“Dina Boluarte no tiene un objetivo claro para el país“, sostiene Paulo Vilca al hablar del desgaste del actual Gobierno y los retos para este año.

El abogado y analista político conversó con OjoPúblico sobre estos y otros factores, como la agenda pendiente del Congreso, la investigación a la suspendida fiscal de la nación Patricia Benavides, el indulto al expresidente Alberto Fujimori, el rechazo de la ciudadanía a las principales autoridades del país, y lo que se viene de cara a las elecciones del 2026.

Paulo Vilca es máster en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, y magíster en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde ha sido profesor de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas. También ha sido asesor parlamentario, asesor de alta dirección en la Presidencia del Consejo de Ministros, y autor de diferentes publicaciones sobre política subnacional.

Empezó un nuevo año y, en todas las encuestas, la presidenta Dina Boluarte mantiene una alta desaprobación. ¿Cómo evalúa su gestión? 

Tenemos un Gobierno que tiene los más bajos niveles de aprobación de los últimos años. Desde la caída del fujimorismo, no teníamos un gobierno que sea tan recurrentemente desaprobado por la mayoría de la población. Hemos entrado, en los últimos meses, a niveles de un dígito de aprobación. Ese es el mejor indicador que puede expresar la evaluación que tiene el país de quienes están a cargo del Poder Ejecutivo.

Creo que esta desaprobación creciente obedece a diferentes circunstancias. En algún momento, buena parte tenía que ver con las protestas, la caída de Pedro Castillo, que marcó los primeros meses de este gobierno. Luego de un año, hay otros factores que contribuyen a esta desaprobación, que es, además, uniforme en todo el país. 

Tenemos un Gobierno que tiene los más bajos niveles de aprobación de los últimos años".

Entre marzo y abril, tuvo lugar el ciclón Yaku, que, si bien es un fenómeno natural, quedó patente la ineficiencia del Gobierno para aliviar esa emergencia. Luego, hemos visto el tema de seguridad ciudadana: el gobierno no dio una respuesta específica al problema. 

Y, a eso, se suman otros elementos que hablan de cierto nivel de frivolidad del Gobierno, cuando Dina Boluarte forzó la aprobación de una norma, en alianza con las bancadas mayoritarias de la derecha en el Congreso, para poder salir del país, supuestamente con esta idea de la diplomacia presidencial, que, luego, se ha visto que no ha tenido mayor relevancia, más que para que pueda viajar con un séquito de funcionarios, muchas veces [a actividades] intrascendentes. Todos estos elementos han ido configurando esta evaluación negativa del Gobierno.

Recientemente, hubo sonados rumores sobre una posible renuncia del ministro de Economía, Alex Contreras. La presidenta se reunió, además, con algunos exministros de esa cartera. Sin embargo, el tema quedó zanjado poco después. ¿Qué refleja esto sobre la situación del gabinete?

Ese es otro factor: la performance negativa o deficiente que ha tenido el Gobierno para atender la situación económica del país. Si algo había caracterizado a los últimos gobiernos, es que, si bien había crisis e inestabilidad política, la macroeconomía, en general, mantenía un curso. 

El ciclo de crecimiento económico parecía algo que podía perdurar, pese a la inestabilidad política. Eso se ha quebrado con este gobierno. Si bien es cierto que pueden haber factores externos, hay un alto nivel de responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Lo ocurrido hace una semana sobre los rumores de una eventual salida [del ministro Alex Contreras] lo único que hace es demostrar la debilidad que tiene el Gobierno en el manejo de la economía. 

También es cierto que ha quedado muy patente que el actual Gobierno, es decir, Dina Boluarte y, seguramente, Alberto Otárola, no han mostrado una capacidad de respuesta política que pase por conformar equipos debidamente preparados política y técnicamente. ¿Qué ministro del gabinete ha sido un actor con una trayectoria política y profesional rescatable, o que tenga un peso político por sí solo? Es un gabinete que no puede convocar a personas con ese perfil.

La presidenta Dina Boluarte y Alberto Otárola no tienen un objetivo claro para el país".

¿Considera que el gabinete necesita recambios, teniendo en cuenta los problemas que atraviesa el país?

Hay varias carteras en las que el desgaste de los ministros es bastante claro. Economía es el caso que más resalta, pero también esta Energía y Minas, con un ministro que se salvó de la censura y que está, ahora, con todos los temas de Petroperú y la refinería de Talara; y Cultura, cuya titular está en el ojo de la tormenta, en los últimos meses, por la venta de entradas en Machu Picchu. 

