El pasado 26 de setiembre, la mayoría de transportistas de Lima y Callao realizaron un paro por el aumento de casos de extorsión que ya han dejado, por lo menos, tres víctimas mortales. La Policía responsabilizó a la informalidad del rubro y a las pocas denuncias de las víctimas; mientras que el ministro del Interior, Juan José Santivañez, responsabilizó al Ministerio Público de la liberación de criminales. 

El Gobierno de Dina Boluarte declaró estado de emergencia en catorce distritos de Lima y Callao. Asimismo, desde el Ministerio del Interior, entidad que dirige la Policía Nacional, informó la creación de una unidad especial para combatir la delincuencia, entre otras medidas. 

Ante este escenario de inseguridad social, el criminólogo Nicolas Zevallos Trigoso, en entrevista con OjoPúblico, sostiene la necesidad de que las autoridades de la Fiscalía y la PNP resuelvan sus diferencias políticas en beneficio de la lucha contra el crimen organizado, como lo han demostrado en experiencias anteriores. 

El también director de Asuntos Públicos del Instituto de Criminología también analizó las propuestas del Gobierno para combatir la delincuencia, especialmente la extorsión, y las repercusiones a corto y mediano plazo de la ley Nº 32108, que retira un listado de delitos vinculados a las organizaciones criminales y prohíbe el allanamiento sin la presencia del investigado y su abogado. “Este escenario de inseguridad es un caldo de cultivo para el autoritarismo”, advierte  Zevallos Trigoso. 

Puede revisar la entrevista completa en nuestro canal de YouTube o en este enlace.

El comandante general PNP, Víctor Zanabria Angulo, señaló esta semana en RPP que la ola de extorsión a los transportistas se debe a la informalidad y a la escasa denuncias que ponen las víctimas. ¿Qué opina sobre esta declaración?

Este tema no es nuevo. Para los limeños puede ser más o menos nuevo, pero como comentamos hace tiempo, esto en Trujillo ya pasa hace 10 o 15 años. Ya eran conocidos los taxis con stickers asociados a determinadas bandas y la obligación de esos taxistas a pagar cupo a esas bandas. Lo mismo con casas marcadas. Entonces, no es un tema nuevo, es algo que ya ocurría en nuestro país. 

En Lima ocurre con mucha visibilidad, ahora lo más preocupante es que la extorsión ya no solo se produce contra un negocio en específico, como una bodega, sino que ahora es al bus al que suben las personas a diario. Entonces, el nivel de exposición del ciudadano de a pie es cada vez mayor. 

Ahora, si nos ponemos en el plano teórico, efectivamente, la informalidad es un enorme vaso comunicante [para la delincuencia], un espacio de oportunidad para los crímenes predatorios. Estos crímenes aprovechan que esta informalidad moviliza enormes cantidades de recursos no bancarizados: en efectivo, por aplicativo, virtuales. 

Lo más preocupante ahora es que la extorsión se produce al bus al que suben las personas a diario".

Esa disponibilidad de recursos, ese flujo de recursos informal, es un espacio de oportunidad muy importante para la criminalidad organizada y para el crimen predatorio. Por ese lado, sí es cierto que hay un asunto por resolver, sobre todo en un contexto donde el 80% de la economía es informal. 

¿Funcionan los estados de emergencia?

No hay ninguna variación sustantiva en el largo plazo. No genera mayor impacto. Hay un pequeño estudio interesante, que se ha publicado hace poco, donde se concluye que tiene impacto en la percepción, una cosa bien puntual, que vale la pena revisar, pero en términos mayores no hay ningún impacto sostenido. 

Uno esperaría que la magnitud de un estado de emergencia concluya con la captura de grandes e importantes mandos de organizaciones criminales, pero no se observa que suceda eso. 

Y, por otro lado, lo cierto es que para la operación policial, para la persecución criminal, no parece ser tan necesario ese estado de emergencia, porque no genera necesariamente facilidades para una investigación a profundidad. Al menos, no se ha evidenciado que sirva con claridad para ello. 

Uno esperaría que un estado de emergencia concluya con la captura de importantes mandos, pero no se observa que suceda eso".

Esta semana, El Comercio reveló que el último mes se han registrado 14 atentados armados perpetrados por extorsionadores contra 10 empresas de transporte público en nueve distritos de la capital. ¿Por qué hemos llegado a esta situación?

