etapa probatoria, las partes afectadas pueden presentar sus pruebas. 

Ahora, que haya habido casos en los que se ha usado mal la ley, en la que los jueces se han excedido o han actuado con displicencia e incluso corruptamente, eso puede ser un hecho real. [...] Pero los excesos en la aplicación de la ley no pueden llevar a la eliminación de la ley, sino muchas de las normas que tenemos hoy día, pues no deberían existir porque los jueces o los fiscales se exceden. 

El ministro del Interior, Juan José Santibáñez, tiene el tema de los audios. El abogado de Junior Izquierdo dice que hay audios que demostrarían que el actual ministro fue colocado en ese puesto para desactivar la Diviac. ¿Qué le genera la presencia de estos personajes en los altos puestos del Ejecutivo, como un Ministerio del Interior?

Bueno, el actual ministro es la cereza en la torta de una crisis. Creo que hemos cambiado 14 ministros del Interior en los últimos años y medio. Es una cosa vergonzosa, ridícula, absurda y que nos ha puesto en una situación de postración frente al crimen organizado y a la delincuencia. 

[...] Creo que es vergonzoso lo que está pasando con el Ministerio del Interior. La revelación que ha hecho el examigo [de Santivañez], el oficial [Junior Izquierdo] Culebra, de que él mismo le dijo que lo habían nombrado ministro del Interior a condición de que desactivara la Diviac es gravísimo, por la manera cómo ha venido la persecución contra [Harvey] Colchado y todo el equipo especial de la Eficcop, que tiene un impacto en las investigaciones más importantes, de corrupción en el poder de este país. 

Este ministro claramente está ahí para apañar, ensombrecer y faltar a la verdad cada vez que es interpelado con hechos que no puede acreditar o explicar adecuadamente. Y eso, creo, es la expresión máxima de la crisis de representación y de vacío en el poder, y de legitimidad de las autoridades peruanas en este momento.

DEFENDER. La actual Defensoría del Pueblo ha tenido un papel escaso en la defensa de los ciudadanos contra la represión policial en la protestas, dice José Ugaz.

Foto: Andina

Usted que ha escrito libros sobre la corrupción, la ha vivido de cerca investigando, ¿cómo ve el problema de la corrupción en el poder en el Perú? ¿cuál es su diagnóstico?

Lo primero que hay que decir es que no es un hecho episódico, no es que pasa porque hay un mal partido o un grupo político en el poder o determinadas personas corruptas en el poder, sino que la corrupción en el Perú es sistémica, es estructural. Y si no cambiamos las reglas, si no cambiamos ciertos aspectos de las estructuras, esto va a continuar igual.

Hemos tenido en los últimos tiempos un par de muy buenos presidentes —lamentablemente, los dos fueron de transición— y muchos malos presidentes. Y hoy estamos con un gobierno de la peor calidad, y eso creo que es un elemento que se reproduce por el sistema y por las estructuras inadecuadas. 

Tenemos un muy mal sistema electoral, que no fue corregido en la parte sustancial y que permite que se presenten 40, 50, 60 candidatos [...] esto es un ridículo mundial. Yo no creo que haya muchos países donde pasen ese tipo de cosas. 

Hay que repensar las instituciones, hacer los cambios necesarios y las propuestas de consenso posible". 

Necesitamos una profunda reforma de la justicia para salir de la crisis que está viviendo el Ministerio Público y el Poder Judicial, con una serie de cambios de fondo.

Necesitamos una reforma educativa para que no puedan venir estos congresistas improvisados a querer cambiar el lenguaje y modificar la historia, y no dar el presupuesto necesario para que la educación sea lo que haga la diferencia en la posibilidad de movilizarse socialmente. 

[...] En materia de salud es evidente que no podemos insistir en lo que está haciendo el ministro de Salud en este momento, tratar de bajar el nivel de exigencia en los exámenes de quienes van a decidir sobre la vida y la salud de las personas. Esto es muy grave. 

[...] Entonces creo que hay que repensar las instituciones, hacer los cambios necesarios y las propuestas de consenso posible para que se produzcan estas reformas estructurales profundas. 

¿Y usted confía en que estas reformas todavía pueden ocurrir?

Yo soy un optimista nato. A veces me pierdo en la confusión de la desesperanza, pero creo que sí puede ocurrir y puede ocurrir porque la esperanza resurge cuando uno ve que hay una cierta movilidad juvenil, estudiantil, que está discutiendo estas cosas y que está tratando de encontrar salidas.