Sin embargo, tengo dudas de que cambiar ministros pueda significar un cambio de rumbo en el gobierno. Y creo que se debe a dos razones. La primera es que la batuta no está en el Poder Ejecutivo, sino en el Congreso, en buena medida. También en otros actores, como, por ejemplo, el Tribunal Constitucional. O, en cierto momento, el Ministerio Público. El Poder Ejecutivo no es el actor que tiene toda la iniciativa política. 

Lo segundo tiene que ver con que, tanto la presidenta Dina Boluarte como Alberto Otárola, no tienen un objetivo claro para el país. ¿Qué tipo de legado pretenden dejar? Ni siquiera tienen un objetivo de piloto automático, con una ruta clara, más allá de durar y sobrevivir. Eso hace que cualquier cambio o modificación del gabinete no tenga tanto impacto.

En el último año, observamos una coalición de intereses de diferentes sectores de los poderes del Estado. Luego de la crisis de diciembre, ¿considera que esta especie de “alianza” se quebró?

No estoy seguro de que se pueda hablar de una suerte de alianza. Lo que ha habido es una coincidencia de intereses que, tanto desde el Congreso, como del Ministerio Público, el Poder Ejecutivo, el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo, lo que buscan es mantener un estatus quo en el que ellos permanezcan en los espacios de poder. 

Ese es el interés común. La racionalidad que tienen para la toma de decisiones obedece a esa circunstancia: “no vamos a hacer nada que pueda hacer que otro pierda poder”. Pese a ese interés en común, también es un régimen muy inestable. Primero, por los altos niveles de desaprobación que tiene. Segundo, porque representa muchos intereses. ¿Qué interés, más allá de durar y, pareciera, buscar eludir a la justicia, tienen [en común] Perú Libre y el fujimorismo?

Lo que ha habido es una coincidencia de intereses para permanecer en los espacios de poder". 

¿Esa unión de intereses, que traspasó lo ideológico y puso en riesgo el equilibrio de poderes, podrá prevalecer por más tiempo?

Es difícil saberlo. Pero, si algo nos muestran los antecedentes en nuestro país, es que las cosas pueden cambiar muy rápido. El expresidente Martín Vizcarra fue vacado en un momento alto de popularidad, cuando nadie lo esperaba. Pedro Castillo acabó intentando dar un golpe de Estado. 

Los políticos peruanos se equivocan, y los actuales no están exentos de poder incurrir en esas equivocaciones, que pueden cambiar todo el contexto. Algunos sí tienen el interés de permanecer en el poder, y eso está supeditado a otras decisiones que puedan tener. 

Hay un elemento más y es que, si bien es cierto que nada de esto es suficiente para generar una reacción ciudadana, eso tampoco significa que no pueda ocurrir. Y creo que las posibilidades de cambio político están en la cancha de la ciudadanía.

Pese a la alta desaprobación de las autoridades, en los últimos meses, no se ha visto una reacción contundente por parte de la ciudadanía. ¿Qué refleja esto? ¿Es una secuela de las represiones de fines de 2022 e inicios del año pasado, o hay algo más?

Sin duda hay una relación directa entre los niveles de represión del Gobierno y el ánimo de seguir protestando. Eso explica parte de esta resistencia. 

En nuestro país, la protesta siempre fue un mecanismo que sirvió a la ciudadanía para incidir en las decisiones del gobierno: cuando se protestaba, el Gobierno retrocedía o cambiaba de decisión. Lo que ha quedado demostrado, en el último año, es que eso ha cambiado. Se protesta, pero no hay cambio político. Entonces, la protesta ha perdido cierta eficacia, en ese sentido. 

También está la propia situación política y económica, en el sentido de que no se ha podido articular una plataforma común. Y, en el caso económico, los impactos que han generado las protestas, sobre todo en las regiones del sur, han sido muy grandes. Eso hace que, ahora, haya menos disposición de la ciudadanía para intentar acciones.

La batuta no está en el Poder Ejecutivo, sino en el Congreso, en buena medida".

¿Cómo considera que se ha avanzado en la búsqueda de justicia para las víctimas de las protestas?

Se ha avanzado muy poquito. Por supuesto hay que saludar la decisión del Poder Judicial de Cusco, que dictó prisión preventiva a un oficial involucrado. Pero es un caso. En el resto, vemos que los avances han sido inexistentes. Esa es una gran deuda que tienen los actores de justicia de nuestro país. Es un asunto esencial.