Lo que hay que entender es que el crimen predatorio es un negocio, y como cualquier negocio encuentra oportunidades en diversos lugares. Si tú [como autoridad] ejerces control sobre una actividad [delictiva], por ejemplo, en torno a los secuestros, la banda se va a movilizar a otra actividad económica posible. 

Pueden ser artistas, restaurantes o transportistas. Lo fueron hace un par de años las tiendas de alta gama de celulares y relojes. Entonces hay que entender que el crimen organizado y el crimen predatorio tienen una lógica empresarial y lo que va a buscar siempre son pequeños espacios de oportunidad para poder trabajar. 

Esas pugnas que vemos hoy en el transporte, se están viendo también en la trata de personas para la explotación sexual, en los circuitos de recorrido de la minería ilegal o la coca ilegal en nuestro país. Entonces, eso es parte de esa búsqueda de rentabilidad continúa que tiene el empresario criminal. 

El crimen organizado y el predatorio tienen una lógica empresarial y siempre van a buscar espacios de oportunidad".

¿Este escenario se ha agudizado con la aprobación en el Congreso de la ley Nº 32108, que redefine el delito de crimen organizado en favor de las organizaciones criminales? ¿Hay un efecto claro entre la ley y lo que vemos en las calles?

Absolutamente. Ahora [el crimen organizado y el crimen predatorio] actúan con impunidad. No es coincidencia que ni bien se aprueba esa norma, el accionar de la extorsión es el que se haya hecho más visible, mucho más virulento, más agresivo. 

Eso sucede porque esa conducta delictiva ya no puede ser considerada crimen organizado. Te dicen que el delito no desaparece y que se puede perseguir, pero las herramientas que tenías [como autoridad] para poder hacer escuchas legales, técnicas especiales de investigación, o dedicar cierto esfuerzo y recurso para perseguir el crimen organizado, ya no están disponibles ni para la PNP ni para el Ministerio Público. 

A eso hay que sumarle la afectación a los allanamientos. El factor sorpresa ya está totalmente perdido. Ya hemos visto cómo en tres o cuatro casos los representantes de la fiscalía y la policía están parados en la puerta del criminal, esperando que llegue el abogado. Eso no tiene sentido. 

Actualmente, existen diferencias entre las cabezas del Ministerio del Interior, ente rector de la PNP, con  la Fiscalía. El ministro Juan José Santiváñez responsabiliza constantemente al Ministerio Público por la liberación de criminales. ¿Cuál es su análisis al respecto? 

Lamentablemente la tensión política parece irreparable en ese escenario, lo cual es preocupante, porque si ese binomio no funciona, difícilmente van a poder tener una respuesta efectiva. Para poder trabajar, se van a tener que superar muchas asperezas mutuas. 

Por ejemplo, este llamado del ministro del Interior pidiendo que se constituya una fiscalía especializada en extorsión. Vamos a ver cómo responde el fiscal de la nación. Implica, lamentablemente, un ejercicio de superar diferencias políticas que, además está mediado por evidencias. 

¿Cree que la inseguridad afecta la economía del país?

Absolutamente. Te puse el ejemplo de las bodegas que están cerrando por causa de la extorsión. También se puede ver el caso de los robos. Un robo en promedio cuesta en el Perú S/300 a S/600 soles y eso es un golpe al bolsillo. A una persona de nivel económico A, B, eso le cuesta tal vez poco, pero a una persona de nivel económico C, D, E, que son las más afectadas, recuperar ese dinero son 6, 8 hasta 10 meses de trabajo. 

Si ese binomio —PNP y fiscalía— no funciona, difícilmente van a poder tener una respuesta efectiva contra el crimen".

Siempre nos quedamos pensando en la inseguridad a partir del hecho delictivo y su violencia, lo cual es importante, pero no estamos viendo cómo la enorme barrera de desarrollo y el enorme impacto que tiene en nuestra democracia. Ocho de cada 10 personas están dispuestas, según datos de Ipsos, si mal no recuerdo, a aceptar un gobierno autoritario que nos proteja de la inseguridad. Entonces, es el caldo de cultivo perfecto para el autoritarismo. 

No hay que verlo solamente como el hecho delictivo en sí mismo, hay que verlo como una barrera para el desarrollo económico importante, pero también una acción que socava profundamente a la base democrática de nuestro país.