Hablábamos del marcado descontento público hacia la labor del Ejecutivo. Lo mismo ocurre con el Congreso. Ahora, la suspendida fiscal de la nación, Patricia Benavides, ha sido sindicada como líder de una organización criminal y se ha reforzado la percepción de un sistema de justicia corrupto y politizado. ¿Cuáles son los desafíos de cara a los próximos meses?

El caso de la exfiscal Patricia Benavides muestra el gran deterioro que ha habido del Ministerio Público, en particular, y del sistema de justicia, en general. Hemos visto cómo ciertas decisiones fiscales se han tomado, simplemente, por consideraciones de carácter político, que es todo lo contrario a lo que debería ocurrir. 

Felizmente, se ha conseguido apartar de manera temporal a Benavides, pero todavía hay muchas cosas por ir esclareciendo. Sobre todo, los acuerdos que ha tenido con distintos actores políticos que siguen en sus cargos. No tengo duda de que, en el Congreso, varias bancadas van a intentar sabotear esto. Ahí estamos cuesta arriba.

A las horas de haberse revelado la investigación en su contra, Patricia Benavides presentó una denuncia constitucional contra la presidenta Boluarte y el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, por las muertes en las protestas. ¿Fue oportuno? ¿Cree que esa denuncia prosperará en el Congreso?

Ese último acto de Patricia Benavides demuestra bien la manera en la que entendía su rol en la Fiscalía: un rol que atendía al cálculo político. Esta forma de manipular los procesos, con el afán de obtener ventaja, es lo que ha caracterizado su gestión. Y creo que una respuesta de ese tipo cae perfecta al Gobierno y sus aliados en el Congreso para buscar la impunidad en las investigaciones por violaciones a los derechos humanos. 

Benavides, al final, va a acabar haciendo un favor más a Boluarte y Otárola. Las denuncias constitucionales, en el actual Parlamento, han sido evaluadas bajo el cálculo político. Esta denuncia va a tener el mismo tratamiento.

Patricia Benavides va a acabar haciéndoles un favor más a Boluarte y Otárola".

En enero de 2023, en medio de las protestas sociales que cobraron la vida de 49 civiles por la represión, Dina Boluarte soltó una frase que marcó al sur del país: “Puno no es el Perú”. Casi un año después, ¿la presidenta aprendió que gobernar es también hacerlo para el interior del país?

No creo que Dina Boluarte tenga una idea clara de lo que significa gobernar el Perú, de lo que significa ejercer el Gobierno, porque no se sabe cuál es el objetivo de este Gobierno. 

Lo que ella manifestó con esa frase expresa bien lo que el Gobierno piensa de quienes son sus opositores, y explica la dureza de la respuesta que dio a las movilizaciones. Si no consideras ciudadanos como tú a quienes protestan, tampoco vas a tratarlos con el debido proceso y respeto a los derechos. No es solo una frase, sino la concepción que el gobierno ha mostrado una y otra vez.

¿A qué se debe, después de tantas crisis, que permanezca esta desconexión del Congreso, el Ejecutivo y, ahora, del sistema de justicia, con lo que sucede en las calles y lo que la ciudadanía espera de sus autoridades? 

Lo que hemos visto, en los últimos años, es una gradual pérdida del sentido del servicio público en nuestro país. Los políticos, sean de izquierda o derecha, deberían tener una suerte de objetivo político, buscar un tipo de cambio que favorezca a la mayoría. Ahora vemos, más bien, que buena parte de la clase política entiende su rol como una oportunidad para beneficiarse. 

Eso explica todas las decisiones que se van tomando: el debilitamiento de la colaboración eficaz, la contrarreforma de Sunedu, la recién promulgada Ley Forestal. Lo que no hay, en este momento, es un instrumento que tenga la ciudadanía para lograr un cambio. La protesta era uno. Pero la ciudadanía no tiene un instrumento, en este momento, para manifestar su desaprobación o rechazo.

En los últimos años, hemos tenido una gradual pérdida del sentido del servicio público en Perú".

En las próximas semanas, el tema de la destitución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) será reabierto en el Congreso. ¿Qué riesgos implica esto para la democracia?

El año pasado, desde el Congreso, se avanzó mucho en garantizar el control de algunas instituciones clave: el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo, por ejemplo. Ahora, creo que la ruta que van a seguir tiene que ver con la administración de justicia. Ahí, una entidad clave es la JNJ, que el Congreso, de todas maneras, va a intentar tener bajo su control. 

Diferentes actores políticos que están en el Parlamento, o que tienen representación allí, están teniendo problemas de carácter judicial. Hay procesos, o algunos van a empezar, contra Keiko Fujimori, Vladimir Cerrón, César Acuña, José Luna y Podemos Perú. Evidentemente, buscarán tener una mayor incidencia en los actores del sistema de justicia. 

Se esperaría que un intento de destituir a los miembros de la JNJ haga eco y genere cuestionamientos del resto de poderes del Estado, pero no hubo una reacción como tal de parte del Ejecutivo.

Ni la vamos a ver, porque la iniciativa política no está en el Poder Ejecutivo. No hay un contrapeso de poderes en este momento.

En el último Pleno se aprobó la eliminación de las PASO. El 19 de enero vence el plazo para que el Gobierno pueda observar la ley. De aprobarse, finalmente, ¿acrecentaría los problemas de representación de nuestra clase política? ¿La intención es allanar el camino para el 2026?

Van a intentar reforzar su postura para seguir siendo los vehículos que consigan permanecer en el poder hasta el 2026. Creo que un poco va en esta línea eliminar los movimientos regionales, las cúpulas van a querer reforzar su poder. Pero no sé tampoco si las PASO hubieran, realmente, contribuido a hacer que tengamos partidos más fuertes. 

La decisión de volver a centenas y miles de firmas va en la ruta de cerrar las oportunidades de participación política. Lo otro que me parece esencial es empezar a revisar los temas de financiamiento de las organizaciones políticas, al ingreso ilegal de dinero. Sobre eso tampoco se ha avanzado ni discutido mucho.

No hay un contrapeso de poderes en este momento".

Con 10 partidos y 12 bancadas en el Congreso, ¿es el Parlamento un fiel reflejo de la representación ciudadana?

El Parlamento actual es resultado de muchas circunstancias, entre ellas, el triunfo sorpresivo de Pedro Castillo. La fragmentación [en el Congreso] proviene, básicamente, de Perú Libre y, en menor medida, de las controversias de Acción Popular. Perú Libre era la bancada con el mayor número de integrantes y, al mismo tiempo, la que se ha dividido más. El fujimorismo no ha perdido mucho. 

Fueron elegidos una serie de actores que, en otras circunstancias, no hubieran estado jamás en el Congreso. Muchos de ellos con sus primeras y únicas experiencias políticas porque, si el alto rechazo ciudadano se traduce en la votación, es poco probable que sean elegidos para algo más en toda su vida. Creo que eso explica las decisiones que van tomando, y esta insistencia de querer permanecer el mayor tiempo posible.

Otro de los temas con los que el Ejecutivo optó por seguir adelante fue con lo dispuesto por el Tribunal Constitucional (TC) sobre el indulto a Fujimori, pese a la resolución de la Corte IDH. ¿Qué mensaje deja esto a la ciudadanía y cómo queda la imagen del país en el ámbito internacional? 

Es un ejemplo claro del deterioro democrático e institucional. En otras circunstancias, hubiera sido impensable. Más que en términos de imagen, lo que pone en evidencia es que, a nivel político, por lo menos, en el Congreso, el TC, y el Gobierno, este caso no ha generado grandes costos. 

Eso es algo que también ha cambiado. Cuando PPK aprobó el indulto, hubo una gran diferencia en la respuesta de la ciudadanía. Ahora no ha generado ningún costo político, al menos, en términos de rechazo ciudadano activo. Probablemente, sí a nivel pasivo, con la indignación, pero no a nivel activo de movilizaciones. 

¿Es una suerte de resignación? De cara al 2026, ¿podríamos salir de la crisis o no hay mucha esperanza respecto a ello?

No creo que sea resignación. El rechazo es evidente, vemos a autoridades que son pifiadas, rechazadas activamente, congresistas que, en algunos lugares, la población los expulsa, Dina Boluarte que hace mítines cerrados. 

Entonces, hay un rechazo grande, pero la ciudadanía no tiene instrumentos para que esa indignación se traduzca en decisiones de los políticos. Y, en esa línea, pensando en 2026 o en las próximas elecciones, ese va a ser el mecanismo [las protestas sociales] que va a tener la ciudadanía para manifestar su rechazo.